SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 102449 del 24-05-2023
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de sentencia | STL6785-2023 |
| Fecha | 24 Mayo 2023 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 102449 |
I.M.L.G.
Magistrado ponente
STL6785-2023
Radicado n.° 102449
Acta 18
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la impugnación que el BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. interpuso contra el fallo que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió el 13 de abril de 2023, en el trámite de la acción de tutela que formuló contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.
- ANTECEDENTES
La sociedad actora promovió acción de tutela con el fin de lograr la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
En lo que al trámite constitucional interesa, manifestó que promovió proceso ejecutivo contra C.A.L.R. para obtener el pago de las sumas contenidas en un pagaré.
Relató que el asunto se asignó al Juez Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, quien mediante auto de 16 de mayo de 2018 libró mandamiento de pago.
Indicó que el 4 de febrero de 2022 la apoderada judicial de C.A.L.R. allegó poder para actuar y solicitó copia digital del expediente, a lo que el juez accedió a través de providencia de 10 de febrero de 2023, notificada por anotación en estado de 11 de igual mes y año.
Señaló que el 4 de marzo de 2023 la apoderada judicial del ejecutado interpuso incidente de nulidad por indebida notificación del auto de 16 de mayo de 2018; sin embargo, por medio de providencia de 26 de abril de 2022 el juez lo rechazó de plano, al considerar que la solicitante actuó en el proceso antes de alegar la presunta irregularidad, de modo que esta se saneó.
Refirió que el ejecutado apeló dicha decisión y, a través de auto de 17 de febrero de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá la revocó y, en su lugar, ordenó impartir el respectivo trámite al incidente de nulidad propuesto, al estimar que no debió rechazarse de plano pues, desde el inicio, no se advertía que la nulidad se hubiere saneado.
Expuso que formuló recurso de súplica contra dicha decisión; no obstante, el Tribunal convocado lo rechazó por improcedente por medio de auto de 15 de marzo de 2023.
En criterio la sociedad accionante, la autoridad judicial encausada lesionó su garantía superior, dado que desconoció que la apoderada del ejecutado actuó en el proceso antes de proponer la nulidad, de modo que la supuesta irregularidad sí se saneó, en los términos del artículo 136 del Código General del Proceso.
Señaló que, en todo caso, la mandataria interpuso el incidente de nulidad transcurridos 15 días hábiles desde que se notificó el auto en el que el juez le reconoció personería, pese a que debió hacerlo dentro del término de ejecutoria de dicha decisión.
Conforme a lo anterior, pretendió la protección de su derecho fundamental y que, para su efectividad, se deje sin efecto la providencia que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá profirió el 17 de febrero de 2023 y, en su lugar, se ordene emitir una decisión de remplazo en la que se confirme en su integridad el auto de 26 de abril de 2023 y se disponga continuar con el trámite del proceso.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Mediante auto de 27 de marzo de 2023, la Sala Civil de esta Corporación admitió la acción de tutela, corrió traslado a la autoridad judicial convocada y vinculó a las partes e intervinientes en el proceso que la originó con el fin de que ejercieran su derecho de defensa.
Dentro del término concedido, el Juez Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones que ha surtido en el proceso controvertido y remitió copia digital del expediente.
Los demás guardaron silencio.
Luego de surtirse el trámite correspondiente, a través de fallo de 13 de abril de 2023, el a quo constitucional negó el amparo, al considerar que la providencia censurada atiende las reglas mínimas de razonabilidad.
- IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la sociedad tutelante la impugna, para lo cual reitera los argumentos que expuso en el escrito inicial.
Adicionalmente, destaca que la homóloga Sala Civil no se pronunció sobre el reparo relativo a que la apoderada judicial no interpuso el incidente de nulidad dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto en que se le reconoció personería para actuar.
- CONSIDERACIONES
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo preferente para que toda persona reclame la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que estos sean lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.
El instrumento descrito no está consagrado como escenario para que los ciudadanos controviertan las decisiones válidamente adoptadas por los jueces en ejercicio de sus funciones, pues estas se presumen compatibles con el ordenamiento jurídico, así como amparadas por los principios de autonomía, independencia y cosa juzgada que rigen la actividad judicial.
Sin embargo, cuando se verifica que una providencia judicial es opuesta a los fines esenciales del Estado Social de Derecho, caprichosa, arbitraria, abiertamente irracional o contraria a los derechos fundamentales de una persona, la acción de tutela es procedente para lograr el restablecimiento del carácter vinculante de la prerrogativa lesionada.
De ese modo, no es procedente acudir a la acción constitucional para plantear discrepancias de criterio con las interpretaciones normativas o las valoraciones probatorias que hacen los jueces naturales, dado que el procedimiento sumario no está concebido para que el juez de tutela imponga sus propias reflexiones sobre la manera en que los procesos ordinarios deben resolverse.
En esta oportunidad, la Sala advierte que el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá transgredió la garantía superior de la sociedad actora al proferir la providencia de 17 de febrero de 2023, en la que ordenó al a quo darle trámite al incidente de nulidad que propuso C.A.L.R. en el proceso ejecutivo que aquella promovió en su contra.
En esa dirección, se tiene que el Tribunal accionado realizó un recuento de los antecedentes del caso e indicó que, a su juicio, el juez de primer grado no debió rechazar de plano el incidente de nulidad propuesto, dado que no era evidente que la solicitante hubiese saneado la irregularidad en que la fundamentó.
Para respaldar tal afirmación, señaló que de la revisión de las pruebas allegadas al expediente, se advertía que el 1.º de febrero de 2022 C.A.L.R. le otorgó poder a la incidentante; que el 4 de igual mes y año la apoderada judicial remitió el referido mandato al juez y solicitó copia digital del expediente y el 4 de marzo de 2023, esto es, solo un mes después, radicó el incidente de nulidad.
En ese orden, manifestó que, desde el inicio, no debió entenderse que la nulidad se saneó en los términos del inciso 1.º del artículo 136 del Código General del Proceso, pues no podía desconocerse que por medio de auto de 10 de febrero de 2022 el juez ordenó a la secretaría remitir copia digital del expediente a la apoderada, quien afirmó que nunca lo recibió y que debió comparecer a las instalaciones del juzgado para revisarlo, hecho que no fue controvertido por las partes ni por el juez de conocimiento.
Asimismo, indicó que la circunstancia relativa a que la apoderada del ejecutante presentara solicitud de...
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