Capítulo cuarto. El principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución española
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captulo cuarto
El principio de estabilidad presupuestaria
en la Constitución española
El principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución española
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La incorporación del principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución
española solo puede ser entendida si se tiene en cuenta que España forma
parte de la Unión Europea. En este sentido, hay que resaltar la existencia de
recursos comunitarios y la obligación estatal de aportar para el mantenimiento
de la Unión1; las obligaciones que han contraído los Estados para adelantar y
fomentar ciertas políticas de distinto tipo (económica, agraria, monetaria, etc.),
e incluso las restricciones a las ayudas públicas que subsidien actividades y que
puedan llegar a comprometer la libre competencia económica2. Como vemos, el
marco jurídico comunitario produce un impacto profundo en el ordenamiento
jurídico estatal, ya sea para adaptar la normatividad al marco europeo o para
desarrollar y cumplir el conjunto de obligaciones adquiridas. Por lo tanto, es
necesario conocer los antecedentes en el ámbito europeo y, posteriormente,
estudiar al marco legal estatal.
Si bien es cierto que la reforma del año 20 11 incorporó el principio de
estabilidad presupuestaria a la Constitución, también lo es que desde el año
2001 España contaba con una regulación a nivel legal que implementaba el
principio de acuerdo con la regulación europea, concretamente con el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento (pec). Es más, el marco legal se fue reformando
de manera paralela a la evolución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es-
pecialmente con la reforma del año 2006.
El principio de estabilidad presupuestaria ha comportado un cambio sus-
tancial en el ordenamiento jurídico que gobierna las cuentas públicas, tanto
en las dimensiones de gasto y de ingreso como en la faceta de planificación.
Las principales manifestaciones son notorias si se atiende a los cambios que ha
supuesto la adopción del principio con respecto al tamaño de la Administración
Pública (p. ej., con tasas de reposición bajas); también ha significado una nueva
definición de los límites de las prestaciones de contenido social y, asimismo,
ha impactado sobre la distribución de competencias entre el Estado y las co-
munidades autónomas. A todo lo anterior debe sumarse la supervisión de la
Unión Europea, a la que queda sujeta toda la actividad presupuestaria estatal
en sus diferentes fases.
1 Para una reflexión actual sobre esta cuestión, cf r. a. olesti r ayo, “¿Hacia un presupuesto
específico de la Unión Económica y Monetaria? ”, en A. olesti rayo (ed.), La profundización
de la Unión Econó mica y Monetaria, Marcial Pons, Madr id, 2019.
2 ruiz alMendr al, Estabil idad presupuesta ria y gasto público en Espa ña, cit., p. 25.
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