SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 103873 del 30-08-2023
| Sentido del fallo | REVOCA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de sentencia | STL9798-2023 |
| Fecha | 30 Agosto 2023 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 103873 |
M.Z.R.
Magistrada ponente
STL9798-2023
Radicación n.° 103873
Acta 32
Bucaramanga (Santander), treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la impugnación que S.P.R.R., quien dice actuar como apoderada de L.Z.S., presentó contra el fallo que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió el 19 de julio de 2023, dentro de la acción de tutela que adelanta contra la SALA CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA.
- ANTECEDENTES
La promotora instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.
Refirió que L.Z.S. presentó demanda de pertenencia contra los herederos determinados e indeterminados de A.G.S. y personas indeterminadas, a fin de que se declarara que adquirió por prescripción extraordinaria de dominio los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria n° 300-90764 y 300-19587 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de B..
Narró que el trámite se adelantó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de B., despacho que admitió la demanda, ordenó notificar a los convocados a juicio y la inscripción de la misma en los registros de los folios inmobiliarios de los inmuebles en litigio, en auto de 20 de enero de 2020.
Indicó que en providencia de 19 de abril de 2021 el juzgado de conocimiento designó curador ad litem de las personas indeterminadas, quien al contestar informó la existencia de otros herederos determinados conocidos por la demandante.
''>Que, en virtud de lo anterior, el 25 de abril de 2022, el a quo> dispuso la vinculación de M.D. de Serrano, M.E.S.D., A., Efronz, M.J.S.Z. y R.S. de R.; ordenó su notificación personal por parte de la demandante y aportar «además la prueba de la calidad de herederos determinados».
Posteriormente, en providencia de 28 del mismo mes y año, requirió a la demandante para que integrara el contradictorio en debida forma, so pena de desistimiento tácito.
Manifestó que en auto de 17 de junio de 2022 el juzgado decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito ante el incumplimiento de la parte demandante en la integración de la litis.
Informó que apeló la anterior decisión ante la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, colegiado que la confirmó en providencia de 31 de enero de 2023.
Censuró que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que desde el 17 de junio de 2022 informó al juzgado que el 5 de mayo de 2022 había enviado derecho de petición a todas las notarías de B. y Floridablanca a fin de que le informaran frente a la calidad de herederos requerida por el despacho.
Con base en los anteriores hechos, pretendió el amparo de sus derechos fundamentales y, para su efectividad, solicitó que se deje sin valor y efecto el proveído que la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga emitió el 31 de enero de 2023 y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite del proceso.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
La demanda tutela se radicó el 17 de mayo de 2023 ante la Corte Constitucional, Colegiado que en proveído de la misma calenda remitió las diligencias a la Sala de Casación Civil de la Corte.
La homóloga Civil mediante auto de 10 de julio de los corrientes la admitió, ordenó notificar a las autoridades convocadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicción.
Dentro del término de traslado, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B. relató las actuaciones surtidas en la alzada y defendió su legalidad.
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad adujo que «la acción de tutela no se puede convertir en una segunda instancia para las partes inconformes con las decisiones proferidas por los despachos judiciales».
Surtido el trámite de rigor, en sentencia de 19 de julio de 2023, el juez constitucional de primera instancia declaró improcedente el amparo invocado por falta de legitimación en la causa por activa, tras considerar que quien adujo ser la apoderada de la accionante no acreditó ostentar el derecho de postulación necesario para actuar en este trámite de amparo.
- IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, S.P.R.R. la impugnó para lo cual afirmó que le asiste la facultad para representar a L.Z.S., toda vez que aquella le confirió poder para adelantar la presente tutela. Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.
- CONSIDERACIONES
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
Al descender al sub lite, observa la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en dilucidar si S.P.R.R. se encuentra legitimada para representar a L.Z.S. con la finalidad de controvertir la decisión del Tribunal convocado dentro del proceso de pertenencia cuestionado y, en caso, afirmativo, determinar si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga lesionó las garantías superiores de la promotora al confirmar la terminación del proceso por desistimiento tácito.
Al respecto, sea lo primero indicar que, si bien el a quo constitucional declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la petente, lo cierto es que esta aportó con la impugnación el poder debidamente conferido para adelantar la presente acción de tutela.
De manera que, en atención al principio de informalidad que impera en este trámite, se acredita el presupuesto procesal para ser parte, razón suficiente para que esta Sala se encuentre habilitada para emitir una decisión.
Establecido lo anterior, resulta oportuno y necesario resaltar que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
Ello es así toda vez que entre la fecha en que se emitió la providencia hoy cuestionada -31 de enero de 2023- y la presentación de la queja -17 de mayo de 2023- transcurrieron menos de 6 meses, plazo que, por ser razonable, resulta acorde a este principio de inmediatez. Igualmente, porque contra la providencia cuestionada no procede recurso alguno, de ahí que también se acató la exigencia de subsidiariedad.
Por lo anterior, la Sala se encuentra habilitada para analizar si la Corporación accionada incurrió en algunas de las causales específicas descritas, entre otras, en la sentencia CC SU-116-2018.
Pues bien, frente reproche de la...
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