Auto nº 76001-23-33-005-2017-00748-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 9 de Agosto de 2018
| Fecha | 09 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: S.C.D.D. CASTILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-33-005-2017-00748-01(60080)
Actor: JESÚS MARÍA AGREDO SERRANO Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Referencia: APELACIÓN AUTO - MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, a través de su apoderada, contra el auto de 21 de julio de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en virtud del cual se rechaza la demanda por caducidad.
ANTECEDENTES
El 30 de mayo de 2017, los señores J.M., O.A., B.M., D.H., H.F., J.R. y J.C.A.S.; J.M.A.P., O.M.S. de A., H.O.T.B. y D.L.A. presentaron demanda de reparación directa contra el Municipio de Santiago de Cali-Concejo Municipal para que se les declare administrativamente responsables de los daños materiales, perjuicios morales y fisiológicos ocasionados por la desvinculación del primeramente nombrado, con fundamento en los siguientes hechos:
El señor J.M.A.S. trabajó al servicio del Concejo Municipal de Santiago de Cali , desde el 08 de marzo de 1993 como Motorista del Concejo, en razón de la Resolución 244.
El 6 de julio de 2001 mediante comunicación escrita el Concejo Municipal de Cali le informó al señor J.M.A.S. que por Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001 se había suprimido el cargo que venía desempeñando, supresión que se haría efectiva a partir del 9 de junio de 2001.
Mediante sentencia del 21 de marzo de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de nulidad del acuerdo ay referido, promovida por la Unión Sindical de Servidores Públicos y por los contratistas de diversos entes municipales; no obstante mediante sentencia del 27 de abril de 2015, esta Corporación revocó la providencia, para en su lugar declarar la nulidad del Acuerdo 081 del 19 de abril de 2001.
Como consecuencia de lo anterior, el 25 de octubre de 2016, el señor J.M.A.S. solicitó la revocatoria directa del acto administrativo por el que fue desvinculado. Petición que le fue negada el 24 de noviembre siguiente por ser esta una situación consolidada jurídicamente.
El 23 de noviembre de 2017, se practicó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 166 Judicial II Para Asuntos Administrativa que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio.
CONSIDERACIONES
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 21 de julio de 2017, en virtud del cual se rechazó la demanda por la caducidad del medio de control.
Competencia
De conformidad con los artículos 125 y 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta Corporación conoce de los recursos de apelación impetrados contra autos proferidos por los Tribunales Administrativos en primera instancia. Señala la norma:
“ El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
Al tenor del artículo 243 del mismo estatuto es apelable, entre otros, el auto que rechace la demanda.
Oportunidad
De conformidad con el artículo 244 del CPACA, la apelación de autos deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Señala la norma -se subraya-:
“La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que la profirió . De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas parte apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado (…)”.
Como quiera que el acto impugnado se notificó por estado del 2 de agosto de 2017 y el recurso de apelación fue interpuesto el 8 siguiente, se encuentra que este fue presentado en oportunidad.
La providencia apelada
Mediante providencia del 21 de julio del 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió rechazar de plano la demanda . Para el efecto arguyó:
“(…)
En ese orden de ideas, se concluye que en efecto el daño antijurídico padecido se desencadenó fue con la expedición del acto administrativo que le comunicó la supresión de su cargo al señor J.M.A.S., esto es, la decisión del 06 de julio de 2001 por medio de la cual el Presidente del Concejo Municipal de Santiago de Cali le definió la situación particular al demandante, decisión cuya legalidad tuvo que haber sido cuestionada a través de medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en su momento balos las normas del CCA hoy en la oportunidad conferida en el literal d) numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 (…)
Así las cosas, advierte este Tribunal, que en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, pues al establecerse que el medio procedente era el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la acción debió presentarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la comunicación de la situación particular del señor J.M.A., concluyéndose entonces, que la demanda fue presentada de manera extemporánea, por lo que de conformidad a lo establecido en la norma citada anteriormente, se rechazará la acción interpuesta a través de apoderada judicial por el señor J.M.A.S. y OTROS en contra del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI.” .
Recurso de apelación
La parte actora impugna la decisión; para el efecto sostiene que:
La acción de reparación directa (sic) es el medio procesal idóneo para reclamar los perjuicios causados por un acto administrativo durante su aplicación y vigencia, más aun cuando sus efectos no han desaparecido.
Si bien es cierto los perjurios reclamados tiene origen en el acuerdo 081 de 2001, su nulidad fue declarada en sentencia del 27 de abril de 2015 y negar la reparación de los perjuicios ocasionados por este sería vulnerar el derecho de acceso a la justicia.
Oportunidad para acudir a la justicia
Por razones de seguridad jurídica, eficiencia y economía procesal, el legislador dispone la extinción de los medios de control judicial que no se ejercen en el término previsto; estableciendo así la carga de acudir a la justicia con prontitud, esto es, dentro del plazo señalado, so pena de perder la posibilidad de hacerlo.
Las normas de caducidad se fundan en el interés de que los litigios no persistan en el tiempo, en desmedro de la convivencia pacífica y que las entidades públicas puedan definir las gestiones y las políticas estatales en la materia, sin aguardar indefinidamente la solución de controversias que podrían impedir su adopción y ejecución.
Nulidad y restablecimiento del derecho
El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que tiene que ver con la caducidad y más concretamente sobre el medio de control previsto para controvertir la nulidad de los actos administrativos e invocar el restablecimiento del derecho, preceptúa -se subraya-:
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel (negrita con subrayas fuera del texto).
Siendo así, en orden a que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y se restablezca el derecho que el mismo vulnera, el término de los cuatro meses para acceder a la justicia se cuenta desde el día que le sigue a la publicación, notificación personal o por edicto, si este debió fijarse.
Reparación directa
El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que tiene que ver con el medio de control previsto para invocar la reparación de los daños causados por la administración, establece -se subraya-:
ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra...
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