SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-01291-01 de Consejo de Estado (SECCION QUINTA) del 14-11-2019
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 115 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / CONVENIO 169 DE LA OIT / LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 61 / LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 62 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 9 |
| Emisor | SECCIÓN QUINTA |
| Fecha | 14 Noviembre 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-15-000-2019-01291-01 |
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / CONVERSIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES – Restricción del juez de tutela de dar trámite a la solitud como acción de cumplimiento / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – inexistencia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Para cuestionar derechos subjetivo y dejar sin efectos actos administrativos de nombramiento / PROVIDENCIA CUESTIONADA NO ES EL ORIGEN DE LA VULNERACIÓN IUSFUNDAMENTAL
La S. advierte que únicamente interpuso la impugnación el Ministerio de Educación Nacional, sobre aspectos puntuales de la decisión de primera instancia que no comprendieron la conversión que realizó la Sección Primera del Consejo de Estado del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos (…) en acción de tutela, para ser resuelta directamente por este juez constitucional, por considerar que el debate se debía centrar en la protección del derecho fundamental a la igualdad que se desprendía de la demanda inicial de observancia de las normas legales. No obstante lo anterior, esta S. considera que debe realizar un pronunciamiento sobre estas consideraciones y decisión, toda vez que en esta sede judicial no le era posible al juez constitucional de tutela aplicar el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, norma que le impone al juez del cumplimiento el deber de dar el trámite de tutela a la demanda, en aquellos eventos en que se advierta que la pretensión está encaminada a la protección de derechos fundamentales. En efecto, la competencia para realizar la conversión del medio de control está radicada en el juez del cumplimiento, sin que sea posible que después de haber culminado el trámite referido con sentencia ejecutoriada el juez que conozca de la tutela dirigida contra las sentencias realice tal conversión y, adicionalmente, se abrogue la competencia para resolver las pretensiones de la demanda primigenia. Adicionalmente, resulta evidente que la demanda de tutela que es objeto de estudio en esta oportunidad está dirigida a controvertir las decisiones que se adoptaron en la acción de cumplimiento, por considerar que en las mismas se incurrió en defecto por desconocimiento de la jurisprudencia sobre la titularidad de los derechos de las comunidades indígenas, al tiempo que se desconoció que el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, contiene el mandato imperativo e inobjetable de dar aplicación al estatuto de profesionalización docente vigente que, a su juicio, es el contenido en el Decreto 2277 de 1979, aspectos que no se analizaron en la providencia de primera instancia. No comparte, en consecuencia, esta S. la aplicación efectuada por el juez constitucional a quo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, al tiempo que considera que la sentencia de segunda instancia dictada en el medio de control de cumplimiento por el Tribunal Administrativo de Nariño no adolece de los defectos señalados por la parte actora. Lo anterior, por cuanto la pretensión elevada por el accionante efectivamente estaba encaminada a que se dejaran sin efecto los actos administrativos de nombramiento de los etnodocentes del Resguardo Y., efectuados por la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño, pretensión en relación con la cual procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo concluyó la autoridad judicial accionada.(…) Tampoco se advierte, como lo consideró la autoridad judicial accionada, que del contenido del artículo 61 de la Ley 115 de 1994 se desprenda el mandato imperativo e inobjetable de que el Departamento de Nariño, a través de la Secretaría de Educación, incluya a los docentes de la etnia peticionaria en el escalafón docente o que le deba dar aplicación al Decreto 2277 de 1979. La S. tampoco evidencia que se haya desconocido por parte del Tribunal Administrativo de Nariño la legitimidad del Gobernador del Resguardo Indígena para incoar la acción de cumplimiento, toda vez que el caso se estudió de fondo y la referencia a derechos subjetivos efectuada en la sentencia hacía referencia a las situaciones individuales, particulares y concretas creadas por los actos administrativos de nombramiento, pasibles de control en sede de nulidad y restablecimiento del derecho sin que se negara la posibilidad de la colectividad de hacer valer los derechos de la misma .De lo expuesto se desprende que con el proferimiento de la sentencia del 12 de febrero de 2019 no se incurrió en vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, toda vez que la misma contiene una decisión razonable y carente de arbitrariedad que se dictó con fundamento en las pretensiones de la demanda, advirtiendo esta S. que en el medio de control inicialmente incoado no resultaba procedente dejar sin efectos los nombramientos cuestionados ni ordenar aplicar el estatuto de profesionalización docente anterior, ante la evidente inexistencia de un mandato imperativo e inobjetable. En virtud de lo expuesto esta S. negará la solicitud de dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia censurada, al no encontrar acreditados los defectos alegados por la parte actora
ACCIÓN DE TUTELA / COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA / EXHORTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Reglamentación sobre la forma de vinculación, permanencia y ascenso de los etnoeducadores previo agotamiento de la consulta previa / DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD DE LOS ETNOEDUCADORES / PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD INDÍGENA – En coordinación con el Gobierno Nacional
[A]un cuando esta S. encuentra que la afectación de los derechos fundamentales alegados por la parte actora en el vocativo de la referencia no proviene de las decisiones que se tomaron en sede del medio de control de cumplimiento, las cuales –se reitera– son razonables, si advierte la necesidad de examinar si la situación fáctica que la parte actora plantea en esta oportunidad implica la vulneración de los derechos de la comunidad indígena que es un sujeto de especial protección constitucional. El a quo consideró que en el caso concreto se había vulnerado el derecho a la igualdad de los etnoeducadores, por la carencia de un estatuto que reglamente su vinculación, administración, formación y ascenso, situación que no fue remediada por la decisión adoptada en la sentencia C-208 de 2007, “puesto que allí si bien se ordena aplicar el artículo 62 de la Ley 115 de 1994 y las demás normas complementarias, mientras que el Legislador Ordinario o Extraordinario expide un estatuto de profesionalización que regule la forma de vinculación de los docentes y directivos docentes al servicio educativo estatal, lo cierto es que han transcurrido más de diez (10) años sin que tal regulación haya sido expedida (…) la S., al advertir que la regulación tiene reserva de ley, como lo consideró la Corte en las dos sentencias de constitucionalidad que se reseñaron en precedencia [C-208 de 2007 y C-666 de 2016] y que el Congreso no obstante los requerimientos y exhortos efectuados por la Alta Corporación no ha proferido el Estatuto de Profesionalización Docente con enfoque diferencial, mantendrá el amparo previsto en el numeral primero del fallo de primera instancia, toda vez que no puede dejar desprotegidos los derechos de las comunidades que son impostergables y no pueden depender de una omisión que lleva más de quince (15) años. Sin embargo, para la efectividad de la protección, modificará el numeral segundo, en el sentido exhortar al Congreso de la República para que dé alcance a los fallos dictados por la Corte Constitucional que han advertido la existencia de una omisión legislativa relativa, en el sentido de dictar un estatuto de profesionalización docente para los etnoeducadores, que garantice los principios constitucionales ampliamente desarrollados en las Sentencias C-208 de 2007 y C-666 de 2016, previo agotamiento de la consulta previa referida en las mismas en los términos y para los efectos del Convenio 169 de la O.I.T. Lo anterior, por considerar que, como expresamente se expuso en las providencias reseñadas, el Gobierno Nacional no tiene la potestad para reglamentar el tema (…) Sin embargo, el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministerios del Interior y de Educación deberá realizar las consultas previas con las comunidades y llevar a cabo las acciones de concertación con a que haya lugar comunidades para dar efectivo alcance al enfoque diferencial en materia de educación.
APLICACIÓN TRANSITORIA DEL ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE A LOS ETNOEDUCADORES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA YASCUAL - Decreto 1278 de 2002
[E]l Ministerio de Educación Nacional argumentó que las sentencias C-208 de 2007 y SU-011 de 2018, esbozaron la tesis de que no es posible aplicar el Decreto 2277 de 1979 a los grupos étnicos y...
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