Tres absurdos judiciales en procesos de violencia sexual e intrafamiliar - 30 de Octubre de 2020 - El Tiempo - Noticias - VLEX 851172429
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Tres absurdos judiciales en procesos de violencia sexual e intrafamiliar

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Vincent

milena sarralde duque - subeditora de justicia @MSarraldeUn fiscal que hace un preacuerdo en el que la negociación con el victimario de una mujer consiste en hacer una obra en la casa del investigador. Un proceso de violencia sexual contra una niña que lleva 14 años congelado porque se perdió el expediente. Un acusado de violencia sexual que pide excluir como prueba en su contra un video porque dice que se grabó sin su permiso. Estos absurdos judiciales hacen parte de tres historias de violencia contra las mujeres, conocidas por EL TIEMPO, que llegaron a las altas cortes. Estos tribunales hicieron duros pronunciamientos por los incomprensibles hechos que afectaron la administración de justicia, y que llevaron a que las víctimas no recibieran una respuesta a tiempo o de forma efectiva. Estos tres casos exponen a la perfección lo que sucede en los procesos judiciales que se inician cada año por violencia sexual o intrafamiliar, delitos en los que en su mayoría las afectadas son mujeres. Nada más este año, hasta agosto, Medicina Legal había practicado 11.775 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra mujeres, y reportó 24.465 casos de violencia intrafamiliar, también contra ellas. Lo más preocupante es que la impunidad en estos hechos supera el 70 por ciento, y los procesos que llegan a juicio son pocos frente a la magnitud de este flagelo (ver nota anexa). El expediente perdido De esa impunidad da cuenta el caso que llegó a la Corte Constitucional por la mora judicial en la que incurrieron la Fiscalía Primera Seccional de Barrancabermeja y el Juzgado Tercero Promiscuo de esa ciudad en una denuncia por acceso carnal abusivo contra una niña de 7 años. Tras la denuncia, presentada por la madre de la niña el 27 de abril del 2006, el caso pasó a un juzgado de menores porque, según dijo la Fiscalía en ese momento, el presunto victimario tenía menos de 18 años. Pasaron 11 años sin que el proceso tuviera alguna actuación, hasta que, con el apoyo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, se planteó ante un juez, en el 2017, el desarchivo. Pero en junio de ese año les informaron que no era posible reabrir el proceso porque no aparecía el expediente. La Corte Constitucional revisó una tutela de la madre de la víctima, quien ahora tiene 21 años, pero que presenta una discapacidad intelectual para entregar ella misma ese recurso. El alto tribunal encontró que como el expediente se extravió, el caso está en la...

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