SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 133123 del 03-10-2023
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | STP11382-2023 |
| Fecha | 03 Octubre 2023 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 133123 |
CUI 11001020500020230110001
Radicado Nro. 133123
Impugnación
CLARA MERCEDES CABALLERO BAQUERO
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado Ponente
STP11382-2023
Radicación N°. 133123
(Aprobado Acta n° 185)
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
I. ASUNTO
1. Decide la Sala la impugnación interpuesta por la accionante C.M.C.B., a través de apoderado, contra el fallo de tutela del 9 de agosto del presente año, mediante el cual la Sala de Casación Laboral de esta Corporación negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
2. Al trámite se vinculó a todas las partes e intervinientes relacionadas.
II. HECHOS
3. Fueron expuestos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:
«La ciudadana C.M.C.B., a través de mandatario judicial, presentó acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.
Del análisis del escrito de tutela y de las pruebas allegadas a este trámite, se puede extraer que Clara Mercedes Caballero Baquero presentó demanda ordinaria laboral en contra de Y.S., a fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 10 de mayo de 2011 y el 17 de agosto de 2016, el cual terminó por renuncia motivada de la trabajadora, por causas imputables al empleador y que durante la vigencia de la relación laboral, no le fueron pagadas la totalidad de las prestaciones sociales con base en el salario realmente percibido y, como consecuencia de ello, se condenara a la demandada a reajustar las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones durante toda la vigencia el contrato, junto con el pago de las indemnizaciones aludidas en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Al reformar la demanda, agregó como pretensiones el pago del sueldo básico mensual de $20.000,oo durante toda la vigencia de la relación laboral y la sanción por consignación incompleta de las cesantías, correspondiéndole, por reparto, inicialmente al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, bajo el radicado 11001310504002220180015100.
El 4 de marzo de 2022, surtido el trámite de rigor, el Juzgado Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que asumió el conocimiento del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo CSJBTA20-109 de 31 de diciembre de 2020, resolvió i) declarar que entre la demandante Clara Mercedes Caballero y la sociedad Y.S. existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 10 de mayo de 2011 y el 17 de agosto de 2016, el que fue terminado unilateralmente por la trabajadora; ii) declarar probadas las excepciones de mérito de «FALTA DE CAUSA PARA PEDIR E INEXISTENCIA DEL ACOSO LABORAL Y PAGO»; iii) negar las demás pretensiones de la demanda; iv) disponer que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia, siempre y cuando esta no fuera apelada; y v) condenar en costas a la demandante a favor de la demandada, para lo cual fijó agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV, determinación contra la cual la actora interpuso el recurso de apelación.
El 13 de febrero de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación, confirmó la sentencia del juez de primer grado, providencia contra la cual la demandante interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual no fue concedido, por auto de 25 de abril siguiente.
La accionante aseveró que el Tribunal en forma «errática» desarrolló los temas objeto del recurso de apelación, frente al «NO PAGO DEL SUELDO DE $20.000.oo MENSUALES PACTADOS EN EL CONTRATO DE TRABAJO», con un «lánguido y escueto argumento, […] sin hacer la más mínima alusión al pago o no, de la suma de $ 20.000.000.oo (sic) resuelve otra pretensión de la demanda, como lo es el reajuste a las prestaciones sociales, se guardó un total y absoluto silencio, sobre la pretensión presentada, sin importar que ella hubiera sido presentada en la reforma a la demanda»
Adicionó que, el ad quem no valoró si la demandada demostró que efectivamente pagó la citada suma de dinero como salario básico, ni la respuesta dada en la contestación de la demanda al hecho 6 de la reforma, donde se hizo alusión al pago del salario de «$20.000,oo», con la que «eludió» la respectiva argumentación, hecho que, por demás, ignoró el juez de primer grado, al tenor del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dando por contestada la demanda.
Añadió que, también incurrió «en grave y evidente error, grosero por lo demás, que tampoco al momento de practicar la liquidación final de prestaciones de la trabajadora ante su renuncia, no se incluyó la suma de $ 11.333,22 pesos, que le correspondían por los 17 días día laborados en el mes de agosto de […] 2016» y que, además, cayó en «una absoluta confusión […] sobre el reajuste de las pretensiones sociales», pues de haber analizado en debida forma la pretensión sobre el no pago de la suma de $20.000,oo «hubiera llevado sin equivoco alguno, que su no pago, hac[ía] necesario, no solo la liquidación de los salarios y prestaciones causados durante la vigencia del contrato de trabajo sino además en lo atinente a la liquidación final».
Adujo que «la equivocada y errática valoración -del Tribunal- confusa por lo demás del tema relacionado con la reliquidación de las prestaciones sociales […], no se efectuó un análisis detallado y pormenorizado de cada uno de los derechos reclamados, como [eran] cesantías, intereses a la cesantía, primas y vacaciones, todo ello quedó lamentablemente en el olvido, lo cual conllev[ó] una clara violación los derechos fundamentales […] mencionados».
Por otra parte, reprochó la falta de pronunciamiento por parte del juez de segundo grado en lo atinente a la indemnización moratoria, desatendiendo los argumentos expuestos en el recurso de apelación frente a ese tema.
Frente a la indemnización por despido injusto, cuestionó la conclusión a la que arribó el Tribunal consistente en la «“orfandad probatoria acerca del despido indirecto», pues, en su criterio, obraban medios suasorios que demostraron las justas razones por la cuales dio por terminado su contrato de trabajo, como fue la carta de renuncia, en la que se pusieron de presente hechos relevantes «que fueron total y absolutamente ignorados por la H. Sala, lo cual […]constituyen vicios flagrantes, ostensibles y manifiestos que afectan la licitud de la decisión, como son: 1º. Esta plenamente demostrado que la Gerente General desde el día 12 de junio del año 2.016, conocía por correo enviado por el señor José Garay, del acoso de que eran objeto los trabajadores de Hino en Fontibón, bajo la dirección del señor Luis Felipe Nieto. 2º. Esta plenamente probado […] en su queja por acoso laboral, que esta llevaba cerca de 2 meses, sin resultado alguno. 3º. Que la enviaron a vender camiones sin inducción alguna. 4º. El cambio de sus tarjetas de presentación».
Añadió que era inaceptable que el Tribunal aludiera «“…a la orfandad probatoria acerca del despido indirecto esgrimido por la demanda, […] si no se analiza[ron] la pruebas allegadas en debida forma y omit[ió] valorar otras, […] cuando las pruebas que […] aportó demostró con suficiencia las causas que invocó para presentar renuncia a su cargo».
4. En síntesis, la acción de tutela fue impetrada para que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, dictar una sentencia sustitutiva en la cual se analicen y...
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