SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 130704 del 25-05-2023
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | STP5067-2023 |
| Fecha | 25 Mayo 2023 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 130704 |
STP5067-2023
Radicación n° 130704
Acta 100.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Se pronuncia la Corte sobre la demanda de tutela instaurada por César Augusto y J.J.R.V. contra la Presidencia de la República, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, por la por la presunta vulneración de sus garantías fundamentales al derecho de petición, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, entre otros, denominados en el escrito de tutela como “al accionar con prontitud por la ley y por función constitucional” y “al accionar positivo de los entes de control y de los funcionarios judiciales”.
Al trámite fueron vinculados la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, la Fiscalía Sexta de Santa Rosa de Viterbo, las Fiscalías Octava y Novena Seccional de Duitama, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Unidad Nacional de Protección, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá –COBOG–, el director del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, y el director del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Se indica en el escrito de tutela que Jhon Jairo Ramírez Valencia está privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá, conocida como la Picota.
Los accionantes refieren ser víctimas de falsos positivos judiciales, al ser perseguidos política y judicialmente por “agentes del estado”, los cuales distinguen como exsenadores –casi todos conservadores y del departamento de Boyacá– Magistrados del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, la Fiscal Sexta y la Juez Primera Promiscua del mismo municipio, así como los Fiscales Octavo y Noveno de Duitama y el “Fiscal Once de la URI”.
Aducen que dicha persecución se debe a que fueron denunciantes de hechos de corrupción de mafias de microtráfico y narcotráfico en entidades del Estado, como en la Fiscalía, algunos jueces, alcaldías y otros.
Informan que han presentado más de cincuenta y cinco (55) denuncias y quejas disciplinarias pero que no se evidencian acciones.
A través de una redacción confusa, los actores denuncian en su líbelo una serie de situaciones relacionadas con hechos de corrupción en contra de un sinnúmero de autoridades, entre ellas, F., la Juez Promiscua Municipal y de Circuito de Santa Rosa de Viterbo y magistrados del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial. En ese orden, en apartes señalan lo siguiente:
(…) Cumplen una misión, La Fiscal 6° de Santa Rosa e Viterbo, A.M.G. y la Juez Primera Promiscua municipal, de Santa Rosa de Viterbo, M.E.R., para “montarnos” más “FALSOS POSITIVOS JUDICIALES”.
En adelante, también han participado los FISCALES 11° DE LA URI, J.D.C., FISCAL 9° SECCIONAL DE DUITAMA, M.F.A.. La Fiscal 8° Seccional de Duitama, D.M.B.O., ex esposa del político y ex notario de Duitama, F.D..
(…) Toda la información está en varios escritos por “Vías De Derecho”, en más de cincuenta y cinco (55) “DENUNCIAS PENALES” y quejas disciplinarias COLOCADAS, INTERPUESTAS POR NOSOTROS ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y ante LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA, pero en todas y en cada una son “paquidérmicas”, de dimensión de “Dinosaurios”, sus acciones son completamente NULAS, violando Derechos y Deberes de accionar por funcionalidad y de atender las Denuncias de la ciudadanía, incurriendo en el delito de “encubrimiento” y de PREVARICATO POR ACCIÓN Y OMISIÓN, en especial en la extralimitación de funciones y abuso de autoridad, tanto el FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, Dr., F.B., como la PROCURADORA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO, JUECES, MAGISTRADOS, ABOGADOS. En especial en La Fiscalía General de la Nación, que ha sido una institución “politizada y coaccionada”, “arrodillada por los dineros del Narcotráfico y del Micro tráfico”, en los municipios colombianos.
Se destapo el “CARTEL DE LA TOGA” a nivel nacional, pero hay un CARTEL DE LA TOGA REGIONAL, EN EL H. TRIBUNAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, encubierto por funcionarios Judiciales de Boyacá, ellos se destapan y tapan con las mismas áreas de función, se encubren.
(…) Se detalla entonces que nosotros los hermanos RAMIREZ VALENCIA, por tener tanta información estamos hace más de 10 años, en un entrampamiento criminal entre POLITICOS (SENADORES, CONCEJALES, ALCALDES, DIPUTADOS Y OTROS) en acuerdo con H.M., JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA. Si esto no es GRAVE? ENTONCES QUE ES GRAVE; SEÑORES JUECES CONSTITUCIONALES DE TUTELA?
Debemos aclarar que tenemos denunciado al 100% de estos personajes, pero la FISCALIA HA DEJADO “DORMIR EL SUEÑO DE LOS JUSTOS” CON ESTOS PROCESOS, PERJUDICANDO NUESTRA SEGURIDAD SICOLOGICA, MORAL Y FISICA.
(…) nos persiguen los JUECES Y LOS FISCALES donde estemos en Colombia, Esto Es Una Persecución Judicial y Política, montada en la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, en los municipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo, por los H. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, FISCALES, JUECES Y ABOGADOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LA VENIA DE LOS REPRESETANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.
(…) Como conocemos de estas rutas mafiosas y criminales, donde
ha habido asesinatos, desapariciones y otros delitos atroces, en torno a la economía subterránea, economía de “alcantarilla”, completamente en la clandestinidad, entre grupos de narco y micro tráfico y que han posiblemente pagado a los Fiscales 8° (D.M.B., 9 (MAURICIO FRANCO AVELLA) y 11° (J.D.C.) en Duitama Boyacá y al Fiscal 6° Seccional de Santa Rosa de Viterbo, ANGELA MAGDALENA GONZALEZ, para hacer estos “FALSOS POSITIVOS JUDICIALES!” en contra primero de J.J.R. VALENCIA y ahora en contra también de CESAR AUGUSTO RAMIREZ VALENCIA, con el único fin de acallarnos, para ocultar, para perseguir, para vulnerar y violentar Derecho Humanos, en abuso de poder y con extralimitación de sus funciones, con su actuar prevaricador por omisión y acción generando como resultado el que “HAY UN HOMBRE INOCENTE EN LA CARCEL” (JHON JAIRO RAMIREZ VALENCIA) y unas familias que han tenido que soportar toda clase de “atropellos judiciales” por parte de los JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y H. MAGISTRADOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO (…).
Mediante la acción de tutela los accionantes pretenden el amparo de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y los que denominan “a accionar con prontitud por la Ley y por función constitucional” y el “accionar positivo de los entes de control y de los funcionarios judiciales en Colombia”.
También, solicitan que se ordene a la Jueza Primera Municipal de Santa Rosa de Viterbo que se declare impedida y aplace las audiencias programadas en los procesos de fraude procesal, injuria y calumnia, una de ellas fijada para el 15 de mayo del presente año, entre tanto consiguen un abogado de plena confianza que les garantice el derecho de defensa.
En tal sentido, solicitan que la Jueza anuncie su impedimento en una audiencia programada en una fecha posterior y, en caso de ser necesario, se tramite la recusación en un Tribunal Superior ubicado en otro departamento distinto a Boyacá.
Piden que se brinden medidas de protección en su favor. Para ello, solicitan que J.J.R.V. sea trasladado a una Guarnición Militar y que la Unidad Nacional de Protección o la Oficina de Protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación emitan acciones tendientes a garantizar la integridad de C.A.R.V..
Por último, solicitan que se agilicen las denuncias efectuadas y que los procesos sean enviados a Bogotá o a otra Fiscalía diferente a las ubicadas en el departamento de Boyacá con el fin de brindar las garantías judiciales del caso.
De otra parte, en el escrito de tutela solicitaron como medida provisional que se ordene a la Jueza Primera Promiscua de Santa Rosa de Viterbo que se declare impedida y aplace las audiencias, una de ellas programada el 15 de mayo, «en procesos de fraude procesal e injuria y calumnia».
Al respecto, el despacho ponente mediante auto de 12 de mayo del presente año resolvió negar la petición elevada por los demandantes, teniendo en cuenta que, con los elementos allegados hasta ese momento, no se acreditó alguna de las exigencias previstas en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991. Esto es así, pues los accionantes no ofrecieron elementos que permitieran determinar con exactitud el proceso respecto del cual solicitan la suspensión de las audiencias, ni cómo el desarrollo de las diligencias les genera un perjuicio irremediable. Tampoco demostraron que no están en condición de esperar las resultas del trámite de la tutela, o que el efecto de un eventual fallo en su favor le resulte ilusorio.
Además, se les advirtió que la procedencia de la acción de tutela en aras de lograr que la Juez Primera Promiscua de Santa Rosa de Viterbo se separe del conocimiento de un asunto a su cargo, es un asunto que se valorará a través de la acción de tutela, una vez surtido el trámite correspondiente, y no mediante una orden de carácter provisional.
INTERVENCIONES
Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo
La Jueza informó que al despacho le fue asignado el conocimiento de dos procesos penales identificados con números de radicación CUI 15238600021220190049600 NI 2104 y CUI 15238600021220180038600 NI 2222 en contra de Cesar Augusto y Jhon Jairo Ramírez Valencia. De ambos, compartió los enlaces...
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