Sentencia de Tutela nº 679/00 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2000
| Ponente | Alvaro Tafur Galvis |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2000 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | 284614 |
Sentencia T-679/00
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
PROCESO ORDINARIO LABORAL-Reconocimiento de pensión de invalidez/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Amenaza del mínimo vital
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en principio, razón al juez de instancia, cuando sostiene que la vía procedente para definir el reconocimiento de la posible pensión de invalidez a favor del demandante, es el proceso ordinario laboral. Pero no es menos cierto también, que el debate adquiere relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna ineficaz porque la situación que se afronta amenaza el mínimo vital de la persona que acude en demanda de tutela. En otras palabras, en aquellos eventos en los cuales la controversia trascienda el mero plano legal para adquirir relevancia constitucional ante el compromiso y afectación de derechos fundamentales, la tutela se erige en la vía expedita para tal protección.
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-284614
Acción de tutela instaurada por J.L. de León G. contra el Instituto de Seguros Sociales - S.M.
Magistrado Ponente:
Dr. A.T.G.
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de junio del dos mil (2000).
La S. de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo que dictó el Juzgado Cuarto laboral del Circuito de S.M., para resolver sobre la acción de tutela instaurada por J.L. de León G. contra el Instituto de Seguros Sociales, S.S.M..
Hechos.
Afirma el accionante, que laboró en la construcción del Edificio Irotama 2000 de la ciudad de S.M., desde el día 1 de marzo de 1996 hasta el 6 de junio de 1997, fecha en la cual tuvo un accidente de trabajo.
Señala que está afiliado a la A.R.P. del Instituto de Seguros Sociales y que le correspondió a la Junta Regional de Calificación del M. evaluar su capacidad laboral, la cual señaló, el día 13 de noviembre de 1998, que tiene un 66.25% de incapacidad en sus condiciones físicas para trabajar.
Dice en la demanda el señor G., que el día 15 de noviembre hizo la solicitud del pago de la pensión al Instituto de Seguros Sociales.
Desde el momento del accidente hasta la fecha de presentada ésta acción de tutela, han transcurrido 859 días en los cuales asegura no haber recibido un sólo peso por parte de la Entidad demandada.
Dicha situación económica es grave para él, pues dependía exclusivamente de lo que devengaba cuando estaba trabajando, y teniendo en cuenta que quedó casi inválido, sus posibilidades de trabajo son casi nulas.
Afirma que la pensión que reclama es el único medio de subsistencia, como lo fue en su momento el salario que devengaba y del que se ha visto privado desde el momento del accidente.
Por todo lo anterior, el señor J.L. de León G., pretende con la acción de tutela incoada, que se le protejan sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, ordenándole a la A.R.P. del Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión a que tiene derecho por ser ésta el único medio que tiene para proporcionarse alimento, educación y salud, fundando sus pretensiones en lo establecido en los artículos 12, 44, 86 y 411 de la Constitución Política.
El Instituto de Seguros Sociales, respondió al juzgado de instancia, lo siguiente:
"La acción de tutela no es el mecanismo para el reconocimiento de pensiones, ya que la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, por ser el mecanismo idóneo el proceso ordinario laboral."
Decisión judicial objeto de revisión.
El Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de S.M. señala en su providencia del 2 de Septiembre de 1999, que la tutela es un mecanismo judicial de carácter residual y subsidiario utilizable sólo cuando el afectado no posea otro mecanismo judicial de defensa, o en el evento de tenerlo, éste sea ineficaz ante las acciones u omisiones de las autoridades y de los particulares en los casos de ley, en cuyo evento se puede recurrir a este amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Considera, de acuerdo a la Sentencia T-414 de 1998 de la Corte Constitucional, que la tutela frente a reclamaciones que involucran la seguridad social resulta improcedente por regla general por cuanto se controvierten derechos de rango legal que escapan a la órbita del juez de tutela, quien no puede sustituir al juez ordinario, salvo cuando la situación planteada guarde conexión con derechos fundamentales, o en aquellos eventos en que el interesado sea una persona de la tercera edad o cuando se presenten circunstancias constitutivas de un perjuicio irremediable, convirtiéndose entonces el derecho a la seguridad social en fundamental.
Consideró el Juzgado que el señor J.L. de León G., no acreditó todos los requisitos del perjuicio irremediable especialmente la inminencia, urgencia e impostergabilidad de la acción lo que conduce a la improcedencia de la tutela.
En conclusión, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de S.M. decidió negar la tutela instaurada por el señor J.L. de León G., ya que el actor dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la petición de invalidez como es el proceso ordinario laboral ante los jueces laborales del circuito previa reclamación al ente de Seguridad Social.
Competencia
La Corte Constitucional, por intermedio de esta S., es competente para revisar la anterior providencia dentro del proceso de tutela de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
El derecho a la seguridad social.
Debe destacarse en primer lugar, que la seguridad social ha sido considerada por esta Corporación como derecho fundamental amparado por la acción de tutela y ello en virtud de la función de primer orden que cumple en beneficio del ser humano Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 1.993. Magistrado Ponente Dr. H.H.V... La seguridad social es un servicio público, que se rige por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, es un deber del Estado prestarlo y hacer que su cobertura sea la mayor posible. Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 1.993. Magistrado Ponente Dr. V.N.M..
Sin embargo, la jurisprudencia en numerosas oportunidades ha dicho que mediante tutela no se pueden decretar pensiones. (T-480/94, T-314/96, T-357/96, T-439/96, T-637/97, T-030/98, T-361/98, entre otras). Es posible sí, exigir por esta vía e invocando el derecho de petición, que se defina si se reconoce o no una pensión; se puede solicitar que se cancelen las mesadas debidas por afectación al mínimo vital e igualmente ordenar el pago de bonos pensionales necesarios para obtener una pensión (T-577/99).
Por ese motivo, asiste en principio, razón al juez de instancia, cuando sostiene que la vía procedente para definir el reconocimiento de la posible pensión de invalidez a favor del demandante, es el proceso ordinario laboral. Pero no es menos cierto también, que el debate adquiere relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna ineficaz porque la situación que se afronta amenaza el mínimo vital de la persona que acude en demanda de tutela. En otras palabras, en aquellos eventos en los cuales la controversia trascienda el mero plano legal para adquirir relevancia constitucional ante el compromiso y afectación de derechos fundamentales, la tutela se erige en la vía expedita para tal protección.
En el presente caso, es cierto que la Corte no puede ordenar el reconocimiento de una pensión, porque además de carecer de competencia, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para adoptar una decisión semejante. No obstante, dada la condición de debilidad manifiesta que muestra el petente De acuerdo al dictamen presentado por la Junta de Invalidez del M., el demandante tiene un 66.25 % de invalidez y presenta como diagnóstico "parálisis miembro derecho, buenos reflejos sin control voluntario de la vejiga, regulación de reflejos sin control voluntario ano rectal, incapacidad para función sexual". Folio 6 del expediente. y considerando que su estado actual no le permite la opción de un trabajo que le proporcione lo necesario para subsistir, viendo así afectado su mínimo vital, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales que en el término de treinta días estudie la situación del señor J.L. de León, y la posibilidad de concederle una pensión de invalidez si así lo estima la Junta Calificadora de Invalidez y los criterios de los médicos tratantes. En el mismo sentido T-247 de 2000, T-799 de 1999 T-364 de 1997 y T-334 de 1997
En mérito de lo expuesto, la S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 1999 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de S.M.. En consecuencia, conceder la tutela en protección al mínimo vital y seguridad social del accionante.
Segundo. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, S.S.M., que en el término de treinta (30) días estudie la situación del señor J.L. de León, y la posibilidad de concederle una pensión de invalidez en el evento en que, en criterios de los médicos y la junta calificadora de invalidez del Instituto de Seguros Sociales así lo estime.
Tercero. Por Secretaría, líbrese, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
C., comuníquese, notifíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
A.T.G.
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
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Sentencia de Tutela nº 730/08 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2008
...ellos, el derecho a la seguridad social, en hipótesis adicionales a las de la conexidad. Cfr. Sentencias T-471 de 1992, T-116 de 1993, T-679 de 2000 y T-772 de En tal sentido, esta Corporación ha afirmado que en los casos en los cuales el contenido de un derecho social o económico ha perdid......