Superintendencia Financiera
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26 CONSEJO DE ESTADO
IVA
Para la importación de maquinaria
para reciclaje de basuras y control ambiental
“Impo r-
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destinados a la depuració n o tratamiento de aguas residuales, emisiones
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La disposición
transcrit a consagró la exclusión del Impuesto sobre las Ventas para la
importación de la maqu inaria o equipo dest inada para: - El reciclaje y
procesamiento de basur as o desperdicio; - La depuración o tratamiento de
aguas residuales; - Las emisiones at mosféricas o residuos sólidos y, - La
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del mismo estatuto, señala que la impor tación de los equipos y elementos
utilizados en la ins talación, montaje y operación de sistemas de control
y monitoreo ambiental está, igu almente, excluida del impuesto sobre las
ventas. Al efecto dispone: -
y elementos nacionales o importad os que se destinen a la constr ucción,
-
sarios para el cumplimiento de las dis posiciones, regulaciones y estánda-
res ambientales vigentes, para lo cual debe rá acreditarse tal condición
En ambos casos, la exclusión está
condicionada a que el importador a credite ante el Ministerio de Ambiente
aprobado por ese Minister io, o que se va a destinar al cumplim iento de
las disposiciones ambientales vigentes. Por eso, el Ministerio de Ambiente
constituye documento sopor te de la declaración de importación, conforme
Sección, que en esta oport unidad se reitera, h a dicho que es procedente
que la ley exija la acreditación de ciertas condiciones par a tener derecho
-
tación. Sin embargo, también ha dicho que las disposiciones que regula n
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ción correspondiente que acredite que la m aquinaria o equ ipo importado
cumple las condiciones o requisitos para tener el derecho a la exclusión
la declaración de importación.
Superintendencia Financiera
Escompetenteparaimponermedidasadministrativasconelndeevitar
que cualquier persona ejerza actividades exclusivas de las entidades vigiladas
Le compete a la Superintendencia Fina nciera, como organismo téc-
nico de carácter ad ministrativo, evitar que personas no autoriz adas por
la ley ejerzan actividades exclusivas de las entidades v igiladas y super-
visar de manera integ ral las operaciones de las instituciones sometidas
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-
intendencia Financiera, esta ent idad puede imponer una o va rias de las
de las operaciones ilegales, para lo cual se aplican , en lo pertinente, las
normas sobre toma de posesión, previst as en la misma normativa. En el
de 1998, la Superintendencia de Sociedades puso en conocim iento de la
demandada una queja pre sentada por un particu lar en razón del ejercicio
irregular de la actividad de captación de dine ros del público, en forma
masiva y habitual, en los térm inos del Decreto 1981 de 1988 por parte
de la demandante. Con fu ndamento en la queja, la Superint endencia
ordenó una visita de inspec ción a la demandante.
Con base en las pruebas que no f ueron desvirt uadas por la acto -
ra, la Superintendencia dete rminó que la demand ante incurr ió en los
dinero del público en forma masiva y habitual, sin autor ización para
ello La Superintendencia se limitó a a doptar las medidas cautelare s o
preventivas legalmente establecidas en defensa de los intereses de t er-
liquidación inmediata de la s operaciones irreg ulares de la actora se
aplican, en lo pertinente, los procedimientos administrat ivos para los
casos de toma de posesión, situación que tiene el carác ter de acto admi-
demandada ordenó medid as preventivas como la guarda y colocación de
sellos, la cancelación, en la cámara de comercio, de los nombramientos
de administ radores, y la prevención a los deudores para que sólo pagaran
las obligaciones a órdenes del juez de liquidación. La demandada aplicó
ib, que consagra las medida s cautelares
conforme con la Ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades
alegada falta de competencia ni la usu rpación de jurisdicción por cuanto,
como quedó anotado, la Superintende ncia se limitó a adoptar las medi-
das cautelares pert inentes, dejando la liquidación de las oper aciones
realizadas ilegal mente en manos de la jurisdicción ordinaria. -
Población con discapacidad
Cuenta con amparo constitucional especial, razón por la cual deben implementarse medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos colectivos
La conclusión de la jurisprudencia, que la
judicial, que es lo que esta providencia preten-
construi rse -en caso de que sean nuevas- o refor-
marse -si son anteriores a la ley- respeta ndo las
exigencias de la nueva norma, para que los disca-
pacidad accedan y cir culen fácilmente en ellas,
que también son admin istrados y necesitan hacer
gestiones o trámites ante ella s, y ejercer otros
derechos o cumplir diversas obligaciones. Este
enfoque demuestra que el juez no puede impar tir
automáticamente la orden de constr uir accesos
o infraest ructur as que cumplan este propósito,
porque hay que evaluar, con rigor, las condicio-
como las privadas -que sir ven para la atención al
público deben contar con accesibilidad ade cuada
para todas las per sonas, con especial énfasis en
las que carecen de movilidad. Sin emba rgo, el
juez debe considerar, en cada caso concreto, si
las instalaciones existente s satisfacen esta exi-
gencia, es decir, si se cuenta con medios alter-
nativos, que garanticen la movilidad a t ravés de
lugares y accesos que cumplan las exigencias de
la ley y sus reglamentos. El derecho colectivo no
consiste en que se instalen semáforos ni e n que
se pongan señales sonoras en ellos; aunque esto
discapacitada, sólo que no tienen la nat uraleza de
derechos colectivos -pero si de otro tipo-, porque
no están enunciados como tales en la Constitu-
términos, la violación al derecho a que se i ns-
talen semáforos o señales sonoras es apena s un
presupuesto para la vul neración o amenaza de
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