Auto nº 1056/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
| Ponente | Diana Constanza Fajardo Rivera |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2021 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-835 |
Auto 1056/21
Referencia: expediente CJU-835.
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Civil del Circuito de Honda y el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 12 de enero de 2021,[1] el apoderado judicial del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. presentó demanda ejecutiva en contra de Medimás E.P.S. S.A.S.[2] El demandante pretendió que se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de $286.858.104, correspondiente a 1554[3] facturas cambiarias derivadas de dos contratos suscritos entre las partes[4]. Según afirmó el demandante, a partir de dichos contratos, el Hospital San Juan de Dios de Honda prestó los servicios de urgencias, hospitalización y otros a los afiliados de la E.P.S. demandada; y agregó que, las mencionadas facturas cambiarias fueron aceptadas por la demandada entre septiembre y diciembre de 2019 sin ninguna objeción, a pesar de lo cual incumplió con el pago de estas en el plazo pactado.
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El Juzgado 1° Civil del Circuito de Honda, a través de Auto del 21 de enero de 2021,[5] resolvió rechazar la demanda por falta de jurisdicción y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Ibagué para su reparto. Sostuvo que, al estar demostrado que lo que se pretende ejecutar son contratos estatales de prestación de servicios suscritos entre las partes del proceso, a través de facturas exigidas para el pago de las obligaciones en el contraídas y que la parte ejecutante es una empresa social del Estado, su conocimiento le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con los artículos 104 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA).[6]
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Por su parte, mediante auto del 19 de marzo de 2021,[7] el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. Argumentó que, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de la ejecución de títulos valores pese a que tengan su origen en la celebración de un contrato estatal, de conformidad con el Artículo 297 del CPACA. Agregó que, del escrito de la demanda se evidencia que la voluntad del demandante es la ejecución de los títulos valores constitutivos en facturas y no los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, toda vez que la obligación nace del título valor.[8]
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.[9]
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En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver
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Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[10] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[11] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[12] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[13]
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La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo). (ii) El conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda presentada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda en contra de Medimás E.P.S. S.A.S. (presupuesto objetivo). (iii) Ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Honda invocó los artículos 104 y 297 del CPACA. Por su parte, el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué citó el Artículo 297 del CPACA (presupuesto normativo).
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La Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer controversias enmarcadas en la ejecución de obligaciones contenidas en títulos valores derivados de un contrato estatal
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De conformidad con el numeral 2 del Artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública (…)”, y el numeral 6 del mismo Artículo, establece que dicha Jurisdicción también conoce de los procesos “ejecutivos (…) originados en los contratos celebrados por esas entidades.”
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Por su parte, el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993[14] establece que, “[s]on contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…).”
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Al respecto, la Sala Plena, en el Auto 403 de 2021[15] concluyó que cuando se trate de las mismas partes que suscribieron el negocio jurídico, la jurisdicción competente para dirimir la controversia de naturaleza ejecutiva será la misma que conoce de las demás controversias derivadas del contrato que le dio origen a la creación o transferencia del respectivo título-valor.[16] Por el contrario, cuando se verifique que las partes del proceso ejecutivo no son las mismas del negocio jurídico que le dio origen a la emisión y/o transferencia del título -por haber ocurrido la transferencia del mismo mediante el endoso y con buena fe exenta de culpa- debe predicarse la autonomía del derecho incorporado por la entidad estatal, respecto del nuevo tenedor del título-valor; caso en el que la jurisdicción competente no podrá ser la de lo Contencioso Administrativo, sino que deberá ser la Jurisdicción Ordinaria.
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Traer a referencia el anterior pronunciamiento es pertinente en esta ocasión porque, pese a que en dicha ocasión se resolvió un conflicto interjurisdiccional en el marco de una litigio en el que el extremo demandado era la entidad pública obligada al pago de unas facturas de venta derivadas de un contrato estatal, mientras que en esta oportunidad la entidad pública es quien ha emitido las facturas de venta y funge como demandante, lo cierto es que en dicho pronunciamiento jurisprudencial quedó claro que el criterio dirimente al momento de determinar la competencia jurisdiccional en asuntos como el de la referencia no es el rol que la entidad pública cumple dentro del proceso ejecutivo (demandante o demandado), sino el hecho de que el título-valor sobre el cual versa la pretensión de ejecución se derive de un contrato estatal, en los términos antes reseñados.
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En conclusión, cuando se pretende ejecutar un título-valor derivado de un contrato estatal, y el litigio esté trabado entre las mismas partes que suscribieron tal negocio jurídico, la competencia es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que, de conformidad con los numerales 2 y 6 del Artículo 104 del CPACA a dicha Jurisdicción le corresponde conocer los procesos originados en contratos estatales, siendo éste un criterio fundamental para definir el juez natural.
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La competencia para conocer la demanda presentada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
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En la medida que en el presente caso la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda presentó una demanda ejecutiva en contra de Medimás E.P.S. S.A.S., por la presunta insatisfacción de una obligación contenida en facturas de venta derivadas de contratos estatales suscritos por las partes, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Toda vez que, de conformidad con los numerales 2 y 6 del Artículo 104 del CPACA cuando se trate de un proceso ejecutivo, originado en un aparente incumplimiento de un contrato estatal, la competencia se le asignará a dicha Jurisdicción.
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En el presente caso se observa que el Hospital San Juan de Dios de Honda, en calidad de empresa social del Estado, esto es, una entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,[17] suscribió contratos de prestación de servicios con Medimás E.P.S. S.A.S. En el marco de esa relación contractual, surgieron los títulos (facturas cambiarias) que se pretenden ejecutar mediante la demanda del asunto, que busca hacer efectivo el pago del derecho ahí incorporado. Así las cosas, es claro que en el presente caso la competencia es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de una controversia derivada de contratos estatales.
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Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué conocer la demanda ejecutiva laboral presentada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda en contra de Medimás E.P.S. S.A.S. Asimismo, la Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
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Regla de decisión: cuando se pretende ejecutar títulos- valores derivados de contratos estatales, por una de las partes que suscribió dicho contrato, la competencia será de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 6 del Artículo 104 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Civil del Circuito de Honda y el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué y DECLARAR que el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda en contra de Medimás E.P.S. S.A.S.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-835 al Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado 1° Civil del Circuito de Honda.
N., comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Presidente
Ausente con excusa
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Ausente con permiso
C.P.S.
Magistrada
Ausente con excusa
J.F.R. CUARTAS
Magistrado
Ausente con permiso
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Constancia de reparto. Documento digital “02CorreoReparto”, P. 1.
[2] La demanda consta en el documento digital “03EscritoDemandayAnexos”, pp. 182-233.
[3] Documento digital “Anexo A - Facturas cambiarias”.
[4] Contratos “DC-1319-2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO, con su respectivo otro sí” y “DC-0370-2017 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, con su respectivo otro sí”. Documento digital “03EscritoDemandayAnexos”, Pp. 111-163.
[5] Documento digital “04AutoDeclaraFaltaJurisdiccion”, Pp. 1-3.
[6] Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[7] Documento digital “04AutoDeclaraFaltaCompetenciaProponeConflictoNegativo”, Pp. 1-5.
[8] El asunto fue remitido mediante correo electrónico a la Corte Constitucional el 8 de abril de 2021. El 25 de mayo de 2021 la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió el asunto de la referencia para su sustanciación al Despacho de la magistrada D.F.R.. El expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través de acta secretarial del 9 de junio de 2021.
[9] “ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.”
[10] Auto 155 de 2019. M.L.G.G.P..
[11] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[12] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).
[13] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
[15] M.C.P.S.. En esa oportunidad la Sala Plena conoció el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 3° Administrativo Transitorio en Oralidad del Circuito de Duitama y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soatá, suscitado en el proceso ejecutivo que pretendía el cobro de unas facturas cambiarias aceptadas por la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, a partir de un contrato de suministro de medicamentos.
[16] La Sala explicó que, en virtud del artículo 784.12 del Código de Comercio: “la autonomía de los derechos incorporados en los títulos-valores no se predica en tratándose de las mismas partes que intervinieron en la creación y/o transferencia del título (es decir, en la incorporación del derecho en este)”. Por ese motivo, “la jurisdicción competente deberá ser definida atendiendo a si las partes del proceso ejecutivo cambiario son o no las mismas de la relación jurídica subyacente que le dio origen a tal creación y/o transferencia (o sea, a la incorporación del derecho en el título-valor).”
