SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02319-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 08-09-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | 05001-23-31-000-2002-02319-01 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE OMISIONES ADMINISTRATIVAS / ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / CAUSA DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AMENAZA AL DOCENTE / ESTADO DE RIESGO / OBJETIVO MILITAR / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / CARENCIA DE LA PRUEBA MATERIAL / DEFICIENCIA PROBATORIA / FAMILIA DE LA VÍCTIMA / PRUEBA EN EL PROCESO PENAL / REDACCIÓN DE ESCRITO / COLABORACIÓN EFICAZ / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / CONTRADICCIÓN DE TESTIMONIOS / DECLARACIÓN DEL TESTIMONIO / INVOCACIÓN DE RELACIONES PERSONALES / CARGO DE DOCENTE / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
Los accionantes afirman también que la causa de la muerte de la víctima fue su condición de servidora pública, que la ubicaba en una situación especial de riesgo y la convertía en objetivo de los grupos al margen de la ley; pero esta afirmación carece de respaldo probatorio en el expediente. Aunque la madre y el hermano de la víctima afirmaron en el proceso penal que al lado del cuerpo de la [víctima] fue dejado un letrero en el que constaba que su muerte se debió a una colaboración con el Ejército Nacional, lo cierto es que esta sola circunstancia no acredita que la muerte de la víctima se hubiese producido por esta razón, debido a que otras versiones contradicen esa hipótesis. En efecto, los […] declarantes en el proceso penal y cercanos a la víctima, afirmaron que la muerte […] se debió a situaciones de carácter personal con otras personas de la vereda y no a su condición de docente o colaboradora del Ejército o la Policía Nacional.
INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL / DOCENTE DIRECTIVO / AMENAZA AL DOCENTE / PRUEBA DE LA AMENAZA A LA SEGURIDAD PERSONAL / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DEL TESTIMONIO / SOLICITUD DE PRUEBA TESTIMONIAL / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE / INEXISTENCIA DE AMENAZA DE MUERTE / PELIGRO DE LA VÍCTIMA / CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
En el proceso penal, el director del Núcleo Educativo del Municipio […], señaló frente a las amenazas contra la [víctima] que “no me enteré, […] ella nunca me dijo nada, ni hubo quejas así de la gente ni nada” . Frente a la solicitud de traslado dijo que “ella decía que se sentía bien en la vereda, ella siempre me dijo eso al principio verbalmente pero nunca por escrito”, sin que de ello se extraiga que la víctima le dio a conocer si tenía amenazas en su contra. En el proceso de reparación directa, en calidad de testigo solicitado por la parte accionante, reiteró que “ante la dirección del núcleo no fue presentada ninguna solicitud ni me enteré que lo hubiera hecho ante otra entidad”. Si las autoridades demandadas no tuvieron conocimiento de las amenazas y del peligro que corría la víctima, no tenían la posibilidad de adoptar medidas dirigidas a evitar lo ocurrido.
VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / ETAPAS DEL PROCESO / PELIGRO DE LA VÍCTIMA / DELITO DE AMENAZA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXHORTACIÓN A AUTORIDADES / AMENAZA DE MUERTE DE GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / NIVELES DE RIESGO / FALTA DE PRUEBA / DECLARACIÓN POR CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO / INEXISTENCIA DE AMENAZA DE MUERTE / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN / AUTORIDAD DE POLICÍA / ANTECEDENTES DE LA PERSONA / VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD PERSONAL / AMENAZA A LA SEGURIDAD PERSONAL / PERSONERÍA MUNICIPAL / PRUEBA DE LA DENUNCIA PENAL / DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL / DOCENTE AMENAZADO
Varios de los testigos que declararon en el curso del proceso señalaron tener conocimiento de que la víctima fue amenazada antes de su muerte. No obstante, la parte demandante no probó que las autoridades demandadas tuvieran conocimiento de estas amenazas o que tuvieran la posibilidad de conocer los riesgos a los que la docente se enfrentaba. [N]o hay pruebas de solicitudes hechas a las autoridades para pedir medidas de protección para la víctima; por el contrario, obran múltiples certificaciones de las entidades demandadas en las que se informa que no existen registros de amenazas contra la víctima o solicitud de medidas de protección para ella. El Departamento de Policía de Antioquia certificó […] que “no se encontraron ningún tipo de antecedentes relacionados con la seguridad de la [docente fallecida], como tampoco se tuvo información sobre posibles amenazas en contra de la misma”. La Personería Municipal [certificó] que “no existen actuaciones o denuncias penales, relacionadas con amenazas contra la vida e integridad física de la señora […] maestra de la escuela integrada Caunce del municipio de Uramita”.
CARGO DE DOCENTE / ASESINATO / IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / SERVICIO DEL DOCENTE / CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / OMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL / ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / APLICACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN
[L]a [víctima] fue asesinada por terceros pertenecientes a un grupo al margen de la ley mientras se dirigía a su trabajo como docente […]. No obstante, en el proceso no está demostrado que en la muerte hubieran influido causalmente una acción u omisión de las entidades demandadas. La afirmación de la parte accionante según la cual las demandadas deben responder porque tienen el deber constitucional y legal de proteger la vida y la integridad de la personas, implica afirmar que el Estado debe responder sin examinar su actuación en relación con el caso específico […], y también considerar que debe responder por todas las muertes ocurridas en el territorio nacional. Y esta consideración desconoce que la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del artículo 90 de la C.P. solo puede declararse cuando se acredita que el daño ha sido causado por la acción o la omisión de las autoridades establecida a partir de lo ocurrido en los hechos concretos del caso.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / FALTA DE PRUEBA / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CAUSAS DE MUERTE DE LA PERSONA / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / ARGUMENTACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AUSENCIA DE PRUEBA / TRASLADO DEL DOCENTE / TRÁMITE DE TRASLADO DEL DOCENTE / VÍCTIMA DE VIOLENCIA / DOCENTE AMENAZADO / REUBICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO AMENAZADO / CAUSA DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR / FUNCIÓN DEL DOCENTE / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / DAÑO OCASIONADO POR HECHO DEL TERCERO / DAÑOS CAUSADOS A CIVILES DURANTE CONFLICTO ARMADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE DAÑOS CAUSADOS POR AGENTE DEL ESTADO
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no se demostró que la muerte de la víctima fuera imputable a las demandadas y las afirmaciones de la demanda dirigidas a probar este presupuesto no fueron acreditadas en el proceso. No se probó que la víctima hubiese sido trasladada a distintos municipos de Antioquia por actos de violencia o amenazas en su contra; no se acreditó que las entidades demandadas hubiesen sido advertidas de que existían amenazas en su contra; y tampoco se acreditó que su muerte tuviese relación con sus funciones como docente […]. Para declarar la responsabilidad patrimonial de una entidad pública en los términos del artículo 90 de la C.P. es necesario acreditar que el daño cuya indemnización se reclama fue causado por la acción o por la omisión de un agente del Estado obrando con ocasión de sus funciones y esto no está probado en este caso. La responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por terceros involucrados en el conflicto armado o por otros terceros involucrados en actividades terroristas ha sido admitida cuando se acredita la existencia de acciones u omisiones de los agentes del Estado que han contribuido a causar el daño.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del consejero A.M.P..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: M.B.M.
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2002-02319-01(48299)
Actor: A.Z.M. Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA...
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