SENTENCIA nº 54001-23-31-000-2006-00011-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 12-03-2021
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Fecha de la decisión | 12 Marzo 2021 |
| Número de expediente | 54001-23-31-000-2006-00011-01 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / ACTUACIÓN PROCESAL / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / ARGUMENTACIÓN JURÍDICA / INOCENCIA DEL PROCESADO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
[L]a Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. [E]l demandante, no desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. [S]us intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento investigado. [L]a Sala imputará el daño a la [demandada], dado que fue la entidad que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra [del demandante], la que posteriormente la revocó y, luego, dictó preclusión de la investigación a su favor. Por tanto, el daño le es imputable y debe responder por los perjuicios causados con la privación injusta de su libertad.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, ver: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M.P.J.F.R.C..
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO / FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS
Si bien la [entidad demandada] debió adoptar medidas cautelares de tipo personal en contra del aquí demandante, ante la existencia, en su momento, de indicios graves de su responsabilidad en la conducta punible investigada, no es menos cierto que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia. [L]a fiscalía inicialmente estimó que la conducta investigada era típica y que diversos elementos de juicio demostraban la responsabilidad penal del entonces procesado, no obstante, al considerar que su actuación fue jurídicamente plausible y no demostraba ningún interés en favorecer al anterior alcalde municipal, se precluyó la investigación a su favor. En consecuencia, la privación de la libertad [del demandante] constituye un daño que supera las cargas públicas que debe soportar un ciudadano.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PARTE DEMANDANTE / DETENCIÓN EN EL PROCESO PENAL / HECHO GENERADOR DEL DAÑO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
[L]a privación de la libertad [del demandante] durante el desarrollo del proceso penal, le generó un daño que no estaba en el deber de soportar, aun cuando la decisión cautelar hubiere sido adoptada conforme a la ley, razón por la cual el Estado debe repararlo. [S]e trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., sin importar que su causa haya sido una decisión legal.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño especial como título de imputación excepcional, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, rad.15591, C.P.E.G.B..
CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / INFERENCIA LÓGICA / INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / PARTE DEMANDANTE / ETAPAS DEL PROCESO / IMPUTACIÓN FÁCTICA / SOPORTE DE LA PRUEBA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / NORMATIVIDAD DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS HECHOS
[L]a fiscalía precisó, de manera suficiente, los hechos indicadores a partir de los cuales infirió razonablemente la existencia del comportamiento investigado, así como la presunta participación y responsabilidad [del demandante]. En consecuencia, por lo menos para ese momento procesal, la [demandada] tenía un sustento fáctico y probatorio suficiente para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, en observancia de las normas procesales vigentes para la época de los hechos investigados.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de febrero de 2019, rad. 59406, C.P.M.N.V.R..
APRECIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRUEBA DEL NEGOCIO JURÍDICO / CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO / ARGUMENTACIÓN JURÍDICA / IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / DIFERENCIA DE CRITERIOS / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / CUANTÍA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
[L]a fiscalía tenía diferentes elementos de juicio, como el trámite pre contractual de los negocios jurídicos […] cuestionados y, en particular, los documentos suscritos o revisados por el entonces jefe de la oficina jurídica, que permitieron evidenciar su injerencia concreta en dichos contratos y la ausencia de razones jurídicas claras que justificaran la aplicación de la modalidad de contratación directa […]. [S]u opinión jurídica, que controvertía los argumentos expuestos por el Ministerio de Hacienda, a pesar de haber solicitado previamente su postura frente a este tema por las diferencias interpretativas que existían al respecto. Asimismo, el visto bueno dado a contratos que, en varios casos, superaban el monto mínimo permitido para celebrarlos de manera directa, de acuerdo con el presupuesto del municipio.
EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN PRISIÓN DOMICILIARIA / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO
[H]abida cuenta que, [al demandante] se le impuso medida de detención domiciliaria, se seguirán los precedentes jurisprudenciales que han aplicado una reducción del 30% del monto de la condena, al considerar que la afectación al derecho a la libertad en este supuesto es relativamente menor, en comparación con quien sufre la misma restricción en un establecimiento carcelario.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reducción de la indemnización por privación injusta de la libertad en el caso de detención domiciliaria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2016, rad. 46504, C.P.G.S.L..
RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / AGRAVIO A LA INTEGRIDAD MORAL / PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO / VÍCTIMA DIRECTA / AFECTACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PAGO MONETARIO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / TOPE MÁXIMO DEL PERJUICIO MORAL
En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar y afectivo, por lo que este perjuicio será reconocido a favor de la parte actora. Para la tasación de los montos a reconocer por este concepto, la Sala observará los topes mínimos y máximos de indemnización señalados en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, en la que se asignó un valor monetario, según el tiempo de efectiva privación de la libertad. Para ello, la tabla allí incluida definió rangos de tiempo, a los cuales se les asignó topes máximos de indemnización.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C.P.H.A.R. (e).
VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN...
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