SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2006-00488-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 22-02-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 22 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 68001-23-31-000-2006-00488-01 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO / DEBER DE INVESTIGACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN / INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE / VINCULACIÓN A LA INVESTIGACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES / NORMATIVIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES / PRUEBA DEL DAÑO MATERIAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE ANTIJURICIDAD / INEXISTENCIA DE LA IMPUTACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
[N]o encuentra esta Colegiatura que la detención preventiva impuesta [al demandante] entrañe una carga que haya excedido la que establece a cargo de toda persona el artículo 95 de la Constitución Política, norma de la que se infiere sin dificultad alguna la obligación que hace pesar el ordenamiento jurídico sobre todas las personas de soportar la acción de investigación de los delitos, a cargo del Estado, y para el caso de la [entidad demandada], de afrontar las investigaciones a las que se les vincule y soportar las medidas que se imponen a toda persona que se halle dentro de los supuestos de la norma que las autoriza. [E]l daño material que sufrió [el demandante] no denota antijuridicidad, circunstancia que impide avanzar al juicio de imputación. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 95
FUNCIÓN LEGISLATIVA / NECESIDAD DE LA PRUEBA / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / INFORME DE LA INVESTIGACIÓN / CLASES DE INFERENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA / LEY PROCESAL PENAL / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / REBELIÓN / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
[E]l legislador establece un estándar mínimo de prueba que en el presente caso se encuentra satisfecho en la medida en que la detención preventiva [del demandante] estuvo sustentada en dos testimonios abonados por diversos informes de investigación, e incluso por algunas inferencias indiciarias que emergían de la confrontación de las distintas versiones exculpatorias presentadas por los procesados en sus versiones injuradas con ocasión de sus diligencias indagatorias y de las resultas de algunas interceptaciones telefónicas. [L]a medida, dispuesta de manera general por el legislador para los procesados contra quienes obrara ese mínimo de prueba de su responsabilidad por el delito de rebelión, se revela legalmente adoptada, sin que obre en el plenario medio alguno de prueba que la muestre innecesaria o desproporcionada.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de febrero de 2019, rad. 59406, C.P.M.N.V.R..
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA / LEY CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / ANTIJURICIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE / ILEGALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA DETENCIÓN ARBITRARIA
[L]a Corte profirió una decisión de "constitucionalidad condicionada interpretativa”, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que excluyó, por ser contrario a la Constitución, todo entendimiento de la disposición en referencia, que pueda conducir en forma automática (a) la reparación de (...) perjuicios, bajo la única consideración de la privación de la libertad, como si tal privación fuese de suyo injusta. En consecuencia, fijó dos condiciones para que la aplicación que haga el operador judicial del artículo 68 de la ley Estatutaria sea conforme a la constitución: a) que el juicio de antijuridicidad esté soportado en un análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención, condición que puede entenderse relacionada con la calificación jurídica del acto dañoso; y b) que tal análisis permita demostrar que la privación de la libertad, ya entendida como daño, fue abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, (...) (que) no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P.V.N.M., en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996; y Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M.P.J.F.R.C..
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / ETAPA DE INVESTIGACIÓN / FASE DEL JUICIO / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE / INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA PUNIBLE / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA
[A]un estando satisfechos los requisitos legales de competencia y procedencia de la medida, habiendo verificado la autoridad penal los presupuestos de la medida, y habiendo satisfecho las exigencias de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad, ella puede causar daño antijurídico si comporta una carga que el ordenamiento jurídico no le impone a la víctima. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se ha producido durante la investigación o el juicio el desvanecimiento total de la apariencia de responsabilidad que determinó la privación preventiva de la libertad (V.G., porque se demostró que el hecho endilgado o imputado al detenido, materialmente, no existió; que el investigado no lo cometió ni participó en su realización; que a pesar de haberlo hecho, la conducta no era típica o, que el hecho ya no podía ser investigado por las autoridades judiciales).
ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / FALTA DE PRUEBA / CERTEZA DE LA SENTENCIA / CONDENA DEL PROCESADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO / ACCIÓN RESARCITORIA / DETENCIÓN PREVENTIVA / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / FALLO INHIBITORIO / MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
La absolución o la preclusión de la investigación por aplicación del principio in dubio pro reo o la absolución por falta de prueba que mueva a la certeza necesaria para condenar al procesado no determina automáticamente la condena en responsabilidad al Estado por causa de su detención preventiva, puesto que la presunción de inocencia, apta como es, en materia sancionatoria, para mover a la absolución del reo por la fuerza del artículo 28 constitucional, viene insuficiente per se cómo causa de la obligación resarcitoria. La detención preventiva, se itera, es una medida preventiva, no una sanción y tal presunción opera de diferente manera en uno y otro evento: frente a la sanción, inhibe la decisión de condena, pero en relación con la medida preventiva, obliga a adelantar juicio sobre la antijuridicidad del daño que causó, conforme a la causa petendi de la demanda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 28
PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / COPIA DEL EXPEDIENTE / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LA NORMA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / NOTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / OPORTUNIDAD PARA LA TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO
Al proceso fue arrimada, como prueba trasladada, la copia auténtica del expediente que documentó el proceso penal […], dentro del cual se dictó la sentencia absolutoria. Sobre la eficacia de la prueba trasladada, la Sala ha manifestado, que puede ser valorada en el proceso contencioso administrativo, siempre que se hayan verificado los presupuestos del artículo 185 del C.P.C. Por tanto, la Sala valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal al constatar que fueron puestos en conocimiento de la entidad demandada, y esta no los tachó de falsos ni les restó mérito como prueba.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 – ...
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