Sentencia de Tutela de Segunda Instancia Aprobada Por Acta # 138 Nº 0052020-00040 del Tribunal Superior de Cali Sala Penal, 15-09-2020
| Sentido del fallo | REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y EN SU LUGAR TUTELA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| Número de expediente | 0052020-00040 |
| Número de registro | 81512852 |
| Fecha | 15 Septiembre 2020 |
| Materia | ACCIÓN DE TUTELA - / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO - / |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA ART. 86. / LEY 100 DE 1993 /LEY 797 DE 2003 / DECRETO 2591 DE 1991 ART. 32 / DECRETO 758 DE 1990 ART. 12 /ACUERDO 049 DE 1990 /CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T 101 DE 2020. SENTENCIA SU 769 DE 2014. SENTENCIA T 429 DE 2017. SENTENCIA T 280 DE 2019 |
| Emisor | Sala Penal (Tribunal Superior de Cali de Colombia) |
SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
J.E.V.V.
005-2020-00040
República de Colombia
Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cali
Sala de Decisión Constitucional. Magistrada Ponente:
M.C. CRUZ
Radicación: 005-2020-00040 Accionante: JORGE ELIECER VINASCO
VINASCO Accionados: COLPENSIONES Clase: Sentencia de tutela de segunda
instancia Aprobada: Acta No. 138 Tema: Seguridad social Fecha: Septiembre 15 de 2020
I. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN
Decide la Colegiatura la impugnación presentada por el accionante
J.E.V.V., contra la sentencia No.
039 del 03 de agosto de 2020 proferida por el Juzgado Quinto Penal
del Circuito Especializado de Cali, mediante la cual resolvió negar
la acción de tutela contra COLPENSIONES.
II. HECHOS
(i) Manifestó el accionante de 73 años de edad que nació el 4 de
enero de 1947, se encuentra en condición de vulnerabilidad por
estar enfermo con diabetes y es padre cabeza de familia a cargo
de dos hijos de 39 y 42 años de edad, en situación de discapacidad
a raíz de que presentan ceguera a causa de enfermedad llamada
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Sala de Decisión Constitucional. S.D., por lo que tanto ellos como su esposa
dependen económicamente de él.
(ii) Indicó que ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez a C., pero ésta le ha sido negada a pesar que
le es aplicable el régimen de transición.
(iii) Refiere que laboró en el sector privado desde el 20 de febrero
de 1987 hasta el 30 de abril de 1988, es decir por 1 año 2 meses
10 días y en el sector público, específicamente en la Alcaldía
Municipal de Belén de Umbría (Risaralda) desde el 17 de octubre
de 1989 al 30 de diciembre de 1994, esto es 5 años 2 meses 13
días, realizando aportes a la Caja Municipal de previsión; y del 01
de enero de 1995 al 30 de diciembre de 2001, es decir 6 años 11
meses 29 días al ISS, arrojando un tiempo laborado de 13 años 4
meses 22 días, lo que equivale a 683 semanas.
(iv) Dado que al 1° de abril de 1994 cuando entró en vigencia la ley
100 de 1993 se encontraba afiliado y cumplía con el requisito de la
edad previsto en el art. 36 de la mencionada ley, para ser
beneficiario del régimen de transición, pues contaba con 47 años a
esa época y cumplió 60 años al 4 de enero de 2007, dicho régimen
le es aplicable.
(v) Además indicó que en virtud de lo dispuesto en el art. 12 del
Decreto 758 de 1990 o Acuerdo número 049 del 1 de febrero de
1990 que exigía 60 años de edad para los hombres y un mínimo de
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Sala de Decisión Constitucional. 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad mínima o haber acreditado
un numero de 1000 semanas sufragadas en cualquier tiempo, debe
ser beneficiario de la pensión de vejez ya que al 4 de enero de 2007
tenía 60 años y más de 500 semanas cotizadas al servicio de la
Alcaldía Municipal de Belén de Umbría, pues su tiempo laborado
fue de 621 semanas.
(vi) Teniendo en cuenta lo anterior solicitó ante C. el
reconocimiento y pago de la pensión, conforme lo dispuesto en el
art 12 del Decreto 758 de 1990. Sin embargo, le fue negada
mediante resolución SUB 330325 del 30 de noviembre de 2019; y
ante recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos
por el actor; el fondo de pensiones resolvió en forma negativa
mediante resoluciones SUB 5190 del 11 de enero de 2020 y DPE
3185 del 24 de febrero del mismo año.
Petición: Solicita que se le amparen los derechos al mínimo vital,
vida digna, igualdad, seguridad social, debido proceso, salud y
derechos del adulto mayor como sujeto de especial protección y en
consecuencia se ordene a C. que le reconozca y pague
la pensión de vejez por cumplir con los requisitos previstos en el
decreto 758 de 1990.
III. SUJETOS DE LA ACCIÓN
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Sala de Decisión Constitucional. ACCIONANTE
J.E.V.V., identificado con la C.C.
9.755.057 de Belén de Umbría – Risaralda con dirección para
notificaciones en la carrera 35C No. 57 – 88 Barrio Comuneros 1.
Celular 3113078962 de Cali – Valle, correo electrónico
elsycali1008@hotmail.com.
ACCIONADOS
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES.
IV. DECISIÓN DEL A - QUO
La Juez 5 Penal del Circuito Especializado resolvió negar la tutela,
porque aunque advirtió que el accionante es una persona que se
encuentra en estado de vulnerabilidad manifiesta por su avanzada
edad y porque dice padecer de enfermedades que le menguan su
calidad de vida y le impiden laborar para tener ingresos, concluyó
que no estaba demostrado que fuera padre cabeza de hogar o que
sus hijos y esposa dependieran económica y emocionalmente de
él y aunque así se probara, no es la tutela el medio para
reconocerle la pensión de vejez, debiendo presentar el asunto ante
la jurisdicción ordinaria en lo laboral, pues no evidencia vulneración
a sus derechos fundamentales.
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Sala de Decisión Constitucional. Adujo que no se podía concluir que el accionante era beneficiario
del régimen de transición pues pese a que cumple con el requisito
de la edad mínima exigida de 40 años a la entrada en vigencia de
la ley 100 de 1993, no cumplía con las condiciones que demanda
el parágrafo 4° del artículo 48 de la Constitución modificado por el
acto legislativo 01 de 2005 para poder conservar ese beneficio del
régimen transicional hasta el 31 de diciembre de 2014.
V. RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme el accionante impugna la decisión, aduciendo que el
fallo de primera instancia no tuvo en cuenta la condición de
vulnerabilidad en la que se encuentra, aunado a su edad de 73
años y que está a cargo de sus dos hijos discapacitados, sin tener
medio alguno para subsistir.
Agrega que C. ha vulnerado sus derechos al manifestar
que ha contestado de fondo su caso, cuando lo cierto es que solo
lo estudian con base en la ley 797 de 2003 y no revisan que cumple
con los requisitos previstos en el artículo 12 del decreto 758 de
1990, por lo que pide a la segunda instancia que verifique las
resoluciones emitidas en su contra por parte del fondo de
pensiones.
Reitera que es sujeto de especial protección, que el 4 de enero de
2007 cumplió 60 años y que tiene cotizadas un mínimo de 500
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Sala de Decisión Constitucional. semanas pagadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima, por lo cual debe aplicarse a su
favor el decreto 758 de 1990 y serle reconocida la pensión de vejez.
VI. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 le
corresponde a esta Sala de Decisión Constitucional resolver la
impugnación en contra del fallo de tutela resuelto por el Juez Penal
del Circuito Especializado por ser superior jerárquico de este último.
2. De la acción de tutela.
El artículo 86 de la Carta Política, consagra la acción de tutela como
un mecanismo de defensa para que toda persona pueda reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de particulares encargados de la
prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quien el solicitante
tenga una relación de subordinación o indefensión.
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Sala de Decisión Constitucional. Sin embargo, no debe perderse de vista que esta acción es de
carácter residual y subsidiario, es decir, que sólo procede en
aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional
o legal diferente que le permita al actor solicitar, ante los jueces
ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda
evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer acreditado
en el proceso. De ahí su naturaleza exceptiva.
3. Requisitos de procedencia.
En esa medida debe examinarse si están cumplidos los requisitos
para su procedencia en el sub examine, encontrando que la
legitimación por activa se encuentra en cabeza del señor JORGE
ELIECER VINASCO VINASCO, quien interpone la acción de tutela,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
La legitimación por pasiva está en cabeza de las entidades
accionadas a quienes se endilga la vulneración de...
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