Auto nº 1085/22 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2022

Hechos[5]

1. El señor N.S.C. falleció el 2 de octubre de 2002, momento para el cual era pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales.[6] Como pretendidas beneficiarias del causante acudieron a reclamar simultáneamente la sustitución pensional en sede administrativa: (i) G.A.G. de S., en calidad de cónyuge, (ii) M.C. de S., en condición de cónyuge, (iii) L.Á.D.F., en calidad de compañera permanente y (iv) M.C.F., actuando como madre del pensionado. Ante la controversia suscitada entre las cuatro solicitantes de la prestación, el ISS suspendió el trámite de reconocimiento pensional hasta tanto se decidiera judicialmente a qué persona o personas correspondía la titularidad del derecho.[7] En concepto de la entidad, era indispensable detener la definición de las reclamaciones dado que no resultaba posible establecer de manera cierta si realmente existía alguien con mejor derecho para reclamar la pensión,[8] sumado a que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca había alertado sobre la presencia de una denuncia por parte de la señora D.F. en relación con potenciales irregularidades en la reclamación de la prestación sustitutiva, especialmente acerca de “una presunta falsedad de las partidas notariales de matrimonio aportadas en las reclamaciones de la señoras [M.C.R. y G.A.G.O..”[9]

2. Para definir la titularidad del derecho pensional en discusión, la señora G.A.G. de S. inició un proceso ordinario laboral en contra del ISS, en el cual se incluyó como litisconsorte necesaria, entre otras, a la ciudadana L.Á.D.F.. En primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali ordenó a C. el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en un 87.82% a favor de la señora G.A.G. de S., en calidad de cónyuge del asegurado,[10] y el 12.18% restante en beneficio de L.Á.D.F., en su condición de compañera permanente.[11] La solicitud de reconocimiento de intereses moratorios fue negada.[12] En sede de apelación,[13] la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali modificó el fallo de primer grado, en el sentido de conceder intereses moratorios en favor únicamente de G.A.G., a partir del 2 de octubre de 2002 por valor de $2.929.076.962. Para sustentar tal determinación, indicó que su cancelación era procedente ante la existencia de un “retardo”[14] en el reconocimiento de las mesadas correspondientes, conforme lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.[15]

3. La Administradora Colombiana de Pensiones -C.- interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a fin de que se protegieran sus derechos a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.[16] En su criterio, al modificar la decisión proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, en el sentido de ordenar el pago de intereses moratorios, el Tribunal no aplicó ni interpretó de manera adecuada el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, habría incurrido en (i) un “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial” fijado en la materia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que establece la improcedencia del reconocimiento y pago de estos valores cuando la entidad de seguridad social ha tenido serias dudas sobre la titularidad del derecho prestacional, por existir controversias entre los posibles beneficiarios, (ii) una decisión sin motivación, debido a que no justificó en forma suficiente y transparente por qué se apartó de dicha jurisprudencia y, por tanto, (iii) al reconocer sumas de dinero en cuantías excesivas amenazó gravemente el patrimonio público, vulnerando de manera directa la Constitución.

   Trámite de las instancias[17]

4. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó las vinculaciones respectivas.[18] En el término de traslado, intervino (i) el Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en defensa del orden jurídico y el patrimonio público, (ii) la señora G.A.G. y (iii) la vinculada L.Á.D.F.. Esta última advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, procedimental absoluto, orgánico, fáctico y desconocimiento del precedente, fundamentalmente, al (i) aplicar la normativa equivocada para dirimir el conflicto prestacional, esto es, el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pese a que no se encontraba vigente al momento de causación del derecho; (ii) a partir de ello dar por sentado que debía reconocerse la existencia de una convivencia simultánea del causante con su cónyuge y compañera permanente para asignar proporcionalmente la titularidad del beneficio económico, omitiendo que la primera no cohabitó con el pensionado durante los últimos años de su vida; (iii) atribuirle a G.A.G. la calidad de compañera permanente del pensionado sin el debido reconocimiento judicial, (iv) omitir la valoración de la conducta fraudulenta por parte de la citada ciudadana en su intención de solicitar el pago de la sustitución pensional y (v) desechar las sentencias con efectos erga omnes que refirió para la resolución del asunto.

5. El 25 de junio de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “negó” la acción de tutela. Señaló que no se atendió el presupuesto de inmediatez toda vez que entre la fecha en la que se profirió la sentencia laboral de segunda instancia, el 31 de mayo de 2017, y la interposición del amparo, el 31 de mayo de 2019, transcurrieron dos años, lapso que descartaba la posibilidad de “un riesgo inminente sobre los derechos de la tutelante, que [requiriera de la adopción de medidas urgentes por parte del juez constitucional.”[19] Advirtió que, además, la salvaguarda solicitada era improcedente, porque “la accionante no interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, [en] los términos del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.”[20]

6. C. impugnó esta determinación.[21] Entre otras cosas, manifestó que el presupuesto de inmediatez sí se atendió, entendiendo que la ejecutoría de la sentencia debatida inició tan pronto se resolvió una solicitud de adición presentada contra la misma y, en todo, caso la vulneración alegada se había extendido en el tiempo. Además que el recurso extraordinario de casación impedía mitigar oportunamente el riesgo existente sobre el erario público.

7. El 9 de septiembre de 2019, la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. En su concepto, “el mecanismo procedente para cuestionar la referida decisión judicial, no es otro diferente que el de casación, del cual no se hizo uso.”[22]

   Actuaciones en sede de revisión[23]

8. Mediante Auto del 19 de diciembre de 2019, la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional seleccionó el asunto[24] y, previo sorteo, lo asignó al despacho del magistrado C.B.P. para su sustanciación. Posteriormente, el proceso fue rotado a la magistrada D.F.R..[25] En el marco de la revisión adelantada por esta Corporación, la señora L.Á.D.F. intervino para señalar que tanto el proceso ordinario laboral como el trámite de tutela estuvieron precedidos de providencias “proferidas irregularmente o [que atentaron] contra los derechos fundamentales y contra la majestad de la justicia.”[26] Lo anterior, en la medida en que (i) los jueces de la causa desatendieron las conductas fraudulentas y dolosas desplegadas por dos ciudadanas reclamantes de la sustitución pensional, sin ponerlas en conocimiento de una autoridad judicial y (ii) junto con los defectos reseñados en el escrito de contestación a la acción de tutela, la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali incurrió en un error inducido y en una ausencia de motivación. A través de Auto del 17 de febrero de 2021, se solicitó información a los distintos involucrados en el trámite, obteniendo respuestas de C., el Procurador 2 Judicial I para Asuntos Laborales, la Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Direccional Seccional de Fiscalías de Cali.

   La decisión[27]

9. La Sala Primera de Revisión, de manera preliminar, abordó el análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se detuvo especialmente en la valoración del presupuesto de subsidiariedad.[28] Entendió que la discusión giraba en torno a la necesidad de proteger con urgencia el patrimonio público, pues potencialmente este podía resultar gravemente comprometido de procederse con el pago de la condena por concepto de intereses de mora, de manera que resultaba razonable, en defensa de la Constitución y en aras de evitar un riesgo de perjuicio irremediable, derivado de las particularidades específicas del caso concreto, intervenir rápida y excepcionalmente en la definición del asunto.[29] Al adentrarse en el fondo del debate, la Sala indicó que debía determinar si la decisión de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de reconocer el pago de unos intereses moratorios en cuantía que, para ese entonces, ascendía a $3.372.505.845, incurrió en un desconocimiento del precedente y/o en una decisión sin motivación, porque omitió tener en cuenta que el máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria laboral ha considerado que el pago de dichos valores es improcedente cuando la entidad de seguridad social ha suspendido el trámite de reconocimiento pensional mientras se define judicialmente, al tener serias dudas sobre la titularidad del derecho debido a las controversias originadas entre los posibles beneficiarios.[30]

10. En respuesta al problema planteado, la Sala encontró que la providencia censurada no adelantó un ejercicio argumentativo razonable y suficiente de los hechos particulares del caso y de la jurisprudencia aplicable, por consiguiente, los reparos de C. eran acertados. Indicó que el Instituto de Seguros Sociales, hoy C., se vio en la imposibilidad de resolver el requerimiento prestacional invocado por cuatro ciudadanas, pues tenía dudas seriamente consolidadas relacionadas, inclusive, con presuntas irregularidades que reposaban en los documentos aportados por estas para soportar su calidad de legítimas beneficiarias de la prestación reclamada. Esta circunstancia, per se, era suficiente para suspender el trámite de reconocimiento promovido y esperar a que un juez de la República se pronunciara, con carácter definitivo, mediante sentencia debidamente ejecutoriada. Materialmente, a la luz del precedente judicial fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ello implicaba que resultaba inviable atribuirle a C. el pago de intereses moratorios que no contaban con respaldo jurídico, sobre todo porque, a diferencia de lo sostenido por la accionada, no le era imputable un retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones pensionales[31] y, por tanto, el desembolso de la condena comprometía gravemente el interés público dado que podía originar la defraudación del erario.

11. Así, se revocaron las decisiones de tutela de instancia que “negaron” el amparo invocado; en su lugar, se concedió transitoriamente la protección solicitada y se dispuso que mientras la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia definía la suerte de la acción especial de revisión que había sido radicada por el Ministerio Público para cuestionar precisamente la validez jurídica de la providencia proferida por el Tribunal accionado, debía suspenderse transitoriamente la ejecutabilidad de dicho fallo, en lo tocante únicamente al reconocimiento de los intereses de mora, pues solo ese aspecto fue objeto de disputa en sede de tutela.[32] Se advirtió que dicha Corporación de Justicia tenía en sus manos la definición con carácter inmodificable de la controversia, pues gozaba de la competencia para afrontar aquellos cuestionamientos jurídicos en contra de decisiones judiciales que podían acarrearle considerables perjuicios económicos a la Nación. Finalmente, en aplicación del mandato general contenido en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009,[33] se dispuso que dicha decisión debía adoptarse con premura y celeridad ante la sensibilidad y trascendencia superior de la materia bajo su conocimiento.

12. Con todo, ante la ineficiencia judicial de C. en la defensa de los intereses comprometidos en el asunto, especialmente, en la buena gestión y destinación de los limitados dineros correspondientes a la Nación, en términos de transparencia, la Sala de Revisión encontró pertinente advertirle que, en su condición de entidad financiera del Estado, titular del ejercicio de la función pública y garante del “interés, también público, que a ella es inherente”[34] debía asumir un rol activo y oportuno en su debida salvaguarda.[35]

    Actuaciones surtidas y decisiones adoptadas con posterioridad a la Sentencia T-148 de 2021

13. Con posterioridad a la emisión de la Sentencia T-148 del 20 de mayo de 2021, la ciudadana L.Á.D.F. presentó solicitud de adición del mencionado fallo, dado que “algunos puntos [determinantes] de la controversia” no fueron considerados al tomar la decisión de tutela. Puntualmente, explicó que la Sala de Revisión (i) entendió desacertadamente que la tutela tuvo como único extremo activo a C., lo que condujo a que el control concreto se enfocara en los intereses de la entidad pública. Por consiguiente, el juicio de constitucionalidad se desarrolló desatendiendo su calidad de accionante y, por tanto, ignorando sus legítimos reclamos; (ii) se guardó silenció frente al despliegue de las conductas punibles que rodearon, en su criterio, la reclamación de la sustitución pensional del causante N.S.C. y (iii) se cercenó su derecho a la defensa al ignorar que, en su momento, presentó oposición frente al contenido de las decisiones de primera instancia adoptadas en el trámite ordinario laboral y de tutela.

14. Mediante Auto 1188 del 13 de diciembre de 2021,[36] la Sala Primera de Revisión rechazó por improcedente la solicitud. Estimó que, aunque había sido promovida por quien en el trámite de la tutela fungió como tercero con interés legítimo, no se satisfizo el presupuesto de oportunidad ni de carga argumentativa. Frente al primero, encontró que la providencia de revisión fue notificada por la autoridad de tutela de primera instancia mediante correo electrónico del lunes 31 de mayo de 2021, por lo que el término de ejecutoría transcurrió entre el martes 1 y jueves 3 de junio de 2021, pese a lo cual la solicitud se presentó el viernes 4 de junio de 2021 y el domingo 6 de junio siguiente. Se advirtió que en un entendimiento más flexible del requisito donde se tomara en consideración la notificación por aviso del fallo, el 1 de junio de 2021, tampoco se verificaba una actuación dentro del plazo legal de oposición, pues los escritos contentivos de la adición se presentaron por fuera de la hora y del día judicial habilitado para su recepción.[37] En este punto, la Sala reflexionó que la aproximación del análisis del presupuesto formal partía principalmente de comprender que el envío del correo electrónico, utilizado durante el trámite del proceso constitucional, se erigía en un mecanismo de notificación expedito que determinaba el plazo para ejercer oportunamente la defensa, sin embargo, podría llegar a considerarse “en atención a las circunstancias particulares, un conteo de términos distinto, pero, en todo caso, garante del debido proceso.”

15. Aun cuando el análisis anterior resultaba suficiente para rechazar la petición, con el ánimo de dotar la decisión de mayor motivación se valoró el requisito de fundamentación, encontrándose que la solicitud de complementación se incoó con el único propósito de que se adicionara la sentencia en los términos que, a juicio de la solicitante, se hacía necesario. Se le recordó a la ciudadana que (i) en la Sentencia T-148 de 2021 la Corte se pronunció acerca de la totalidad de la litis promovida por quien directamente ejerció la acción constitucional, C., sin que fuese posible adentrarse en el estudio de la presunta lesión de garantías que ella invocaba en calidad de tercero, no de parte;[38] (ii) el establecimiento de un delito correspondía a la justicia penal y (iii) su pretensión buscaba reabrir un debate concluido. En este marco, se le advirtió que contra la presente decisión no procedían recursos.

16. En escrito del 30 de mayo de 2022,[39] L.Á.D.F. promovió incidente de nulidad parcial frente a la Sentencia T-148 de 2021[40] y total con respecto al Auto 1188 de 2021 “por vicios de inconstitucionalidad.”[41] Como línea de defensa principal señaló que aspectos relevantes “sin explicación alguna, fueron sustraídos de obligatorio análisis en la Sentencia de Tutela.”[42] Explicó, en primer lugar, que la providencia no asumió el estudio de los comportamientos ilícitos que rodearon, en su criterio, la reclamación de la sustitución pensional del causante N.S.C..[43] En concreto, “no se ocupó de reflexionar sobre el real fraude procesal –Artículo 453 Código Penal- cometido por G.A.G.O. ante el ISS, del que tuvo sobrado conocimiento a través de lo denunciado insistentemente [durante] todo el trámite de tutela”[44] y en sede ordinaria laboral.[45] Esta “confusión apreciativa”[46] por parte de la Sala de Revisión condujo a que se le imprimiera al debate “una apreciación marital diferente a la que consta en la parte resolutiva de una sentencia ejecutoriada años atrás y que, por lo mismo, su contenido es inmodificable por contar con la garantía de la cosa juzgada.”[47] Ello, al reconocer en la sentencia de revisión a G.A.G. como cónyuge supérstite del causante de la sustitución pensional.

17. En segundo lugar, expresó que la Sala Primera de Revisión desconoció sus manifestaciones de oposición frente a las decisiones de primera instancia adoptadas en el trámite ordinario laboral y de tutela, invisibilizando así su derecho a la defensa y contradicción.[48] Por ejemplo, (i) no tuvo en cuenta la sentencia judicial en la que se declaró la convivencia singular y permanente de ella con el causante, hecho que denotaba su calidad de beneficiaria única de la prestación. Esto condujo a que se creara “en el proceso una artificiosa simultaneidad marital de N. con L.Á. y G.A. completamente divorciada de la realidad establecida en proceso judicial ejecutoriado”[49] y (ii) obvió que la normativa que debía regir el reconocimiento del derecho era la vigente al momento del fallecimiento del causante, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y no el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “disposición ésta inexistente en el momento en que se causó el traspaso del derecho a sustituir.”[50]

18. Igualmente, (iii) dejó de lado “otra evidente e innegable omisión procesal sucedida en la segunda instancia”[51] del proceso ordinario laboral, consistente en no haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta, [52] a pesar de la condena patrimonial a la Nación.[53] En línea con lo anterior, para la ciudadana, otros tantos argumentos consignados en sus escritos de oposición fueron inadvertidos en sede de revisión. En particular, sus reclamos en torno a que (iv) fue condenada en costas, pese a que no fue vencida en juicio y aún más “llamada legalmente por el juzgado a ejercer su derecho constitucional a la defensa”[54] y (v) se le negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia laboral dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali. Todo lo anterior, reflejaba, en su concepto, que “las probadas vulneraciones al debido proceso denunciadas en la ocasión por [ella] fueron ignoradas al momento de resolver la tutela”,[55] e incluso silenciadas en el marco del proceso ordinario laboral.

19. En tercer lugar, para la solicitante de la nulidad, la omisión de “analizar varios puntos expuestos dentro de la controversia”[56] se generó por cuanto la Sala Primera de Revisión circunscribió el examen de la solicitud de amparo a los cuestionamientos y las pretensiones formuladas por C. “como si en el asunto estuviese actuando un solo demandante”,[57] lo que trajo como consecuencia que se descartaran “sus válidas alegaciones sin dar razón alguna para ello.”[58] En particular, la Sentencia T-148 de 2021 no valoró los motivos que invocó sobre la configuración de numerosos defectos materiales emanados de las decisiones laborales. A saber, la presencia de (i) un defecto orgánico;[59] (ii) sustantivo;[60] (iii) procedimental absoluto;[61] (iv) fáctico;[62] (v) decisión sin motivación o “pobreza argumentativa;[63] (vi) desconocimiento del precedente;[64] (vii) inducción al error[65] y (viii) violación directa de la Constitución.[66]

20. En lo relativo a los reproches frente al Auto 1188 de 2021, anunció que, a diferencia de lo sostenido por la Sala Primera de Revisión, la petición de adición allí decidida cumplió con los requerimientos establecidos, especialmente, “sí fue [presentada] dentro del término legal establecido para el efecto.”[67] Manifestó que la “recepción real de la notificación”[68] de la decisión se materializó el 2 de junio de 2021, cuando pudo acceder a una de las cabinas de cómputo que operaban en el barrio donde reside, dado que no contaba con un computador en su hogar; por tanto “no [tenía] la facilidad de estar mirando a todo momento los correos de su interés.”[69] En tal virtud, dando aplicación al artículo 8 del Decreto 806 de 2020,[70] la petición de adición habría sido oportuna al presentarse el 4 de junio siguiente.

21. Por otro lado, indicó que la Sala omitió, en su fundamentación, aspectos relevantes tales como que (i) “la singularidad del concepto de parte no repugna con la posibilidad de que la integren pluralidad de sujetos de derecho”;[71] (ii) los jueces de tutela “deben perseguir la cosa juzgada fraudulenta”[72] y (iii) no puede calificarse de “impertinente e ilegal pedir la adición y complementación de puntos relacionados con fallas procesales que no fueron tenidos en cuenta al momento de resolver los procesos judiciales en que fueron expuestos”[73] pues esto implicaría perpetuar las consecuencias de las omisiones propias de autoridades judiciales.

22. En conclusión, para la solicitante “[t]odos los juzgadores que han tenido a su cargo la definición de las demandas laboral y de Tutela han dejado de lado su papel de garantes de los derechos sustanciales que verdaderamente le asisten [–Artículo] 228 Constitución Política- dentro de los procesos. También se han abstenido de darle prevalencia al debido proceso al momento de actuar y definir”[74] y, en esta vía, no han cumplido “con su compromiso de buscar la verdad como presupuesto para la adopción de decisiones justas.”[75]

23. Mediante oficios A-318 a A-322 de 1 de junio de 2022, la Secretaría General de la Corporación solicitó al juez de primera instancia que certificara lo relacionado con la notificación de la Sentencia T-148 de 2021, y comunicó a los interesados sobre la solicitud de nulidad, en cumplimiento del artículo 106 del Reglamento Interno de la Corte. De la información recibida se destaca que, el 2 de junio de 2022, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó que la providencia fue notificada a las partes y terceros con interés, incluida la señora L.Á.D.F., mediante correo electrónico del día lunes 31 de mayo de 2021. En la fecha mencionada, en concreto a las 4:09 pm, se le remitió a la citada ciudadana el oficio de notificación No. 31134[76] y un archivo que contenía el fallo de revisión.[77]

24. En oposición al incidente propuesto se pronunció la señora G.A.G.O.,[78] vinculada dentro del trámite constitucional. Solicitó su rechazo dado que tanto en el marco del proceso ordinario laboral como en sede de tutela se garantizó el debido proceso. Enfatizó que (i) respecto de las denuncias sobre los supuestos delitos por ella cometidos se presentó el fenómeno de la “preclusión definitiva, definida por funcionario competente”,[79] por lo que las afirmaciones en tal sentido buscaban inducir en error a la Sala de Revisión para que reabriera un debate ya zanjado; (ii) la decisión de la Corte Constitucional se encontraba, por tanto, amparada por la cosa juzgada y debía ser acatada en su integridad y (iii) en tal virtud, la resolución del incidente representaba un “desgaste infundado de la jurisdicción.”[80]

25. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para tramitar y decidir la solicitud de nulidad formulada, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[81] y el artículo 106 del Reglamento Interno.[82] En este sentido, y siguiendo de cerca la metodología anunciada, se ocupara, en primer lugar, de determinar ¿si el incidente presentado por la señora L.Á.D.F. satisface los requerimientos formales de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional? De ser así, establecerá si al dictar la Sentencia T-148 de 2021 y el Auto 1188 de 2021, ¿la Sala Primera de Revisión incurrió en la causal de nulidad alegada por la ciudadana solicitante?

26. La nulidad de las providencias de la Corte Constitucional, en el marco del control concreto de tutela es, por regla general, improcedente, pues esta Corporación ha sido enfática en reconocer los efectos de la cosa juzgada constitucional, que determina el carácter inmutable, vinculante y definitivo de las decisiones impartidas, en garantía del principio de seguridad jurídica.[84] Sin embargo, a partir de una interpretación armónica del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[85] y de la normativa procesal, a la luz de la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, la Sala Plena ha admitido su procedencia excepcional, cuando se verifica la existencia de una violación ostensible, probada, significativa y trascendental a esta garantía, que tenga repercusiones sustanciales y directas sobre la decisión o sus efectos.[86]

27. En garantía de la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una providencia de la Corte Constitucional tiene características muy particulares, por cuanto obedece a situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales que tan sólo pueden provocar su anulación cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los juicios constitucionales -que no son otras que las previstas en los Decretos 2067 y 2591 de 1991- han sido quebrantadas de manera notoria y flagrante. Es decir, tiene lugar cuando se demuestra una lesión grave y relevante del debido proceso derivada de la determinación.[87] Por lo anterior, el incidente de nulidad no puede ser utilizado como un recurso nuevo o una instancia adicional que permita analizar la corrección jurídica de la tesis expuesta en la providencia censurada, reabrir el debate argumentativo de fondo del caso respectivo o rebatir la valoración probatoria que esta Corporación, como órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, realizó en su momento. Tampoco es un medio para ventilar desacuerdos originados en la controversia que fue objeto de discusión y decisión por parte de este Tribunal.[88]

28. En este orden de ideas, dado su carácter extraordinario, las solicitudes de nulidad deben cumplir un conjunto de presupuestos formales de procedencia y, en caso de superarlos, una serie de requisitos materiales. En cuanto a los formales, que interesan particularmente en la presente ocasión, se han establecido tres condiciones. En primer lugar, la legitimación para actuar lo que implica que el solicitante tenga interés directo como parte o tercero afectado por la decisión cuya nulidad se discute.[89]

29. En segundo lugar, la presentación oportuna de la solicitud, esto es, dentro del término de ejecutoria, que transcurre durante los tres días siguientes a la notificación de la decisión objeto de cuestionamiento,[90] salvo que se trate de un vicio que se configura antes de la expedición de la providencia en cuyo caso debe ser alegado previo a que esta sea comunicada. Ahora bien, dado que el presente incidente fue promovido en vigencia del Decreto legislativo 806 de 2020,[91] aplicable a los trámites de tutela, en particular para analizar la oportunidad de las solicitudes de nulidad cuando la notificación se hubiera realizado mediante el envío de un “mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado”,[92] es necesario precisar que, según el inciso 3 de su artículo 8°, el simple envío del mensaje de datos no perfecciona la notificación personal, dado que esta “se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.”[93]

30. En tercer y último lugar, se debe explicar de forma clara, coherente, calificada y seria la causal o las causales de nulidad invocadas; cuáles son los preceptos constitucionales presuntamente transgredidos, así como su incidencia directa en la decisión proferida, en una argumentación tendiente a demostrar que la providencia contiene irregularidades que vulneran intensamente el debido proceso. Este presupuesto no se satisface con la presentación de razones y/o interpretaciones jurídicas diferentes a las contenidas en el pronunciamiento censurado, ni con la expresión de inconformidad del interesado con la determinación adoptada.[94] Este requisito se cifra en el deber de asumir una “carga argumentativa” calificada por parte del solicitante. En consecuencia, el incidente no constituye una oportunidad procesal mediante la cual se pueda proferir otra decisión sobre la controversia jurídica ya dirimida “por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en su Sala Plena o en sus respectivas Salas de Revisión de tutela.”[95]

31. Por lo tanto, la solicitud de nulidad de una providencia proferida por esta Corte debe encontrarse ajustada a unos parámetros argumentativos, a saber:[96] (i) debe ser clara, presentar una exposición lógica de las razones por las cuales se cuestiona la decisión. Esto supone que el solicitante señale de forma inteligible las casuales de nulidad y su incidencia en el pronunciamiento proferido;[97] (ii) expresa, lo que implica que debe fundarse en contenidos objetivos y ciertos de la providencia cuestionada y no en interpretaciones subjetivas de la decisión o de la jurisprudencia constitucional; (iii) precisa, toda vez que los cuestionamientos deben ser concretos, no simples juicios generales e indeterminados acerca de la irregularidad alegada;[98] (iv) pertinente, por cuanto la controversia debe estar referida a una vulneración grave del debido proceso, no a reabrir el debate jurídico o probatorio concluido y (v) suficiente, en la medida en que la argumentación ofrecida debe aportar los elementos necesarios que permitan evidenciar la existencia de una presunta irregularidad violatoria del debido proceso.[99]

32. En suma, si la solicitud en cuestión supera estos tres presupuestos mencionados para que dé lugar a un pronunciamiento excepcional sobre la nulidad, debe verificarse que cumpla con los requisitos materiales de procedencia, que han sido suficientemente estudiados por este Tribunal.[100] En caso contrario, de no superar los requisitos formales, la solicitud se rechazará por improcedente.

33. Es importante precisar, además, que en materia de peticiones de nulidad contra autos proferidos por la Corte Constitucional, se ha establecido que, en principio, se tornan improcedentes cuando se dirigen contra decisiones de simple trámite,[101] que resuelven una solicitud de nulidad o se promueve en contra del auto de selección.[102] Sin embargo, comprendiendo que, en ocasiones, “rechazar de plano [una] solicitud presentada dejaría sin control actuaciones que pueden llegar a constituir violación del derecho fundamental al debido proceso”[103] las solicitudes de nulidad contra los autos “pueden ser objeto de estudio [y eventualmente proceder] si se argumenta de manera suficiente la existencia de violaciones manifiestas y reales del derecho al debido proceso, razón por la cual no pueden equipararse a los [incidentes] de nulidad formulados contra sentencias proferidas por este Tribunal.”[104]

3. La solicitud de nulidad contra la Sentencia T-148 de 2021 y el Auto 1188 de 2021 incumple los requisitos formales, pues no satisface el presupuesto de presentación oportuna ni de carga argumentativa

34. A partir de lo dicho, es necesario verificar si el requerimiento de nulidad cumple con las condiciones formales previamente mencionadas. En primer lugar, se tiene que no existe objeción alguna en lo que atañe a la legitimación para actuar, en la medida en que el incidente fue promovido por quien en el marco de la Sentencia T-148 de 2021 fungió como tercero con interés legítimo en la actuación constitucional, ante la vinculación que en tal calidad fue ordenada por la autoridad de tutela de primera instancia, en Auto de 13 de junio de 2019.

35. Por su parte, frente al requisito de presentación oportuna de la solicitud, la Sala no encuentra su efectiva acreditación. Para realizar este análisis se tendrá en cuenta que respecto de la Sentencia T-148 del 20 de mayo de 2021 se presentó una solicitud de complementación. De acuerdo con el artículo 302 del Código General del Proceso, “[l]as providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.” Teniendo en cuenta la anterior regla, en esta oportunidad, el requerimiento de adición fue decidido mediante el Auto 1188 del 13 de diciembre de 2021[105] y, en cumplimiento del resolutivo segundo,[106] su contenido fue puesto en conocimiento efectivo de la interesada por parte de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a través de oficio A-011 de fecha miércoles 12 de enero de 2022, remitido a su correo electrónico, junto con copia integral del auto.[107]

36. En aplicación del artículo 8° del Decreto 806 de 2020, debe entenderse que el conocimiento de esta providencia por parte de la señora D.F. se materializó una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos,[108] es decir, para el caso que nos ocupa el viernes 14 de enero de 2022, por lo que partiendo de este momento en que se comprende surtida la notificación de la decisión que resolvió el requerimiento de adición, el término de ejecutoria para radicar el escrito de nulidad transcurrió los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de enero de 2022. No obstante, el incidente, como quedó esbozado con anterioridad, se promovió el 30 de mayo de 2022 y se remitió a esta Corporación al día siguiente (numeral 16 supra), esto es, más de 4 meses después de la fecha límite. En tal virtud, fue presentado por la vinculada de manera extemporánea, por lo que lo adecuado sería rechazar, en este punto, la solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia T-148 de 2021 y el Auto 1188 de 2021.[109]

37. Sin embargo, pese a lo anterior, la Sala estima razonable adentrarse en el estudio del presupuesto de carga argumentativa, a efectos de hacerle frente a los reclamos de la solicitante, quien desde la radicación del expediente de tutela ante la Corte Constitucional ha intervenido cuestionando las distintas decisiones que han rodeado el asunto. En ese sentido, a continuación, la Sala Plena se pronunciará brevemente sobre el particular, anunciando desde ya que tanto la solicitud de nulidad promovida respecto de la Sentencia T-148 de 2021 como del Auto 1188 de 2021 no sustentan una violación al debido proceso, por el contrario, la argumentación presentada busca reabrir una controversia ya resuelta, fundándose en una interpretación propia de resolución del asunto, lo cual demuestra una simple inconformidad con las determinaciones impartidas, reforzando así la improcedencia de la petición.

    Ausencia de fundamentación suficiente respecto de la solicitud de nulidad de la Sentencia T-148 de 2021

38. Se observa que la ciudadana, como línea central de argumentación, anuncia la presunta configuración de una causal de nulidad asociada al hecho de que, en su criterio, la Corte dejó de valorar cuestiones relevantes para resolver el conflicto constitucional. Para la Sala, aunque la señora D.F. identifica un supuesto de nulidad no presenta una exposición lógica y calificada de argumentos dirigidos a cuestionar la providencia por lo cual su solicitud no es clara y suficiente, en los términos de la jurisprudencia constitucional. En concreto, no se derivan de sus planteamientos elementos coherentes y necesarios que justifiquen de qué manera dicha supuesta omisión configuró una irregularidad violatoria del debido proceso y cuál fue su impacto sustancial y directo en la parte resolutiva de la decisión de tutela o en sus efectos. Esta ausencia de precisión en los reparos demuestra que la solicitante se limitó a enunciar, más no a edificar debidamente como le correspondía, la estructuración de una causal autónoma de nulidad emanada del texto de la Sentencia T-148 de 2021, sobre la que pesa la cosa juzgada, además de un efecto general y obligatorio.

39. La petición de nulidad tampoco es expresa ni atiende el parámetro de pertinencia. La solicitante enfatiza en que los reparos jurídicos que manifestó hacia ciertas decisiones judiciales previas a este proceso de tutela no fueron tenidos en cuenta. Esta argumentación no se funda en contenidos objetivos y ciertos de la providencia cuestionada, sino en interpretaciones subjetivas de la decisión, toda vez que en la Sentencia T-148 de 2021, en garantía del derecho de defensa y de contradicción, se consideraron las distintas alegaciones y posiciones que expresó, en su calidad de vinculada, esto es, partiendo de la legítima condición que ostentaba dentro del trámite de tutela y de cara al objeto central de la litis que surgió con la activación de la solicitud de protección de derechos por parte de C.. Inclusive, dos de los defectos materiales por ella alegados como apoyo a quien fue el tutelante -desconocimiento del precedente y ausencia de motivación- fueron declarados.[110]

40. Por lo anterior, los reproches invocados no se refieren a una lesión al debido proceso pues, en esencia, lo que cuestiona la solicitante es que la Sala Primera de Revisión no se haya pronunciado sobre pretensiones individuales adicionales que, asegura, formuló como parte de manera legítima. Sobre este aspecto, se le reitera, primero, que su intervención en el proceso de tutela se produjo y se legitimó en calidad de tercero con interés, lo cual difiere sustancialmente de la posición jurídica de parte[111] y, segundo, que la Corte Constitucional, tratándose del estudio de acciones de tutela contra providencia judicial, ha sido rígida y exigente en afirmar que se centra en la valoración de los reparos formulados por los accionantes o demandantes, es decir, de quienes directamente promovieron y desataron la controversia ante el juez constitucional, en este caso C.. De esta manera, la nulidad que propone la señora L.Á.D.F. está dirigida a refutar la argumentación y el sentido de la sentencia de revisión, a partir de sus diferencias o su completo desacuerdo con el fallo, con lo cual busca reabrir el debate jurídico y probatorio que ya fue concluido. Inclusive, se resalta que las consideraciones que plantea para provocar el incidente son las mismas que empleó, en su momento, en sede de tutela, de revisión y en el marco de la solicitud de adición (consultar los numerales 4, 8, 13 y 16 al 19 supra) lo que denota su insistencia en prolongar una discusión zanjada.

41. Finalmente, la solicitud de nulidad tampoco es precisa, dado que los cuestionamientos presentados no son concretos, sino que obedecen a simples juicios generales e indeterminados sin incidencia trascendente desde el punto de vista constitucional en la validez del control concreto realizado. Así, la solicitante, de un lado, reprocha que en revisión no se haya valorado la configuración de conductas punibles ni procurado su esclarecimiento y, del otro, rebate la hermenéutica normativa y fáctica empleada por los juzgadores laborales en el marco del reconocimiento pensional, además de sus supuestas omisiones procesales.[112] Estos planteamientos demuestran que la ciudadana actúa con la finalidad de discutir “nuevamente los problemas jurídicos planteados” [113] y delimitados por la Sala Primera de Revisión, más no con el propósito real de demostrar, a partir de fundamentos jurídicos consistentes y serios, una vulneración del debido proceso o una irregularidad que afecte el sentido de la decisión y que sobre todo emane directamente del texto de la providencia censurada. Ello no se acompasa con la justificación adecuada de un supuesto de nulidad específico y reafirma el deseo de la ciudadana de proponer, en esta instancia, una tesis de derecho distinta a la acogida que replique sus posturas personales.[114]

    Ausencia de fundamentación suficiente respecto de la solicitud de nulidad del Auto 1188 de 2021[115]

42. Frente a las razones para solicitar la nulidad del Auto 1188 de 2021, la señora D.F. invoca argumentos, en su mayoría, similares a los ya analizados frente a la Sentencia T-148 de 2021, por lo cual la Sala Plena se remite al estudio antes realizado. No obstante, plantea un argumento adicional, referido a la inaplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020 al momento de valorarse en la providencia el presupuesto de oportunidad.

43. Este cuestionamiento tampoco satisfice la carga argumentativa exigible en la materia. En contravía del carácter excepcional del trámite incidental, se observa que la solicitante, aunque expone de manera razonable los motivos por los que cuestiona el sentido de la determinación adoptada, (i) no señala de forma inteligible la causal de nulidad que se configura en concreto ante el alegato anotado, ni expone, en una argumentación clara y suficiente, de qué manera lo ocurrido altera gravemente, desde la perspectiva del debido proceso, la permanencia de la decisión en el ordenamiento jurídico y cuál es la incidencia en el pronunciamiento proferido. (ii) De hecho, la ciudadana, a partir de razonamientos indeterminados, que no consultan el criterio de precisión, afirma que de haberse involucrado al estudio de la solicitud de adición la normativa en mención el sentido de la decisión habría variado. Sin embargo tal alegación no es pertinente ni se funda en contenidos objetivos y ciertos, esto es, expresos de la providencia comoquiera que la eventual superación del presupuesto de oportunidad, bajo las previsiones del Decreto 806 de 2020, habría igualmente generado el rechazo de la petición por incumplimiento de la debida fundamentación, como allí quedó expuesto.[116]

44. En este contexto, (iii) la ciudadana, aun cuando parte de un razonamiento que no es per se impertinente, no explicó de manera concreta la relación o incidencia directa de la inaplicación del decreto legislativo en el sentido de la decisión o en sus efectos, fundamento que delimita el ámbito de competencia de la Sala Plena. Es decir, en lugar de sustentar una actuación arbitraria, pretende reabrir una discusión zanjada, sobre la base de alegaciones generalizadas más no determinantes de una violación al debido proceso.

45. Conclusión: la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazará por improcedente la solicitud de nulidad, debido a que no cumplió con los presupuestos formales de oportunidad y de carga argumentativa, al no constatarse una afectación cualificada al debido proceso que justifique alterar la intangibilidad de las providencias cuestionadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,