Sistema de control de calidad en las entidades estatales
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10 CORTE CONSTITUCIONAL
Actividades de alto riesgo para el trabajador
Las meras expectativas derivadas de una norma legal que es posteriormente
derogadanoconguraunderechoadquiridoquenopuedasermodicado
por el legislador. Funcionarios del de la Fiscalía
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dades de alto riesgo para la salud del trabajador, se produjo una dism inu-
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solo para los funcionarios del CTI, sino par a magistrados, jueces regionales,
procuradores delegados para los derechos hu manos, procuradores dele-
gados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Just icia, funcionarios y
cuerpos de segur idad. Esto se motivó en que las funciones desempeñadas
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en este régimen aquellas act ividades que en el criterio del concepto técn ico
representan una d isminución tangible de la salud o calidad de vida del
trabajador, en razón de la perma nente exposición a alto riesgo. De otra
parte, por medio de la Ley 1223 de 2008, se adicionó a la pensión especial
CTI que prestan
militar, al constatar se con base en un concepto técnico, que esas labores
causan un desmejoramiento de la salud del t rabajador.
La Corporación observó que la prohibición de menoscabo de los
derechos laborales y sociales por part e de leyes posteriores, recae sobre
derechos adquiridos por el tr abajador y no sobre expectativas sujetas a
inclusión o exclusión en una actividad de alto riesgo obedece a un crite rio
objetivo, que en el evento de desaparecer conduce al decaimiento de la
actividades de alto riesgo no constit uye un derecho que ingrese al patri-
monio del trabajador, ni comporta la obligación de mantenerlo incólume
parte del legislador, ya sea en cumplimiento de sus f unciones de organizar
la estructu ra de la entidad o porque objetivamente desaparece el alto riesgo
en la prestación del servicio. En consecuencia, no puede pred icarse un
desmejoramiento de los derechos del trabajador sobre un hecho o expec -
tativa que no constituye un derecho. Por consiguiente, la Cor te declaró la
Sistema de control de calidad en las entidades estatales
Fundamento de su creación e implementación
Luis E
Después de analizar los pr incipios constitucionales que orientan la
administ ración y la gestión pública y las diferencias entre el control interno,
creado mediante la Ley 872 de 2003, la Corte concluyó que no se eviden-
ciaba ninguna v ulneración de las normas invocadas en la de manda. Por el
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culo 209 de la Constitución, que consagr a los principios orientadores de
celeridad, imparcialid ad y moralidad. Adicionalmente, esta herra mienta
cargo de la organización estat al y la satisfacción de los usuarios tiene que
efectivo de los derechos de los ciudadanos, a través de herr amientas de ges-
tión de calidad creadas y d iseñadas por el legislador, acorde con el control
de gestión y resultados introducido por el const ituyente. De esta forma, la
derechos constitucionales de los ciudada nos. La Corte advirtió que existe
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del servicio y la satisfacción de los usuarios de la ad ministración pública,
generando una herr amienta de gestión de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios a cargo de las entida des obligadas. El objetivo
es adoptar el Sistema Inter nacional de Calidad ISO 9000 en las entidades
efectividad en temas de calidad q ue se le ofrecen a los usuarios, lo cual se
objetivo que además constituye un propósito de la región que dio lugar a la
suscripción de la “Cart a Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”
adoptada en la XV III Cumbre Iberoamericana e n el Salvador en octubre de
declarados exequibles.
Recurso de apelación en procesos civiles
Necesidad de informar al apelante y su abogado que deben suministrar el pago de copias previo a resolver la declaratoria de desierto del recurso
Por sentencia C-838 del 20 de noviembre de 2013 (M.S. Dr. Luis Ernesto
so
pena de que quede desierto
del Código de Procedimiento Civil, bajo el entendido que como condición
para la declaratoria de deserción del recu rso, el despacho de segunda ins-
de enterarlos de la carga procesal que deben a sumir.
Le correspondió a la Cor te determinar, si la declaración como desierto
del recurso de apelación por no haberse cancelado por el rec urrente, las
admisión del recurso, desconoce sus de rechos al debido proceso y acceso
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Después de analizar la nat uraleza de principio-derecho a la doble ins-
limitaciones al mismo, mediante la i mposición de consecuencias derivadas
en la norma demandad a, la Corte concluyó que la declaratoria de recurso
desierto supera el test de proporcionalid ad de la disposición establecida por
y el medio empleado para alcanzarlo es adecu ado, necesario y proporcio-
nal para servi r a la realización del derecho fundamental de a cceso a una
administ ración de justicia pronta representado en el principio de celeridad
principio-derecho a la doble insta ncia, toda vez que el apelante cuenta con
la oportun idad procesal para que el superior estud ie su inconformidad, pero
la misma la pierde por incumplir la carga pro cesal de pagar las expensas
necesarias para c ontinuar con el trámite de la apelación.
De otro lado, la declaratoria de recu rso que se ataca no es una sanción
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plimiento de una carga procesa l y por ello, no se deben brindar todas las
por un juez en uso del ius puniendi que detenta el Estado. En esa medida, la
porque el apelante cuenta con el recurso de reposición para c uestionar dicha
en el derecho a la defensa previa, procedió a condicionar la exequibilidad
Para la Corte, la declarator ia de recurso desierto por el no pago de copias
siguientes al auto admisor io del recurso de apelación, no se torna en un rigo-
por encima del derecho sustancial que le asiste al ap elante.
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