Víctimas
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46 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Pruebas
Solicitud cuando ambas partes la requieren como prueba directa
pertinencia y uti lidad de la prueba.
La posibilidad de acceder a la práct ica de pruebas comunes debe
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cicio desbordado de tal atribución llevar ía a la realización de sendos y
de la prueba de su oponente para su s propios intereses se satisface a
admitir la present ación -como directo- del mismo testigo por cada uno
de las partes, de ent rada sugiere un evidente menoscabo de los pr inci-
encaminada s a sustentar la teoría del caso.
la defensa se le exige una argumentación de per tinencia, conducencia
parte acusad a, entonces la necesidad e interés pa ra acudir a la misma
oponerse al pliego de cargos, no le está dado reclamar la pr áctica de
una determi nada prueba “a ver qué pasa” o “por si acaso”, pues debe
tener claro y hacérselo saber de maner a explícita al juez o corporación
Respecto de lo dicho en precedencia, la jur isprudencia de la Corte
( auto del 23 de mayo de 2012, rad. 38382, reiterado el 5 de junio
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práctica probatoria por el oponente.
En conclusión, ha dicho esta Sala, “si la parte no demuestr a un objeto
los presupuestos de perti nencia, conducencia, licitud y necesidad, ha
SP, auto del 23 de mayo de 2012, rad. 38382.)
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la cual debe evitar reclamar la pr ueba como un remedio a un eventual
desistimiento de la contrapar te o para cubrir su s hipotéticas omisio-
oral de corte acusator io de todos modos le ofrece a la contraparte la
oportun idad de realizar un cont rainterrogatorio y eventua lmente un
contra redirecto, entonce s la petición de la práctica de pruebas comunes
debe venir acompañada de r azonamientos a part ir de los cuales pueda
para los propósitos de la parte. (Cfr. Sala de Ca sación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, providencia SP-6361 de 2014, rad. 42864, M.S. Dr. José
Luis Barceló Camacho).
Víctima s
No son considerados los miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley
1. Sentencia: Supone la certeza de la participación del postulado en
los hechos
En modo alguno puede proferirse sentencia de conde na, así se trate del
proceso especial de justicia tra nsicional previsto en la denominada Ley
conducta punible y la responsabilida d del procesado.
Fiscalía.
si bien el elemento probatorio permite colegir en la estr ucturación de
sus explicaciones (única prueba existente al respe cto) solamente ofrecen
incertidumbre sobre si sus p alabras de mantener retenido al poste rior
los ejecutores materiales.
Cabe hacer un llamado de at ención a la Fiscalía y al Tribunal atinente a
aceptación del cargo por el postulado, cua ndo su versión (en el evento de
ser prueba única) resulta contr adictoria o rechaza la respon sabilidad.
Admitir tal post ura habilitaría el nefasto exped iente de permitir el
fraude a la ley, en tanto, por ese camino, puede presenta rse la situación
número de muertos acept ados no variará la sanción máxi ma alternativa.
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de tales presupuestos es la declarator ia de nulidad a part ir inclusive de la
(versiones de otros integrantes del grup o armado, por ejemplo), si éste dio
la orden de matar a “Caliche” o si tal acto se real izó de manera autónoma
según las razones su ministradas por el postulado.
2. Víctimas: A nteriores miembros del gr upo armado
miembros de los grupos ar mados organizados al margen de la ley no serán
adolescentes hubieren sido desvinculados del gr upo armado organi zado
al margen de la ley siendo menores de edad.
víctimas, pueden accede r a los instrumentos de la justicia transicional, de
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rios, comunes, en aras de logr ar su reparación.
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en desarrollo de su activida d ilegal reciba un perjuicio, no puede preten-
der acceder a unos procedi mientos expeditos de reparación en idénticas
en sus derechos.
En los dos supuestos existen perjudicados, lo cu al les genera derechos
de reclamar y acceder a la repar ación, desde donde existe igualdad de pro-
ajustó a la legalidad se encuentra habilita do para acudir a la repara ción
deriva como consecuencia exclusiva del actuar libre del integr ante de la
organización arm ada ilegal. (Cfr. Sala de Casación Penal de la Corte Supre ma
de Justicia, providencia AP-2226 de 2014, rad. 43237, M.S. Dr. José Luis Barceló
Camacho).
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