AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2020-02887-00 del 18-01-2021
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL |
| Número de sentencia | AC021-2021 |
| Número de expediente | 11001-02-03-000-2020-02887-00 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Civil Municipal de Medellín |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Fecha | 18 Enero 2021 |
AC021-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02887-00
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021).-
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Anorí y Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, para conocer del juicio de imposición de servidumbre eléctrica promovido por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN– S.A ESP.
ANTECEDENTES
1. Ante los juzgadores de Medellín, la sociedad accionante solicitó declarar, a su favor, la imposición de una servidumbre pública de conducción de energía eléctrica sobre el predio denominado “LOTE 02 EL CASTILLO”, ubicado en Anorí, y registrado como de propiedad de la parte demandada[1].
En el escrito inaugural, el asunto se atribuyó en consideración al factor subjetivo, es decir, “teniendo en cuenta que la sociedad demandante, se trata de una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de sociedad anónima, de carácter comercial, del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, descentralizada por servicios, en la que el Estado tiene una participación igual o superior al 50% de su capital, y a que la misma se encuentra domiciliada en Medellín[2]” (Subraya propia del texto).
2. El Despacho Tercero Civil Municipal de Oralidad de esa ciudad, a quien fue repartido el asunto, se rehusó a conocerlo, remitiéndolo por competencia al juzgador de Anorí, conforme al numeral 7° del canon 28 del Código General del Proceso, “en virtud no solo de la ubicación del bien sirviente, sino además del derecho que le asiste a quien ostentaría la calidad de accionada” como “parte débil de la acción”[3].
3. A su vez, el Juez Promiscuo Municipal de la localidad de destino, admitió la demanda y luego de surtir varias actuaciones, incluida la inspección judicial, se estuvo a lo resuelto por la S. Civil de esta Corporación mediante auto de unificación AC140-2020, que desató una colisión de contornos similares a la presente, atendiendo la calidad prevalente de las partes, conforme al numeral 10° del citado artículo, y en efecto, rechazó las diligencias, remitiéndolas por competencia a sus similares de Medellín, lugar de domicilio de la accionante[4].
4. Recibidas las diligencias, el Juez Sexto Civil Municipal de Oralidad de la capital de Antioquia, provocó la colisión que se resuelve, aduciendo que la sede judicial remitente, es quien debe continuar el trámite, en aplicación del principio de la “perpetuatio iurisdictionis”, pues, tras admitirlo, evacuó varias diligencias que ahora le impiden desprenderse del mismo[5].
5. Planteada así la colisión, llegaron las actuaciones a la Corte.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Determinar el juez competente para conocer del presente proceso de constitución de servidumbre, en el que se discute si es viable aplicar el foro privativo del numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, que dejaría el asunto en el funcionario del domicilio de la entidad pública demandante, o si la competencia debe continuar en el juzgador que avocó conocimiento, atendiendo el principio de la perpetuatio iurisdictionis.
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el séptimo de la 1285 de 2009.
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jurídica de derecho público:
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
De conformidad con el numeral séptimo del artículo 28 del Código General del Proceso, “en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza… será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante”. (N. fuera del texto original).
No obstante, el numeral décimo de la misma norma, indica que “en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad… Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas”.
De ahí que, cumple precisar que el estatuto procesal asignó en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en razón de un fuero o foro real “por lugar donde estén ubicados los bienes”, y el segundo a la calidad del sujeto, “por el domicilio de la entidad”.
En cuanto a la competencia privativa o única como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicción ordinaria solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a feliz término, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepción a la regla general para determinar la facultad decisoria por razón del territorio, esto es, el domicilio del demandado.
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisión de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atención de la S., no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que señala cuál de los dos prevalece, pues, el artículo 29 ejusdem, preceptúa que “es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor”[6].
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequívocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público. R., en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en razón de la naturaleza de la persona jurídica de derecho público (28-10), ignorando la regla que el legislador previó para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qué factor o fuero aplicar a un caso concreto.
Y es que el artículo 29 del Código General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, señaló con contundencia, que “Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes” sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposición del mencionado numeral décimo del artículo 28 ibídem, que por mandato del legislador y en razón de su margen de libertad de configuración normativa se determinó prevalente sobre las demás.
De ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente.
4. Criterio de Unificación de la Jurisprudencia.
La S. con el propósito de zanjar la discusión frente a casos como el presente, dilucidó reciénteme en auto de unificación de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible guía para la solución de este asunto y de todos los demás que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente:
“Como se anotó anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los...
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