Tratado de Escazú - 4 de Octubre de 2020 - El Tiempo - Noticias - VLEX 849747739
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Tratado de Escazú

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Vincent

Sorprende que mientras el Gobierno no ha presentado ni se preocupa por impulsar la reglamentación de las consultas previas, el presidente Duque se haya comprometido con la ratificación en el Congreso del llamado Tratado de Escazú. Y no de cualquier manera, sino inexplicablemente con mensaje de urgencia. Con el aplauso de las ONG ambientales, el Presidente dijo que el tratado era el resultado de una gran conversación nacional con todos los sectores. Conversación que, por cierto, no se ha realizado, al menos con los sectores que se verán seriamente afectados, como el de transporte e infraestructura, el minero-energético, el agroindustrial, el turístico y tantos otros en los que se apoya la reactivación de nuestra economía y que ya tienen, motivo consulta y licenciamientos, más de 9.000 proyectos paralizados en el país. Como toda iniciativa tramposa, el objetivo de Escazú no podía ser otro que el de luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Para conseguirlo, se plantean tres compromisos centrales. El acceso a la información, la participación ciudadana en las decisiones y la justicia ambiental. El tratado es abundante en principios rectores. Entre ellos, el muy polémico de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, el también muy controvertido principio precautorio y aquellos de la progresividad, igualdad, buena fe, entre otros, que deberán guiar la interpretación de todo el andamiaje legal siempre en favor de las asociaciones y colectividades. En materia de acceso a la información desaparece el requisito de la legitimación, con lo cual toda persona, sin demostrar interés, queda facultada para solicitar información en el formato y lengua o dialecto que desee a cualquier entidad pública o empresa privada. No es difícil imaginarse las consecuencias de esta norma que introduce cambios en nuestro derecho de petición vigente. En cuanto a los procesos de participación de las comunidades, señala que debe ser abierto e inclusivo, respetar los marcos normativos nacionales e internacionales y se autorizan revisiones, reexaminaciones y actualizaciones, lo...

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