AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54307 del 05-12-2018
| Sentido del fallo | ASIGNA COMPETENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 05 Diciembre 2018 |
| Número de sentencia | AP5182-2018 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buga |
| Tipo de proceso | DEFINICIÓN DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 54307 |
F.A.C. CABALLERO
Magistrado ponente
AP5182-2018
Radicación No. 54307
(Aprobado Acta No. 400)
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Define la Sala la competencia para resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el defensor de los procesados J.H.V.H..
ANTECEDENTES
- Mediante escrito radicado el 25 de octubre del año en curso ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Buga, el defensor del procesado J.H.V.H. solicitó la libertad por vencimiento de términos al tenor de lo previsto en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
- Lo anterior, con el propósito de revocar la medida de aseguramiento que le fue impuesta al precitado al interior de la actuación bajo radicado 110016000000982201480250 que se siguiera en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.
- Correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga, el cual procedió a instalar la audiencia preliminar el 13 de noviembre del año que avanza. Sin embargo, previo a conceder el uso de la palabra al abogado sustituto que acudió al trámite, el juez decidió declararse incompetente para resolver la solicitud de libertad, pues consideró que sus homólogos de Cali debían asumir el conocimiento del asunto por ser ese el lugar donde acontecieron los hechos y donde el procesado se encuentra actualmente privado de la libertad.
- Para respaldar el sustento de su decisión citó apartes del pronunciamiento AP2178-2018 de esta Colegiatura y precisó, además, que la competencia para conocer el juzgamiento de esta actuación también se encuentra pendiente de ser definida por la Corte.
- En consecuencia dispuso la remisión de las diligencias a esta Corporación con el fin de establecer a cuál funcionario corresponde el conocimiento del asunto.
CONSIDERACIONES
El numeral 4º del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, dispone que esta Sala resuelve las definiciones de competencia cuando se trata de tribunales o juzgados de diferentes distritos, lo cual se presenta en el caso concreto, dado que los despachos involucrados en el trámite corresponden a los distritos judiciales de Buga y Cali.
Según se advierte de las manifestaciones expuestas en el curso de la audiencia de libertad por vencimiento de términos – que fue simplemente instalada -, el argumento del funcionario judicial que se declaró incompetente para adelantarla y culminarla con éxito, reside en el factor territorial previsto en el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, pues en su criterio, no fue en Buga sino en Cali, donde sucedieron los hechos y donde actualmente el procesado está privado de su libertad.
Bajo tal entendimiento, reclama que sean los jueces penales municipales con función de control de garantías de esa capital quienes deban asumir el conocimiento de la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada a favor de J.H.V.H..
Es importante precisar que la Corte ha admitido que el juez con función de control de garantías puede declarase incompetente para celebrar las audiencias preliminares que sean asignadas a su conocimiento (CSJ, SP, auto del 14 de mayo de 2013, rad. 41228, reiterado en autos del 22 de septiembre de 2015, rad. 46772; 20 de mayo de 2015, rad. 46039; 19 de agosto de 2015, rad. 46271; y 4 de mayo de 2016, rad. 47981, entre otros).
Igualmente, huelga recordar la posición ya fijada y decantada de su jurisprudencia frente a la competencia para conocer este tipo de solicitudes por los jueces de control de garantías (CSJ, SP. auto del 19 de octubre de 2016, rad. 49045):
“En su redacción original, el artículo 39 del estatuto adjetivo establecía que el control de garantías sería ejercido por «un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito», pero a partir de la modificación introducida por el canon 48 de la Ley 1453 de 2011, esta función corresponde a «cualquier juez penal municipal»”.
“Según lo ha explicado la Sala, este cambio normativo no puede entenderse como una autorización a las partes para escoger, sin limitación alguna, el juzgado de garantías al que quieren acudir. Por ello, en materia de audiencias preliminares, de manera preferente deben respetarse las reglas atributivas de competencia en razón del territorio, pero éstas pueden exceptuarse si las circunstancias del caso concreto así lo aconsejan. La resolución de este tipo de controversias debe tomar como puntos de partida el principio de razonabilidad y la mayor protección posible de las garantías procesales de quienes puedan verse afectados con las decisiones a adoptar. (Cfr., entre otros, CSJ AP, 26 Oct 2011, Rad. 37674)”.
De manera concordante con lo anterior, la Corte en decisión CSJ AP 2178, may. 30 de 2018, Rad. 52827:
“Sobre la competencia territorial de dichos jueces, indica el artículo 39 del C.P.P., modificado por el 48 de la Ley 1453/11, que «La función de control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal».
10. Pese a la amplitud inicial del tenor de esa regla, esta Corte ha interpretado que la misma:
…no permite que la elección en el caso concreto obedezca al capricho o arbitrio del solicitante, sin parar mientes en el elemento territorial, que sigue siendo factor fundamental para el efecto, como fácil se extracta de la sola lectura contextualizada de la totalidad del artículo modificado, en cuanto, remite siempre al lugar de ocurrencia del hecho.
Solo en casos excepcionales, por motivos fundados, es factible que la audiencia preliminar sea solicitada y realizada por un juez distinto al que tiene competencia en el lugar del hecho.[1]”
De conformidad con la línea jurisprudencial fijada por esta Sala, es el juez de control de garantías del lugar donde ocurrieron los hechos que se juzgan, el competente para tramitar la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos, a no ser que concurran circunstancias especiales o excepcionales que aconsejen no acudir a este.
Esa apreciación, como acertadamente lo expuso el funcionario judicial que rehusó el conocimiento, se basa en la preponderancia del factor territorial, una vez advertida la inexistencia de alguno de los motivos de razonabilidad.
Sin embargo, se advierte que el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga no conocía con exactitud la información de la investigación adelantada en contra de J.H.V.H. y asumió que los hechos tuvieron ocurrencia en la ciudad de Cali, lugar desde el cual, el precitado junto a otros miembros imputados en esta misma causa, decidieron concertarse para la ejecución de innumerables conductas punibles.
Fue por ello que motivado por el relato de la fiscal del asunto, concluyó que eran los jueces homólogos de esa capital quienes debían asumir el conocimiento...
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