Sentencia Nº 15238333300220210006901 del Tribunal Administrativo de Boyacá, 13-12-2023
| Sentido del fallo | CONFIRMA SENTENCIA QUE DECLARÓ PROBADA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD |
| Emisor | Tribunal Administrativo de Boyacá (Colombia) |
| Fecha | 13 Diciembre 2023 |
| Número de expediente | 15238333300220210006901 |
| Número de registro | 81771215 |
| Normativa aplicada | 1. 2. El artículo 13 de la Ley 4ª/92, Decretos 25/93, 65/94 y 133/95, 3. Ley 4ª/92 y los Decretos 335/92, 025/93, 065/94 y 133/95 |
| Materia | PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL - Marco normativo. / TESIS: El artículo 13 de la Ley 4ª/92 ordenó al gobierno nacional establecer una escala gradual porcentual para efectos de nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública; en desarrollo de lo cual, expidió los Decretos 25/93, 65/94 y 133/95, a través de los que se creó la prima de actualización para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, esta normativa se orientó a los servidores en actividad y no cobijó a quienes se habían retirado con anterioridad a su entrada en vigencia, lo cual generó una situación de desigualdad. Más tarde, a través de las sentencias proferidas el 14 de agosto y el 6 de noviembre de 1997, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «en servicio activo» contenida en los decretos aludidos, lo que condujo a que la prima de actualización se reconociera tanto a los miembros activos como a los retirados de la Fuerza Pública. Con todo, la prerrogativa de recibir dicha prima se limitó en el tiempo, hasta cuando se expidiera una norma que nivelara las asignaciones de todos los miembros de la Fuerza Pública, lo cual tuvo lugar con el Decreto 107/96, que determinó que a partir del 1º de enero de 1996 se aplicaría el principio de oscilación a las asignaciones de retiro y pensiones, con base en la escala gradual porcentual fijada por el gobierno nacional. PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL - Implicaciones de su carácter temporal / PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL - Prescripción. / TESIS: Ahora, en lo concerniente a la naturaleza, contenido y alcance de la prima de actualización, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que: * Se estableció con carácter temporal, por lo que únicamente podía reconocerse para el período correspondiente a los años 1993 a 1995, sin que resulte procedente su pago para los años subsiguientes, y sin que pueda tomarse como factor salarial para liquidar las asignaciones de retiro y pensiones, so pena de quebrantar la aplicación del principio de oscilación que empezó a regir para la remuneración de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a partir del 1° de enero de 1996. Las prestaciones sociales causadas a partir de esa fecha deben liquidarse conforme al mencionado principio. * En virtud de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado, el personal retirado estaba habilitado para solicitar la reliquidación de sus asignaciones de retiro y pensiones con inclusión de la prima de actualización, pero sólo respecto de los años 1993 a 1995, sin que se generara impacto alguno en el ingreso base de liquidación pensional a partir del año 1996. * Dichas reclamaciones podían presentarse desde la ejecutoria de las sentencias de nulidad y dentro de los 4 años siguientes a ello, por cuanto, se trataba de un derecho temporal y estaba sujeto al fenómeno de la prescripción cuatrienal. Por ende: (i) el término de prescripción para el reconocimiento la prima de actualización para los años 1993 y 1994 empezó a contarse a partir del 19 de septiembre de 1997 y culminó el 19 de septiembre de 2001 y (ii) el término de prescripción para el reconocimiento la prima de actualización para el año 1995 empezó a contarse a partir del 24 de noviembre de 1997 y finalizó el 24 de noviembre de 2001. En esa misma línea de pensamiento, el Consejo de Estado aseveró que las reclamaciones efectuadas con posterioridad al mes de noviembre de 2001, tendientes al pago de la prima de actualización, atañen al reconocimiento de una prestación temporal, por oposición a un derecho de causación periódica. Al respecto, señaló: (…) . Y bajo ese entendido, ha considerado que la prima de actualización tuvo una naturaleza temporal, lo que conlleva, entre otros, los siguientes efectos: a) que la primera actuación administrativa que se pronuncie frente a su reconocimiento es la única posible de ser cuestionada en vía judicial; y b) que opera el fenómeno de la caducidad del medio de control frente a los actos administrativos proferidos dentro de la actuación administrativa que se surta para su reconocimiento. Pues bien: en el sub-lite, la a quo consideró que el señor Valencia Campos presentó la demanda de la referencia por fuera de la oportunidad prevista en el literal d) del artículo 164-2 del CPACA, por lo que, a través de la decisión apelada, declaró probada la excepción de caducidad y dio por terminado el proceso. Sin embargo, en sede de apelación, el demandante manifestó que la prima de actualización reclamada afecta su asignación de retiro y que, en esa medida, reviste carácter de prestación periódica, pudiendo ser reclamada en cualquier tiempo. PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL - Caducidad del medio de control en el caso concreto. / TESIS: Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 2020317001693631: MDNCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOPER - DIPER-1.10 de 25 de septiembre de 2020, por medio del cual, el Ejército Nacional denegó el cómputo de los porcentajes de la prima de actualización en sus asignaciones básica y de retiro. Solicita fundamentalmente, que se ordene a la demandada «la incorporación en su hoja militar de servicios, del cómputo de los porcentajes de la prima de actualización» de conformidad con la Ley 4ª/92 y los Decretos 335/92, 025/93, 065/94 y 133/95; y que una vez realizado esto, se notifique a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL para que «a través de un trámite administrativo interno» proceda a reliquidar y reajustar su asignación de retiro. En ese entendido, considera la Sala que el objeto del presente proceso se contrae al cómputo de los porcentajes de la prima de actualización en la asignación básica devengada por el demandante por el tiempo en que estuvo vinculado en la institución demandada, prestación que como se señaló, no tiene la connotación de periódica, sino de beneficio de carácter temporal. El reajuste de su asignación de retiro no se planteó como una pretensión debidamente formulada y, si bien de la demanda se infiere que posteriormente se buscará el reajuste de la misma, lo cierto es que como lo consideró la a quo, no deja de ser una pretensión eventual, en tanto, se encuentra condicionada a la prosperidad de las pretensiones acá incoadas. Es cierto, como lo refiere el recurrente, que el reajuste de la asignación de retiro es un acto que pende del acto principal de reconocimiento de la prestación debatida (prima de actualización), el cual no se encuentra sujeto a un término de caducidad. Empero, también lo es que en el presente asunto no se solicita el reajuste de la asignación de retiro a cargo de CREMIL, sino -se itera- únicamente el reajuste de la asignación básica del actor. Por otra parte, el apelante manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el criterio de periodicidad se aplica cuando se pretende la modificación de la hoja de servicios con fines de reajuste de la asignación de retiro (como ocurre en el caso concreto), comoquiera que, en últimas, se trata de un derecho prestacional que tiene el carácter de irrenunciable y, por ello, las reclamaciones de esa naturaleza no son susceptibles de caducidad del medio de control. En ese sentido, se refirió en el recurso el auto de 21 de febrero de 2019 proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente 2015-00802-01. No obstante, en ese respecto lo único que indicará la Sala es que, en el asunto examinado por el Consejo de Estado, a diferencia de lo que ocurre en el caso objeto de estudio, se demandó tanto al Ejército Nacional, como a CREMIL, y se pretendió además de la corrección administrativa de la hoja de servicios del demandante teniendo en cuenta los tiempos dobles, la reliquidación de su asignación de retiro. Por tanto, se consideró en esa oportunidad, que la demanda «no se enc[ontraba] afectada por el fenómeno de caducidad, atendiendo lo dispuesto en el literal c), numeral 1, del artículo 164, del CPACA, comoquiera que esta se podía presentar en cualquier tiempo, en cuanto se dirigía contra actos relacionados en el reconocimiento de prestaciones periódicas de las que se busca[ba] su reliquidación». Así las cosas, en virtud del carácter temporal de la prima de actualización, la Sala concluye que en el sub lite, la actuación administrativa que culminó con la expedición del oficio acusado por el demandante, fue la que definió su situación jurídica frente al acceso a dicho emolumento y, por lo tanto, dicha decisión debió haberse enjuiciado - como lo señaló la a quo - dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación conforme lo estableció el legislador para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el literal d) artículo 164-2 de la Ley 1437/11. Lo anterior, para el caso analizado no aconteció, toda vez que la demanda se radicó hasta el 18 de marzo de 2021, transcurridos 5 meses y 17 días desde la fecha de notificación del acto acusado (esto es, el 1° de octubre de 2020, hecho admitido, no controvertido por las partes), operando así el fenómeno de la caducidad. Como el término de cuatro (4) meses antes reseñado, empezó a contabilizarse a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo censurado, no queda duda a la Sala que venció el 2 de febrero de 2021, en tanto, no fue suspendido por la conciliación extrajudicial. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL - En caso de duda sobre su configuración en la etapa de admisión de la demanda, puede volverse sobre el tema en etapa procesal posterior. / TESIS: Por último, frente al argumento del recurrente, conforme al cual, el análisis de la caducidad del medio de control debió efectuarse en el auto admisorio de la demanda, en la medida que «carecería de sentido en este momento, más aún de acuerdo a lo señalado sobre la naturaleza de derecho esgrimir el fenómeno jurídico de la caducidad», dirá la Sala que no configura un reparo concreto respecto de la argumentación que basó la sentencia apelada. Debe recordarse que el recurso de apelación es un instrumento judicial para impugnar, en este caso, una sentencia, controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente; por manera que no puede dirigirse sin límite alguno a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso. Con todo, en gracia de claridad, se dirá sucintamente que el Consejo de Estado al referirse sobre la contabilización de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la etapa de admisibilidad de la demanda, ha dicho que cuando existe controversia y duda razonable respecto a la notificación del acto acusado, «no es posible en la etapa de admisión, rechazar la demanda», pues en caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos o presupuestos de la demanda o del medio de control, este principio permite que la misma se admita «sin perjuicio de que el juez en momento procesal posterior y previo al análisis del material probatorio, vuelva sobre el punto y decida sobre el mismo». De suerte que se encuentra plenamente justificado el proceder de la a quo la etapa inicial del proceso, admitiendo la demanda ante la duda frente a la notificación del acto administrativo enjuiciado. En suma: en la medida que la parte actora presentó la demanda de la referencia por fuera de la oportunidad prevista en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada. |
PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – Marco normativo.
El artículo 13 de la Ley 4ª/92 ordenó al gobierno nacional establecer una escala gradual porcentual para efectos de nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública; en desarrollo de lo cual, expidió los Decretos 25/93, 65/94 y 133/95, a través de los que se creó la prima de actualización para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, esta normativa se orientó a los servidores en actividad y no cobijó a quienes se habían retirado con anterioridad a su entrada en vigencia, lo cual generó una situación de desigualdad. Más tarde, a través de las sentencias proferidas el 14 de agosto y el 6 de noviembre de 1997, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «en servicio activo» contenida en los decretos aludidos, lo que condujo a que la prima de actualización se reconociera tanto a los miembros activos como a los retirados de la Fuerza Pública. Con todo, la prerrogativa de recibir dicha prima se limitó en el tiempo, hasta cuando se expidiera una norma que nivelara las asignaciones de todos los miembros de la Fuerza Pública, lo cual tuvo lugar con el Decreto 107/96, que determinó que a partir del 1º de enero de 1996 se aplicaría el principio de oscilación a las asignaciones de retiro y pensiones, con base en la escala gradual porcentual fijada por el gobierno nacional.
PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – Implicaciones de su carácter temporal / PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – Prescripción.
Ahora, en lo concerniente a la naturaleza, contenido y alcance de la prima de actualización, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que: * Se estableció con carácter temporal, por lo que únicamente podía reconocerse para el período correspondiente a los años 1993 a 1995, sin que resulte procedente su pago para los años subsiguientes, y sin que pueda tomarse como factor salarial para liquidar las asignaciones de retiro y pensiones, so pena de quebrantar la aplicación del principio de oscilación que empezó a regir para la remuneración de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a partir del 1° de enero de 1996. Las prestaciones sociales causadas a partir de esa fecha deben liquidarse conforme al mencionado principio. * En virtud de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado, el personal retirado estaba habilitado para solicitar la reliquidación de sus asignaciones de retiro y pensiones con inclusión de la prima de actualización, pero sólo respecto de los años 1993 a 1995, sin que se generara impacto alguno en el ingreso base de liquidación pensional a partir del año 1996. * Dichas reclamaciones podían presentarse desde la ejecutoria de las sentencias de nulidad y dentro de los 4 años siguientes a ello, por cuanto, se trataba de un derecho temporal y estaba sujeto al fenómeno de la prescripción cuatrienal. Por ende: (i) el término de prescripción para el reconocimiento la prima de actualización para los años 1993 y 1994 empezó a contarse a partir del 19 de septiembre de 1997 y culminó el 19 de septiembre de 2001 y (ii) el término de prescripción para el reconocimiento la prima de actualización para el año 1995 empezó a contarse a partir del 24 de noviembre de 1997 y finalizó el 24 de noviembre de 2001. En esa misma línea de pensamiento, el Consejo de Estado aseveró que las reclamaciones efectuadas con posterioridad al mes de noviembre de 2001, tendientes al pago de la prima de actualización, atañen al reconocimiento de una prestación temporal, por oposición a un derecho de causación periódica. Al respecto, señaló: (…) . Y bajo ese entendido, ha considerado que la prima de actualización tuvo una naturaleza temporal, lo que conlleva, entre otros, los siguientes efectos: a) que la primera actuación administrativa que se pronuncie frente a su reconocimiento es la única posible de ser cuestionada en vía judicial; y b) que opera el fenómeno de la caducidad del medio de control frente a los actos administrativos proferidos dentro de la actuación administrativa que se surta para su reconocimiento. Pues bien: en el sub-lite, la a quo consideró que el señor V.C. presentó la demanda de la referencia por fuera de la oportunidad prevista en el literal d) del artículo 164-2 del CPACA, por lo que, a través de la decisión apelada, declaró probada la excepción de caducidad y dio por terminado el proceso. Sin embargo, en sede de apelación, el demandante manifestó que la prima de actualización reclamada afecta su asignación de retiro y que, en esa medida, reviste carácter de prestación periódica, pudiendo ser reclamada en cualquier tiempo.
PRIMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – Caducidad del medio de control en el caso concreto.
Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 2020317001693631: MDNCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOPER – DIPER-1.10 de 25 de septiembre de 2020, por medio del cual, el Ejército Nacional denegó el cómputo de los porcentajes de la prima de actualización en sus asignaciones básica y de retiro. Solicita fundamentalmente, que se ordene a la demandada «la incorporación en su hoja militar de servicios, del cómputo de los porcentajes de la prima de actualización» de conformidad con la Ley 4ª/92 y los Decretos 335/92, 025/93, 065/94 y 133/95; y que una vez realizado esto, se notifique a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL para que «a través de un trámite administrativo interno» proceda a reliquidar y reajustar su asignación de retiro. En ese entendido, considera la Sala que el objeto del presente proceso se contrae al cómputo de los porcentajes de la prima de actualización en la asignación básica devengada por el demandante por el tiempo en que estuvo vinculado en la institución demandada, prestación que como se señaló, no tiene la connotación de periódica, sino de beneficio de carácter temporal. El reajuste de su asignación de retiro no se planteó como una pretensión debidamente formulada y, si bien de la demanda se infiere que posteriormente se buscará el reajuste de la misma, lo cierto es que como lo consideró la a quo, no deja de ser una pretensión eventual, en tanto, se encuentra condicionada a la prosperidad de las pretensiones acá incoadas. Es cierto, como lo refiere el recurrente, que el reajuste de la asignación de retiro es un acto que pende del acto principal de reconocimiento de la prestación debatida (prima de actualización), el cual no se encuentra sujeto a un término de caducidad. Empero, también lo es que en el presente asunto no se solicita el reajuste de la asignación de retiro a cargo de CREMIL, sino -se itera- únicamente el reajuste de la asignación básica del actor. Por otra parte, el apelante manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el criterio de periodicidad se aplica cuando se pretende la modificación de la hoja de servicios con fines de reajuste de la asignación de retiro (como ocurre en el caso concreto), comoquiera que, en últimas, se trata de un derecho prestacional que tiene el carácter de irrenunciable y, por ello, las reclamaciones de esa naturaleza no son susceptibles de caducidad del medio de control. En ese sentido, se refirió en el recurso el auto de 21 de febrero de 2019 proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente 2015-00802-01. No obstante, en ese respecto lo único que indicará la Sala es que, en el asunto examinado por el Consejo de Estado, a diferencia de lo que ocurre en el caso objeto de estudio, se demandó tanto al Ejército Nacional, como a CREMIL, y se pretendió además de la corrección administrativa de la hoja de servicios del demandante teniendo en cuenta los tiempos dobles, la reliquidación de su asignación de retiro. Por tanto, se consideró en esa oportunidad, que la demanda «no se enc[ontraba] afectada por el fenómeno de caducidad, atendiendo lo dispuesto en el literal c), numeral 1, del artículo 164, del CPACA, comoquiera que esta se podía presentar en cualquier tiempo, en cuanto se dirigía contra actos relacionados en el reconocimiento de prestaciones periódicas de las que se busca[ba] su reliquidación». Así las cosas, en virtud del carácter temporal de la prima de actualización, la Sala concluye que en el sub lite, la actuación administrativa que culminó con la expedición del oficio acusado por el demandante, fue la que definió su situación...
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