Auto Nº 17-001-31-10-001-2014-00450-02 del Tribunal Superior de Manizales Civil-familia, 01-11-2017
| Sentido del fallo | SE ORDENA AGOTAR EL TRÁMITE INCIDENTAL, EMPEZANDO POR DECRETAR PRUEBAS, REVOCANDO EL AUTO CON FECHA 10 DE JULIO DE 2017. |
| Emisor | Sala Civil - Familia (Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales de Colombia) |
| Número de registro | 81455609 |
| Fecha | 01 Noviembre 2017 |
| Número de expediente | 17-001-31-10-001-2014-00450-02 |
| Normativa aplicada | CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 686 PARÁGRAFO 2. |
República de Colombia
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Manizales
Sala Civil-Familia
Magistrado Sustanciador: Dr. ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO.
Manizales, primero de noviembre de dos mil diecisiete.
I. OBJETO DE DECISIÓN
Se decide lo pertinente respecto del recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia dictada el 10 de julio de 2017, por el Juzgado Primero de Familia de Manizales, Caldas, en cuanto se abstuvo de “realizar la entrega efectiva de un bien”, dentro del juicio sucesorio del causante Presbítero Alfonso Emilio Bermúdez Cuervo, promovido por el señor Hernando de Jesús Arango Cardona, fallecido, a quien le sucedió procesalmente el señor Jesús Augusto Arango Cardona.
II. CONSIDERACIONES
1. Por auto del 12 de diciembre de 2014 se declaró la apertura de juicio de sucesión testada del causante Presbítero Alfonso Emilio Bermúdez Cuervo y se reconoció como interesado al Presbítero Hernando de Jesús Arango Cardona, en condición de heredero y albacea. Bajo la calidad de ejecutor testamentario le fue entregado el inmueble que fue objeto del pronunciamiento confutado, según diligencia practicada por comisionado el 29 de abril de 2015.
2. El señor Jesús Augusto Arango Cardona concurrió como sucesor procesal ante el fallecimiento del interesado Hernando de Jesús Arango Cardona. Su carácter fue reconocido por auto del 8 de noviembre de 2015, proveído en el cual se dispuso notificar al albacea suplente, señor Ricardo Antonio Muñoz Mejía.
3. En el entretanto, el señor Robinson Trujillo Loaiza, por escrito allegado el 26 de mayo de 2015, formuló “incidente de oposición a la diligencia de entrega a albacea testamentario”, al estimar que era poseedor del bien, para cuya postura imploró que se fuese “revocada” la entrega al albacea y se le restituyera la posesión. Como incidente se le dio trámite, según se dispuso por auto del 24 de junio siguiente.
4. En el curso, el Juzgado cognoscente reiteró la medida atinente a la suspensión de obras de construcción por la parte incidentada en el inmueble que conforma la masa sucesoral, disposición que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de tutela del 23 de noviembre de 2016, dejó sin efectos. Posterior a lo cual, en auto del 27 de marzo del año avante, antes de proceder a decretar las pruebas en el incidente, puso en conocimiento y alcance del artículo 161 del CGP y “la posibilidad de suspender el proceso por prejudicialidad”, en consideración a que se estaba adelantando un proceso de pertenencia entre las partes. Tal requerimiento tuvo respuestas encontradas, dado que mientras el incidentante lo estimó conveniente, el interesado en el sucesorio lo consideró improcedente.
5. El Juzgado de instancia, sin decretar pruebas en el incidente ni auscultar el tema de la prejudicialidad, en el proveído confutado, se abstuvo de realizar entrega efectiva de bien inmueble, a la par que denegó las pretensiones incidentales. En síntesis, con fundamento en los preceptos 1336 y 1337 del C.C., sostuvo que el encargo de albacea no podía ser delegado, ni transmitido a los herederos, pero como el objeto sucesoral no podía permanecer sin la vigilancia y cuidado de un administración, se hacía “necesario nombrar” el administrador , empero ante el amparo constitucional no cabía pronunciamiento alguno. La Juzgadora, por demás, mantuvo la decisión atacada con recurso horizontal.
6. Ante el panorama descrito, se avizora que el Despacho cognoscente imprimió trámite de incidente de oposición a la diligencia de entrega al albacea, pero nunca lo resolvió. Lo dejó a mitad de camino, pese a lo cual el auto protestado tuvo por objeto decidir, tanto que concedió la alzada sobre la base que el proveído era definitorio del incidente.
Pareciera que la a quo desestimó los alcances del fallo de tutela que incidió de manera transversal en el asunto. Nótese que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC16917-2016 admitió la procedencia del incidente de oposición de entrega de bienes al albacea por analogía a la situación del secuestre, trámite circunscrito a resolver si el opositor es un poseedor. Así se razonó:
“Pese a no tener consagración legal específica, el incidente de oposición a la entrega de bienes al administrador de la herencia está disciplinado por las mismas normas que gobiernan la oposición al secuestro. En efecto, establece el artículo 598 del Código de Procedimiento Civil que el albacea, «además de las atribuciones y deberes que señala el Código Civil, tendrá los propios de un secuestre», por lo que el paralelo con la institución procesal del secuestro es evidente y, como se advirtió, permite la remisión a las reglas sobre la oposición al secuestro. Esto tiene aún mayor respaldo en el numeral 8° del artículo 37 de ese mismo estatuto procesal, donde se prevé que cuando no existe una «ley exactamente aplicable» corresponde aplicar «las leyes que regulen situaciones o materias semejantes».
Aunque las anteriores pautas normativas básicamente fueron reproducidas en el nuevo ordenamiento procesal civil (artículos 42-6 y 498 del C.G.P.), cabe precisar que en este caso el incidente se encuentra bajo los postulados del Código de Procedimiento Civil, atendiendo que fue formulado el 28 de mayo de 2015 (fl. 3 de este cuaderno), cuando todavía no estaba rigiendo plenamente el Código General del Proceso.
El referido incidente de oposición, asimismo, está reglado en el parágrafo 2° del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, donde se prevé, de manera taxativa, que sólo puede oponerse «la persona que alegue posesión material en nombre propio o tenencia a nombre de un tercero poseedor; el primero deberá aducir prueba siquiera sumaria de su posesión, y el segundo la de su tenencia y de la posesión del tercero». En ese trámite, luego de recaudarse los elementos demostrativos «relativos a la posesión (…) se resolverá la oposición».
Al respecto se ha dicho que:
«(…) esta disposición tiene por finalidad que se respeten los derechos de poseedor al tercero que tenga en ese carácter el bien al momento de practicarse el secuestro. Es decir, el debate se debe circunscribir a la posesión material del bien, asunto este que debe ser decidido una vez se pruebe el ejercicio de la posesión dentro del incidente correspondiente. En esta clase de actuaciones no es dable entrar en la...
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