Auto nº 11001-03-25-000-2016-00797-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 15 de Noviembre de 2018
| Fecha | 15 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Consejero p onente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
Radica ción número: 11001-03-25-000-2016-00797-00 ( 3615-16 )
Actor: TERESA DE J.M.G.
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Solicitud de extensión de jurisprudencia
Procede la Sala a resolver la solicitud de extensión de jurisprudencia interpuesta por la señora T. de J.M.G. contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ANTECEDENTES
La solicitud
Pretensiones
La señora T. de J.M.G., mediante apoderado, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado núm. 250002325000200607509 01 (0112-2009), con ponencia del doctor V.H.A.A., por encontrarse en los mismos supuestos fácticos y jurídicos del demandante de la mencionada providencia.
Como consecuencia de la extensión de los efectos de la sentencia invocada, solicitó se ordene a la entidad reliquidar su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, así como el pago de la diferencia entre lo recibido y lo que corresponde según los ajustes reclamados. (fl. 24)
Supuestos fácticos
De los hechos expuestos por la señora T. de J.M.G., se destacan los siguientes:
Mediante Resolución 74 del 24 de enero de 2014, la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda le reconoció pensión de jubilación en cuantía de $2.024.611, efectiva a partir del 12 de julio de 2013.
El 2 de mayo de 2016, la señora T. de J.M.G. radicó ante la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, solicitud de extensión de jurisprudencia (fl. 2 a 10), la cual no fue resuelta por la entidad.
Traslado
Por medio de auto del 17 de agosto de 2017, se ordenó correr traslado de la extensión de jurisprudencia por el término común de treinta (30) días a la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Agente del Ministerio Público, quienes intervinieron en el proceso en los siguientes términos:
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - fiduprevisora sa (folios 93 a 98 )
La entidad se opuso a los hechos y a las pretensiones propuestas por la solicitante, toda vez que a diferencia de la jurisprudencia cuya extensión se pretende, en el presente caso se solicitó la reliquidación pensional teniendo en cuenta los factores salariales percibidos durante el año anterior al retiro definitivo, versando entones el problema jurídico en torno al momento a partir del cual se le debe liquidar su pensión, asunto que no fue estudiado en la sentencia precitada.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (folios 59 a 65)
Mediante memorial allegado el 20 de octubre de 2015, la apoderada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se opuso a la solicitud presentada por la señora T. de J.M.G., argumentando que de lo expresado por la peticionaria, no se evidencia que se encuentre en la misma situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
Lo anterior por las siguientes razones: i) la pensión de la señora M.G. fue liquidada teniendo en cuenta las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 812 de 2003, 1151 de 2007, 1250 de 2008, 71 de 1988, 100 de 1993 y 235 de 1995, mientras que en la sentencia el 4 de agosto al actor se le liquidó su prestación con base al artículo 1 de la Ley 233 de 1985. ii) solicitó factores salariales que no fueron objeto de estudio en la jurisprudencia mencionada tales como prima de escalafón.
Por otro lado, la entidad señaló que las altas cortes difieren en cuanto a la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que concluyó que no existe una jurisprudencia pacífica que pueda ser aplicada inequívocamente por la administración al enfrentarse a estos asuntos.
Finalmente, agregó que la sentencia invocada no tiene el carácter de unificación por cuanto se aparta de los requisitos previstos en los artículos 270 y 271 del cpaca, razón por la cual no se pueden extender sus efectos.
1.2.3. Ministerio de Educación Nacional y Ministerio Público
El auto del 17 de agosto de 2017, le fue notificado al Ministerio de Educación Nacional (folio 47 y 49) y a la Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación (folio 48 y 49); sin embargo, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Problema Jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si en el sub lite es procedente extender los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación bajo el radicado número 250002325000200607509 01 (0112-2009), relacionada con la interpretación armónica del artículo 3 de la Ley 33 de 29 de enero de 1985, modificado por la Ley 62 de 16 de septiembre de 1985, en tratándose de los factores que deben tenerse en cuenta para la pensión de jubilación en el sector público.
Marco normativo y jurisprudencial
El Consejo de Estado, como tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene la labor de proferir las sentencias de unificación con el objeto de guiar a los jueces y autoridades en la manera como una determinada consecuencia jurídica debe atribuirse en tratándose del análisis de un caso con supuestos fácticos similares. Lo anterior en aras de garantizar la confianza legítima de la sociedad civil en la administración de justicia, la seguridad jurídica y la economía procesal.
En este sentido y dado que es indispensable que el sistema jurídico de nuestro país sea coherente y consistente pese al denso tráfico jurídico existente, el Consejo de Estado debe propender porque no solo los tribunales y jueces conozcan las pautas o reglas jurisprudenciales que deciden de forma uniforme casos similares, sino que debe garantizar que las autoridades administrativas extiendan a terceros los efectos de una sentencia de unificación, siempre y cuando se acredite o justifique razonadamente que el peticionario está bajo la misma situación fáctica y jurídica en la que se encontraba el demandante cuando se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
En el anterior contexto es claro que el legislador del 2011, al redactar los artículos 10, 102 y 369 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pretendió no solo regular el trámite administrativo y judicial en relación con la extensión de los efectos de las sentencias de unificación que profiere esta Corporación, sino que también quiso reiterar el deber que tiene la Administración de resolver y aplicar las normas en forma homogénea, cuando los fundamentos jurídicos y fácticos presentados en el escrito de la solicitud y en la sentencia cuya extensión se persigue son idénticos. Lo anterior en aras de disminuir la judicialización innecesaria de casos.
En virtud de lo expuesto, es importante recordar que el artículo 10 del CPACA, al referirse al deber de aplicar uniformemente las normas y la jurisprudencia, consagra:
Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. […]
La norma en cita permite colegir que la Ley 1437 de 2011 reconoce el precedente judicial como una fuente de derecho y, por consiguiente, es deber de las autoridades administrativas acatar las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, no sin antes resaltar que las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia deben aplicarse de manera preferente.
Ahora bien, en relación con el procedimiento administrativo especial, advierte esta Sala que el mecanismo de extensión de la jurisprudencia se encuentra regulado en su artículo 102, el cual establece los requisitos que deben contener las solicitudes de extensión que se formulan ante las autoridades administrativas, así:
Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación Invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. Si se hubiere formulado una...
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