Un círculo vicioso infernal - 17 de Diciembre de 2014 - El Tiempo - Noticias - VLEX 549151502
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Un círculo vicioso infernal

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Vincent

El actual sistema de fijación de los incrementos en remuneraciones para congresistas, altos dignatarios públicos y magistrados de altas cortes es perverso. Urge una modificación urgente, en pro de la sanidad de las finanzas públicas. Antes de la Constitución de 1991, el sistema de remuneración de los congresistas dependía de leyes que ellos mismos expedían. Cada vez que decidían aumentarse los sueldos se generaba una amplia polémica nacional, pero no obstante lo anterior, la gran mayoría de las veces pasaban por encima de la vergüenza y se aumentaban los sueldos. En aquellas épocas no había normas en el reglamento del Congreso sobre conflictos de intereses ni impedimentos. Buscando resolver esta situación, la Constitución de 1991, en su Artículo 187 le quitó esa responsabilidad a los congresistas. Se estableció que su asignación salarial “se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la administración central, según certificación que expida la Contraloría General de la República”. La remuneración del Congreso, por otra parte, determina automáticamente la de otros funcionarios públicos, como magistrados de las altas cortes, Procurador y Contralor. Arrastra, por su parte, la de magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre otros. Aparentemente, el problema estaba resuelto. No iba el país a estar expuesto a los escándalos recurrentes derivados de que el Congreso se fijara sus propias remuneraciones. Era de esperarse, por lo tanto, que los incrementos salariales fueran moderados. ¿Qué pasó entonces? Muy sencillo. A principios de los años 90 se realizaron incrementos importantes en la remuneración de todos los funcionarios de la rama judicial distintos a los magistrados, en proporciones que, en muchos casos, sobrepasaron el 100 por ciento. El propósito era el de ‘nivelar’ la remuneración de estos funcionarios, de tal manera que no hubiera una diferencia muy grande con las de los magistrados de las altas cortes. Como consecuencia de lo anterior, un magistrado de Tribunal, que en esa época ganaba 900.000 pesos, pasó a ganar 1,8 millones. No es cierto, como lo dicen los dirigentes de Asonal Judicial, que el Gobierno Central hubiera incumplido la promesa de realizar una nivelación salarial que estableciera una diferencia razonable entre la remuneración de los magistrados de las altas cortes y la de los demás funcionarios de la rama...

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