Auto nº 676/17 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2017
| Número de sentencia | 676/17 |
| Fecha | 07 Diciembre 2017 |
| Número de expediente | ICC-3101 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 676/17
Referencia: Expediente ICC-3101
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá y el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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- M.A.H. de Mora promovió acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición. Lo anterior, toda vez que, según afirma, la entidad no ha dado respuesta a la solicitud que elevó el 5 de octubre de 2017.
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El asunto fue repartido al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, quien a través de auto del 31 de octubre de 2017, resolvió declararse incompetente para conocer el asunto al considerar que la tutela se dirige, contra una entidad del orden nacional, que ejerce sus funciones bajo las reglas de la desconcentración.
Bajo este contexto consideró que, de conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 la solicitud de amparo no debe ser resuelta por los jueces ordinarios. Por esta razón, decidió remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá.
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- El expediente fue asignado al Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá el cual, a través de auto del 9 de noviembre de 2017, decidió no asumir el conocimiento del asunto y planteó un conflicto negativo de competencia, por un lado, bajo el argumento según el cual la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional y el hecho de que tenga diferentes sedes territoriales no implica una variación en su naturaleza descentralizada. Por ello, no comparte las consideraciones expuestas por el juzgado remitente, porque ambos despachos pertenecen a la categoría de circuito.
Por otro lado advirtió que de conformidad con la jurisprudencia constitucional el Decreto 1382 de 2000 establece reglas de reparto y no de competencia.
Finalmente, dispuso el envío del expediente a esta Corporación.
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Esta Corporación, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, es competente para resolver los presuntos conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico funcional común, o, en aquellos casos en que, existiendo[1], sea necesario que la Corte se pronuncie con el fin de evitar dilaciones en la solución jurídica de una acción constitucional. Así, como el caso de la referencia se circunscribe en el primero de los escenarios antes descritos, esta Corporación procederá a resolver el presunto conflicto competencial propuesto por el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá.
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Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia, al momento de la admisión, en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, según el cual ésta puede interponerse ante cualquier juez; y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que establece las reglas de competencia (i) territorial y (ii) de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, que se asignan a los jueces del circuito.
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Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000[2] reguló el procedimiento de reparto y en ningún caso definió la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha dicho que la observancia de este acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en éste son meramente de reparto.
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En este sentido, la jurisprudencia constitucional insiste en que una interpretación equivocada del decreto impediría garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) e implicaría una transgresión a los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 C.P.)[3].
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De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. El Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo.
ii. El Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales de la señora M.A.H. de Mora.
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por señora M.A.H. de Mora., es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá.
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En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 31 de octubre de 2017 proferido por el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, y ordenará que se le remita el expediente para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
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Adicionalmente, la Sala prevendrá al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 (hoy artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015), en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 31de octubre de 2017 proferido por el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la señora M.A.H. de Mora contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3101 al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, para que, de manera inmediata, tramite y profiera la decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
Tercero.- PREVENIR al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, para que, en lo sucesivo, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Cuarto.-Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá de la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1] Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional. Artículo 43 de la Ley 270 de 1996.
[2] El Decreto 1382 de 2000 fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de 2015, norma que a su vez y en virtud de su carácter compilatorio, consagró en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. las disposiciones de naturaleza reglamentaria relacionadas con las reglas de reparto de las acciones de tutela.
[3] Autos: 085 de 2000 M.P.A.B.S., 026 de 2001 A.L.C., 071 de 2001 M.P.M.J.C.E., 087 de 2001 M.P.M.J.C.E., 098 de 2001 M.P.A.B.S., 142 de 2001 M.P.M.G.M.C., 062 de 2002 M.P.A.B.S., 121 de 2002 M.P.A.B.S., 142 de 2002 M.P.J.C.T., 089 de 2002 M.P.A.B.S., 099 de 2003 M.P.M.J.C.E., 170 de 2003 M.P.E.M.L., 142 de 2003 M.P.Á.T.G., 099 de 2004 M.P.R.U.Y., 121 de 2004 M.P.A.B.S., 167 de 2005 M.P.H.A.S.P., 157 de 2006 Á.T.G., 230 de 2006 M.P.J.C.T., 237 de 2006 M.P.C.I.V.H., 340 de 2006 M.P J.C.T., 007 de 2007 M.P.M.J.C.E., 071 de 2008 M.P.M.J.C.E., 124 de 2009 M.P.H.S.P., 022 de 2012 M.P.N.P.P., 112 de 2013 M.P.J.I.P.P., 033 de 2014 M.P.M.V.C., 042A de 2014 M.P.J.I.P.C., 098 de 2014 M.P.L.G.G.P., 055 de 2015 M.P.M.V.C.C., 076 de 2015 M.P.G.E.M.M., 135 de 2015 M.P.G.E.M.M., 105 de 2016 M.P.L.E.V.S., 157 de 2016 M.P.A.L.C., 087 de 2017 M.P.G.S.O.D.
