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Auto nº 1511/22 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2022

PonenteJorge Enrique Ibáñez Najar
Fecha de Resolución13 de Octubre de 2022
EmisorCorte Constitucional
ExpedienteCJU-1175

Auto 1511/22

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

Expediente: CJU-1175

Conflicto de Jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud

Magistrado ponente: J.E.I.N.

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

  1. El 24 julio de 2019, a través de apoderado judicial, Sanitas EPS presentó demanda laboral en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con el propósito de que se reconociera a su favor el pago de las siguientes sumas: i) $111.416.277 de pesos por concepto de “medicamentos NO POS, no financiados por la Unidad de Pago por Capitación -UPC” que fueron efectivamente cubiertos por esa EPS a sus afiliados y beneficiarios; ii) $11.141.627 de pesos por concepto de gastos administrativos inherentes a la gestión y al manejo de “prestaciones excluidas del POS o no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación -UPC”, debidamente suministradas a usuarios de esa EPS; y iii) los intereses moratorios correspondientes.[1]

  2. La demanda fue asignada al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, mediante Auto del 18 de febrero de 2020,[2] se declaró sin competencia para conocer el proceso y ordenó su remisión a la Superintendencia Nacional de Salud. Señaló que, según el literal f del artículo 6 de la Ley 1949 de 2019,[3] los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud hacen parte de los asuntos que conoce la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que era esa entidad es la competente para tramitar el proceso iniciado por Sanitas EPS.

  3. Realizada la remisión dispuesta por el juzgado, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Auto A2020-00199 del 21 de enero de 2021, rechazó la demanda, promovió un conflicto de competencias negativo y dispuso remitir el proceso y sus anexos al Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria para lo pertinente.[4] La autoridad argumentó que: (i) a la luz de lo dispuesto en la Ley 1949 de 2019, que modificó el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la Superintendencia Nacional de Salud “solo podrá conocer y fallar, asuntos a petición de parte y en temas taxativamente señalados”;[5] (ii) conforme a lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001 y por el artículo 622 del Código General del Proceso, la competencia sobre este tipo de litigios esta asignada al Juez laboral; y (iii) en caso de generarse competencias concurrentes por la modificación introducida en la Ley 1949 de 2019, esta situación no priva al juez ordinario, en la especialidad laboral, para conocer del tema.

  4. En consideración a lo anterior y en aplicación del Acto Legislativo 02 de 2015, el 11 de junio de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud remitió el expediente digital a la Corte Constitucional para que decidiera sobre el conflicto negativo de Jurisdicciones.[6]

  5. La Sala Plena, en sesión virtual del 24 de junio de 2022, repartió el expediente al despacho del Magistrado J.E.I.N., y este fue enviado el 28 de junio de 2022.[7]

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

  1. Competencia

  1. De conformidad con lo previsto en los artículos 241 numeral 11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[8] la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

  2. Las Superintendencias son entidades de carácter administrativo que pueden por la ley ejercer funciones jurisdiccionales específicas. Dicha situación se deriva de la aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, el cual dispuso que “(…) [e]xcepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.” De lo anterior, se abre la posibilidad para que el ejercicio de la administración de justicia recaiga también, entre otros, en autoridades que no pertenecen –desde una perspectiva orgánica– a la Rama Judicial.[9]

  3. Ahora bien, las facultades particulares de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran consagradas en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019. Tal disposición establece que dicha autoridad podría conocer y fallar en derecho respecto de ciertas controversias que se presenten en el marco de la garantía efectiva de la prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

  4. Asimismo, y conforme al parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, las providencias proferidas en el trámite jurisdiccional que adelante la Superintendencia Nacional de Salud podrán ser apeladas, y la segunda instancia será tramitada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio del apelante. En este entendido, bajo la consideración que la estructura de las jurisdicciones de la Rama Judicial no se modifica por el otorgamiento de tales funciones a autoridades administrativas, para esta Corporación es razonable entender que el ejercicio de estas facultades de la Superintendencia Nacional de Salud tiene lugar en el marco de la jurisdicción ordinaria, dado que la apelación se adelanta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial.[10]

  5. Por su parte, la Corte Constitucional ya ha analizado casos sobre conflictos de suscitados entre juzgados laborales y la Superintendencia Nacional de Salud. Al respecto, señaló que (i) “los Tribunales Superiores del Distrito Judicial tienen la condición de superiores funcionales de la Superintendencia Nacional de Salud, cuando esta ejerce funciones jurisdiccionales”;[11] y que, por esa vía, (ii) una controversia competencial entre un juez laboral y la Superintendencia Nacional de Salud debe ser resuelta por “las autoridades designadas por la ley para resolver conflictos al interior de la jurisdicción ordinaria”.[12]

  6. A su turno, en el presente caso esta Corporación evidencia que las autoridades que promueven el conflicto integran la Jurisdicción Ordinaria desde el punto de vista funcional,[13] puesto que como se advirtió en los acápites anteriores, pese a que la Superintendencia Nacional de Salud es una autoridad administrativa,[14] desarrolla atribuciones jurisdiccionales que se asimilan a las desempeñadas por los jueces de la Jurisdicción Ordinaria. En tal sentido, esta Corte ha sostenido que cuando la Superintendencia Nacional de Salud ejerce sus facultades jurisdiccionales

    “desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En ese orden de ideas, las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud serán apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por la referida entidad administrativa de su función de decidir en primera instancia.”[15]

  7. Ahora bien, el mandato constitucional solo permite a la Corte Constitucional dirimir conflictos entre jurisdicciones. Las controversias que sobre competencia se susciten entre autoridades de la misma jurisdicción, serán conocidas por el superior jerárquico común. Dado lo anterior, esta Corporación no es la llamada a resolver la problemática planteada en esta oportunidad, en atención a que las autoridades judiciales involucradas hacen parte de la jurisdicción ordinaria.

  8. En este sentido, la Corte ha determinado que la norma aplicable para resolver conflictos entre la Jurisdicción Ordinaria y la Superintendencia Nacional de Salud es el inciso 5 del artículo 139 del Código General del Proceso según el cual: “Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.”[16] Por lo tanto y dado que la Superintendencia Nacional de Salud desplaza a los jueces laborales del circuito, son los Tribunales Superiores del Distrito Judicial los llamados a conocer de estos asuntos.

  9. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 del Código General del Proceso, la Corte remitirá el asunto a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que resuelva el conflicto de competencias planteado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia debido a la falta de competencia, de conformidad con los argumentos esbozados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-1175 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión al demandante y a los demás interesados.

N., comuníquese y cúmplase.

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con permiso

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Expediente digital CJU0001175-20201257, “1. CUADERNO PRINCIPAL 202082305043572.pdf”

[2] Expediente digital CJU0001175-20201257, “1. CUADERNO PRINCIPAL 202082305043572.pdf”, pp. 135-136.

[3] “M. el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, el cual quedará así:

ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud y en ejercicio del artículo 116 de la constitución política, la superintendencia nacional de salud podrá conocer y fallar en derecho, y con las facultades propias de un juez en los siguientes asuntos:

(…)

f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”

[4] Expediente digital CJU0001175-20201257 “2. AUTO PROMUEVE CONFLICTO J-2020-1257 A2021-000199.pdf”.

[5] Ibidem.

[6]Expediente digital CJU0001175-20201257, “ CORREO REMISORIO Y LINK.pdf “.

[7]Expediente digital CJU0001175-20201257, “Constancia de Reparto CJU-1175.pdf” .

[8]Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

[9] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-1641 de 2000, C-1143 de 2000, C-649 de 2001, C-1071 de 2002 y C-117 de 2008.

[10] Corte Constitucional, Auto 1071 de 2021.

[11] Corte Constitucional, Auto 1008 de 2021.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Artículo 1° del Decreto 1080 de 2021, establece que “[l]a Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”. No obstante, a partir de la Ley 1122 de 2007, se otorgaron funciones jurisdiccionales específicas a dicha autoridad.

[15] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2008.

[16] La Corte Suprema de Justicia ha considerado que carece de competencia para resolver conflictos entre jueces del circuito y autoridades administrativas, cuando aquellas desplazan a otros jueces del circuito. Por consiguiente, estima que, en estos casos, la atribución para resolver conflictos de competencia es de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (AC2977-2021).

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