AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55008 del 28-10-2020
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 55008 |
| Fecha | 28 Octubre 2020 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | AP2973 2020 |
J. H. Moreno Acero
Magistrado Ponente
AP2973–2020
Radicación n.° 55008
(Aprobado Acta n.º 228)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020).
I. VISTOS
La Corte examina los presupuestos lógicos y de adecuada argumentación de las demandas de casación presentadas por los defensores de J. R. Mondragón, A.A.P., M.F.R.A., J.C.M.R., J.M.R.A., J.C.M.C. y R.G.A.A., contra la sentencia de noviembre 14 de 2018, mediante la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida el 26 de febrero de igual anualidad por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial, que los condenó como coautores del delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado.
II. HECHOS
En la sentencia de primera instancia1, así fueron relatados:
Según informe del Grupo para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado CTI de la F.ía General de la Nación de fecha 26 de marzo de 1999, entidades financieras reportaron movimientos muy elevados de dinero por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAJA SOLIDARIA movimientos que entre noviembre de 1997 y 1998 sumaron aproximadamente $26.290.834.148 sin que se encontraran debidamente justificados. Por el contrario se estableció que la representante legal de dicha entidad MARÍA TERESA QUIAZUA ESPINEL abrió 24 cuentas bancarias en diferentes ciudades como Barranquilla, Bogotá, B., Cali y Neiva, viajando a realizar las aperturas respectivas.
Así mismo se indicó que entre noviembre de 1997 y octubre de 1998 dicha cooperativa hizo circular $26.290.834.148 sin tener en cuenta movimientos de cuentas que fueron saldadas.
Auscultando más a fondo en los pormenores de tales movimientos se pudo determinar que la representante de la entidad antes referida, señora QUIAZUA ESPINEL, suscribió nueve contratos de mandato en [los] que la entidad por ella representada actuaba como mandataria y como mandantes seis sucursales de la entidad COOPSERVIR, la firma COMSMECOOP, J.R.M. [y] LUZ S.P.G. y cuyo objetivo era recaudar el dinero de ventas, administrarlo y abrir cuentas a nombre de los mandantes.
Por otra parte se supo que tanto las entidades como las personas antes mencionadas tenían estrecha relación con empresas creadas y manejadas por los hermanos M. y G. R. Orejuela, a través de las cuales estos confesaron haber introducido y manejado dinero proveniente del narcotráfico.
De la misma manera se estableció que frente a algunas de estas empresas, concretamente, DROGAS LA REBAJA, los hermanos M. y G.R.O. cedieron en el año 1990 sus acciones a sus hijos, hermanos y sobrinos por la suma de $34.000.000, quienes incrementaron el capital de la misma en $132.000.000, sin justificar la fuente de los recursos para ello.
Posteriormente, en el año 1996 estos decidieron venderla a la cooperativa COOPSERVIR conformada en noviembre de 1995 por trabajadores de la misma con el fin de evitar la liquidación de la misma.
Esta última negociación se hizo por un monto de $35.231.724.622 y comprendió la venta de 344 establecimientos de comercio o sucursales (droguerías); una bodega en la ciudad de P.; una oficina en la ciudad de Cali y dos centros médicos, uno en Cali y otro en Popayán.
La negociación se efectuó sin pag[o] alguno y totalmente a crédito, garantizándose con contratos de prenda sin tenencia y pagarés a favor de los vendedores–acreedores, connotando que con algunos de estos títulos valores se avalarían los contratos de compraventa celebrados el 22 de julio de 1996, 30 de noviembre y 29 de diciembre de 1996.
La forma como se verificaron estas compraventas por parte de la cooperativa COOPSERVIR y las circunstancias que mediaron en estos contratos, permitieron inferir que los antiguos dueños continuaban con el manejo de la empresa y que el cúmulo de recursos que se manejaron en la negociación no era más que tratar de dar apariencia a capitales fruto de actividades ilícitas que se inyectaron a la empresa, pues la diferencia entre los valores de la cesión en el año de 1990 y los de venta en el año de 1996 fue desproporcionada y en todo caso sin sustento alguno, a lo cual se suma que quienes continuaron manejando y tomando decisiones sobre la empresa fueron los hermanos R.O., tal como se desprende del reconocimiento y aceptación de culpabilidad que estos hicieron ante las autoridades de los [EE. UU.].
Otras de las empresas que recibieron un manejo similar fueron los LABORATORIOS KRESSFOR, BLANCO [PHARMA], BLAIMAR [y] COINTERCOS; empresas que como en el caso anterior fueron cedidas a familiares de los hermanos M. y G. R. Orejuela y en el año 1996 estos las vendieron a las cooperativas COSMEPOP y FARMACOOP conformadas por empleados de las mismas y quienes igualmente suscribieron contratos de mandato para la administración de sus recursos eventos y cuy[a] forma de traspaso y modus operandi permitieron inferir que fueron utilizadas para introducir capitales originados en el narcotráfico.
Se tuvo además como base para establecer lo anterior no solo los expresos reconocimientos que en tal sentido efectuaron los señores M. y G.R.O., quienes admitieron haber lavado aproximadamente [USD] 2.100.000.000 a través de sus empresas, sino también las declaraciones de G.P.G. y Daniel Serrano Gómez, sus antiguos colaboradores, quienes afirmaron que las empresas de estos ciudadanos fueron inyectadas con capital proveniente del narcotráfico y que varios de sus empleados participaron en reuniones para fijar procedimientos para realizar operaciones de blanqueo de dichos activos.
Más adelante, la providencia precisó:
[e]n punto del establecimiento de la responsabilidad de los aquí convocados estaría como prueba concluyente de su vinculación con el comportamiento ilícito los mismos contratos de compraventa de los establecimientos de comercio2, donde claramente se evidencia la transferencia, adquisición, inversión y administración de bienes nutridos o fomentados con el producto de actividades ilícitas, circunstancia que no era desconocida por los encausados como se desprende de los varias veces citados acuerdos celebrados entre estos y las autoridades Norteamericanas.
A glosa de ejemplo tenemos los contratos suscritos del 22 de julio y 30 de noviembre de 1996 entre JUAN CARLOS MUÑOZ RODRÍGUEZ, representando a Distribuidora de Drogas La Rebaja Cali, y la Cooperativa de empleados de Distribuidores de Drogas “COOPSERVIR LTDA.”, por medio del cual el primero, debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas de la empresa según actas del 19 de julio de 1996, transfiere a título de venta sesenta y nueve establecimientos de comercio, una oficina, un centro médico móvil y bienes muebles del Departamento de Sistemas de la empresa, según relación e inventarios anexos, con plazo de pago de diez años y con garantía de prenda sin tenencia sobre los mismos haberes en favor de la entidad vendedora.3
Igualmente aparecen los contratos suscritos por JAIME RODRÍGUEZ MONDRAGÓN de fechas 22 de julio de 1996 y del 29 de diciembre de 1997, por los cuales debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas, representando a “Drogas Cóndor” y como liquidador de Drogas La Rebaja Bogotá en liquidación, Drogas La Rebaja Barranquilla en liquidación y Drogas La Rebaja Neiva en liquidación; vende a la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidoras de Drogas “COOPSERVIR” bienes muebles como equipos de oficina, equipos de cómputos, líneas telefónicas, flotas de vehículos, etc., así como también treinta y cuatro establecimientos de comercio, según relación e inventarios anexos y con las mismas condiciones de los anteriores. Es de anotar que en estos contratos y en representación de la cooperativa adquirente aparece el aquí también procesado JULIO C.M. CORTÉS4.
Y así como estos, fluyen un buen número de contratos que involucraron más de trescientos cuarenta establecimientos de comercio, muebles, elementos de cómputo, un centro médico, una oficina, vehículos, etc. que formaban parte de la empresa Drogas La Rebaja y lo mismo aconteció con las empresas farmacéuticas laboratorios K., B.P., B., Cointercos, empresas que de la misma manera fueron cedidas por los señores M. y G.R.O. a sus familiares y después a raíz de los bloqueos comerciales y financieros surgidos por la inclusión de las mismas a la “L.C.” u OFAC fueron después en el año 1996 enajenadas a las cooperativas de empleados COSMEPOP, FARMACOOP y COSMEPOP bajo un modus operandi igual al desplegado con Drogas La Rebaja y en condiciones similares de pago.
Por otra parte es de anotar que las respectivas asambleas de accionistas donde se autorizó la venta y delegó a algunos de los aquí procesados para llevar a cabo estos contratos, tenían asiento principalmente los familiares de los señores M. y G.R.O. entre ellos los aquí acusados AMPARO ARBELÁEZ PARDO en representación de la empresa “Valores Mobiliarios de Occidente” e “Inversiones ARA”, a MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ ARBELÁEZ como accionista y miembro de la Junta Directiva de Drogas La Rebaja y a JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ ARBELÁEZ también accionista de la cadena de droguerías y quienes para esa época ya ostentaban la mayoría de edad cuando menos 23 y 20 años de edad respectivamente y por ende conocían de la naturaleza y trascendencia de sus actos.
Su autorización para que se produjera la representación para la enajenación de los bienes compromete igualmente su responsabilidad, en la medida que con ella cohonestaron con la realización del comportamiento ilícito a través del cual a sabiendas de las restricciones y los señalamientos que existían contra tales empresas por razón de su vinculación con los reconocidos líderes del llamado “Cartel de Cali” y de la segura penetración de dineros del narcotráfico dentro de su acervo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45013 del 29-04-2021
...de audiencia de 26 de junio de 2019. 49 Cfr. CSJ SP, 23 sep. 2003, rad 16320, CSJ SP 30 abr 08, rad 24178, más recientemente, en CSJ AP 28 oct 2020, rad. 55008, entre muchas 50 CSJ SP2294-2019, radicado 47475. 51 Cfr. Página 42 y siguientes de este proveído. 52 Equivalente a un incremen......