SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 130707 del 23-05-2023

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Magistrado Ponente

STP8341-2023

Radicación nº 130707

Acta n°. 97

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés

(2023).

I. ASUNTO

1''>. S>e pronu''>nci>a ''>la >Sala e''>n re>la''>ció>n ''>co>n ''>la dem>and''>a d>e tutel''>a pres>ent''>ad>a po''>r >JOSÉ ''>ELÍA>S M''>EL>O ACO''>STA>, co''>ntr>a ''>la Sala P>enal de''>l Tr>ibu''>nal Superio>r d''>e Bogot>á y ''>el >Juzgad''>o C>atorc''>e Pe>nal Cir''>cu>it''>o >co''>n fu>ncio''>nes d>e Co''>no>cimie''>nt>o d''>e >la misma ''>ciudad>, po''>r >la presu''>nt>a vu''>lner>ació''>n d>e su''>s der>echos fu''>ndame>nt''>al>es ''>al d>eb''>id>o proc''>eso>, ''>al >acces''>o >a ''>la >ad''>mini>str''>ación d>e ''>ju>sti''>cia >y «la aplicación y restablecimiento del principio de legalidad» ''>al >inter''>io>r de''>l proces>o pe''>nal 68001-60001-59-2013>-

06137 (en adelante 2013-06137).

2. Al trámite se vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “La Picota” y a todas las demás partes e intervinientes en el proceso penal de la referencia.

II. HECHOS

3. JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA, mencionó en su escrito de tutela, lo siguiente:

(i) El Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril de 2019, lo condenó en calidad de coautor interviniente del delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer con circunstancia de mayor punibilidad y le impuso la pena de prisión de 141 meses de prisión y multa de 174 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el tiempo de ciento cincuenta y nueve (159) meses. Y, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68 A del Código Penal.

(ii) Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante fallo del 28 de septiembre de 2020, resolvió:

«PRIMERO: reducir las penas a 119.85 meses de prisión, 144.98 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 137.31 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, a las que queda condenado JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos (interviniente) y cohecho por dar u ofrecer.»

(iii) La actuación se encuentra en esta Corporación, pues presentó recurso extraordinario de casación en contra de la anterior determinación, y aún no se ha resuelto. Por lo que, radicó ante esta Sala de Casación Penal la concesión del beneficio administrativo de hasta 72 horas. No obstante, no la resolvió, sino que, ordenó la remisión de dicha solicitud al J.ado Catorce Penal del Circuito de Bogotá.

(iv) El citado juzgado, mediante auto del 16 de marzo de

2022, negó el beneficio administrativo de permiso por 72 horas, tras considerar que:

(…) se tiene que los hechos por los cuales fue condenado JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA a la pena privativa de la libertad fueron denunciados en 2016; sin embargo, para la época en que se profirió la sentencia condenatoria en disfavor del solicitante, la norma que regía para la época y que excluye de beneficios a los condenados fue objeto del tránsito normativo (…) (Negrillas del Juzgado)

Así las cosas, es claro que al momento de la imposición de la sanción la norma vigente era el artículo 68A, modificado por la Ley 1944 de 2018, que mantenía la prohibición de beneficios frente a los asuntos en los cuales se hubiese proferido sentencia condenatoria. Esto además en concordancia con lo dispuesto

por esta autoridad judicial, que en la sentencia de primera instancia objeto de recurso extraordinario de casación interpuesto por el solicitante, plasmó en el acápite de Subrogados Penales, la negativa de la aplicación de otros beneficios en disfavor de señor MELO ACOSTA consistentes en prohibición de suspensión condicional de la ejecución de la pena y del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, por tratarse de un delito que atenta contra la administración pública.»

D''>e >igu''>al >modo''>, e>l Juzgad''>o di>spuso: «REMIITIR copia de la presente decisión a la Dirección del INPEC, para que sea tenida en cuenta cuando se eleve solicitud similar a ese centro penitenciario.»

''>(v) Co>ntr''>a e>l ''>anter>io''>r >auto''>, pres>ent''>ó recurs>o d''>e ape>la''>ció>n, po''>r cu>anto''>, e>ntr''>e otro>s ''>aspe>ctos «(…) en virtud del principio de legalidad las personas solo podrán ser objeto de censura de conformidad con las leyes vigentes al momento en que cometa el acto objeto de censura o, como consecuencia de la garantía de la favorabilidad, respecto a las posteriores que le resulten más favorables (…) lo que se observa en el auto es, justamente la posición asumida por el funcionario de primera instancia (…) esto es, que considera que las normas aplicables son aquellas vigentes a la fecha en que se produjo la decision, con diferencia de la figura y de la ley a la que se acude, pero con una premisa errada para ambos casos y es omitir inadecuadamente el estudio de la ley más favorable que resulte aplicable para el evento sub exámine.»

(vi) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto del 11 de abril de 2023, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 16 de marzo de 2022, la confirmó, tras considerar que:

«En suma, entonces, es a los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios a los que les corresponde presentar las propuestas sobre el permiso hasta de 72 horas, pero es al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al que le compete resolver, en últimas, si se concede o no el permiso. (…) el ya citado artículo 147 de la Ley 65 de 1993 dispone que para acceder al referido permiso deben reunirse los siguientes requisitos:

1. Estar en la fase de mediana seguridad.

2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.

3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.

4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.

5. Modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.

6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.

Ahora, además de que el acusado no cumple con el requisito de estar en la fase de mediana seguridad, no mediando la respectiva propuesta del director del establecimiento carcelario donde se encuentra, por sustracción de materia, no hay qué aprobar ni improbar.»