Auto nº 712/17 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2017
| Número de sentencia | 712/17 |
| Fecha | 13 Diciembre 2017 |
| Número de expediente | ICC-3135 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 712/17
Referencia: Expediente ICC-3135
Conflicto de competencia suscitado entre las Salas Laboral y Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (Nariño).
Magistrado S.:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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J.A.F.G. promovió acción de tutela contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto y el Instituto Nacional Penitenciario y C., en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición. Lo anterior, toda vez que, según afirma, las autoridades mencionadas han omitido atender sus solicitudes de redención de la pena, permisos de 72 horas y computo de actividades.
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El asunto fue repartido a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, quien a través de auto del 15 de septiembre de 2017, resolvió declararse incompetente para conocer el asunto, al considerar que, de conformidad con numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la solicitud de amparo debe ser resuelta por el superior funcional del juzgado accionando, es decir, por la Sala Penal del mismo Tribunal. Por esta razón, decidió remitir el expediente a la oficina judicial para que efectuara nuevamente el reparto.
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En consecuencia, el expediente fue asignado a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto la cual, a través de auto del 20 de septiembre de 2017, decidió no asumir el conocimiento del asunto y planteó ante esta Corporación conflicto negativo de competencia, bajo el argumento de que los únicos factores de competencia son el factor territorial y subjetivo, así como que el Decreto 1382 de 2000 establece reglas de reparto sin que estas den lugar a que los jueces puedan declararse incompetentes.
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La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales[1].
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En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto[2]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991 son las disposiciones que expresamente contemplan los factores que precisan la competencia en materia de tutela al momento de la admisión del amparo[3]. En este sentido, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, establece que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
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Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000[4] establece solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha dicho que la observancia de este acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en éste son meramente de reparto.
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En efecto, la jurisprudencia constitucional insiste en que una interpretación del Decreto 1382 de 2000 en el sentido de que las reglas contenidas en él definen la competencia del juez de tutela, impediría garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) e implicaría una transgresión a los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 C.P.)[5]. En todo caso, la Corte ha precisado que de comprobarse que existió un reparto caprichoso de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto, el caso debe ser repartido al juez competente de conformidad con las disposiciones contenidas en el referido acto administrativo.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto aplicó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, compiladas en el Decreto 1069 de 2015, para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo, argumento que no genera un conflicto de competencia, comoquiera que una regla de reparto que no desplaza la competencia y, por el contrario, el planteamiento de esta clase de controversias afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la eventual protección inmediata a los derechos fundamentales de las partes.
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Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 15 de septiembre de 2017 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acción de tutela formulada por el señor J.A.F.G. contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto y el Instituto Nacional Penitenciario y C.. En consecuencia, se le remitirá a dicha autoridad judicial colegiada el expediente ICC-3135 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 15 de septiembre de 2017 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acción de tutela formulada por el señor J.A.F.G. contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto y el Instituto Nacional Penitenciario y C..
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3135 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otros, los Autos 159A y 170A de 2003, M.P.E.M.L.; 15 de 2013 M.P.M.V.C.C.; 3 de 2015, M.P.L.G.G.P.; 9 de 2017, M.P.J.I.P.P.; 11 de 2017, A.R.R.; y 171 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[2] Artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
[3] Ver, entre otros, los Autos 23 de 2009, M.P.R.E.G.; 126 de 2016, M.P.L.G.G.P.; 197 de 2016, M.P.J.I.P.P.; 214 de 2016, M.P.A.L.C.; 539 de 2016, M.P.A.A.G.; 4 de 2017, M.P.L.G.G.P.; 12 de 2017, A.L.C.; 30 de 2017, M.P.G.S.O.D.; 43 de 2017, M.P.L.E.V.S.; 81 de 2017; M.P.M.V.C.C.; 107 de 2017, M.P.J.A.C.A.; 111 de 2017, M.P.A.J.L.O.; 296 de 2017, M.P.D.F.R.; 311 de 2017, M.P.C.P.S..
[4] El Decreto 1382 de 2000 fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de 2015, norma que a su vez y en virtud de su carácter compilatorio, consagró en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. las disposiciones de naturaleza reglamentaria relacionadas con las reglas de reparto de las acciones de tutela.
[5] Ver, entre otros, los Autos: 085 de 2000 M.P.A.B.S., 124 de 2009 M.P.H.S.P., 022 de 2012 M.P.N.P.P., 112 de 2013 M.P.J.I.P.P., 033 de 2014 M.P.M.V.C., 042A de 2014 M.P.J.I.P.C., 098 de 2014 M.P.L.G.G.P., 055 de 2015 M.P.M.V.C.C., 076 de 2015 M.P.G.E.M.M., 135 de 2015 M.P.G.E.M.M., 105 de 2016 M.P.L.E.V.S., 157 de 2016 M.P.A.L.C., 087 de 2017 M.P.G.S.O.D..
