Sentencia nº 73001-23-33-006-2012-00195-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 3 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 73001-23-33-006-2012-00195-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 03-10-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 25 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONVENIO 111 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – ARTÍCULO 2 / DECRETO LEY 3074 DE 1968 – ARTÍCULO 1 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 |
| Fecha | 03 Octubre 2019 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Número de expediente | 73001-23-33-006-2012-00195-01 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONTRATO REALIDAD / ADMINISTRACIÓN DE HOGAR GERIÁTRICO TERRITORIAL – No constituye una labor subordinada / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Ausencia de subordinación / SUBORDINACIÓN – Carga de la prueba / RELACIÓN DE COORDINACIÓN
El demandante, en su condición de contratista de la Alcaldía municipal de P. no aportó ningún elemento probatorio que demostrara la existencia de algún tipo de direccionamiento, cumplimiento de horario u órdenes impuestas por parte de un superior o veedor de sus actividades. De hecho, la única prueba que presentó para respaldar la presunta subordinación de su trabajo fue la de los testimonios antes referenciados, la cual, como entendió el a quo, se muestra insuficiente para dar credibilidad a los hechos de la demanda, pues a pesar de que los testigos intentan guardar armonía en sus declaraciones, estas terminan contradiciéndose ante la debilidad de sus argumentos. (…) Así las cosas, teniendo en cuenta que según el principio dispositivo que rige el proceso contencioso-administrativo al demandante le incumbe probar los hechos en los que fundamenta sus pretensiones, y que la subordinación es un factor determinante de la relación laboral -puesto que su presencia supone la dependencia del contratista respecto de la Administración-, debe haber suficiente claridad probatoria para poder diferenciarla de la coordinación de actividades y, por lo tanto, no basta con afirmarla para acreditar su existencia. Este ha sido el criterio hermenéutico de esta Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento subordinatorio, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, como: a) un horario; b) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; y, c) tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la prescripción de los derechos derivados del reconocimiento del contrato realidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación: 0088-15, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. En relación con las diferencias entre la relación laboral y el contrato de prestación de servicios, ver: Corte constitucional, sentencia C-154 de 1997, M.P.: V.N.M..
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 25 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONVENIO 111 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – ARTÍCULO 2 / DECRETO LEY 3074 DE 1968 – ARTÍCULO 1 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 73001-23-33-006-2012-00195-01(0015-14)
Actor: W.H.T.
Demandado: MUNICIPIO DE PRADO (TOLIMA)
apelación de sentencia. contrato realidad
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, de 21 de octubre de 2013, a través de la cual se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentado por aquella frente al municipio de Prado (Tolima).
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Antecedentes
1.1. La demanda
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Pretensiones
El ciudadano William Hernán Tovar, mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – artículo 138 de la Ley 1437 de 2011-, solicitó la nulidad del oficio 197D/AM, de 23 de abril de 2012, a través del cual el alcalde del municipio de Prado (Tolima), le negó una petición de reconocimiento y pago de prestaciones sociales y la existencia de una relación laboral.
Como restablecimiento del derecho, pidió se declare la existencia de una relación laboral entre él y la demandada, desde el 25 de enero de 2008 hasta el 29 de diciembre de 2011; el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones, indemnización «y demás beneficios previstos por el Régimen de Seguridad Social Integral, tomando como base los honorarios pactados (…)». Asimismo, solicitó condenar al municipio «a pagar (…) la suma de cien millones novecientos veintitrés mil ochocientos treinta y seis pesos, por concepto de (…) a) bonificación por servicios prestados, b) prima de servicios, c) vacaciones proporcionales, d) prima de vacaciones, y, e) prima de navidad».
1.1.2. Hechos
Los hechos que narra el demandante son, en síntesis, los siguientes:
1.1.2.1. Entre el 25 de enero de 2008 y el 29 de diciembre de 2011, suscribió varios contratos de prestación de servicios con el municipio de Prado (Tolima), que tenían por objeto «la alimentación de 22 adultos mayores del hogar Centro Día (…)».
1.1.2.2. Durante el tiempo que duró su vinculación, prestó personalmente sus servicios y cumplió con un horario de trabajo diario, de ocho horas, de lunes a sábado, en el cual llevó a cabo «actividades subordinadas (…) y [estuvo] sujeto a órdenes impuestas por el señor alcalde municipal Dr. J.J.F.S. y (…) la Dra. A.F.R. (…)».
1.1.2.3. Por su trabajo, recibía mensualmente una contraprestación económica.
1.1.2.4. El 17 de abril de 2012, presentó derecho de petición ante el alcalde del municipio de Prado, donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y sus derechos, así como el pago de las correspondientes prestaciones sociales.
1.1.2.5. Mediante oficio D/AM 197, de 23 de abril de 2012, el alcalde del municipio negó la solicitud, aduciendo que el peticionario no tenía calidad de trabajador oficial ni de empleado público.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se citan como normas violadas el artículo 53 de la Constitución, el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
En síntesis, al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del demandante afirmó que el acto administrativo D/AM 197, de 23 de abril de 2012, suscrito por el alcalde del municipio de Prado (Tolima), desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual ha sido objeto de protección tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, en tanto constituye el fundamento de las prerrogativas mínimas de todo trabajador asalariado.
Al respecto, sostuvo que la verdadera naturaleza de la relación que ligó a su representado con el municipio de Prado, a pesar de los múltiples contratos de prestación de servicios, fue el de una auténtica adscripción laboral, comoquiera que se dieron los tres elementos propios de esta, como son la subordinación, la dependencia y una contraprestación económica mensual.
En ese sentido, señaló que «la continua subordinación se verifica porque el señor (…) T. prestó sus servicios de forma similar a los empleados de planta (…); cumplió un horario de trabajo de 8 horas en la jornada laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978; no trabajó con plena libertad y discreción (sic), sino sujeto a órdenes impuestas por (…) su jefe inmediato Dra. Amparo Flórez Ramírez; [prestó] sus servicios de manera personal; [y], recibió a cambio una contraprestación [económica]».
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado del municipio de Prado se opuso a todas las pretensiones de la demanda y expuso como argumentos de su defensa los siguientes:1
En primer lugar, negó que entre el ente territorial y el demandante hubiera existido una relación de subordinación o dependencia, pues asegura que la labor que este llevó a cabo fue contratada en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de manera que las actividades necesariamente debían desarrollarse en un marco de coordinación entre aquel y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, con el único objetivo de dar alimentación a un grupo de adultos mayores.
En segundo lugar, advirtió que las prestaciones y asignaciones reclamadas por el demandante, al estar regladas y autorizadas únicamente para los empleados públicos, solo pueden causarse si este estuvo vinculado por nombramiento o elección y realizó la correspondiente posesión del cargo, por lo que a falta de estos requisitos, no era posible que el municipio reconociera tales acreencias laborales.
Por último, propuso como excepciones las de inexistencia de la relación laboral, inexistencia de derecho a pago de factores salariales del orden nacional, inexistencia de mora y prescripción de los derechos.
Mediante fallo de 21 de octubre de 20132, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la parte demandante y ordenó el archivo del expediente.
Luego de examinar los medios probatorios aportados al proceso, y en concreto la prueba testimonial, el tribunal consideró inexistente la relación laboral alegada por el demandante. A su juicio, el hecho de que en la totalidad de los contratos el objeto fuera «la prestación de servicios de alimentación a 21 adultos mayores del programa Hogar Centro Día», y que la obligación del contratista consistiera en «preparar según las técnicas de cocina y la debida asepsia los alimentos según minuta de preparación del menú diario que se convenga con el director del programa (…)», daba a entender que el desarrollo de las actividades no requería de técnica especializada ni de direccionamiento por parte de algún superior.
Asimismo, encontró imprecisiones en los testimonios practicados a solicitud de la parte actora, los cuales...
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