Auto nº 1768/22 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2022

1. Solicitud de tutela. El 8 de septiembre de 2022, S.P.M.T. instauró acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC) y del municipio de Pasto, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, con ocasión de la expedición del auto 449 de 2022 de la CNSC[1]. Afirmó que el mencionado auto ordenó la apertura de indagaciones por los “graves indicios”[2] de irregularidades presentadas “durante la construcción, distribución, aplicación y calificación de las pruebas escritas dentro del Proceso de Selección 1522 a 1526 de 2020” para los empleos ofertados del nivel asistencial[3]. Señaló que, en el citado auto, la CNSC habría omitido “incluir en la suspensión provisional del concurso la oferta OPEC 163289 NIVEL PROFESIONAL GRADO 4”, en la cual participó y ofertó el cargo que se encontraba ocupando en provisionalidad[4]. En su criterio, “existen elementos materiales probatorios suficientes que dan cuenta, que la conducta punible no se limitó únicamente AL NIVEL ASISTENCIAL, como lo dijo la CNSC, sino que ese fraude también comprometió todo el concurso de méritos”[5]. Solicitó como pretensiones que (i) se tutelen sus derechos fundamentales “a la igualdad y al mérito”[6], y (ii) se ordene “suspender de manera provisional el Proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial N., para los empleos públicos de todos los niveles”[7].

2. Admisión y sentencia de primera instancia. La tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto. El 8 de septiembre de 2022, dicha autoridad resolvió (i) admitir la tutela; (ii) solicitar a las accionadas informe sobre los hechos y las pretensiones de la tutela; (iii) vincular a terceros con interés; (iv) decretar “como medida cautelar provisional la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo contenido en la Resolución CNSC No. 11683 del 26 de agosto de 2022”[8] y (v) decretó pruebas. Luego, el 22 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto negó la tutela porque, en síntesis, no evidenció que las accionadas hubiesen vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

3. Remisión de expedientes. El 23 de septiembre de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto resolvió remitir las tutelas presentadas por A.A.S.B. y A.M.A.P. al Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto para su acumulación al expediente de la tutela presentada por S.P.M.T. (párr. 1 supra). Esto, por considerar que “se trata de asuntos con similar objeto, causa y partes accionadas” y se relacionan con “la posible existencia de un fraude procesal dentro del proceso de selección No. 1522 a 1526 del 2020 – Territorial N.”[9]. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el art. 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 del 2015 y en el Decreto 1834 del 2015.

4. Las acciones de tutela presentadas por A.A.S.B. y A.M.A.P.. Los días 16 y 23 de septiembre de 2022, A.A.S.B. y A.M.A.P., respectivamente, interpusieron acciones de tutela, de forma separada y en formatos idénticos, en contra de la CNSC, la Alcaldía de Pasto y la Universidad Libre. Argumentaron que, mediante la Resolución 12364 de 9 de septiembre de 2022, las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, confianza legítima y buena fe, con ocasión de la suspensión de la emisión de la lista de elegibles de empleos del nivel asistencial en el marco del proceso de selección 1522 de 2020[10]. Lo anterior, porque, en su criterio, las pruebas escritas que presentaron irregularidades fueron realizadas bajo las mismas condiciones para todos los niveles de cargos ofertados en el concurso y, en consecuencia, “no tiene sentido” que la decisión de suspensión “se circunscriba exclusivamente para [los cargos del] nivel asistencial”[11]. En consecuencia, los accionantes pretenden (i) la protección de sus “derechos fundamentales a la igualdad, confianza legítima y buena fe” y (ii) dejar sin efecto “las pruebas escritas aplicadas en la Universidad Libre, el 6 de marzo de 2022 para los empleos del nivel técnico y profesional de la convocatoria 1523 de 2020-Territorial N., en consecuencia, se ordene volver a realizarlas con la debida diligencia y protección de los derechos de los participantes”[12].

5. Conflicto de Competencia y remisión del expediente. El 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto resolvió (i) declarar que carecía de competencia para conocer de las tutelas remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto y (ii) propuso conflicto de competencia ante la Corte Constitucional. Esto, por considerar que las acciones de tutela no compartían la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional para la configuración del fenómeno de la tutela masiva[13]. De un lado, indicó que las tutelas no compartían identidad de sujetos pasivos, porque, si bien las tutelas van dirigidas en contra de la CNSC y el municipio de Pasto, las tutelas acumuladas se dirigen también contra la Universidad Libre. De otro lado, señaló que las tutelas no comparten identidad de objeto porque las pretensiones son disímiles[14]. Finalmente, señaló que las tutelas no tienen identidad de causa por cuanto, pese a que se refieren a presuntas irregularidades en el proceso de selección 1523 – Territorial N., “difieren en la OPEC a la cual se inscribieron los Accionantes”[15]. Para fundamentar lo anterior, expuso el siguiente cuadro:

S.P. machado Tatis

OPEC: 163289

Inspector de Policía 2da categoría, código 234, grado 4

A.A.S.B.

OPEC: 163283

Profesional Universitario Alcaldía de Pasto

A.M.A.P.

OPEC: 160102

Técnico Área Salud Alcaldía de Pasto

6. Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996. Asimismo, ha señalado que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, así como también en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y carácter sumario que rigen la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales, tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018. En el presente asunto, la LEAJ no definió cuál autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, puesto que pertenecen orgánicamente a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

7. Los conflictos de competencia surgen en aquellos eventos en los que dos o más jueces manifiestan tener o no tener competencia para conocer una acción de tutela con fundamento en alguno de los factores de competencia[16]. Los artículos 86 y 8 del título transitorio de la Constitución, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 disponen la existencia de tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

   Factores de competencia en materia de tutela

   Factor territorial

   En virtud del factor territorial, son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (ii) se producen sus efectos[17].

   Factor subjetivo

   Según el factor subjetivo, corresponde a: (i) los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[18].

   Factor funcional

   De acuerdo con el factor funcional, podrán conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del juez ante el cual se surtió la primera instancia[19].

8. Reglas aplicables a la tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015[20] prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva. Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los casos y que son presentadas (i) de manera masiva –en un solo momento– o (ii) con posterioridad a otra solicitud de amparo. La Corte ha reiterado que estas reglas de reparto tienen por finalidad evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes. Así, ante una presentación masiva de acciones de tutela “que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad”[21], en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento[22]. No obstante, el Decreto 1834 de 2015 previó que, en el evento en que las oficinas de apoyo judicial carezcan de información suficiente para el reparto y acumulación correspondientes, “la autoridad pública o el particular” accionado tienen el deber de informar al juez competente la existencia de acciones de tutela que se hubieren interpuesto en su contra por “la misma acción u omisión”, señalando el despacho que avocó conocimiento en primer lugar[23].

9. En tal sentido, la Sala Plena ha precisado que la autoridad judicial que así lo determine podrá, de manera oficiosa, enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto siempre que, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento[24]. La Corte ha desarrollado el contenido de cada uno de estos requisitos, y ha fijado pautas para determinar su existencia. Específicamente, ha señalado lo siguiente respecto de cada requisito:

   9.1. Identidad de objeto. La Corte ha señalado que existe identidad de objeto cuando las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas “presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados”.

   9.2. Identidad de causa. Por su parte, en cuanto a la identidad de causa la Corte ha señalado que su acaecimiento ocurre cuando las acciones de amparo que pretenden ser acumuladas “se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección”. Adicionalmente, la Corte ha indicado que “la causa en materia de acción de tutela se vincula con las actuaciones o circunstancias que motivan o impulsan su presentación y cuya ocurrencia debe estar comprendida por el supuesto de hecho -en sentido amplio- de una norma de derecho fundamental”[25].

   9.3. Identidad de sujeto pasivo. Finalmente, la confluencia del sujeto pasivo se presenta cuando “el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado”[26].

10. Carga argumentativa. Por su parte, el juez que pretende apartarse del conocimiento del asunto con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe argumentar de manera suficiente que se cumple con los presupuestos indicados para dar aplicación a la regla de reparto en comento. Esto “implica señalar con ‘rigor demostrativo y coherencia’ el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad”[27]. Ahora bien, de no contar el juez de conocimiento con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá dar aplicación de la regla de competencia del factor territorial “a prevención” y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela. En estos términos, la aplicación del Decreto 1834 de 2015, por fuera de los supuestos normativos de identidad, conduciría a la desnaturalización de la regla de competencia a prevención, cuya preservación les compete a todos los jueces de tutela[28].

11. En el caso sub examine se configuró un conflicto de competencia. La Sala Plena advierte que en el caso bajo estudio se configuró un conflicto aparente de competencia. Esto, porque el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto aplicó las reglas de reparto previstas por el Decreto 1834 de 2015 para abstenerse de conocer de las solicitudes de amparo puestas en su conocimiento, sin cumplir con la carga argumentativa que acreditara los supuestos normativos de identidad señalados por la Corte Constitucional para el caso de las tutelas masivas (identidad de sujeto pasivo, causa y objeto). En efecto, el despacho judicial se limitó a señalar que según las reglas de competencia establecidas en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 del 2015, en el caso sub examine se cumplían las condiciones para la acumulación porque las tutelas fueron presentadas con ocasión de las presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de selección 1522 de 2020. Sin embargo, la Sala pudo comprobar que las acciones de tutela repartidas inicialmente al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto (párr. 4 supra) no comparten la identidad de sujeto pasivo, causa y objeto necesaria para que se configure el fenómeno de tutela masiva, tal como pasa a exponerse a continuación.

    Supuestos de identidad

    Tutela 2022-00228 – Juzgado Cuarto de Familia de Pasto

    Tutelas 2022-00167 y 2022-00149 – Juzgado 6 Administrativo Oral del Circuito de Pasto

    Sujeto Pasivo

    Comisión Nacional del Servicio Civil y el Municipio de Pasto.

    Comisión Nacional del Servicio Civil, el Municipio de Pasto y la Universidad Libre.

    Objeto

    La accionante pretende que: (i) se tutelen sus derechos fundamentales “a la igualdad y al mérito” y (ii) se ordene a la CNSC y al departamento de N. suspender de manera Provisional el Proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial N., para los empleos públicos de todos los niveles, con ocasión de la Actuación Administrativa iniciada mediante Auto CNSC No. 449 de 9 de mayo de 2022.

    Los accionantes pretenden que: (i) se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, confianza legítima y buena fe; (ii) dejar sin efecto las pruebas escritas aplicadas en la Universidad Libra, el 6 de marzo de 2022 para los empleados del nivel técnico y profesional de la convocatoria 1523 del 2020-Territorial N. y, en consecuencia; (iii) se ordene volver a realizarlas la prueba escrita con la debida diligencia y protección de los derechos de los participantes.

    Causa

    Las irregularidades presentadas en la convocatoria del proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 – Territorial N., en el cual la accionante participó en el concurso de méritos para el cargo “Inspector de Policía 2da Categoría”.

    Las irregularidades presentadas en la convocatoria del proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 – Territorial N., en el cual los accionantes participaron en el concurso de méritos para los cargos de “Profesional Universitario” y “Técnico Área Salud”.

12. Las tutelas no tienen identidad de sujeto pasivo. Si bien las acciones se dirigen contra el Municipio de Pasto y la CNSC, también es cierto que las tutelas remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto vinculan a otro actor que no guarda relación con la tutela de S.P.M.T.. En efecto, las tutelas 2022-00167 y 2022-00149 se interponen también contra la Universidad Libre.

13. Las tutelas no tienen identidad de objeto. Las tutelas remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto no persiguen una misma pretensión y no contienen un mismo y único interés con relación a la tutela presentada por S.P.M.T.. En efecto, mientras que las acciones de tutela remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto tienen como pretensión principal dejar sin efecto “las pruebas escritas aplicadas en la Universidad Libre, el 6 de marzo de 2022 para los empleos del nivel técnico y profesional de la convocatoria 1523 de 2020-Territorial N.” y que se ordene nuevamente su realización[29], la tutela de S.P.M.T. tiene como pretensión principal la suspensión provisional de todo el Proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial N.. Así, pese a que los accionantes buscan medidas de protección ante las presuntas irregularidades en un mismo concurso de méritos, tal situación, por sí sola, no implica la existencia de identidad de objeto.

14. Las tutelas no tienen identidad de causa. Las tutelas remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto se fundan en presupuestos fácticos disímiles a la tutela interpuesta por S.P.M.T.. En efecto, mientras la tutela interpuesta por la señora M.T. tiene causa en presuntas irregularidades en el concurso de méritos para el cargo de Inspector de Policía Segunda Categoría Grado 4, las tutelas remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto tienen causa en presuntas irregularidades en los concursos de méritos para los cargos de “Profesional Universitario” y “Técnico Área Salud” adscritos a la Alcaldía de Pasto. Por lo tanto, a pesar de que en todos los casos los accionantes participaron en la convocatoria No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial N., lo cierto es que los accionantes ponen en conocimiento presuntas irregularidades que afectan su participación en concursos de mérito para cargos diferentes. Adicionalmente, mientras que la tutela interpuesta por la señora M.T. se interpuso con ocasión de la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad, las acciones de tutela remitidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto se interpusieron con ocasión de la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, confianza legítima y buena fe.

15. Conclusión. La Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 23 de septiembre de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto. Asimismo, ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera las decisiones de fondo a que haya lugar dentro de las acciones de tutela presentadas por A.A.S.B. y A.M.A.P., conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,