Bonilla, Daniel y Manuel A. Iturralde (Eds.). Hacia un nuevo derecho constitucional. Bogotá: Universidad de los Andes (2005), 421 pp.
| Autor | Luis Freddyur Tovar |
| Cargo | Pontificia Universidad Javeriana - Cali |
| Páginas | 237-306 |
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Desde 1996, en la Universidad de Los Andes -y en el interior de su Facultad de Derecho- funciona un grupo de investigación y de estudio denominado Observatorio de Justicia Constitucional, el cual ha publicado varios textos de gran importancia, no solo para la academia, sino para la literatura jurídicoconstitucional colombiana.
En el año de 2005 este centro andino de conocimiento nos sorprendió con la edición de un texto altamente sugestivo, provocador y no menos sesudo, denominado Hacia un nuevo derecho constitucional, materializado en las sentencias de la Corte Constitucional, el cual tiene por objeto evidenciar -a partir del análisis de fallos de constitucionalidad y de revisión de tutelas- un nuevo enfoque sobre el Derecho Constitucional en Colombia, lo cual implica una nueva visión sobre el modo de ver el fenómeno jurídico, toda vez que las sociedades actuales, y Colombia no es la excepción, han vivido un proceso paulatino de constitucionalización del Derecho.
Empero, el estudio no es una reflexión filosófica sobre el Derecho, en sentido estricto, sino el análisis crítico-práctico en torno al producto jurisprudencial del quehacer de un operador altamente calificado, como es la Corte Constitucional. Lo anterior no le resta importancia ni trascendencia alguna al texto; es decir, la crítica anterior no es un defecto del mismo, sino que es el resultado de la formación profesional de los autores de cada uno de los acápites en que se divide la obra, pues la mayoría de ellos tienen una sólida formación profesional en la llamada Escuela Realista del Derecho norteamericana.
Ahora bien, para la contemporaneidad jurídico-política, el Derecho se origina en un crucial momento específico del pasado de una comunidad, cuando sus miembros acuerdan los principios y valores guía de convivencia y la estructura básica de sus instituciones.
De esta afirmación fenoménica, surgen, al menos, tres interpretaciones diferentes, todas ellas producto de visiones racionales, evolutivas y optimistas del Derecho: la primera, la de la Dogmática Jurídica Positivista Analítica de hoy, que considera que el Derecho, a partir de este origen, se desarrolla de manera dinámica, lineal y continua con el único objetivo de materializar esos principios y valores asumidos por la colectividad. Page 298
La segunda, la de la Escuela de los Estudios Legales Críticos y la del Deconstructivismo, para quienes el origen del Derecho es ese crucial instante, contingente y discontinuo, producto dialéctico de la tensión -contradictoria y a veces irreconciliable- de los principios y valores políticos de una sociedad; por tanto, el Derecho no es un producto que se desarrolla de manera racionalparticipativa y progresiva en el tiempo. Para esta interpretación, el Derecho carece de una historia coherente con su origen y su fin; por tanto, la historia del Derecho es el resultado azaroso de diversas narrativas1 y racionalidades, reflejo fiel de las múltiples aspiraciones políticas de quienes tienen el poder para definir la afirmación y consolidación de los valores sociales en conflicto.
La tercera interpretación es la de la Escuela Constructivista o Discursiva del Derecho, para quienes tal fenómeno es el producto dialéctico y participativo, racional y razonable de la sociedad; por ello, su desarrollo no es lineal ni circular, sino un ejercicio complejo, dinámico, permanente, flexible y abierto que requiere de adaptaciones contextuales a las exigencias de hoy, en procura de los ideales consagrados en el acto fundacional. Es, siguiendo una figura geométrica, una espiral flexible.
Ahora bien, el fenómeno jurídico-político implica, teóricamente, que la voluntad del pueblo -expresada originalmente y por generaciones pasadas en el acto fundador de la organización, y dinamizada diariamente por otras generaciones en el presente histórico- es la que decide el rumbo que debe tomar la historia futura que narra el Derecho; por tanto, en la práctica, son el legislador y los administradores públicos, como delegatarios políticos del soberano fundador, los directos responsables de materializar la voz ciudadana, de continuar con la historia para acercar a la sociedad al fin proyectado desde el origen del Derecho.
En tal sentido los jueces, como autoridades públicas, juegan un papel preponderante. Hoy ya no es posible concebir el rol de los jueces reducido a ser simples aplicadores de la normatividad, a ser la boca de la ley. Hoy, más que nunca, los jueces, con sus decisiones, deben reconstruir el pasado desde el presente para que la normativa del Derecho siga siendo racional, continua y progresiva. Por ello, cada decisión judicial debe ser una reinterpretación del pasado para que éste se ajuste a las necesidades y prioridades de la narración del presente; es decir, el juez debe ajustar el pasado al presente y no al contrario; en este sentido, el precedente judicial es un mecanismo ideal para mantener la coherencia del Derecho, al tiempo que propicia su dinamismo. Page 299
Consecuente con lo anterior, los editores expresan:
Los tribunales constitucionales viven hoy de manera particularmente intensa el conflicto generado por la tensión entre el deber de contribuir a mantener la supuesta linealidad, coherencia y secuencialidad del ordenamiento legal, los retos que diariamente les impone la práctica jurídica y los conceptos alternativos que existen sobre la historia del Derecho. En tanto que estos tribunales son los intérpretes máximos y últimos de la...
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