Sentencia de Tutela nº 601/14 de Corte Constitucional, 22 de Agosto de 2014

1. Solicitud

   R.C.C., J.E.V.M. y D.G.Q. presentaron acción de tutela contra IBM de Colombia CIA. S.C.A., la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y P., el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, respectivamente, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideran vulnerados por estas entidades al negarse a realizar la indexación de la primera mesada pensional.

2. Hechos

   2.1. Expediente T -4.310.408

1. R.C.C. trabajó como contador general y gerente financiero en IBM, desde el 1º de junio de 1956 hasta el 30 de junio de 1981, fecha en la cual se apartó de su cargo.

2. Al cumplir los 55 años de edad, el 10 de junio de 1985, IBM le reconoció la respectiva pensión de jubilación. No obstante, manifiesta el actor que para hacer la liquidación del monto de la mesada pensional, la accionada tomó el salario correspondiente al año de 1981 que ascendía a 230.550 pesos, sin tener en cuenta que este valor no equivalía lo mismo en 1985. En esa medida, considera que la entidad demandada omitió realizar la correspondiente indexación de la primera mesada pensional y, por ello, el monto de la pensión no guarda relación con lo efectivamente devengado durante su vida laboral.

3. Debido a lo anterior, el actor solicitó a la entidad, en varias ocasiones, que realizara el respectivo ajuste, obteniendo respuestas negativas bajo el argumento de que en virtud de las normas laborales al respecto, la pensión reconocida equivalía al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

4. Así las cosas, el accionante instauró demanda laboral contra IBM cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 18 Laboral del Circuito, el cual emitió fallo concediendo las pretensiones, el 24 de julio de 2006.

5. La entidad demandada apeló dicha decisión y, el 30 de octubre de 2007, la S. Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia. Se presentó recurso extraordinario de casación en el cual, la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resolvió no casar la sentencia proferida en segunda instancia.

6. Posteriormente, se presentaron distintas tutelas, entre los años 2011 y 2012, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales sin obtener decisión favorable. Sin embargo, luego de enterarse de lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1073 de 2012, el accionante, el 8 de noviembre de 2013, presentó una solicitud a IBM en la que nuevamente exigía la indexación de la primera mesada pensional en aplicación de la jurisprudencia constitucional al respecto.

7. El 9 de diciembre de 2013, la entidad accionada respondió de manera negativa, argumentando que lo solicitado por el actor ya había sido resuelto en un proceso ordinario, contando con pronunciamiento del máximo órgano de cierre de la correspondiente jurisdicción.

8. En cuanto a su situación personal, señala que es una persona de 83 años de edad, depende de la pensión que recibe una hija por discapacidad, debe pagar cánones de arrendamiento y considera que no recibe una pensión digna acorde con el tiempo trabajado en IBM.

   2.2. Expediente T-4.312.777

1. J.E.V.M., de 76 años de edad, trabajó durante 23 años en distintas entidades del Estado, hasta el 7 de noviembre de 1983, fecha en la cual se retiró del cargo que desempeñaba en la Empresa de Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura, cumpliendo la edad como requisito faltante para obtener la pensión el 26 de junio de 1987.

2. Luego de que el actor radicara la correspondiente solicitud, el 22 de enero de 1999, a través de Resolución No. 712 del 31 agosto de 2001, expedida por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia (GIT), le fue reconocida la pensión de jubilación por contar con más de 20 años de servicio y cumplir los 50 años de edad el 26 de julio de 1987, equivalente al 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de labores, conforme con la Ley 33 de 1985, aplicando a su vez la prescripción a partir del 1º de septiembre de 1998.

3. El 10 de enero de 2002, el actor solicitó la reliquidación y reajuste del valor de su pensión de jubilación, motivo por el cual, a través de la Resolución No. 765 del 18 de septiembre de 2002, el GIT, revocó parcialmente la anterior decisión, en el sentido de reconocer que el actor cumple con los requisitos exigidos por la Convención Colectiva de Trabajo Vigente para el puerto de Buenaventura en los años 1983/84 y, por ende, la pensión le fue otorgada en un monto equivalente al 80% del promedio mensual devengado en el último año de servicio. Se aplicó la mencionada prescripción y se procedió al reajuste de las mesadas causadas entre 1º de septiembre de 1998 y el 30 de septiembre de 2002.

4. Al estar en desacuerdo con lo resuelto, el actor presentó demanda ordinaria contra la Resolución No. 765 de 2002, por considerar que se había aplicado erróneamente la prescripción y porque no se incluyeron todos los factores salariales para liquidar la pensión pues, de haberlo hecho, el monto de su pensión equivaldría a 122.605 a partir del 26 de junio de 1987. En primera instancia, el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 22 de septiembre de 2004, declaró probada la excepción de prescripción en relación con todas las pretensiones de la demanda y absolvió a la parte demandada.

5. La decisión fue objeto de apelación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 28 de enero de 2005, confirmó lo resuelto en primera instancia, al considerar que entre el 7 de noviembre de 1983, cuando terminó su relación laboral, a junio de 1987 y a febrero de 2002 habían transcurrido más de 3 años. Bajo ese orden, la acción para solicitar la reliquidación de la pensión con el fin de incluir factores salariales estaba prescrita.

6. Se interpuso el recurso extraordinario de casación, en el cual la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de noviembre de 2006, reconoció que hubo errores en la liquidación de la pensión al no haber incluido la totalidad de los factores salariales. No obstante, luego de realizar el respectivo cálculo, evidenció que al actor se le venía reconociendo una suma superior a la que arroja el resultado de la operación y, por ende, no había lugar a reajuste alguno.

7. En lo relacionado con la indexación de la primera mesada, la S. de Casación Laboral consideró que se encontraba vedada para pronunciarse sobre el tema, dado que, a pesar de que la solicitud fue objeto de apelación, el tribunal no se pronunció al respecto, por tanto, lo que procedía era la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia, en su oportunidad.

8. Sin embargo, al mantener la posición de que en la Resolución No. 765 de 2002, no se tuvo en cuenta el verdadero valor inicial de la pensión y no se realizó la indexación de la primera mesada pensional, el 6 de junio de 2012, el actor solicitó nuevamente a la UGPP la corrección de dicha situación, dado que al momento de su retiro, el monto de la prestación ascendía a 45.642 pesos y, de aplicarse la correspondiente fórmula, equivaldría a la suma de 918.091 pesos a partir del 26 de junio de 1987.

9. La petición fue resuelta de manera negativa por parte de la entidad, el 21 de noviembre de 2012, motivo por el cual el accionante promovió la presente acción de tutela en contra de la UGPP, al considerar que existe una vulneración de sus derechos fundamentales.

10. En cuanto a su condición personal, sostiene que atraviesa una difícil situación económica y de salud, pues recientemente fue intervenido quirúrgicamente a causa del hallazgo de un tumor maligno en el colon.

    2.3. Expediente T-4.322.070

1. Diva G.Q. laboró para el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Corporación Financiera de Transporte S.A., (CFT) como trabajadora oficial, desde el 8 de octubre de 1973 hasta el 1º de octubre de 1989.

2. El 11 de septiembre de 1992 cumplió la edad requerida para obtener la pensión de jubilación, por tanto, radicó ante la entidad la respectiva solicitud junto con los documentos necesarios. El 28 de diciembre de 1993, la Corporación Financiera expidió la Resolución No. 2059 por medio de la cual se reconoció la prestación por un valor de 93.298 pesos desde el 12 de septiembre de 1992.

3. La accionante presentó recurso de apelación contra la mencionada resolución, al considerar que existía un error en el valor de la pensión. Sin embargo, la decisión fue confirmada el 11 de marzo de 1994.

4. Señala que, posteriormente, la CFT expidió la Resolución No. 1094 del 27 de julio de 1994, por medio de la cual se revoca la anterior decisión y se reliquida la pensión de jubilación reconociéndola por el monto de 154.818 pesos.

5. No obstante, por considerar que el valor real de su mesada pensional debía ser de 172.255 pesos, la demandante presentó reclamo ante la entidad, el 12 de junio de 1997, solicitando la respectiva corrección obteniendo respuesta negativa el 26 de junio del mismo año.

6. Posteriormente, el 4 de noviembre de 1998, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre la actora y el Ministerio de Desarrollo Económico, (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) con la intención de corregir el error relacionado con el monto de la mesada pensional y, a su vez, que procediera a la indexación de la primera mesada pensional, obteniendo como resultado un acuerdo respecto al valor de la pensión, mas no acerca de la segunda pretensión.

7. Así las cosas, el 4 de junio de 1999, la accionante instauró demanda ordinaria laboral contra el mencionado ministerio, pretendiendo la indexación de la primera mesada pensional de la cual tuvo conocimiento el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá. El 17 de enero de 2002, se dictó sentencia de primera instancia resolviendo absolver a la demandada, bajo el argumento de que la pensión fue reconocida en cumplimiento de las normas aplicables al caso.

8. Indica la accionante que, dado que la tesis adoptada por el juez era la preponderante para la época, no consideró útil apelar la decisión. En efecto, en grado de consulta el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia de primera instancia.

9. No obstante, al estimar que tenía derecho a que su primera mesada fuera indexada, en el año 2005 la actora continuó enviando solicitudes al ministerio siendo resueltas negativamente y, a pesar del cambio jurisprudencial que se dio en el 2006 por parte de la Corte Suprema de Justicia y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo procedió a autorizar la indexación de las primeras mesadas pensionales a partir de este nuevo hecho, no ha recibido respuesta positiva a su solicitud.

10. Basada en el cambio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la accionante presentó una nueva demanda en contra del ministerio pretendiendo la indexación de su primera mesada pensional, correspondiendo su conocimiento al Juzgado 5º Laboral del Circuito de Bogotá.

11. El 6 de abril de 2010, se resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada, la sentencia no fue apelada y tampoco se surtió el grado de consulta. Como consecuencia, la accionante presentó acción de tutela la cual fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia quien ordenó amparar el debido proceso de la demandante y, por ende, se surtiera trámite de consulta.

12. El 31 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, resolvió confirmar el fallo dictado por el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Bogotá quien, el 14 de agosto de 2013, dispuso dar cumplimiento a lo determinado por su superior.

13. Sin embargo, considera la actora que tiene derecho a la actualización de su primera mesada pensional, pues su mínimo vital se ha visto afectado en la medida en que el monto que recibe no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y, a sus 71 años de edad, ya no le es posible trabajar. Aunado a ello, su estado de salud es delicado debido a un tumor maligno que le fue descubierto en la mama izquierda y, como consecuencia de la expansión del mismo, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, la última de ellas el 29 de octubre de 2013 (Histerectomía Abdominal Ampliada). Señala que es soltera, no tuvo hijos y presentó esta nueva acción de tutela alegando que, el hecho de que se surtiera el grado de consulta en el segundo proceso ordinario constituye un hecho nuevo que desvirtúa la temeridad.

3. Pretensiones

   Los accionantes solicitan les sean amparados sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, de tal manera que se ordene a las entidades demandadas acceder a la indexación de la primera mesada pensional.

4. Pruebas

   4.1 Expediente T-4.310.408

   Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:

   - Copia de la cédula de ciudadanía de R.C.C. (folio 1, cuaderno 2).

   - Copia del fallo dictado por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, el 24 de julio de 2006 (folios 6 a 10, cuaderno 2).

   - Copia del escrito de petición con fecha del 8 de noviembre de 2013, suscrito por R.C.C., dirigido a IBM de Colombia (folio 12, cuaderno 2).

   - Copia de la respuesta otorgada el 5 de diciembre de 2013 por IBM de Colombia, al escrito de petición presentado por el accionante el 8 de noviembre de 2013 (folios 14 a 16, cuaderno 2).

   - Copia del informe del método para la indexación de la pensión de R.C.C., expedido por IBM de Colombia (folios 17 a 21, cuaderno 2).

   - Copia de Resolución No. 38133, del 21 de noviembre de 2005, por medio del cual el ISS reconoce la pensión de vejez al accionante (folios 83 a 86, cuaderno 2).

   - Copia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 30 de octubre de 2007, por medio de la cual se revoca el fallo proferido por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá (folios 115 a 121, cuaderno 2).

   - Copia de la sentencia dictada por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de octubre de 2009, por medio de la cual se decide no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca (folios 122 a 128, cuaderno 2).

   - Copias de las sentencias de tutela de los años 2011 y 2012, por medio de las cuales se resuelve desfavorablemente solicitudes de amparo presentadas durante esos años (folios 150 a 258, cuaderno 2).

   4.2. Expediente T-4.312.777

   Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:

   - Copia de la sentencia dictada por la S. de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el 7 de noviembre de 2006 (folios 18 a 29, cuaderno 2).

   - Copia de la Resolución No. 712 de 2001, expedida por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia (folios 30 a 34, cuaderno 2).

   - Copia de la Resolución No. 715 de 2002, expedida por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia (folios 35 a 40, cuaderno 2).

   - Copia del auto con fecha del 21 de noviembre de 2012, por medio del cual la Unidad Administrativa para la Gestión Pensional y Contribuciones P.es de la Protección Social, comunica que se ordena el archivo de la solicitud presentada el 6 de junio de 2012 por el accionante, referente a la reliquidación de la pensión de jubilación (folios 41 a 43, cuaderno 2).

   - Copia de la historia clínica del accionante (folios 44 a 54, cuaderno 2).

   4.3 Expediente T-4.322.070

   Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:

   - Copia de la Resolución No. 2059 de 1993, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de la cual se reconoce la pensión de jubilación a D.G.Q. (folios 1 a 4, cuaderno 2).

   - Copia de la Resolución No. 1094 de 1994, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de la cual se revoca la anterior resolución y se reconoce la pensión de jubilación a la accionante por un valor superior al anterior (folios 5 a 9, cuaderno 2).

   - Copia del acta de conciliación celebrada el 4 de noviembre de 1998, entre la accionante y el representante del Ministerio de Desarrollo Económico (folios 10 a 12, cuaderno 2).

   - Copia del fallo dictado por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá, el 17 de enero de 2002 (folios 13 a 18, cuaderno 2).

   - Copia de la providencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, el 20 de marzo de 2002, por medio de la cual se resuelve la consulta (folios 19 a 26, cuaderno 2).

   - Copia de la respuesta otorgada por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 21 de abril de 2005, a través de la cual se le informó a la accionante que su solicitud de indexación de primera mesada pensional no era procedente (folio 27, cuaderno 2).

   - Copia del fallo dictado el 6 de abril de 2010, por el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Bogotá (folios 28 a 30, cuaderno 2).

   - Copia de las sentencias de tutela dictadas el 22 de mayo y el 19 de julio de 2012, por la Corte Suprema de Justicia al resolver la solicitud de indexación de primera mesada que hiciere la accionante y que conceden el amparo del derecho fundamental al debido proceso por no surtirse el grado jurisdiccional de consulta (folios 56 a 65, cuaderno 2).

   - Copia de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2013, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual se confirma el fallo proferido por el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Bogotá, al resolver la consulta (folios 61 a 72, cuaderno 2).

   - Copia de la historia clínica de D.G.Q. (folios 73 a77, cuaderno 2).

5. Respuesta de las entidades accionadas

   5.1. Expediente T -4.310.408

   5.2.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, IBM de Colombia CIA. S.C.A., a través de apoderado judicial, solicitó denegar el amparo pretendido por R.C.C., atendiendo a las siguientes razones:

   Manifiesta que el actuar del accionante es un abuso del derecho, en la medida en que está desconociendo que ya existe cosa juzgada material y formal y que hubo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre su solicitud. Aunado a ello, sostiene que se han presentado 3 acciones de tutela con los mismos hechos y pretensiones, todas falladas en contra del actor.

   Por otra parte, considera que dado que lo pretendido fue materia de estudio en un proceso ordinario, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de la interposición del recurso de casación, si se tratara de una vulneración por vía de hecho, el Juez de Municipal de Pequeñas Causas no es el competente para resolver la acción de tutela.

   Señala, a su vez, que no realizó la indexación de la primera mesada pensional en acatamiento de lo dictado por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, decisión que es de obligatorio cumplimiento. Bajo ese entendido, a su juicio, no puede presentarse una acción de tutela con idénticas pretensiones cuando ya existe una providencia vinculante para la entidad accionada, en la cual fue exonerada de pago alguno por concepto de indexación de la primera mesada pensional. En su sentir, ninguna autoridad se encuentra habilitada para alterar la inmutabilidad de las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada.

   De igual manera, indica que conforme con la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en el caso del accionante no es procedente la indexación de la primera mesada pensional, pues los pronunciamientos de esta última solo la aceptaron durante un lapso de 3 años comprendidos entre 1996 y 1999. Bajo ese orden, luego de citar varias sentencias de la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, sostiene que la actualización del salario base de liquidación de las pensiones, es procedente para aquellas pensiones causadas en vigencia de la Constitución de 1991 y señala que la pensión del actor se reconoció con anterioridad.

   Por otro lado, afirma que el actor en la actualidad cuenta con una pensión compartida constituida por una pensión de vejez reconocida por el ISS, que para el año 2005 ascendía a 1’474.270[1] pesos y la pensión que otorga la entidad demandada que, a 2011, equivalía a 3’658.597 pesos. Por ende, el accionante se encuentra recibiendo un ingreso superior a los 5 millones de pesos.

   5.2Expediente T-4.312.777

   La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones P.es de la Protección Social- UGPP, a través de apoderado judicial, manifestó que el actor elevó dos solicitudes en mayo y en junio de 2012 con la misma pretensión que se presenta en la acción de tutela, a las cuales la entidad dio respuesta el 21 de noviembre de 2012, señalando que no era posible acceder a su petición, pues no es viable desconocer lo resuelto en el proceso ordinario que se llevó a cabo y en donde se discutieron iguales hechos y pretensiones.

   Por otra parte, afirma que el actor no hizo uso de los mecanismos de defensa que en su momento tuvo al alcance y que, en efecto, la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios judiciales para la protección de los derechos supuestamente vulnerados. En consecuencia, indica que el juez constitucional no es competente para resolver lo pretendido y que en la actualidad, el actor puede controvertir los actos administrativos que, en su sentir, generan la vulneración. De igual manera, sostiene que esta acción constitucional no es el mecanismo idóneo para reclamar derechos prestacionales, pues se trata de una controversia que debe ser estudiada por la jurisdicción competente para ello.

   5.3Expediente T-4.322.070

   El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (antes Ministerio de Desarrollo Económico) se limita a manifestar que, dado que lo solicitado por la demandante ya fue resuelto en un proceso ordinario en el año 2002 y en el 2010 se declaró probada la excepción de cosa juzgada, la tutela es improcedente pues, a su juicio, no es de recibo que por medio de esta acción constitucional se pretenda atacar una decisión que se encuentra ejecutoriada y en firme.

6. Pruebas solicitadas por la Corte:

   6.1 Mediante auto del 5 de agosto de 2014, el magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar los supuestos de hecho que originan la presente solicitud. En consecuencia, resolvió lo siguiente:

   “PRIMERO.- ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta corporación, se ponga en conocimiento a la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-4.310.408, para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean, o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.

   SEGUNDO.- que por conducto de la Secretaría General de esta corporación, se ponga en conocimiento a la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-4.310.408, para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.

   TERCERO.- por Secretaría General, oficiar a J.E.V.M., quien actúa como demandante dentro del expediente T-4.312.777, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación del presente auto informe a la S. lo siguiente:

   · Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos?

   · Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de donde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?

   · Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?

   · Cuál es su situación económica actual?

   · Informe si se encuentra afiliado a alguna entidad de salud y si es en calidad de cotizante o beneficiario?

   Adicionalmente, sírvase remitir a esta corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento.

   Igualmente, allegue a esta S. lo siguiente:

   · La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.

   O, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, para efectos de su pronunciamiento.

   CUARTO.- que por conducto de la Secretaría General de esta corporación, se ponga en conocimiento al Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá, el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-4.322.070, para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean, o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.

   QUINTO.- que por conducto de la Secretaría General de esta corporación, se ponga en conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-4.322.070, para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean, o en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.”

   La Secretaría de esta Corporación, mediante oficio del 19 de agosto de 2014, remitió los documentos enviados por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. De igual forma, se informó al despacho que la providencia no pudo ser notificada a J.E.V.M., pues ésta fue devuelta por la oficina de correos bajo la anotación de que no existe la dirección aportada al expediente para estos efectos.

   6.2 En respuesta a lo solicitado, la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia requirió denegar el amparo pretendido, pues a su juicio, la sentencia de casación que se censura, dictada el 15 de octubre de 2009, se ajusta a lo establecido en la ley laboral y la tesis sostenida por la jurisprudencia para el momento en que se resolvió la controversia. De igual manera, afirma que lo decidido en el proceso ordinario comporta los efectos de la cosa juzgada y, por ende, no puede ser cuestionado por medio de la acción de tutela.

   6.3 Por su parte, el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá, manifestó que no es procedente hacer pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado en el expediente T-4.322.070, toda vez que la providencia censurada fue dictada por un funcionario distinto al juez actual. Por tanto, se limitó a allegar el expediente respectivo.

   6.4 En representación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respondió la S. Laboral alegando que la providencia censurada fue dictada por la S. de Descongestión Laboral y, bajo ese entendido, no les correspondía emitir pronunciamiento alguno al respecto.

1. Expediente T-4.310.408

   1.1 Primera instancia

   El Juzgado 5º Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, en sentencia del 17 de enero de 2014, resolvió declarar la improcedencia de la acción, argumentando que, en primer lugar, no se evidencia acción temeraria al surgir un hecho nuevo consistente en el conocimiento por parte del actor de la sentencia SU-1073 de 2012.

   Por otra parte, señala que las pretensiones de la presente acción de tutela ya fueron objeto de estudio y pronunciamiento por otros jueces de rango constitucional, a saber: un acción de tutela instaurada por el actor en contra de la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la cual fue negada; una segunda solicitud de amparo en contra de la misma entidad demandada en la primera oportunidad; y una tercera en contra de IBM de Colombia. En esa medida, afirma que las decisiones tomadas en estos procesos se encuentran ajustadas a derecho y, por ende, considera que no se pueden desconocer para conceder el amparo solicitado.

2. Expediente T-4.312.777

   2.1 Primera instancia

   El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá, Sección Tercera, en fallo del 30 de enero de 2014, resolvió negar el amparo pretendido, al considerar que no se evidenciaba la configuración de un perjuicio irremediable, al estimar que no existe inminencia o gravedad de la afectación manifestada por el actor.

   Señala que tampoco se acredita el motivo por el cual los mecanismos ordinarios para la protección de sus derechos no son eficaces o idóneos y que justifique la procedencia de la acción de tutela, dado su carácter excepcional. Así, a su juicio, no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

   2.2 Impugnación

   Debido a su inconformidad con lo resuelto en primera instancia, la apoderada del accionante impugnó la decisión, argumentando que en este caso existe una vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, puesto que el actor actualmente recibe menos de la mitad de lo que le correspondería por concepto de pensión, toda vez que la primera mesada pensional no fue indexada.

   Sumado a lo anterior, señala que su representado es una persona de 76 años de edad con graves problemas de salud (presenta un tumor en el colon), no tiene bienes y se encuentra viviendo de la caridad de familiares y amigos. Por otro lado, sostiene que ya utilizó los mecanismos ordinarios que tenía a su alcance y considera desproporcionado que se le imponga el deber de acudir a la vía ordinaria para obtener la protección de sus derechos.

   Por otra parte, indica que se está desconociendo el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes en numerosas providencias han reconocido el derecho que tienen los trabajadores a la indexación de la primera mesada pensional.

   2.3 Segunda Instancia

   La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 26 de febrero de 2014, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el accionante no allegó si quiera prueba sumaria que permitiera inferir la grave afectación a sus derechos fundamentales y señala que éste cuenta con la posibilidad de acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, competente para dirimir la controversia presentada.

3. Expediente T-4.322.070

   3.1 Primera instancia

   La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 24 de enero de 2014, resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que no es de recibo que la accionante pretenda que el cambio de la tesis que venía sosteniendo la Corte Suprema de Justicia, antes de 2006, constituya argumento suficiente para revisar decisiones que ya habían quedado en firme, pues, en su sentir, se desnaturalizaría el principio universal de cosa juzgada.

   Indica, a su vez, que las decisiones censuradas se basan en las normas y jurisprudencia vigentes al momento de resolver el caso planteado y, por ende, no se evidencia vulneración o afectación alguna de los derechos fundamentales del accionante.

   3.2 Impugnación

   Inconforme con lo decidido, la actora impugnó lo resuelto en primera instancia, señalando que el juez no realizó un análisis detallado y juicioso del caso, pues el desacuerdo manifestado no se basa en una mera discrepancia con lo resuelto en los procesos ordinarios, sino en la certeza de que cuenta con el derecho a que su primera mesada pensional sea indexada, el cual viene solicitando hace más de 11 años.

   Sostiene que la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad, es aún mayor, pues el ministerio no ha reconocido la indexación, sumado a las decisiones del último proceso ordinario que le niegan el acceso a la justicia, al declarar la excepción de cosa juzgada impidiendo el estudio de fondo del caso.

   Por otro lado, afirma que en virtud de lo señalado por la jurisprudencia constitucional, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es indiscutible, dado que atiende a la actualización monetaria que se debe generar por el transcurso del tiempo entre, el momento en que se reconoce la pensión y el instante en que se da su disfrute efectivo. Indica, a su vez, que esta Corte en numerosas ocasiones ha declarado la procedencia de la acción de tutela, aun cuando existen pronunciamientos de jueces ordinarios y, para el efecto, cita una sentencia de la Corporación por medio de la cual le fue amparado el derecho a un excompañero de trabajo.

   Finalmente, manifiesta que, en el presente caso, se reúnen las condiciones para que proceda la acción constitucional, por cuanto no tiene a su alcance otra vía que le permita obtener la protección de sus derechos.

   3.3 Segunda instancia

   La S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de marzo de 2014, confirmó lo resuelto en primera instancia, al estimar que por tratarse de un mecanismo excepcional de protección, cuando la tutela va dirigida en contra de decisiones judiciales debe cumplir ciertos y estrictos requisitos de procedibilidad, los cuales deben ser verificados con mayor exigencia cuando se trata de decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

   Así, considera que el accionante no demostró la configuración de una vía de hecho al no desvirtuar que las decisiones atacadas estuvieran desprovistas de razonabilidad, siendo claro, en su sentir, que fueron tomadas conforme con la línea jurisprudencial vigente para el momento. Señala que lo que se advierte es una discrepancia de criterios entre la accionante y quienes administraron justicia al resolver en torno a la indexación de la primera mesada pensional.

   En igual sentido, afirma que tampoco se evidencia un desconocimiento del precedente judicial, al advertir que en el último proceso ordinario se respetó la tesis consolidada para el momento en que se desató la controversia y se respetó el principio de cosa juzgada.

1. Competencia

   A través de esta S. de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

   Corresponde a la S. Cuarta de Revisión determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de R.C.C., J.E.V.M. y D.G.Q., al negar la indexación de la primera mesada pensional.

   Para resolver el problema jurídico planteado, se abordarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, (ii) el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, (iii) la expedición de sentencias de tutela como hecho nuevo que amerite una nueva interposición de la acción de tutela, para, finalmente, (iv) analizar y resolver los casos concretos.

3. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia

   El ordenamiento jurídico colombiano ha establecido determinados mecanismos judiciales para resolver aquellas controversias que tengan como objetivo obtener el reconocimiento de prestaciones sociales y de los derechos pensionales. Por tal razón, la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha manifestado que, en principio, la acción de tutela no es la vía adecuada para resolver este tipo de asuntos, en razón a su carácter subsidiario.

   Sin embargo, cuando los medios ordinarios establecidos para la solución de esta clase de solicitudes no resulten eficaces o idóneos, cuando se esté en presencia de un perjuicio irremediable, o cuando el peticionario es considerado como un sujeto a quien el Estado le debe brindar un amparo especial, esta Corporación ha señalado que la acción de tutela se torna procedente de manera excepcional.

   Bajo ese entendido, el juez constitucional debe analizar cada caso en concreto, y al tratarse de sujetos que merecen una especial protección, como por ejemplo personas de la tercera edad[2], se debe ser menos estricto en cuanto a la verificación de los requisitos para la procedencia de la acción constitucional.

   Al respecto la Corte ha manifestado:

   “Se puede concluir que, por regla general, las solicitudes pensionales requeridas por vía de tutela son procedentes cuando:

   i) El peticionario es un sujeto de especial protección.

   ii) La ocurrencia de un perjuicio irremediable es inminente, y

   iii) Los mecanismos previstos por la ley para resolver el conflicto no son lo suficientemente idóneos y expeditos, como para que el problema sea resuelto antes de la ocurrencia del perjuicio”[3].

   Así las cosas, si bien, por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver solicitudes de carácter prestacional, como es el caso de la indexación de la primera mesada pensional, lo cierto es que cuando se está en presencia de una de las circunstancias antes citadas, la tutela se torna procedente de manera excepcional.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

   La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido en numerosas oportunidades que, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales tiene un carácter excepcional, dado que se reconoce la necesidad de garantizar que los jueces conserven su autonomía y competencias. De igual manera, se identifica a la administración de justicia como el mecanismo adecuado para proteger los derechos de los ciudadanos permitiendo mantener la independencia del juez y ajustarse al principio de cosa juzgada.[4]

   Bajo ese entendido, a través de varios pronunciamientos la Corte comenzó a desarrollar los presupuestos para determinar las ocasiones en que la tutela contra providencias judiciales se tornaba procedente, indicando, en un primer momento, que la procedencia del amparo se sujetaba al acaecimiento de una vía de hecho por parte de la autoridad judicial. Con posterioridad señaló, al estimarlo necesario, que este concepto debía hacer parte de un conjunto más amplio de requisitos, distinguiendo entre aquellos que tenían un carácter general y otros específicos.[5]

   Así las cosas, el tribunal determinó que, en una primera oportunidad, el juez constitucional debe verificar que el caso tratado se enmarque dentro de las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es decir:

   “1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional.

2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.

5. Que quien solicita el amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente.”[6]

   Una vez se compruebe que la tutela cumple con estos requisitos, se procede a analizar si la misma se encausa en al menos una de las causales específicas, también conocidas como defectos materiales:

   “1. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.

2. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

3. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

4. Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

5. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.

6. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.

7. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

8. Violación directa de la Constitución”[7].

   Acorde con lo señalado, como se mencionó previamente, lo que debe hacer el juez de tutela cuando está frente a una solicitud de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de lo determinado en una providencia judicial, es verificar la concurrencia de todos los requisitos generales citados, para luego analizar el caso concreto y comprobar que el mismo se enmarque, por lo menos, dentro de unos de los defectos materiales señalados para que se dé la viabilidad de la acción de tutela. Lo anterior, debido a la necesidad de respetar el principio de cosa juzgada, y preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada juez.

5. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Reiteración jurisprudencial

   La indexación de la primera mesada pensional ha sido entendida como aquella herramienta que permite mitigar el impacto que genera la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero como consecuencia del fenómeno de la inflación, para lograr que las personas ya pensionadas reciban un ingreso acorde con lo trabajado durante su vida laboral, permitiéndoles sobrellevar una vida digna.[8]

   Así, el artículo 53 de la Constitución consagra el deber que tiene el Estado de garantizar el pago oportuno de las pensiones legales, incluyendo su reajuste periódico y, en virtud de este mandato, la Ley 100 de 1993, en su artículo 21, estableció el derecho que tiene toda persona a que la prestación en mención conserve su poder adquisitivo, adquiriendo, de esta manera, un carácter constitucional.

   No obstante, con anterioridad a la expedición de la Carta de 1991, la figura de la indexación de la primera mesada pensional ya se venía reconociendo dentro del marco normativo colombiano. Prueba de ello son las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988, por medio de las cuales se determinó el reajuste anual de las pensiones de acuerdo con el incremento del salario mínimo.[9] De igual manera, en un primer momento, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (derogado con la expedición de la Ley 100 de 1993), establecía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, señalando a su vez, que el trabajador que se apartara del servicio luego de 20 años de trabajo, pero sin alcanzar la edad requerida para obtener el derecho a la prestación, se haría acreedor del mismo al cumplirla.”[10]

   En relación con lo anterior, los artículos 261 y 262 del citado estatuto, disponían una congelación del salario base lo que implicaba que luego de acreditados los requisitos para acceder a la pensión, para realizar su cómputo, no se debían tener en cuenta las alteraciones posteriores que se dieran sobre el salario.

   Sin embargo, dado que existe un vacío normativo respecto de la determinación de la base para liquidar la pensión de quien cumplió los 20 años de servicio previo a cumplir la edad requerida, surgía un problema para el trabajador que se encontraba en esta situación, pues al consolidarse su derecho pensional el monto de la prestación se veía disminuido en relación con el último salario devengado, como consecuencia del efecto inflacionario.

   Entonces, el trabajador que se apartara de su labor al cumplir los 20 años de servicio, sin contar con la edad requerida para acceder a la pensión, tenía que asumir la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se generaba entre el lapso de su retiro y el instante en que efectivamente acreditaba el requisito faltante, habida cuenta que la prestación para su jubilación era liquidada teniendo en cuenta el último salario percibido al momento de finalizar su vinculación laboral y pasando por alto los efectos inflacionarios causados hasta la consolidación de su derecho. Por ende, la primera mesada pensional resultaba significativamente menor a la que realmente debía recibir.

   Como ya lo ha señalado esta Corte, frente a esta situación, y dada la falta de norma al respecto, en 1982 la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, comenzó a adoptar la tesis en virtud de la cual, se acogía la indexación de la primera mesada pensional, sin importar la naturaleza de la pensión, como instrumento que permite mantener el poder adquisitivo de las unidades monetarias y de esta manera hacerle frente al fenómeno de la inflación.

   Dicho criterio fue reiterado por esa corporación hasta 1999, año en el cual la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizó un cambio de postura al señalar que la indexación de la primera mesada pensional únicamente procedía para aquellas pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, pues a partir de ésta es que se obtiene claridad respecto de la base para la liquidación de la prestación.[11]

   Esta posición y, su posterior réplica, fue objeto de numerosas controversias a través de acciones de tutela y, en consecuencia, originó el estudio de las mismas en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional. En efecto, el tema es de gran relevancia tal y como se demuestra con el amplio desarrollo jurisprudencial de esta Corporación al respecto, lo cual deriva del estudio de demandas ciudadanas a través del control de constitucionalidad, así como del análisis de diversas acciones de tutela que se presentan para la protección de derechos fundamentales que comportan la revisión de decisiones judiciales sobre la materia.

   Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en numerosas oportunidades, ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional como un instrumento que permite mantener el poder adquisitivo de las pensiones de quienes cumplían con el requisito de tiempo de servicio necesario para adquirirla, pero sin alcanzar la edad requerida, resaltando que este derecho se reconocía independientemente del momento de su consolidación (antes o después de la Constitución actual) e indistintamente de la naturaleza de la misma.

   En efecto, en Sentencia SU-120 de 2003, esta Corporación no solo determinó que el cambio de postura efectuado por la Corte Suprema de Justicia contrariaba los principios constitucionales que deben gobernar las relaciones laborales, sino que, a su vez, reconoce el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Posición que fue confirmada posteriormente a través de la providencia C-862 de 2006 al manifestar que:

   “El derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual solo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos –los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación”.

   Esta línea ha sido reiterada en las providencias T-183 de 2012, T-374 de 2012, entre otras y de manera importante en sentencias SU-1073 de 2012 y SU-130 de 2013, en las que se llegó a concluir que la indexación de la primera mesada pensional se convierte en garantía de principios constitucionales que deben guiar un Estado Social de Derecho, tales como la igualdad, y dignidad humana. A su vez, se consideró este derecho como reflejo del postulado in dubio pro operario, derivando en el derecho constitucional de mantener el poder adquisitivo de las pensiones.[12]

   Sobre esa base, este derecho extiende su alcance a la actualización del salario base utilizado para la liquidación de la primera mesada pensional, lo que implica que no se limita al reajuste de las mesadas luego de reconocida la pensión. De igual forma, advirtió la Corte la estrecha relación que existe entre este derecho y la garantía del mínimo vital de las personas de la tercera edad al permitir garantizar que reciban un ingreso justo acorde con lo trabajado durante su vida laboral y con la posibilidad de mitigar el efecto causado por el fenómeno de la inflación.

   Bajo esa misma línea, la jurisprudencia constitucional ha indicado también que la indexación de la primera mesada pensional debe ser aplicada a toda clase de pensiones, implicando que es irrelevante si la prestación tiene un origen legal o convencional e indistintamente de la época en que fue reconocida, es decir, antes o después de la entrada en vigencia de la actual Constitución “como quiera que el carácter constitucional de este derecho impone la obligación a todos los operadores jurídicos de darle aplicación directa y, en tal sentido, proceder a indexar las mesadas pensionales con el fin de corregir las lesiones que el transcurso del tiempo y el efecto de la inflación puedan infligir a la capacidad adquisitiva y al mínimo vital de los pensionados.”[13]

   De lo anterior se deriva el carácter universal que esta Corporación ha reconocido al derecho a la indexación de la primera mesada pensional, en el entendido de que el mismo se predica de toda clase de pensionados, pues de establecer algún tipo de trato distinto, devendría en un actuar discriminatorio y contrario a la Constitución.

   En efecto, la Corte en sentencia SU-1073 de 2012, en la que también se abordó lo el tema sobre reconocimiento de la indexación de la mesada pensional a quienes consolidaron el derecho a la pensión antes de la entrada en vigencia de la Constitución actual, determinó las razones que dan fundamento al reconocimiento del derecho al mencionado reajuste, a saber:

   “a. La indexación de la primera mesada pensional era reconocida por la Corte Suprema antes de la expedición de la Constitución de 1991. Es decir, aunque es a partir de 1991 que se constitucionaliza el derecho a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, la Corte Suprema de Justicia ya había reconocido la procedencia de la indexación, de tal suerte que este derecho no nace con la Constitución, sino que es anterior a ella.

   b. La indexación de la primera mesada pensional se fundamenta en preceptos constitucionales que irradian situaciones jurídicas consolidadas, incluso bajo el amparo de la Constitución anterior. Si bien, es a partir de 1991 que existe un derecho consagrado expresamente, a mantener el poder adquisitivo de la pensión, al establecer si resulta procedente o no aplicarlo a situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, se debe imponer el principio in dubio pro operario, que indica que lo más favorable, es mantener el poder adquisitivo de la pensión. Dicha interpretación permite:

   i. Proteger el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad.

   ii. Garantizar que los pensionados reciban una pensión acorde al esfuerzo realizado en su etapa productiva.

   iii. Dar un tratamiento igual, porque todos los pensionados se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

   Además, de acuerdo con la sentencia SU-1073 de 2012, los anteriores preceptos irradian situaciones jurídicas anteriores a la Constitución de 1991, porque los principios y garantías en ella contenidos, son aplicables a situaciones jurídicas que, aunque se consolidaron antes de su vigencia, se proyectan con posterioridad.

   c. La jurisprudencia ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional. Lo anterior porque no existe ninguna razón constitucionalmente válida para predicar el derecho a la actualización de la primera mesada solo de algunos pensionados, cuando todos están en la misma situación. Hacerlo, por el contrario, constituye un trato discriminatorio.”[14]

   Ahora bien, esta Corte también adoptó una fórmula que responde a principios generales que rigen el derecho laboral y criterios de igualdad y justicia para determinar la manera cómo debe realizarse el cálculo para efectuar la indexación de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta el momento de retiro y el instante en que se completan los requisitos para acceder a la pensión. A su vez, el método escogido por esta Corporación, adoptado en la sentencia T-098 de 2005[15] y que se ha tenido como referencia desde entonces, se ajusta a la guía utilizada por el Consejo de Estado, respecto de la actualización de condenas con contenido dinerario, a saber:

   “La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

   R= Rh índice final

   Índice inicial

   Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.

   Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones.”[16]

   Así las cosas, es evidente que la jurisprudencia constitucional actualmente sostiene que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es la manifestación de los mandatos contenidos en los artículos 48 y 53 de la Carta, y es una clara herramienta para mantener el poder adquisitivo de las pensiones para hacer frente al efecto negativo que tiene sobre estas el fenómeno de la inflación. Sobre esa base, este derecho es una garantía al mínimo vital de las personas de la tercera edad, permitiéndoles obtener un ingreso acorde con lo trabajado durante su vida laboral. De igual forma, se reitera su carácter universal, pues indistintamente del origen y del momento en que se consolida, éste es reconocido aunque se trate de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

6. La expedición de sentencias de tutela como hecho nuevo que amerite una nueva interposición de la acción de tutela

   Ahora bien, antes de pasar al análisis de los casos concretos, se considera pertinente abordar el tema referente a la emisión de sentencias de tutela como circunstancia constitutiva de un hecho nuevo que justifique la presentación de otra acción de esta naturaleza. Lo anterior, toda vez que, en algunos de los asuntos bajo estudio, se afirma que la sentencia SU-1073 de 2012, permite configurar una situación fáctica distinta y de esta manera desvirtuar la temeridad.

   Al respecto, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que el juez constitucional puede evaluar la emisión de una sentencia judicial como hecho nuevo que permita justificar la presentación de una segunda acción de tutela basada en unos mismos hechos ya expuestos en una primera oportunidad, solo de manera excepcional.[17]

   En efecto, en sentencia T-113 de 2010, la Corporación señaló que se entienden cumplidos los requisitos para la no configuración de la temeridad, cuando este Tribunal haya proferido una sentencia de unificación, lo que ocurre igualmente cuando se trata de una sentencia de constitucionalidad con efectos erga omnes.

   Bajo ese orden, la Corte ha afirmado que:

   “En el mismo sentido, la sentencia T-1059 de 2007 valoró como hechos nuevos, justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, el que se profirieran las sentencias C-862 de 2006, con efectos erga omnes, y la sentencia SU-120 de 2003, de unificación, frente a la pretensión del actor de obtener la indexación de su primera mesada pensional. Nótese que en ambos casos, los fallos que se invocan como justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, tienen una vocación de universalidad, no están confinados a un caso en concreto, y sus efectos difieren, por ejemplo, de aquellos propios de una sentencia de tutela con efectos inter partes, o un fallo de la jurisdicción ordinaria, que tendría las mismas características en cuanto a sus efectos.”[18]

   Es claro entonces que permitir la procedencia de una nueva acción de tutela y reabrir la posibilidad de discusión sobre una solicitud de amparo constitucional que ya había sido resuelta, como consecuencia de una posterior decisión de esta Corporación, solo se justifica de manera excepcional. Es evidente, a su vez, que no se hace referencia a cualquier sentencia como causal para desvirtuar la temeridad, sino solamente aquellas que tengan una vocación de universalidad, pues, de lo contrario, se obviarían de manera grave los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que deben regir la administración de justicia.

7. Casos concretos

   Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la S. a analizar si efectivamente se presentó una vulneración de los derechos fundamentales de R.C.C., J.E.V.M. y D.G.Q., por parte de las entidades demandadas, al negarles la indexación de la primera mesada pensional a la que consideran tener derecho.

   En el expediente T -4.310.408, se evidencia que el actor cumplió los 20 años de servicio el 30 de junio de 1981 y alcanzó el requisito de edad el 10 de junio de 1985. Así, IBM de Colombia, reconoció la pensión teniendo en cuenta el último salario devengado a la fecha de retiro, el cual no equivalía lo mismo en 1985.

   Por tal motivo, el actor instauró demanda ordinaria en contra de la entidad, la cual llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por vía del recurso extraordinario de casación. En sentencia del 15 de octubre de 2009, la S. de Casación Laboral, decidió no casar el fallo que en segunda instancia había negado el derecho, bajo el argumento de que la actualización del ingreso base de liquidación era procedente para aquellas pensiones causadas a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, mas no para las reconocidas con anterioridad y, dado que el derecho a la prestación se consolidó el 10 de junio de 1985, la indexación de la primera mesada pensional no era aplicable al caso del accionante.

   Posteriormente, al enterarse de la emisión de la sentencia SU-1073 de 2012, el actor presentó una nueva solicitud, el 8 de noviembre de 2013, ante la entidad demandada, en la que requería se procediera a la indexación de su primera mesada pensional, obteniendo como respuesta que su pretensión ya había sido resuelta de manera negativa en un proceso ordinario y, por ende, se configuraba el fenómeno de cosa juzgada.

   En cuanto a su situación personal, señala que es una persona de 83 años de edad, depende de la pensión que recibe una hija por discapacidad, debe pagar cánones de arrendamiento y considera que no recibe una pensión digna acorde con el tiempo trabajado en IBM. Por tanto, presentó la acción constitucional el 13 de diciembre de 2013.

   En el asunto correspondiente al expediente T-4.312.777, se observa que el actor trabajó en varias entidades del Estado por un periodo de 23 años, hasta el 7 de noviembre de 1983, fecha en la cual se retiró del cargo que desempeñaba en la Empresa de Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura, cumpliendo la edad como requisito faltante para obtener la pensión el 26 de junio de 1987.

   Se obtiene a su vez que, luego de que el actor radicara la correspondiente solicitud, el 22 de enero de 1999, el GIT, a través de resolución con fecha del 18 de septiembre de 2002, que modificó la expedida el 31 de agosto de 2001, reconoció la pensión de jubilación teniendo como base el 80% del último salario devengado, a partir del 26 de junio de 1987, momento en el cual cumplió los 50 años de edad. De igual manera, aplicó la respectiva prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 1º de septiembre de 1998.

   Debido a su inconformidad con lo resuelto en la citada resolución, el accionante presentó demanda ordinaria al considerar que la prescripción no había sido aplicada correctamente y que en la liquidación de la pensión no se incluyeron todos los factores salariales. El 7 de noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación, dictó sentencia en la que sostuvo que al actor se le proyectó el pago de la pensión a partir del 1º de septiembre de 1998 en montos superiores a los que realmente correspondían, pero no se pronuncia sobre la prescripción o sobre la indexación de la primera mesada pensional.

   Al estimar que tiene derecho a la indexación mencionada, toda vez que en la Resolución No. 0756 del 18 de septiembre de 2002, no se tuvo en cuenta que su retiro del cargo se produjo el 7 de noviembre de 1983 y los 50 años de edad, necesarios para acceder a la pensión, los cumplió el 26 de junio de 1987, el 6 de junio de 2012 el actor elevó una nueva solicitud a la UGGP con esta pretensión. No obstante, el 21 de noviembre de ese año, la entidad negó el requerimiento.[19]

   En cuanto a su condición personal, se advierte que cuenta con 77 años de edad[20] y a su vez, sostiene que atraviesa una difícil situación económica y de salud, pues recientemente fue intervenido quirúrgicamente a causa de un tumor maligno del colon.

   Por otro lado, en el expediente T-4.322.070, se comprueba que la accionante trabajó para el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Corporación Financiera de Transporte S.A., hasta el 1º de octubre de 1989 y, luego de que el 11 de septiembre de 1992 cumpliera la edad necesaria para obtener la pensión, radicó ante la Corporación Financiera la respectiva solicitud para el reconocimiento y pago de la prestación.

   Posteriormente, al agotar la vía gubernativa contra ciertas decisiones de la entidad, el 27 de julio de 1994, la CFT expidió la Resolución No. 1094 que reliquida y reconoce la pensión de jubilación. No obstante, por considerar que existió un error en el monto de la prestación, la accionante instauró demanda ordinaria laboral contra el ministerio, pretendiendo la indexación de la primera mesada pensional, la cual fue resuelta desfavorablemente, el 17 de enero de 2002, por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá y confirmada en grado de consulta. Lo anterior, bajo el argumento de que no es de recibo que la devaluación por la pérdida constante del peso colombiano pueda ser fuente de reclamación, menos en casos como el de las pensiones en los que la ley ha establecido un reajuste automático.

   Señala la accionante que, luego del cambio de jurisprudencia efectuado por la Corte Suprema de Justicia respecto al tema, presentó una nueva demanda en contra del ministerio con la misma pretensión y, finalmente, luego de diversos trámites, el 31 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió confirmar el fallo de primera instancia que había declarado la existencia de cosa juzgada.

   En cuanto a su situación personal, se observa que la accionante cuenta con 71 años de edad y un estado de salud delicado pues padece de cáncer de mama, el cual ha hecho metástasis y, en consecuencia, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, situación que no le ha permitido trabajar y, debido a que el monto de su pensión es significativamente menor al que debe recibir, se ha visto afectada en su mínimo vital.

   De lo acreditado en los expedientes, se evidencia que en todos los casos, los accionantes se retiraron de sus cargos una vez cumplieron los 20 años de servicio, pero sin haber alcanzado el requisito de edad para poder acceder a la pensión de jubilación. Una vez se consolida el derecho, en algunos eventos antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se observa que la liquidación de la prestación se realizó teniendo en cuenta el último salario devengado al momento de finalizar el vínculo laboral, monto que resultaba depreciado al instante en el que se reconoce la pensión, como consecuencia del impacto inflacionario. En esa medida, la primera mesada pensional de los aquí demandantes, no corresponde al valor real que en un principio debieron recibir por concepto de salario; por el contrario, es significativamente menor viéndose afectados en su mínimo vital.

   Ahora bien, como se observó en la parte considerativa de esta sentencia, la Corte ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional como la herramienta que permite hacerle frente al impacto de la inflación, al mantener el poder adquisitivo de las pensiones, dado que el pensionado no debe soportar la depreciación del dinero en afectación de su mínimo vital, llegando a concluir, que este derecho se convierte en garantía de principios constitucionales que deben guiar un Estado Social de Derecho.

   En igual sentido, a este derecho se le reconoció un carácter universal, en la medida en que se predica de toda clase de pensiones, independientemente del origen de la misma y del momento en que fue reconocida (antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991) y, de igual manera, se determinaron las razones sobre las cuales se fundamenta el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional con anterioridad a la promulgación de la Carta del 91.

   Bajo ese entendido, no es aceptable que tanto entidades como jueces, nieguen la aplicación de la indexación de la primera mesada pensional, bajo el argumento de que el derecho a la pensión se consolidó con anterioridad a la Constitución de 1991 pues, de hacerlo, incurrirían en una conducta violatoria de los derechos fundamentales impidiendo el disfrute de una pensión digna, correspondiente al tiempo efectivamente trabajado, contrariando principios propios que gobiernan las relaciones laborales, como sucedió en los casos correspondientes a los expedientes T-4.310.408 y T-4.312.777. En ese orden, no es viable para IBM de Colombia, como para la UGPP abstenerse de reconocer de este derecho.

   A su vez, particularmente en el asunto estudiado en el expediente T-4.310.408, se observa que no se configura temeridad, pues esta Corte ha reconocido que la expedición de sentencias de unificación con posterioridad a una controversia ya resuelta, como por ejemplo la SU-1073 de 2012, alegada como nuevo elemento fáctico para presentar otra acción constitucional, ha sido reconocida por esta Corporación como circunstancia constitutiva de un hecho nuevo.

   Por otro lado, respecto del asunto estudiado en el expediente T-4.322.070, en razón a que la acción de tutela va encaminada a atacar una providencia judicial, se debe analizar si se satisfacen los requisitos para la procedencia del amparo en este caso.

   Bajo ese entendido, se observa que (i) el asunto adquiere relevancia constitucional al tratarse de un sujeto de especial protección, no solo por a su avanzada edad, sino también por la enfermedad que padece; (ii) toda vez que el tribunal demandado decidió negar la pretensión del demandante con fundamento en la existencia de cosa juzgada, el actor no cuenta con otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez en la medida en que transcurrieron poco más de 6 meses desde que se profirió la decisión judicial controvertida (31 de mayo de 2013) hasta la radicación de la tutela (19 de diciembre del mismo año); (iv) lo resuelto por el accionado tiene un efecto determinante en la decisión pues, al considerar que se configura cosa juzgada, impidió que hubiera un pronunciamiento de fondo sobre el caso planteado, a pesar de la ocurrencia de nuevos hechos; (v) hay una identificación clara y precisa del hecho que genera la vulneración y, finalmente, (vi) se verifica que la providencia discutida fue dictada dentro de un proceso ordinario y no se trata de una sentencia de tutela.

   De esta manera, se evidencia la satisfacción de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Corresponde entonces, pasar a estudiar si el caso se enmarca dentro de alguno de los defectos materiales mencionados en la parte considerativa de esta sentencia.

   En esa línea, advierte la S. que la negativa por parte de los jueces que analizaron el caso obedece a que, en su sentir, no es de recibo que la devaluación por la pérdida constante del peso colombiano pueda ser fuente de reclamación, menos en casos como el de las pensiones en los que la ley ha establecido un reajuste automático, aunado a la configuración de cosa juzgada. La primera afirmación va en contra de lo ya indicado por esta Corte, que ha sostenido que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional extiende su alcance a la actualización del salario base utilizado para la liquidación de la primera mesada pensional, lo que implica que no se limita al reajuste de las mesadas luego de reconocida la pensión.

   En cuanto a la figura de cosa juzgada, el tribunal demandado pasó por alto, no solo la existencia de un nuevo hecho como lo fue la decisión adoptada por esta Corte en la sentencia SU- 1073 de 2013, sino a su vez, el precedente jurisprudencial existente a partir de la variación de posición en el año 2006 por parte de Corte Suprema de Justicia, respecto del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, configurándose de esta manera la causal especifica referente al desconocimiento del precedente, e incluso una violación directa de la Constitución, lo que deriva en que la tutela contra la sentencia judicial dictada por el tribunal se torne procedente.

   Así las cosas, la S. evidencia una clara afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de los accionantes, toda vez que las entidades demandadas niegan el reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional de sujetos de especial protección constitucional, contrariando postulados constitucionales y mandatos establecidos en los artículos 48 y 53 de la Carta, así como jurisprudencia de este Tribunal al respecto, según se observó en párrafos precedentes. Lo anterior, genera como consecuencia que los actores no reciban una pensión adecuada, proporcional y digna que les permita sobrellevar sus necesidades propias de la tercera edad de manera propicia, aunado a que, en algunos casos, los accionantes padecen graves enfermedades.

   Bajo ese entendido, la Corte procederá a revocar las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado 5º Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, el 17 de enero de 2014; la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de febrero de 2014, que a su turno confirmó la dictada por el Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá, el 30 de enero de 2014; y la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de marzo de 2014, que a su turno confirmó la dictada por la S. de Casación Laboral, el 24 de enero de 2014, para en su lugar amparar los derechos fundamentales de R.C.C., J.E.V.M. y D.G.Q., al mínimo vital y seguridad social, dentro de los trámites de acción de tutela correspondientes a los expedientes T-4.310.408, T-4.312.777, T-4.322.070 respectivamente.

   Se debe resaltar que el amparo de los derechos se concederá de manera definitiva y no transitoria, en el la medida en que los actores no cuentan con otro mecanismo de defensa. En todo caso, de existir otra alternativa, sería desproporcionado imponer a personas de 83, 77 y 71 años de edad acudir a otro proceso para la protección de sus derechos.

   Ahora bien, es pertinente aclarar que, con respecto al expediente T-4.312.777, si bien pueden surgir dudas respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la vulneración de sus derechos ha continuado en el tiempo, aunado a la grave enfermedad que padece, por lo cual esta exigencia se entiende acreditada. De igual manera, advierte la sala que únicamente se procederá al amparo en el sentido de ordenar a la entidad demandada correspondiente realizar la indexación de la primera mesada pensional del accionante, más no la inclusión de aquellos factores salariales, pretensión que por demás ya fue objeto de decisión desestimatoria por la jurisdicción competente.

   En consecuencia, se ordenará a IBM de Colombia CIA. S.C.A., a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y P., y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, proceder a la indexación de la primera mesada pensional.

   En cuanto al término de prescripción, esta providencia se ajustará a lo señalado en la sentencia SU-1073 de 2012 y aclarará que el reajuste resultante del aumento de las mesadas será aplicado hacia futuro, lo que implica que el reconocimiento del pago de las mesadas pensionales se hará retroactivamente pero únicamente de las correspondientes a los 3 años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.[21]

En mérito de lo expuesto, la S. Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,