SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-01438-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 03-06-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 03 Junio 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-15-000-2021-01438-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – No hay similitud de supuestos de hecho y de consecuencias jurídicas / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN – De la Superintendencia Nacional de Salud de no garantizar el pago del boleto de lotería / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El ahora accionante presentó en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa del Estado por el daño derivado de la omisión de cumplir sus deberes de vigilancia y control frente a la Sociedad Sorteos Extraordinarios Asociados Compañía Limitada, con el fin de asegurar el pago del boleto ganador de la lotería. (…) La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de octubre de 2020, al resolver la segunda instancia, confirmó la decisión del a quo que declaró probada la excepción de caducidad. (…) En el presente caso, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues las providencias que señala el accionante como desconocidas no son aplicables al presente asunto, como pasa a indicarse. Veamos: La sentencia de 21 de agosto de 1992, se estudió la pretensión relativa al reconocimiento de los perjuicios causados por el no pago de una rifa adelantada por el municipio de Bucaramanga, lo cual es un asunto distinto al caso del demandante, en tanto el daño que alegó el actor en la acción de reparación directa gravitó en la supuesta omisión por parte de un organismo de control frente a sus deberes de vigilancia y control. En el fallo de 22 de junio de 1995, se estudió la responsabilidad del Estado en un caso en el que el ganador de un billete de lotería no le pagaron el premio sorteado, por lo que endilgó el daño a la entidad territorial demandada al permitir que se realizara la rifa pese a que la empresa no contaba con los activos suficientes para pagar en caso de que se presentara un ganador, caso que también es diferente, por lo que no es un precedente aplicable. Respecto a la providencia de 28 de julio de 2011, se trata de un asunto en el que el daño alegado se derivó de la desviación del cauce de un río que generó afectaciones en varios inmuebles, lo cual no tiene relación alguna con el debate ahora propuesto por la parte actora en la acción de tutela bajo estudio. La sentencia de 30 de enero de 2013, hace alusión a la verificación del conteo del término de la caducidad frente a personas privadas de la libertad, lo cual difiere del análisis fáctico realizado en la providencia objeto de tutela. La decisión de 20 de febrero de 2014, es un fallo inhibitorio por indebida escogencia de la acción, en el que supuestamente se alegó un error judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, situaciones que no guardan similitud fáctica ni jurídica con el caso del accionante. El fallo de 1 de agosto de 2018, resolvió un problema jurídico en el que se alegó un daño por el impago de los premios de lotería ganados en sorteos realizados por la Lotería La Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda, razón por la cual el estudio de caducidad se realizó a partir de dicha premisa, sin embargo, en el caso del actor el perjuicio alegado se circunscribe a la supuesta omisión por la Superintendencia Nacional de Salud de no garantizar el pago del boleto de lotería. La sentencia SU-659 de 2015, decidió un caso en el que se había declarado la caducidad de la acción de reparación directa en la que se pretendía la declaratoria de responsabilidad del Estado por una situación de violencia sexual contra una menor de edad, fallo en el que la Corte Constitucional apoyada en el principio pro damnato o favor victimae, flexibilizó el término de caducidad, regla de decisión inaplicable para este caso concreto. La sentencia T-528 de 2016, la Corte Constitucional se pronunció en un caso relacionado con una falla en el servicio médico, en la que se indicó que la caducidad de la acción de reparación directa se debió verificar a partir de que los demandantes tuvieron en su poder la historia clínica, pues fue en ese momento en el que tuvieron conocimiento de las razones del fallecimiento de su familiar, lo que difiere del presente asunto. En la sentencia T-334 de 2018, la misma Corporación Judicial analizó la caducidad del medio de control de reparación directa en el evento de lesiones personales sufridas por un integrante de la Policía Nacional en un accidente de tránsito, en la que se concluyó que la mencionada figura se debió contabilizar a partir del dictamen de pérdida de capacidad laboral, lo cual no es motivo de estudio en la presente acción de tutela. Ese supuesto fáctico también se abordó en la sentencia T-301 de 2019. Así las cosas, la Sala concluye que el demandante no demostró que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado incurriera en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al realizar el juicio de comparación o relacional, se constató que no son asuntos similares, que la regla de decisión allí determinada no resulta aplicable en el presente caso y que la autoridad judicial accionada estuviera en la obligación de acogerla o explicar razonablemente los motivos por los cuales se apartaba.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01438-00(AC)
Actor: J.A.B.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de control de reparación directa. Desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor L.A.C.S., quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados con la sentencia de 23 de octubre de 2020, por medio de la cual se confirmó el fallo de 30 de mayo de 2013, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión, en el que se declaró probada la excepción de caducidad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante afirmó que adquirió las dos fracciones del Billete No. 9470, Serie 101 del sorteo N° 31 de la lotería “Sorteo Extraordinario de Navidad”, que jugó el 11 de septiembre de 2001 y resultó ganador del premio mayor por la suma de $2.500.000.000, razón por la cual presentó su cobro, sin embargo, no realizó el pago y se procedió a iniciar acciones penales en su contra.
Relató que el 23 de julio de 2004, presentó escrito ante la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que que ejerciera sus funciones legales establecidas en la Ley 643 de 2001 y el Decreto 1259 de 1994, frente a la lotería “Sorteo Extraordinario de Navidad”, sometida a su vigilancia, es decir, que se constituyera las reservas patrimoniales del caso con el fin de asegurar el pago del premio adeudado, lo que en su sentir no se adelantó.
Indicó que contra la lotería adelantó proceso ejecutivo y pese a tener decisiones favorables, estas no se materializaron, porque la deudora carecía de activos para efectuar el pago al señor B.S., toda vez que la Superintendencia Nacional de Salud nunca le ordenó hacer las reservas de caso.
Sostuvo que el 31 de julio de 2009[1], radicó demanda de reparación directa contra la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio en la que incurrió la demandada, al no constituir la reserva patrimonial con el fin de garantizar el pago del boleto de lotería.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión, mediante sentencia de 30 de mayo de 2013, declaró probada la excepción de caducidad, bajo el argumento de que el daño cuya indemnización se reclama se concretó el día en que la Fiscalía 33 de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó el archivo de la investigación penal y dispuso la devolución del billete de lotería, es decir, el 28 de mayo de 2007, por lo que el actor contó hasta el 28 de mayo de 2009 para radicar la demanda. Sin embargo, como el 6 de febrero de 2009 se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, el término se suspendió hasta el 18 de marzo de 2009, razón por la que el tiempo con el que contaba el accionante era...
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