AUTO nº 25000-23-36-000-2012-00660-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 03-03-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 03 Marzo 2021 |
| Número de expediente | 25000-23-36-000-2012-00660-01 |
| Tipo de documento | Auto |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / FALTA DE JURISDICCIÓN / EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA / EFECTOS DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN / FONADE / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN – Solo de la sentencia / NULIDAD DE LA SENTENCIA
De conformidad con el artículo 287 del CPACA, que impone a los jueces el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades, corresponde al despacho pronunciarse en relación con la falta de jurisdicción que se presenta en el sub lite, toda vez que, como se pasa a explicar, el asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, situación que afecta la validez de la sentencia de primer grado. (…) se hace necesario definir los criterios legales que determinan el “Juez Natural (sic) de las controversias en que FONADE resulte ser parte demandante o demandada, en [los términos del] artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso que al respecto dispone que cuando se declare de oficio o a petición de parte la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que así se hubiere proferido.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 287 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 125 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 105
ENTIDAD ESTATAL / FONADE / ENTERRITORIO / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / OBJETO DEL FONADE / FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ENTIDAD ADSCRITA / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO / ENTIDAD FINANCIERA / ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Creado mediante el Decreto 3068 de 1968, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - FONADE se constituyó un como establecimiento público, adscrito al Departamento Nacional de Planeación que, según el artículo 1° de dicha norma, gozaba de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y tenía la función de “financiar total o parcialmente a entidades de Derecho Público o Privado” los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico económicos, de proyectos o programas específicos en determinados sectores. Luego, con las reformas estructurales que trajo consigo la expedición de la Carta Política de 1991, el Gobierno nacional expidió, entre otros, el Decreto 2168 de 1992, por cuya virtud F. cambió de naturaleza jurídica para convertirse en una “Empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero denominada Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo”. Posteriormente, en el año 1993, fue expedido el Decreto 663, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –EOSF (…) F. se encuentra clasificada en la gama de las denominadas “entidades financieras” o “instituciones financieras”, bajo el entendido de que el legislador asignó a ambos conceptos una definición y alcance equivalente, de forma que, estas expresiones, se utilizan indistintamente para referirse a la misma categoría jurídica. (…) al estar F. sometida al control y vigilancia de dicha Superintendencia, se concluye que se trata de una institución financiera de carácter estatal, para todos sus efectos legales. (…) En la actualidad y conforme al Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, norma por cuya virtud se modificó la estructura de F. y se cambió su denominación para, en adelante, llamarse Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio)– esa naturaleza jurídica se conserva y ratifica.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3068 DE 1968 – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / DECRETO 2168 DE 1992 / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / DECRETO 288 DE 2004 – ARTÍCULO 3 / LEY 45 DE 1990 – ARTÍCULO 90 / DECRETO 2168 DE 1992 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 495 DE 2019
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver concepto 2135 del 9 de abril de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO / ENTIDAD FINANCIERA / ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA / NORMA DE DERECHO PRIVADO / FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / GESTIÓN FISCAL / RÉGIMEN DE INHABILIDADES / RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
[E]l parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispuso, mientras estuvo vigente, que las entidades financieras de carácter estatal, además de otras allí mencionadas, no estaban sujetas a las disposiciones de dicho estatuto cuando la contratación correspondiera al giro ordinario de las actividades propias de su objeto. (…) Esta norma estuvo vigente por más de 13 años, cuando fue modificada por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 (…) el legislador amplió la regla de exclusión del régimen público de contratación respecto a las entidades financieras estatales, y estableció que toda su actividad contractual estaría sujeta al régimen de derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y de gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Carta Política, así como del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. (…) Esta pauta, sin embargo, no cobijó la actividad contractual de F. pues más adelante, en el artículo 26 de la misma normatividad, señaló expresamente que este fondo quedaba sometido a la Ley 80 de 1993 (…) la sujeción de la actividad contractual de F. al régimen de la Ley 80 de 1993, cambió con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, en tanto el artículo 276 de dicha norma dispuso la derogatoria del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007; en consecuencia, a partir de ese momento, F. quedó excluida de la aplicación del régimen público de contratación en los términos del artículo 15 de la Ley 1150 que se mantuvo vigente. (…) acompañado de la regla general establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, que dispone que en “todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, permite señalar que la actividad contractual de F. quedó sujeta al régimen de derecho privado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1 / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 15 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 267 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 26 / LEY 1450 DE 2011 – ARTÍCULO 276 / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 26 / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 15 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 38
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el particular, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, S. A, Exp. 68001-23-33-000-2012-00322-01(52531), sentencia del 3 de agosto de 2017, C.M.N.V.R..
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO / ENTIDAD FINANCIERA / ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / CONTRATO PRIVADO / ACTO PREVIO / ACTO PRECONTRACTUAL / DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD IN CONTRAHENDO / OFERTA / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / NORMA DE DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN NORMATIVO APLICABLE
(…) F. es una institución financiera de orden estatal, sometida al régimen de derecho privado en su actividad contractual, la cual, a partir de la citada derogatoria, carece de capacidad y habilitación para expedir actos administrativos precontractuales –dado que no está cobijada por las normas del derecho público– ni sus contratos están sujetos a la Ley 80 de 1993; por supuesto, dejando a salvo la aplicación de los principios constitucionales a que se refieren los artículos 209 y 267 de la Constitución y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. (…) dado que el acto precontractual (que no acto administrativo) de aceptación de oferta sub lite, fue expedido el 27 de junio de 2012, y el contrato No. 2122052 demandado fue suscrito el 18 de julio de 2012, es decir, posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, se concluye, de una parte, que toda la actividad contractual de F. estaba gobernada por las normas del derecho privado, y de otra, que para ese momento ya se había expedido la Ley 1437 de 2011, que redefinió el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos que se pasan a indicar.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POÍTICA – ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 267
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / C.P.A.C.A. / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO MATERIAL / CRITERIO ORGÁNICO – Excepciones / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS
[A]signa una connotación preponderante al criterio material o de especialidad del asunto, en tanto señala que el objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias originadas en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo; de modo que en los casos en que la cuestión litigiosa no se encuentre sometida al derecho de la administración pública (derecho público y/o derecho privado), esta jurisdicción carece de atribuciones para fungir como juez natural de la disputa. (…) ya sea de manera conjunta o complementaria, o por aplicación autónoma de este criterio en algunas materias, se ha afirmado que el estatuto procesal de lo contencioso administrativo proclama un régimen mixto en materia de jurisdicción, a partir de la conjugación de los...
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