Capítulo Primero. El origen de la noción de contrato administrativo, nos lleva al origen del control de legalidad en esta actuación de la administración
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Capítulo Primero
El origen de la noción de contrato administrativo
nos lleva al origen del control de legalidad
en esta actuación de la administración
Los contratos administrativos remontan su origen a la formación del Derecho
Administrativo, los actos administrativos y la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo2. Esto nos permite decir, que si bien es cierto, encontramos
antecedentes de dichas instituciones en épocas como la griega3, la romana4, el
feudalismo5, el medioevo6, la monarquía7; es a partir de la Revolución Francesa,
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de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual muestra como una jurisdicción
ordinaria que asume las competencias de las jurisdicciones especiales; argumentación que
compartimos en cuanto al origen del contrato administrativo, pero que nos apartamos en lo
referente a que sea una jurisdicción ordinaria y por el contrario la consideramos una jurisdicción
especial, en la medida que conoce asuntos de naturaleza especial, como son las controversias
surgidas de la actividad de la Administración, la cual está matizada por principios especiales.
3 La idea de contrato para los griegos, se sustentaba en un equilibrio de prestaciones; que como
lo Plantea, Raúl Enrique. Distribución de los Riesgos en la Contratación
Administrativa. Buenos Aires-Argentina: Editorial Astrea, 1990, p. 9. La equivalencia en
las prestaciones, implicaba que lo que salía de un patrimonio, debía ser equivalente a lo que
entraba, lo cual determinaba o permitía la existencia de una paz social. Esto permite ver que en
la contratación no se tenía una concepción de lucro como lo podemos percibir ahora.
4 Instituciones como el Consiliun Principis o el Consistorium Principis, son muestra de
antecedentes del Derecho Administrativo en el Derecho Romano.
5 Así se diga que el feudalismo constituye un modelo de imposición del más fuerte, donde la
arbitrariedad sustenta el poder imperante; deja ver en igual forma, algunos visos de Derecho
Administrativo, por ejemplo en los trámites establecidos para recaudar impuestos o en los
6 , Jorge. México: Editorial Porrúa, 2003, p.
15, expresa sobre los contratos en la edad media: “La destrucción del Imperio romano, provoca
por sus propias contradicciones internas y consumada por los pueblos bárbaros, conllevó la forja
tales pueblos y los del derecho romano, como se advierte fácilmente en las normas reguladoras
7 , Gustavo. , segunda edición actualizada.
Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2000, determina que instituciones como las Cámaras
de Cuentas, el Consejo del Rey y el Gran Consejo constituyen claras muestras de antecedentes
del Derecho Administrativo en la etapa prerrevolucionaria de la monarquía.
224 Ciro Nolberto Güechá Medina - Jessica Tatiana Güec há Torres
donde se empiezan a mostrar con un acentuado grado de claridad8; todo ello como
consecuencia de principios como el de legalidad y la separación de poderes, que
dejan ver un Estado de Derecho marcadamente estructurado9, el cual dentro de
sus actividades desarrollaba una de especial importancia, como es la de celebrar
10.
En efecto, no se puede separar la formación del Derecho Administrativo
y el origen de los contratos administrativos, ya que la existencia de estos está
determinada por el derecho al cual pertenecen y por la jurisdicción que va a
1. LOS PRI NCIPIOS DE LA R EVOLUCIÓN FR ANCESA DETERM INA N
EL ORIGEN DE L CONTRATO A DMINIST RATIVO Y DE SU CON TROL
DE LEGALIDAD
propias entrañas del Derecho Administrativo11, en la medida que éste constituye
8 , Miguel. Antecedentes del Derecho Administrativo en el Derecho Indiano,
en Revista Estudio Socio Jurídicos, volumen 3 número 1. Bogotá: Universidad del Rosario,
2001, p. 40 y ss, hace una referencia bien interesante al origen del Derecho Administrativo en
dicho sistema jurídico.
9 , Jairo. Cátedra de Derecho Administrativo General y Colombiano. Bogotá:
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, p. 28, muestra como a partir de 1789 con la
Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano cae el poder absolutista de la monarquía
y se establecen nuevos principios del poder del Estado, con fundamento en la división de poderes
desarrollada por Montesquieu, a partir de las ideas de Jonh y el principio de legalidad.
10
aunque esto fuera inexacto, como lo plantea , Gastón. Derecho Administrativo, traducción
de la 9ª edición. Caracas: Instituto de Derecho Público, 1984, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas Universidad Central de Venezuela, p. 127 cuando dice: “La doctrina, interpretando
administrativo si tiene por objeto ayudar al funcionamiento de un servicio público. La fórmula
teniendo por objeto el funcionamiento de los servicios públicos, son normalmente contratos de
derecho privado; los servicios administrativos pueden ellos mismos celebrar esos contratos”.
11 , Op. cit. p. 16, hace referencia a la preponderancia de los contratos en el Derecho
“Entre las instituciones del derecho administrativo que han
ocupa un lugar tan destacado que suele eclipsar a otras categorías que no han tenido una
evolución comparable...
Las causas de la trascendencia que ha cobrado la categoría jurídica del contrato administrativo
son conocidas y van desde el crecimiento de las necesidades colectivas y la aparición de
nuevas tecnologías, hasta la idea de colaboración de los sujetos de derecho privado con la
Administración Pública...”.
225Capítul o Primero. El origen de la noción de cont rato adminis trativo, nos lleva al origen...
la normatividad especial referida a la Administración12, y los contratos
administrativos son parte de la actividad desarrollada por ella13. En tales
circunstancias, es pertinente hacer un análisis de cómo ha sido ese origen, teniendo
en cuenta que los principios surgidos de la Revolución Francesa determinaron
la formación de un concepto como del otro14.
El contrato administrativo implica actuación de la Administración y el principio
de legalidad es fundamental a la misma, el cual adquiere su expresión inicial dentro
principio determina al contrato administrativo en cuanto a su formación y esencia,
15, la Administración
no actuaba por propia autoridad, sino con fundamento en la autoridad de la ley,
lo que hacía que esa actuación implicara una particularización de los mandatos
abstractos de las normas y el contrato administrativo no se podía sustraer de tales
determinaciones, en cuanto a que era parte de la actuación de la Administración16.
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convergen de una u otra forma en la regulación de la Administración; así por ejemplo: ,
Derecho Administrativo, Op. cit. p. 40 dice: “Cabe entender el Derecho Administrativo como
el Derecho de la Administración y, en este sentido, todo país civilizado poseería un Derecho
Administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de la
Administración”. Por su parte la escuela de Burdeos con León , René y Gastón ,
André de , en su Tratado de Derecho Administrativo, p. 35, el Derecho Administrativo
y el servicio público constituían: “Toda actividad de una persona u organismo públicos, tendientes
a satisfacer una necesidad de interés general”. Si vamos a la doctrina española encontramos que
el maestro, y , Op. cit. p. 38, expresan que el Derecho
personas. Y en el caso colombiano, un doctrinante tradicional como .
Derecho Administrativo General y Colombiano, Op. cit. p. 21, lo enmarca de la siguiente manera:
“Conjunto de principios y reglas jurídicas que rigen la actividad administrativa de las entidades
públicas y de las personas privadas que participen de esa actividad o que son afectadas por ella”.
13 En efecto la actividad contractual es típica actividad administrativa, porque es desarrollada
esencialmente por la Administración; haciendo la salvedad que no es de su exclusividad.
14
Público y en este sentido ver , Maurice. Principes de droit public. París: Dallos, 2010.
15 y , Op. cit. p. 423-424.
16 Los contratos del Estado, constituyen la mayor expresión de subordinación de la actividad de la
administrativa, sino ritualismo y formalidad en el procedimiento de las entidades públicas.
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