Con ‘tutelatón’ intentan frenar bloqueos contra la extorsión carcelaria - 8 de Junio de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 682288977
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Con ‘tutelatón’ intentan frenar bloqueos contra la extorsión carcelaria

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Vincent

Justicia

El bloqueo de señales de teléfonos celulares –una de las pocas herramientas que han funcionado para frenar la extorsión desde las cárceles, que es uno de los delitos que más golpean la seguridad ciudadana– está en jaque jurídico. A punta de tutelas y acciones populares, presuntos afectados por los inhibidores de señal de telefonía celular están intentando el desmonte o, al menos, la mitigación de la efectividad de los equipos. Aseguran que por cuenta de impedir el delito desde las cárceles se está afectado el derecho de las comunidades que viven cerca de los centros de detención a comunicarse. Ese argumento ya tuvo eco en Ibagué, donde el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el ajuste o desmonte de los inhibidores de la cárcel de La Picaleña, que en su momento fue el principal centro de extorsión carcelaria en Colombia. Los magistrados señalaron que se estaba “violando el derecho a la información” de los vecinos de la cárcel y concedieron una acción popular, que además contó con el respaldo de la Personería de Ibagué. Como resultado, el Inpec se vio obligado a bajar la intensidad del bloqueo, una medida que, aunque no elimina de todo la efectividad de la herramienta, sí aumenta la probabilidad de los llamados ‘puntos ciegos’, sitios específicos del penal desde donde se podrían originar las llamadas telefónicas ilegales. La misma situación ocurrió en la cárcel de Itagüí, otro de los centros con más casos de extorsión carcelaria. Allá, desde el año pasado, el bloqueo de señal debió moderarse por acciones legales emprendidas por supuestos vecinos del centro penitenciario. Y también lo tuvieron que hacer, por causa de otra acción popular, las cárcel Modelo de Bucaramanga y la del Bosque en Barranquilla. El bloqueador instalado en la cárcel de La Picota, en Bogotá, logró mantenerse incólume porque el juez del caso tuvo en cuenta un informe técnico que demostró que no era cierto, como lo decían los supuestos afectados, que seis barrios del sur de Bogotá estuvieran afectados por la medida. Varias tutelas están en curso contra los bloqueadores en otras de las cárceles más grandes del país. Así, de las 16 cárceles priorizadas para la instalación de bloqueadores hay cinco en las que esa herramienta funciona con menos efectividad. Esto agrava los boquetes para los delincuentes, pues como lo reveló un informe de este diario del año pasado, desde varios de esos centros se siguen realizando llamadas ilegales. Esas llamadas alimentan tanto...

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