AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55008 del 28-10-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852006577

AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55008 del 28-10-2020

EmisorSala de Casación Penal
PonenteJAIME HUMBERTO MORENO ACERO
Sentido del falloINADMITE
Número de expediente55008
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Penal de Bogotá
Tipo de procesoCASACIÓN
Número de sentenciaAP2973 2020
Auto Inadmisorio




Jaime Humberto Moreno Acero

Magistrado Ponente



AP2973–2020

Radicación n.° 55008

(Aprobado Acta n.º 228)




Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020).



I. VISTOS


La Corte examina los presupuestos lógicos y de adecuada argumentación de las demandas de casación presentadas por los defensores de Jaime Rodríguez Mondragón, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Julio César Muñoz Cortés y Rafael Guillermo Arjona Alvarado, contra la sentencia de noviembre 14 de 2018, mediante la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida el 26 de febrero de igual anualidad por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial, que los condenó como coautores del delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado.


II. HECHOS


En la sentencia de primera instancia1, así fueron relatados:


Según informe del Grupo para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado CTI de la Fiscalía General de la Nación de fecha 26 de marzo de 1999, entidades financieras reportaron movimientos muy elevados de dinero por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAJA SOLIDARIA movimientos que entre noviembre de 1997 y 1998 sumaron aproximadamente $26.290.834.148 sin que se encontraran debidamente justificados. Por el contrario se estableció que la representante legal de dicha entidad MARÍA TERESA QUIAZUA ESPINEL abrió 24 cuentas bancarias en diferentes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Neiva, viajando a realizar las aperturas respectivas.


Así mismo se indicó que entre noviembre de 1997 y octubre de 1998 dicha cooperativa hizo circular $26.290.834.148 sin tener en cuenta movimientos de cuentas que fueron saldadas.


Auscultando más a fondo en los pormenores de tales movimientos se pudo determinar que la representante de la entidad antes referida, señora QUIAZUA ESPINEL, suscribió nueve contratos de mandato en [los] que la entidad por ella representada actuaba como mandataria y como mandantes seis sucursales de la entidad COOPSERVIR, la firma COMSMECOOP, JAIME RODRÍGUEZ MONDRAGÓN [y] LUZ STELLA PÉREZ GÓMEZ y cuyo objetivo era recaudar el dinero de ventas, administrarlo y abrir cuentas a nombre de los mandantes.


Por otra parte se supo que tanto las entidades como las personas antes mencionadas tenían estrecha relación con empresas creadas y manejadas por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, a través de las cuales estos confesaron haber introducido y manejado dinero proveniente del narcotráfico.


De la misma manera se estableció que frente a algunas de estas empresas, concretamente, DROGAS LA REBAJA, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela cedieron en el año 1990 sus acciones a sus hijos, hermanos y sobrinos por la suma de $34.000.000, quienes incrementaron el capital de la misma en $132.000.000, sin justificar la fuente de los recursos para ello.


Posteriormente, en el año 1996 estos decidieron venderla a la cooperativa COOPSERVIR conformada en noviembre de 1995 por trabajadores de la misma con el fin de evitar la liquidación de la misma.


Esta última negociación se hizo por un monto de $35.231.724.622 y comprendió la venta de 344 establecimientos de comercio o sucursales (droguerías); una bodega en la ciudad de Pereira; una oficina en la ciudad de Cali y dos centros médicos, uno en Cali y otro en Popayán.


La negociación se efectuó sin pag[o] alguno y totalmente a crédito, garantizándose con contratos de prenda sin tenencia y pagarés a favor de los vendedores–acreedores, connotando que con algunos de estos títulos valores se avalarían los contratos de compraventa celebrados el 22 de julio de 1996, 30 de noviembre y 29 de diciembre de 1996.


La forma como se verificaron estas compraventas por parte de la cooperativa COOPSERVIR y las circunstancias que mediaron en estos contratos, permitieron inferir que los antiguos dueños continuaban con el manejo de la empresa y que el cúmulo de recursos que se manejaron en la negociación no era más que tratar de dar apariencia a capitales fruto de actividades ilícitas que se inyectaron a la empresa, pues la diferencia entre los valores de la cesión en el año de 1990 y los de venta en el año de 1996 fue desproporcionada y en todo caso sin sustento alguno, a lo cual se suma que quienes continuaron manejando y tomando decisiones sobre la empresa fueron los hermanos Rodríguez Orejuela, tal como se desprende del reconocimiento y aceptación de culpabilidad que estos hicieron ante las autoridades de los [EE. UU.].


Otras de las empresas que recibieron un manejo similar fueron los LABORATORIOS KRESSFOR, BLANCO [PHARMA], BLAIMAR [y] COINTERCOS; empresas que como en el caso anterior fueron cedidas a familiares de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y en el año 1996 estos las vendieron a las cooperativas COSMEPOP y FARMACOOP conformadas por empleados de las mismas y quienes igualmente suscribieron contratos de mandato para la administración de sus recursos eventos y cuy[a] forma de traspaso y modus operandi permitieron inferir que fueron utilizadas para introducir capitales originados en el narcotráfico.


Se tuvo además como base para establecer lo anterior no solo los expresos reconocimientos que en tal sentido efectuaron los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes admitieron haber lavado aproximadamente [USD] 2.100.000.000 a través de sus empresas, sino también las declaraciones de Guillermo Pallomari González y Daniel Serrano Gómez, sus antiguos colaboradores, quienes afirmaron que las empresas de estos ciudadanos fueron inyectadas con capital proveniente del narcotráfico y que varios de sus empleados participaron en reuniones para fijar procedimientos para realizar operaciones de blanqueo de dichos activos.


Más adelante, la providencia precisó:


[e]n punto del establecimiento de la responsabilidad de los aquí convocados estaría como prueba concluyente de su vinculación con el comportamiento ilícito los mismos contratos de compraventa de los establecimientos de comercio2, donde claramente se evidencia la transferencia, adquisición, inversión y administración de bienes nutridos o fomentados con el producto de actividades ilícitas, circunstancia que no era desconocida por los encausados como se desprende de los varias veces citados acuerdos celebrados entre estos y las autoridades Norteamericanas.


A glosa de ejemplo tenemos los contratos suscritos del 22 de julio y 30 de noviembre de 1996 entre JUAN CARLOS MUÑOZ RODRÍGUEZ, representando a Distribuidora de Drogas La Rebaja Cali, y la Cooperativa de empleados de Distribuidores de Drogas “COOPSERVIR LTDA.”, por medio del cual el primero, debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas de la empresa según actas del 19 de julio de 1996, transfiere a título de venta sesenta y nueve establecimientos de comercio, una oficina, un centro médico móvil y bienes muebles del Departamento de Sistemas de la empresa, según relación e inventarios anexos, con plazo de pago de diez años y con garantía de prenda sin tenencia sobre los mismos haberes en favor de la entidad vendedora.3


Igualmente aparecen los contratos suscritos por JAIME RODRÍGUEZ MONDRAGÓN de fechas 22 de julio de 1996 y del 29 de diciembre de 1997, por los cuales debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas, representando a “Drogas Cóndor” y como liquidador de Drogas La Rebaja Bogotá en liquidación, Drogas La Rebaja Barranquilla en liquidación y Drogas La Rebaja Neiva en liquidación; vende a la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidoras de Drogas “COOPSERVIR” bienes muebles como equipos de oficina, equipos de cómputos, líneas telefónicas, flotas de vehículos, etc., así como también treinta y cuatro establecimientos de comercio, según relación e inventarios anexos y con las mismas condiciones de los anteriores. Es de anotar que en estos contratos y en representación de la cooperativa adquirente aparece el aquí también procesado JULIO CÉSAR MUÑOZ CORTÉS4.


Y así como estos, fluyen un buen número de contratos que involucraron más de trescientos cuarenta establecimientos de comercio, muebles, elementos de cómputo, un centro médico, una oficina, vehículos, etc. que formaban parte de la empresa Drogas La Rebaja y lo mismo aconteció con las empresas farmacéuticas laboratorios Kressfor, Blanco Pharma, Blaimar, Cointercos, empresas que de la misma manera fueron cedidas por los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela a sus familiares y después a raíz de los bloqueos comerciales y financieros surgidos por la inclusión de las mismas a la “Lista Clinton” u OFAC fueron después en el año 1996 enajenadas a las cooperativas de empleados COSMEPOP, FARMACOOP y COSMEPOP bajo un modus operandi igual al desplegado con Drogas La Rebaja y en condiciones similares de pago.


Por otra parte es de anotar que las respectivas asambleas de accionistas donde se autorizó la venta y delegó a algunos de los aquí procesados para llevar a cabo estos contratos, tenían asiento principalmente los familiares de los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela entre ellos los aquí acusados AMPARO ARBELÁEZ PARDO en representación de la empresa “Valores Mobiliarios de Occidente” e “Inversiones ARA”, a MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ ARBELÁEZ como accionista y miembro de la Junta Directiva de Drogas La Rebaja y a JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ ARBELÁEZ también accionista de la cadena de droguerías y quienes para esa época ya ostentaban la mayoría de edad cuando menos 23 y 20 años de edad respectivamente y por ende conocían de la naturaleza y trascendencia de sus actos.


Su autorización para que se produjera la representación para la enajenación de los bienes compromete igualmente su responsabilidad, en la...

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