El castigo: Difícil tarea para la administración de justicia
| Autor | Maribel Lagos Enríquez |
| Cargo | Abogada de la Universidad Santiago de Cali |
| Páginas | 110-128 |
Abogada de la Universidad Santiago de Cali, con Maestría en Sociología de la Universidad del Valle. Actualmente es profesora de la PUJ-Cali.
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Desde el campo de la sociología, el castigo se define como:
"...una institución social que esta condicionada por un conjunto de fuerzas sociales e históricas, que tienen un marco institucional propio y apoya una serie de prácticas normativas y significantes que producen efectos penales y sociales. Es decir, que las condiciones morales, políticas, económicas, culturales, legales, administrativas y penitenciarias convergen en el ámbito penal y moldean las formas de la penalidad y a su vez, las medidas penales sirven para imponer leyes, reglas y autoridad política, para expresar sentimientos, fortalecer solidaridades, subrayar divisiones y trasmitir significados culturales y sociales ".1
En esta perspectiva, el castigo es ante todo un problema social y no se puede reducir o agotar en una tarea técnica encargada a instituciones especializadas. El castigo en una forma u otra, es un elemento intrínseco de toda asociación humana. Su estudio, por eso, es complejo y no se puede reducir al sistema de administración de justicia penal y penitenciario, tampoco de las prisiones. Sin embargo, en el pequeño espacio que posibilita este artículo, se hará referencia a estos dos aspectos y la manera cómo ellos inciden en la materialización del castigo en Colombia.
En este orden de ideas, la lógica de exposición del artículo presentará un planteamiento del problema y una hipótesis que pretende demostrar que el sistema de justicia penitenciario colombiano es ineficaz, ilegal e ilegítimo. Para abordar el problema de la eficacia se analizan tres indicadores: la criminalidad, la impunidad y la reincidencia. El problema de la ilegalidad se plantea desde los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el de la ilegitimidad, desde reflexiones personales sobre la funcionalidad y utilidad de la prisión, considerada por el sistema penal moderno, como la forma "ideal" de materialización del castigo. Page 111
Desde la última década del siglo pasado se empieza a presentar en Colombia una serie de hechos que reflejan la aguda crisis del sistema penitenciario, la que señala algunos elementos nuevos para tener en cuenta al momento de entrar a comprenderla y formular alternativas de solución. Entre estos nuevos elementos, se destaca la prisión. De repente, ellas y los prisioneros se vuelven noticia, adquiriendo una importancia inusitada, sobre todo para el Estado, quién las ha convertido en un problema de orden público y tema prioritario de los últimos gobiernos. Todo parece indicar que las cárceles colombianas están prácticamente fuera del control estatal.
Si bien es cierto que la institución prisión nace en medio de contradicciones insalvables, desde donde se origina su crisis permanente,2 el caso colombiano parece particularmente alarmante. Prueba de ello son, entre otras, las tasas de hacinamiento promedio superior al 100% en las principales cárceles del país. Las movilizaciones organizadas a nivel nacional por los reclusos al interior de las prisiones y por sus familiares desde el exterior. La existencia de grupos de poder conformados por sectores internos con mucha influencia política y/o económica, que, además, cuentan con "verdaderos ejércitos" de reclusos. La permanente y sistemática violación de los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución, lo que las convierte en ilegales. Los procesos de democratización de los conflictos internos y toda una serie de eventos que ha volcado los ojos del país hacia su sector más marginal, casi vergonzante: sus prisiones.
Una situación de tanta complejidad requiere de estudios que sobrepasen los tradicionales análisis legalistas o periodísticos. Implica una reflexión interdisciplinaria que tenga como punto de partida temas de tanta trascendencia como el del castigo, el orden y el control social, que a su vez llevan a otros no menos importantes como el de la norma, el conflicto o el poder. De la misma manera, un análisis comprensivo interdisciplinario de la problemática llevaría a reconocer que no es aislado el hecho de que las prisiones presenten hoy este panorama de "aparente caos", y que por el contrario ello se encuentra Page 112 estrechamente relacionado con unos contextos sociales, políticos, económicos e institucionales.
Se refiere la autora un aparente caos, si se toma como referencia el orden que debe existir en una prisión desde lo establecido en la ley penitenciaria, el cuál, por supuesto está subvertido. Pero si se mira con detenimiento, lo que existe al interior de las prisiones es un orden paralelo, creado básicamente desde los internos, que posibilita la resolución de muchos de los múltiples conflictos que allí se presentan, así como ciertos niveles de convivencia. Unida a esta situación, se presenta una violación permanente de Derechos Fundamentales y un bajo nivel de eficacia para controlar la criminalidad y resocializar a los delincuentes, lo que ha causado que esta institución y en general todo el sistema penitenciario, pase por una aguda crisis que ponga en tela de juicio su eficacia, legalidad y legitimidad. A continuación se presentan en detalle algunas cifras y análisis que sustenta esta afirmación.
El actual Código Penal, en su artículo 4 establece: "La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión".
Este artículo permite establecer que la eficacia del sistema se mide en términos de prevención y control de la criminalidad, de la impunidad y de la reincidencia. En esta lógica, se procede a analizar algunas cifras que posibilitan cuantifcar el grado de cumplimento de estos indicadores, para sustentar la idea que desde el punto de vista de la eficacia, el sistema penitenciario está en serios problemas.
En cuanto a la criminalidad, para efecto del análisis en este trabajo se tuvo en cuenta tres niveles: la criminalidad real, la criminalidad denunciada y la criminalidad oculta. Para su cuantifcación se utilizaron tres fuentes: 1. Para Page 113 determinar la criminalidad real se trabajó la encuesta de hogares realizada por el DANE en 1997, la que incluyó un módulo de justicia, donde se determinó el nivel de ocurrencia de hechos confictivos declarados por las víctimas. 2. La criminalidad denunciada se trabajó teniendo como fuente los hechos delictivos reportados por las entidades oficiales, en particular por la policía. 3. La criminalidad oculta, es decir aquella que ocurre, pero que no se denuncia a las autoridades, se puede inferir de la diferencia entre las dos anteriores.
Criminalidad real: Esta denominación se da a aquella criminalidad que es reportada por la víctima, independientemente de que la haya denunciado o no ante las autoridades judiciales. El DANE la cuantificó recientemente a través de una encuesta de hogares realizada en marzo de 1997, donde se incluyó un módulo de Justicia. Esta encuesta se aplicó a un total de 17.394 hogares en siete ciudades del país, incluidas sus áreas metropolitanas.3
Según esta encuesta, se pudo determinar que la tasa de ocurrencia de conflictos que los encuestados declararon haber tenido durante el período estudiado (marzo 1996 - marzo 1997) fue de 2.960, por cada 100.000 habitantes, esto sin considerar la forma como fueron resueltos. Las tasas de ocurrencia más altas las presenta Bucaramanga con 4.769, seguida por la de Cali, cuya tasa de ocurrencia fue de 3.377. En el total de la muestra se encontró que el 84.6% de estos conflictos reportados fue de naturaleza penal, es decir, originados por la actividad criminal. Los conflictos penales fueron en su mayoría, contra el patrimonio económico en un 75.5% de los casos y contra la vida e integridad personal en un 13%.
TABLA N. 1 TASA DE OCURRENCIA, POR CIUDADES, SEGÚN TIPOS DE _CONFLICTOS 1997 (MARZO)_
Tipos de Conflictos Barranq. Bucaramanga Bogotá D.C. Manizaies Medeliín Cali Pasto
Penal 2.072 3.493 2.648 2.472 1.652 3.033 2.869
Civil- familia 80 549 169 412 453 265 199
Laboral 58 123 135 46 66 38 13
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Hogares - Etapa 95, módulo "Derecho de acceso al servicio de justicia". Cálculos: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. Consejo Superior de Judicatura. Page 114
Criminalidad denunciada: Como ya se dijo, para analizar este nivel se tendrá en cuenta los datos aportados por la DIJIN, Policía Nacional, y que fueron relacionados por el DANE en su publicación "Colombia estadística 1998 -2000".4 En ella se reporta la criminalidad de la década, agrupada por modalidades delictivas. (Ver tabla 2).
Lo primero que se puede observar, es que, según la Policía, la criminalidad en la década estudiada ha oscilado siempre en el promedio de los 200.000 delitos por año; siendo 1997 el año que presentó mayor criminalidad y 1993 el año que presentó una mayor disminución de delitos. Los delitos más cometidos son los que atentan contra en patrimonio económico, cuyo porcentaje promedio de ocurrencia en la década es del 45.8%. Le siguen los delitos contra la vida e integridad personal con el 37.2%, los delitos contra la seguridad pública que incluye narcotráfico y conexos con el 10%; los delitos contra la libertad individual y otras garantías con el 2.5% , los delitos contra la familia con el 1% y con igual porcentaje los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.
Se nota una disminución de los delitos contra el...
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