SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2010-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-06-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 18 Junio 2021 |
| Número de expediente | 15001-23-31-000-2010-00994-01 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DECISIÓN DEL JUEZ / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / REVOCATORIA DEL FALLO IMPUGNADO / RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR JERÁRQUICO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DECISIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS
El que una decisión proferida por un juez de la República, investido de autonomía judicial, sea modificada o revocada por una autoridad judicial jerárquicamente superior en virtud de la interposición de recursos en contra de dicha providencia, automáticamente no configura la responsabilidad del Estado, sino que garantiza el debido proceso y el principio de doble instancia que brinda seguridad jurídica. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda al constatar que no se probó un daño antijurídico por la decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALLO EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DECISIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / NEGACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA / EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CONDENADO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CONDENA DEL PROCESADO / EFECTIVIDAD DE LA CONDENA
[E]l daño alegado en este proceso no tiene el carácter de antijurídico y, por el contrario, el mismo se deriva de una actuación de la Administración ajustada a derecho, frente a la cual los demandantes no pueden pretender indemnización de perjuicios. Lo anterior, en tanto la decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja se fundó en una interpretación normativa acorde con las exigencias legales previstas en los artículos 88, 89 y 90 de Ley 599 de 2000, puesto que, como lo ha entendido la jurisprudencia, la prescripción de la pena no opera cuando el condenado se encuentra privado de la libertad en virtud de otra condena, ya que jurídicamente no es posible ejecutar de forma simultánea distintas penas.
FUENTE FORMAL: LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 88 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 89 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 90
DECISIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS / EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL / FALLO EN DERECHO / TERMINO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CONDENA PENAL / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / DURACIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL / LEY PROCESAL PENAL / NEGACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA / NOTIFICACIÓN AL PROCESADO PRIVADO DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / EFECTIVIDAD DE LA CONDENA
[L]a decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que negó la extinción de la sanción penal fue ajustada a derecho, puesto que el tiempo que [el demandante] estuvo privado de la libertad […] por las condenas impuestas en los procesos penales adelantados por los delitos […], no pueden descontarse del término procesal de prescripción de la sanción penal establecido en el artículo 89 de la Ley 600 del 2000. Por ello, se concluye que no operó la prescripción de la pena impuesta el 24 de agosto de 1990 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachantivá, porque el procesado estuvo privado de la libertad en virtud de tres procesos penales distintos desde el 13 de diciembre de 1991 y hasta el 27 de septiembre de 2006 […], por lo que no era posible jurídicamente ejecutar de forma simultánea las distintas condenas.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 89
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REPARACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 86
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / MÉTODO DE PONDERACIÓN / LÓGICA JURÍDICA / AUSENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. [S]e hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración -.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la metodología de análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2019, rad. 39626, C.P.A.M.P..
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / MOTIVACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / EVIDENCIA PROBATORIA / ARMONIZACIÓN CONCRETA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO / CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / INAPLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. [L]os títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M.P.J.F.R.C..
CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / BIEN JURÍDICO TUTELADO / AFECTACIÓN A BIEN / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA / VULNERACIÓN DEL...
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