Conclusiones
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Este es un juego de nunca acabar: ¿fue
primero narco o para? Estaba tan ligado el
para al militar como el narco al militar.
El paramilitarismo sigue vivo, pero no de la misma manera. Las orga-
nizaciones sucesoras del paramilitarismo hacen parte de una historia
de larga duración en la que las estructuras de ejércitos particulares que
garantizan la seguridad en el nivel local y unas élites políticas y econó-
micas violentas y despojadoras, han estado presentes.
Este recuento se inició en la década de los sesenta del siglo :
Este paramilitarismo tiene un componente jurídico importante que es la
autorización conferida a los militares para entregar armas de guerra a los
civiles desde 1965, en virtud del decreto 3398 expedido el 24 de diciembre
de ese año. Algunos de los paramilitares vivían, dormían en las brigadas
y los cuarteles. Es muy conocido el caso de Isidro Carreño, de quien se
decía que pernoctaba en la Quinta Brigada, o en cualquiera de los cuarteles
adyacentes a su territorio de operaciones en San Juan Bosco de Laverde.
En aquella época, en los años 60 y 70, la actividad de los paramilitares se
orientaba más a practicar detenciones arbitrarias que a asesinar gente, aun-
que había casos de asesinatos, por supuesto, pero no en la cantidad en que
se conocieron en las décadas posteriores. Esas detenciones arbitrarias bus-
caban interrogar a las víctimas, muchas veces torturándolas, para obtener
información. Los paramilitares estaban más en función de eso, que de eje-
cutar, y acompañaban al ejército en ese tipo de actividades, y en una que
otra muerte. Una que otra muerte se reeja en el hecho de que, en el año
80, había 100 personas registradas como muertas por motivos políticos,
¡al año! Que es una cifra muy inferior a lo que se va a conocer después:
esa cifra fue aumentando, y en el año 85 eran 1000 al año, y en 1988 fueron
4200. De allí en adelante, el promedio anual de personas registradas como
muertas por motivos políticos fue aproximadamente de 3600 (diez vícti-
mas diarias) aproximadamente, hasta 1996. Entre 1997 y 2002 ese promedio
se duplicó, acercándose a 8000 muertes anuales por motivos políticos521.
521 Entrevista realizada a Gustavo Gallón.
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Organizaciones sucesoras del paramilitarismo
Posteriormente, a partir de la década de los setenta ingresaron a es-
cena las maas como mediadoras de nuevo tipo, cuyo surgimiento es-
tuvo íntimamente ligado a las crisis económicas de las élites regionales,
lo que facilitó su rápido ascenso social y económico, y que las contra-
dicciones sociales como, por ejemplo, el desempleo y las violencias, se
agudizaran. La precariedad del Estado, su escasa presencia regional y
local, dejaron en manos de agentes particulares (terratenientes y gamo-
nales) la solución y mediación de los conictos.
Conoceríamos para la década los ochenta y la de los noventa el na-
cimiento de una estructura paramilitar que dene la articulación armó-
nica de los intereses de narcotracantes, ganaderos y Fuerza Pública:
la creación de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y
de sus aparatos subsidiarios como y Morena. Desde allí se
orientaría el paramilitarismo bajo una lógica contrainsurgente, funcio-
nal para la acumulación y el despojo, lo cual privilegió el homicidio
y los desplazamientos como repertorios de violencia. Para 1994, con
la creación de las , se apuntalaron negocios que evidenciaron un
nuevo enfoque para las prioridades: se había pasado de una maa y una
estructura precapitalista, al desarrollo de la agroindustria como bene-
ciaria de estos ejércitos, sin abandonar sus socios estratégicos.
Alianzas y estrategias históricas le permitieron al paramilitarismo con-
solidarse y poder, hoy por hoy, tener el control social de varios territo-
rios. Para la década de los ochenta, como vimos en los contextos de los
vericuetos jurídicos, mientras el procurador acusaba a los militares de estar
involucrados en paramilitarismo, los gremios de la producción salían en
su defensa y le daban respaldo público a las Fuerzas Armadas. Pedro Juan
Moreno Villa, presidente de la Federación de Ganaderos de Antioquia, de
Fedegan, acusó entonces a la Procuraduría de poner en peligro las vidas de
los militares acusados. Varios de los acusados por el procurador de perte-
necer al eran ganaderos miembros de Fedegan, y los abogados de esta
Federación asumieron la defensa de las personas que fueron acusadas por
la Procuraduría. Seis años después, estos mismos abogados asumirían la
defensa de los miembros del de Puerto Boyacá, acusados de las masa-
cres en las ncas ncas de Honduras y La Negra, el 4 de marzo de 1988, en
el corregimiento de Currulao, del municipio de Turbo (Urabá).
La Asociación Nacional de Industriales () también salió en de-
fensa de los militares y públicamente los respaldó: “El no existe
sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas
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