Control constitucional en Colombia: desafíos y retos desde su historia republicana hasta la actualidad
| Autor | Rodrigo Giraldo Quintero |
| Páginas | 25-49 |
Capítulo 1
Control constitucional en Colombia:
desafíos y retos desde su historia republicana
hasta la actualidad
1. INTRODUCCIÓN
El control constitucional en Colombia es hoy un control pleno, es decir que
, 2007, p. 11) que está
bajo la jurisdicción y análisis del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
En tal sentido, se entiende como aferrado al paradigma del control constitucional
europeo propuesto por 1. Además de ello, el presidente de la República
Inconstitucionalidad (Artículo 40 Numeral 6° de la Carta). Como corolario de todos
estos controles, existe también un control constitucional en todos los jueces del
territorio nacional que pueden conocer de las acciones de tutela que interpongan
con la posibilidad de inaplicar leyes que sean contrarias a la “normas de normas”.
En este sentido, el control constitucional es mixto, porque en un ejercicio
sincrético, recoge los postulados del control constitucional concentrado y algunas
características del control constitucional difuso aplicable en sistemas jurídicos
como el norteamericano.
No obstante, lo anterior, pese a tan prolijos mecanismos jurídicos, ello no
colombiana donde se han generado tantas desigualdades y abusos del poder, pues
1 , 2012.
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respaldo materializado y efectivo en el mundo real de estas. En otras palabras, la
Constitución no sólo necesita de la institucionalidad y normatividad, sino sobre
En lógica de lo anterior, tal como lo menciona el título de este capítulo, el
presente escrito pretende, más allá de la ilusión generada por elucubraciones
o materializaciones constitucionales; hacer un análisis de los desafíos y retos
del Control Constitucional en Colombia, desde su historia republicana hasta
la actualidad.
XIX
El poder judicial en la hoy denominada República de Colombia (la entonces
Nueva Granada) se empieza a delimitar con la Constitución monárquica de
Cundinamarca de 1811. El título VII de la referida Carta Constitucional contemplaba
la función jurisdiccional. Dicha competencia pertenecía a la Representación
Nacional. Dentro de las funciones competentes a los jueces y tribunales, se podían
dirimir causas que se presentasen entre ciudad anos. Esta pues era su única función,
debido a que no existía un equilibrio de poderes y por ende la intervención del poder
judicial en los asuntos del poder ejecutivo y legislativo, estaba vedada.
En virtud de ello, la “Corte” más importante era el Senado, quien tenía la
prerrogativa de defender la Constitución y garantizar los derechos de la población.
Dicho órgano también debía juzgar a los altos funcionarios del Estado y el gobierno.
Además, el poder judicial estaba constituido por el Senado, los Tribunales de
apelación y los jueces ad-quo que de manera promiscua conocían de causas civiles
y criminales respecto al debido proceso y derechos conexos como la prohibición
de la tortura. Los militares eran susceptibles de juzgamiento dependiendo de lo
acaecido en virtud de sus labores.
Lograda la independencia real a diferencia de la simbólica que se hubiese
del triunfo de las fuerzas independentistas sobre los ejércitos realistas liderados
los años de 1817 y 1818, procediera a proferir ordenanzas reguladoras en la ciudad
de Angostura, formando tr ibunales de administración de justicia mediante decreto
del 6 de octubre. Allí se delegan los siguientes órganos competentes para organizar
el Estado republicano naciente, a saber:
los venezolanos y granadi nos huidos y desterrados en las llanuras del Orinoco
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