Sentencia de Tutela nº 658/10 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2010

El señor L.A.V.T. interpone mediante apoderado acción de tutela, el día 5 de febrero de 2010, en contra de M.L.., Saludcoop EPS y otros, por considerar que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la salud, vida, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, libertad e igualdad.

1. Hechos

   Para fundamentar su solicitud de tutela el accionante relata los siguientes hechos:

   1.1. Manifiesta que desde el mes de enero del año 2000 se desempeñó como picador de carbón, en la mina C.I., ubicada en el cerro León vía Tibú (Norte de Santander), de propiedad del señor O.P.P..

   1.2. Menciona que el día 25 de agosto de 2009 suscribió contrato laboral con la empresa M.L.., en donde se le afilió a seguridad social y riesgos profesionales.

   1.3. El demandante aduce que durante todo su desempeño como trabajador en la mina ha sufrido distintos y continuos accidentes de trabajo en las siguientes fechas: 30 de junio de 2006, 11 de mayo de 2007, los cuales han sido reportados por parte del trabajador en debida forma.

   1.4. El actor precisa que luego de las correspondientes valoraciones por parte del galeno tratante, se halló en los exámenes realizados que los discos intervertebrales L4-L5 y L5-S1 presentan cambios degenerativos, por lo que el médico laboral de la EPS informa al representante legal de la empresa M.L., sobre el estado del paciente, recomendando su reubicación.

   1.5. Mediante oficio con fecha del 22 de enero del 2010, la Empresa M.L.. informa que no puede dar cumplimiento a la orden de reubicación como consecuencia de que el actor ya no hace parte de sus trabajadores activos, por cuanto el accionante presentó su renuncia el día 15 de diciembre de 2009[1]. Sin embargo, en el escrito de tutela presentado aduce que la empresa M.L.. notificó al accionante que a partir del 24 de agosto del 2009 se le daba por terminado el contrato laboral de manera unilateral, justamente para no acatar la orden de reubicación expedida por la EPS.

   1.6. En consecuencia, afirma encontrarse en estado de indefensión, en la medida en que los padecimientos que aqueja se desarrollaron con ocasión y durante la relación laboral. En tales condiciones, solicita ser reintegrado y reubicado para estar protegido de acuerdo con su situación de salud.

2. Contestaciones de las entidades demandas

   2.1 M.L.

   Esta entidad adujo que con el accionante se celebró un contrato de trabajo a término fijo desde el 25 de agosto de 2009 hasta el 30 de diciembre del mismo año.

   Manifiesta que el contrato de trabajo fue terminado unilateralmente por el trabajador el día 15 de diciembre de ese año, cancelándose por parte de M.L.. la correspondiente liquidación de prestaciones sociales. En consecuencia no se solicitó permiso ante el Ministerio de Protección Social.

   Precisa que el día 18 de enero del 2010 se recibió comunicación de medicina laboral de Saludcoop EPS, a la cual se contestó que el usuario no presentaba contrato laboral vigente.

   2.2 Propietario de la Mina C. II

   A pesar de haber sido notificado mediante auto emitido por el juez de primera instancia no dio contestación.

   2.3 Saludcoop EPS

   Expone que el accionante aparece en estado suspendido por mora en los aportes dentro del sistema general de seguridad social en salud del régimen contributivo, debido a que su empleador (M.L..), no realiza cotizaciones a salud desde noviembre de 2009.

   Adicionalmente, aduce que en cuanto a las incapacidades el accionante presenta un saldo a favor por valor de $1.293.723, que no han sido cobradas por el empleador M.L.. pero que están a disposición siempre y cuando se allegue la documentación requerida para el recobro.

   2.4 ARP ISS ahora Positiva Compañía de Seguros

   Señaló que luego de revisar la base de datos y el expediente digital del actor, no se encontró ninguna solicitud de reconocimiento de prestaciones, y que en consecuencia no se ha tenido la oportunidad de actuar frente al caso.

   Manifestó que según los hechos expuestos, no tiene injerencia alguna en este caso, pero que sin embargo su voluntad es la de cubrir al accionante las prestaciones a que éste tenga derecho, resaltando que para tal fin se hace necesaria la mediación de una solicitud por parte del empleador y el trabajador directamente.

3. Decisiones judiciales objeto de revisión

   3.1 Primera instancia

   El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), en Sentencia del 18 de febrero de 2010, niega la petición de reintegro del accionante por mediar renuncia firmada por él. Sin embargo, ordena a Saludcoop EPS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo inicie el procedimiento de reconocimiento de las incapacidades en favor del señor L.A.V.T.; igualmente, ordena a la ARP Positiva Compañía de Seguros que inicie el procedimiento para calificar el origen de la enfermedad debido a la especial situación en la que se encuentra el accionante.

   3.2 Impugnación

   La parte accionante mediante oficio radicado el 24 de febrero de 2010 solicita la impugnación de la acción de tutela.

   3.3 Segunda instancia

   El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Sentencia del 6 de abril de 2010, confirma el fallo del a quo bajo similar argumentación y resalta el hecho de mediar renuncia del accionante.

4. Pruebas relevantes que obran dentro del expediente

   4.1 Con el expediente se allegaron las siguientes pruebas:

   · Poder otorgado a la Dra. Alfa L.D. para actuar en representación del señor L.A.V.T..

   · Liquidación de contrato de trabajo por retiro voluntario, de fecha 21 de diciembre de 2001, en el que aparece como empleador la mina C. núm. II

   · Liquidación de contrato de trabajo por retiro voluntario, de fecha 20 de diciembre de 2003, en el que aparece como empleador la mina C. núm. II.

   · Resonancia Magnética de columna lumbar simple, realizada al accionante el 3 de diciembre de 2007, cuyo resultado es discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S.

   · Resultado del examen practicado el 28 de diciembre de 2009 en IDIME, adscrito a la EPS Saludcoop, en donde se observa el siguiente diagnóstico: Escoliosis de vértice derecho, discopatía L4-L5 y L5- con cambios artrósicos apofisiarios, en L4-L5, el abombamiento del disco intervertebral desplaza las raíces de L5, causa disminución parcial en la amplitud de los agujeros de conjunción, en L5-S1, hay disminución parcial en la amplitud del receso lateral y agujero de conjunción.

   · Liquidación de prestaciones sociales emitida por C.L.. el día 9 de enero de 2009.

   · Liquidación de prestaciones Sociales, proferida por M.L.. el día 24 de agosto de 2009.

   · Certificado de afiliación de cotizante, emitido por Saludcoop EPS en el que se constata que el servicio de salud del señor L.A.T. aparece suspendido por mora del empleador.

   · Relación de incapacidades expedidas al accionante por la EPS Saludcoop referenciadas desde el 30 de junio de 2005 hasta el 21 de enero de 2010 así:

   - 2005/06/30 a 2005/07/19 fractura dedo de la mano- accidente de trabajo- durante 20 días.

   - 2005/10/14 a 2005/10/16 lumbago no especificado- accidente de trabajo- durante 3 días.

   - 2006/02/11 a 2006/02/14 traumatismo superficial - accidente de trabajo- durante 4 días.

   - 2007/05/15 a 2007/06/13 dolor en articulación – accidente de trabajo- durante 30 días.

   - 2007/06/14 a 2007/07/13 otras deformidades de hallux (adquiridas)- accidente de trabajo- durante 30 días.

   - 2007/07/15 a 2007/08/13 otras deformidades de hallux (adquiridas)-accidente de trabajo- durante 30 días.

   - 2007/08/14 a 2007/08/16 otras deformidades de hallux (adquiridas)-accidente de trabajo- durante 3 días.

   - 2007/08/25 a 2007/08/27 trastorno de los tejidos blandos -accidente de trabajo- durante 3 días.

   - 2007/08/28 a 2007/09/06 lumbago no especificado -accidente de trabajo- durante 10 días.

   - 2007/09/07 a 2007/09/28 Inestabilidad de la columna vertebral-accidente de trabajo- durante 22 días.

   - 2007/09/29 a 2007/10/0806 lumbago no especificado -accidente de trabajo- durante 10 días.

   - 2007/10/09 a 2007/10/18 Inestabilidad de la columna vertebral-accidente de trabajo- durante 10 días.

   - 2007/10/21 a 2007/11/19 trastorno de los discos intervertebrales – accidente de trabajo- durante 30 días.

   - 2007/11/20 a 2007/12/10 lumbago no especificado -accidente de trabajo- durante 21 días.

   - 2007/12/11 a 2008/01/09 trastorno de los discos intervertebrales – accidente de trabajo- durante 30 días.

   - 2008/01/10 a 2008/01/20 lumbago no especificado -accidente de trabajo- durante 11 días.

   - 2008/05/09 a 2008/06/07 tumor benigno lipomatoso de piel- enfermedad general-durante 10 días.

   - 2008/06/09 a 2008/06/09 tendinitis de bíceps enfermedad general -durante 1 día.

   - 2008/06/12 a 2008/06/13 convalecencia consecutiva a cirugía - enfermedad general-durante 10 días.

   - 2009/01/07 a 2009/01/07 Diarrea y gastroenteritis - enfermedad general -durante 1 día.

   - 2009/10/21 a 2009/10/23 Lumbago con ciática - enfermedad general -durante 3 días.

   - 2009/11/04 a 2009/11/18 trastorno de los discos intervertebrales- liquidada - durante 15 días.

   - 2009/12/19 a 2010/01/17 lumbago no especificado- liquidada- durante 30 días.

   - 2010/01/19 a 2010/01/21 trastorno de los discos intervertebrales- liquidada – durante 3 días.

1. Competencia

   Esta Corte es competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problemas jurídicos

   De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a la S. determinar:

   ¿Si por vía de tutela es procedente el reintegro de un trabajador que ha sufrido una disminución en su capacidad laboral (no calificada), en virtud de la estabilidad laboral reforzada con la que cuentan estos sujetos de especial protección constitucional, cuando media una renuncia al empleo?

   ¿Se desconocen derechos fundamentales a un trabajador cuando a causa de la demora injustificada del empleador se retienen el pago de las incapacidades médicas?

   ¿Es válido que luego de presentarse varios accidentes de trabajo reportados en debida forma por el empleador y el empleado, además de mediar recomendación por parte del médico tratante sobre el deteriorado estado de salud del trabajador, no se hubiese hecho la respectiva calificación de invalidez?

   Para resolver los anteriores problemas jurídicos, y teniendo en cuenta que los asuntos a tratar han sido ampliamente reiterados, la S. considera necesario desarrollar los siguientes aspectos, con una breve motivación[2]: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro; (ii) pago de incapacidades médicas por parte de la EPS; (iii) procedimiento de calificación de invalidez a empleados que han sufrido accidentes laborales; finalmente, (iv) la S. procederá al análisis del caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro. Reiteración de jurisprudencia.[3]

   La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que la acción de tutela, como mecanismo de protección subsidiario, no se constituye como idóneo para solicitar el reintegro laboral, máxime cuando existen como vías establecidas la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa dependiendo de la vinculación del trabajador.

   En tal sentido, solo procedería dicho reintegro en los eventos en los que (i) se produzca un despido ocasionado por una decisión unilateral del empleador sin justa causa, (ii) sin el procedimiento idóneo para los sujetos protegidos por estabilidad laboral reforzada y (iii) cuando se evidencien condiciones de debilidad manifiesta ante el empleador.

   Dentro de estos sujetos de especial protección constitucional se encuentran los trabajadores que son despedidos a causa de una disminución en su capacidad laboral o por su condición de invalidez, dependiendo de cada caso en concreto.[4]Al respecto la Sentencia T-269 de 2010, proferida por esta misma S., señaló lo siguiente:

   “No obstante, dada la imperiosa necesidad de materializar la especial protección constitucional de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta como enfermos, discapacitados, mujeres en estado de embarazo etcétera, se ha precisado que en dichos eventos la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para alegar la protección de derechos fundamentales tales como el trabajo, la estabilidad laboral reforzada o la protección del mínimo vital, entre otros.

   El anterior criterio se extrae de la necesidad de que la población trabajadora o empleada del país que se encuentre en estado de debilidad manifiesta cuente con un mecanismo expedito para dirimir presuntas afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales, circunstancia que sitúa la problemática en el campo constitucional y no en el meramente legal. En dichos eventos la acción constitucional dado los derechos en juego resulta más eficaz, actual y supletoria de los mecanismos de defensa ordinarios.”

   En el mismo sentido, en la Sentencia T-125 de 2009 la Corte precisó:

   “Esta Corporación (T-198 de 2006 y t1058 de 2007) ha señalado en su reiterada jurisprudencia que, en principio, la acción de tutela no es el instrumento procesal idóneo para solicitar de una autoridad judicial la orden de reintegro a determinado empleo, pues el ordenamiento jurídico ofrece a los trabajadores acciones judiciales específicas cuya competencia ha sido atribuida a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

   “La Corte ha indicado con precisión (T 576 de 2008), que esta regla general, la cual se sigue del principio de subsidiariedad que condiciona la procedibilidad de la acción de tutela, debe ser matizada en aquellos eventos en los que el solicitante se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta y, adicionalmente, en los supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico confiera al sujeto estabilidad laboral reforzada.”

   “Se arribó a esta conclusión debido a que, si bien no existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del trabajo o un término mínimo de permanencia en él, gracias a la acentuada protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en atención a las circunstancias particulares en que se encuentran, las cuales dificultan el pleno goce de los derechos fundamentales, se impone el reconocimiento del “derecho a una estabilidad laboral reforzada”. Es éste el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas con limitaciones, entre otros, cuyo despido debe ser previamente autorizado por la oficina del trabajo o el juez. En este caso, por ser sujetos de especial protección, como ya ha sido señalado, la Corte considera procedente su solicitud de reintegro en sede de tutela.”

   Sin embargo, para que en estos casos proceda efectivamente dicho reintegro se deberá tener plena certeza de (i) la existencia de un despido sin justa causa que genera la presunción de haberse presentado con ocasión a la situación de salud o discapacidad en que se encuentre el trabajador[5], y (ii) de la omisión por parte del empleador en la solicitud del permiso para el despido ante el Ministerio del Trabajo.

   Por último, cuando se concede la acción constitucional se hace en la medida en que aventaja al mecanismo ordinario de defensa judicial por resultar más eficaz, frente a las circunstancias particulares del actor para cada caso concreto.

4. Pago de incapacidades médicas por parte de la EPS. Reiteración de jurisprudencia.[6]

   Las incapacidades laborales se han consagrado en el ordenamiento constitucional como un medio para garantizar la debida recuperación de la salud del trabajador[7]. Tal pago le permite cumplir con las medidas de reposo ordenadas por su médico tratante, sin que esta situación afecte su subsistencia ni la de las personas que dependan de él[8].

   En los decretos reglamentarios de la Ley 100 de 1993 se prevén situaciones especiales en las cuales corresponde a la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador el pago de las incapacidades: (i) al trabajador (dependiente o independiente) que haya cotizado ininterrumpidamente al sistema de seguridad social mínimo las cuatro semanas anteriores a la ocurrencia de la incapacidad[9] y (ii) al empleador (en el caso de los trabajadores dependientes o él mismo, en el evento de que se trate de un trabajador independiente) cuando haya pagado de manera oportuna las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha de causación del derecho de manera completa[10], frente a las cotizaciones de todos sus trabajadores, por lo menos durante el año anterior a la fecha de causación del derecho.[11]

   Ahora bien, aún cuando el empleador haya pagado de manera tardía o incompleta las cotizaciones en salud de un trabajador, y la EPS no lo haya requerido para que lo hiciera, ni hubiere rechazado el pago realizado, se entenderá que ésta se allanó en la mora del empleador y por tanto se encuentra obligada a pagar la incapacidad o incapacidades laborales generadas.

   En conclusión, el pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones legales. Este pago no solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en una garantía de salud para el trabajador, quien podrá recuperarse de manera satisfactoria, sin ostentar preocupación alguna de reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia.

   De manera que es el trabajador quien tiene el derecho a que se le retribuyan sus servicios proporcionándole en igual medida un justo trato durante el tiempo en que permanece involuntariamente inactivo a causa de sus quebrantos de salud, pues en caso contrario el no pago de una incapacidad médica constituye, el desconocimiento de un derecho de índole laboral, generando incluso la violación de derechos fundamentales como la vida, la salud y el mínimo vital, en los eventos en que ese ingreso sea la única fuente de subsistencia para la persona y su familia.

5. Procedimiento de calificación de invalidez a empleados que han sufrido disminución de sus capacidades laborales

   La Corte Constitucional, en concordancia con lo consagrado en los artículos 13 y 47 superiores, ha establecido una protección reforzada a las personas con discapacidad[12] o que han disminuido su desempeño laboral como causa de afecciones de salud adquiridas durante su trabajo o empeoradas a causa de este.

   Al dar aplicación a las cláusulas constitucionales que garantizan la protección especial de la cual son titulares las personas con discapacidad se logra una materialización real de los derechos fundamentales, se equiparan al resto de la sociedad en condiciones de igualdad, y se consigue la toma de medidas tendientes a remover las trabas que impiden la adecuada integración en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia T-823 de 1999, la Corte se refirió al tema en los siguientes términos:

   “6. En el curso de la historia, las personas discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o simplemente sufre una dolencia que le impide vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos sociales – económicos, artísticos, urbanos -, se ve abocado a un proceso difuso de exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la carga que debe soportar.”

   Concordante con ello, el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, que modifica el artículo 41 de la ley 100 de 1993, contempla lo siguiente:

   "Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral”.

   “Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.

   En tal sentido, en razón a la protección especial de los trabajadores que han sufrido una disminución en su capacidad laboral, se les deberá garantizar una valoración y la respectiva calificación por parte de cualquiera de las siguientes entidades: (i) el Instituto de Seguros Sociales, (ii) las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, (iii) las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte; y, (iv) las Entidades Promotoras de Salud, EPS; para así poder determinar el estado en que se encuentra el afectado y dar una garantía adecuada de acuerdo al estatus de protección constitucional otorgado.

7. Análisis del caso concreto

   7.1 El señor L.A.V.T. interpone acción de tutela por considerar que fue despedido sin justa causa, en condiciones de debilidad manifiesta por su estado de salud y omitiendo el debido proceso.

   Solicita ser reintegrado y reubicado en su trabajo como picador en minas de carbón, e indica que se ha desempeñado en tal actividad laboral desde el año 2000 con diferentes empleadores.

   7.2 En primera y segunda instancia le fue denegada la solicitud de reintegro debido a que dentro del expediente obra un escrito de renuncia presentado por el señor L.A., situación que no fue desvirtuada por la apoderada en ningún momento.

   Sin embargo, debido al estado de salud demostrado por el accionante se le concede el pago de las incapacidades debidas por la EPS y la inmediata calificación por parte de la ARP Positiva, por considerarse sujeto de especial protección en razón a los diferentes accidentes de trabajo reportados.

   7.3 La S. advierte que efectivamente el accionante se encuentra en delicado estado de salud, a causa de los múltiples accidentes que ha sufrido durante su desempeño laboral[13]. En consecuencia se hace acreedor del estatus de sujeto de especial protección Constitucional.

   Esto conlleva a que la protección en sede de revisión se dé por el sólo hecho de encontrarse dentro de la categoría de amparo prevista en la ley hacia las personas en circunstancia de debilidad manifiesta. Lo anterior, permite que el juez de tutela pueda brindar tal protección argumentado en un conjunto más amplio de elementos fácticos ampliando el margen de decisión, y garantizando la protección del derecho fundamental amenazado o su restablecimiento cuando hubiese sido vulnerado.

   7.4 En cuanto al pago de incapacidades otorgado tanto por el juez de primera como el de segunda instancia, considera la S. necesario su reconocimiento por cuanto (i) hay plenos soportes de los diferentes accidentes laborales sufridos durante su trabajo, (ii) tal pago sustituye el salario, el cual asegura el descanso del trabajador por medio del cual se garantiza su recuperación[14], y (iii) su omisión ocasiona en el accionante la obligación de soportar una carga que no le corresponde, máxime cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional.

   En consecuencia, la S. ordenará a Saludcoop EPS, que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice los trámites pertinentes, a fin de poder cancelar las incapacidades debidas al accionante, si aún no lo hubiere efectuado.

   7.5 Ahora bien, frente a la calificación de invalidez del señor L.A. la S. observa lo siguiente:

   i) Se encuentra probado su delicado estado de salud a causa de la actividad laboral que desempeñaba[15].

   ii) Sufrió varios accidentes de trabajo que fueron reportados en debida forma y respecto de los cuales no se ha procedido a realizar la calificación.

   iii) Según lo consagrado en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 que modifica el artículo 41 de la ley 100 de 1993[16], al ser el accionante un sujeto de especial protección constitucional, no debe soportar la demora en el trámite que se presenta entre las entidades encargadas de la seguridad social y el empleador.

   En consecuencia, la S. ordenará a la ARP que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, realice la respectiva calificación de pérdida de capacidad laboral, determinando el origen de la misma, previa programación con el accionante.

   7.6 En cuanto a la solicitud de reintegro, a folio 31 del expediente, se observa un documento según el cual renuncia el accionante en los siguientes términos:

   S.J. de Cúcuta, 15 de Diciembre de 2009

   Señores

   MINTRANS LTDA

   Ciudad

   Asunto: Renuncia Voluntaria

   Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de presentar mi renuncia irrevocable al cargo que desempeño en tan prestigiosa empresa.

   El motivo de mi renuncia es voluntaria agradezco de antemano la oportunidad laboral brindada.

   Agradeciendo la atención prestada,

   (…)

   Por lo anterior, se tornaría improcedente el reintegro del empleado, en la medida en que con lo aportado por la parte accionante, no se logra desvirtuar dicha renuncia.

   No corresponde examinar mediante tutela si el acto de renuncia eventualmente se encuentra incurso en una causal de nulidad por vicios del consentimiento, debido a que para poder llegar a tal conclusión se hace necesario desplegar un amplio y complejo debate probatorio que ofrezca certeza sobre la real situación del trabajador. Por tanto, la manera adecuada de resolver las controversias sobre el particular, es iniciar el debate ante el juez ordinario laboral, sin perjuicio de garantizar por este medio la protección debida, en circunstancias de vulnerabilidad.

En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,