AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55847 del 24-02-2021
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 55847 |
| Número de sentencia | AP628-2021 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Fecha | 24 Febrero 2021 |
FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
AP628 - 2021
Casación No. 55847
Acta No. 40
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
H E C H O S
El 27 de junio de 2016, la señora L.M.R.R. recibió una llamada del abonado telefónico 3234495152, en la que un hombre se hizo pasar por un sobrino suyo y le manifestó que había sido detenido por la policía, que lo habían requisado y le habían encontrado un arma de fuego. Enseguida la puso en contacto con un supuesto sargento de apellido R., quien le ratificó la retención de su familiar.
Luego de tomarle sus datos y los de su familia, le dijo que para solucionar el problema de su sobrino y para deshacerse del arma debía enviarle la suma de $200.000 y después $500.000, valores que la señora R.R. consignó a nombre de D.F.M.G., a través de Efecty y B..
A la semana siguiente volvieron a comunicarse manifestándole que un fiscal había dicho que la única forma de ayudarle al sobrino era que completara la suma de $5.000.000, porque con esa arma habían matado a una persona.
La denunciante consignó $2.800.000 que tenía y como aún no completaba la suma exigida, nuevamente la llamaron y le dijeron que consignara otro millón a nombre de J.A.M.A., identificado con cédula 1.059.983.974. Sumado con el valor del envío fueron $1’029.900 que también consignó.
Con base en los recibos de consignación en poder de la víctima, se pudo establecer que entre el 27 y el 28 de junio de 2016 se hicieron varias consignaciones por medio del sistema Efecty y B. a D.F.M.G., por un valor que en total alcanzó la suma de $4’071.300.
Cuando ya se disponía a descansar en su casa, nuevamente fue llamada telefónicamente, situación que derivó en un infarto. Por esto, finalmente decidió dar aviso a las autoridades.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. El 27 de septiembre de 2017, en el Juzgado 39 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento.
La fiscalía formuló imputación en contra de D.F.M.G., atribuyéndole la realización del delito de extorsión agravada a título de cómplice (artículos 244 y 245 # 8). El imputado se allanó a los cargos.
Una vez formulada la imputación, el juez de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención en su sitio de residencia.
2. El 8 de noviembre de 2017, la fiscalía presentó el escrito de acusación ante los jueces de conocimiento, correspondiéndole el asunto al Juzgado 6º Penal Municipal de Bogotá.
3. El 27 de noviembre de 2017, el Juzgado 6º Penal Municipal de esta ciudad avocó conocimiento y programó audiencia de individualización de pena y sentencia para el 11 de septiembre de 2017. El 6 de febrero de 2019, después de varios aplazamientos, se verificó la legalidad del allanamiento a cargos, se surtió el traslado previsto en el artículo 447 de la Ley 906/2004 y se profirió sentencia condenatoria.
En la sentencia de primera instancia, el juez de conocimiento dosificó la pena reconociendo una disminución de la mitad (50%), por haberse reparado integralmente a la víctima durante el curso del proceso, con fundamento en el artículo 269 del Código Penal. La defensa técnica interpuso recurso de apelación, alegando que la rebaja de pena por ese concepto debía ser mayor.
4. El 26 de abril de 2019, mediante sentencia leída en audiencia el 13 de mayo del mismo año, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó en su integridad la sentencia proferida en primera instancia.
En su criterio, es razonable que el juez de primera instancia haya reconocido como rebaja de pena un porcentaje igual al cincuenta por ciento (50%), pues la reparación se produjo después de transcurrido un lapso relevante, contado desde la ocurrencia de los hechos.
5. Frente a esta determinación, la defensa interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Plantea un cargo único contra la sentencia, con fundamento en la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Como sentido o concepto de la violación invoca interpretación errónea del artículo 269 del Código Penal.
Asegura que el Tribunal incurrió en errores de hermenéutica sobre el significado y alcance de la referida disposición, que generaron que el procesado fuera gravado injustamente con una pena mayor.
En consecuencia, solicita que se case la sentencia y se dicte una de reemplazo que disminuya la pena en las tres cuartas (3/4) partes.
CONSIDERACIONES
La Sala inadmitirá la demanda estudiada por no reunir los requisitos mínimos de orden formal necesarios para su estudio de fondo (sustentación insuficiente), ni satisfacer los presupuestos básicos de orden sustancial para la realización de los fines del recurso extraordinario (no se advierte la necesidad de una sentencia de casación para cumplir alguna de sus finalidades).
Los fallos de instancia reconocieron al procesado una rebaja de pena de la mitad por haber reparado e indemnizado el daño ocasionado a la víctima, con fundamento en el artículo 269 del Código Penal, precepto en el que se establece que «el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado».
El casacionista sostiene que los juzgadores violaron directamente el artículo 269, por interpretación errónea, porque no aplicaron al procesado el descuento máximo de las tres cuartas partes previsto en ella, sino el mínimo de la mitad, y que esto determinó que fuera condenado a una pena mayor a la que legalmente correspondía.
Lo primero que debe afirmarse en relación con este ataque, es que la pena impuesta al procesado...
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