Editorial
| Autor | Joan Miguel Tejedor Estupiñán |
| Cargo | Editor |
| Páginas | 9-13 |
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EDITORIAL
ECONOMÍA Y PAZ EN COLOMBIA
En la actualidad, la población colombiana se enfrenta a varios conflictos de carácter interno, los
cuales es necesario caracterizar desde distintas perspectivas. Uno de ellos es el conflicto armado y las
distintas formas de violencia y de subdesarrollo que genera. Sus orígenes se remontan a la lucha entre
el Estado y las guerrillas revolucionarias emergentes en la segunda mitad del siglo XX, hecho que lo
convierte en el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica.
Desde finales de 1980, durante la década de 1990 y a comienzos del siglo XXI, el paramilitarismo
ha sido otro fenómeno que ha generado terror, desplazamiento y violencia en Colombia. Hoy, las ban-
das criminales emergentes, en su lucha por el control del narcotráfico, el control político, económico y
territorial del país, son un nuevo factor que empeora el conflicto interno colombiano. Dicho conflicto
ha dejado miles de víctimas en los últimos veinte años, podemos ver casos como el que muestra la ONG
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la cual encontró que hubo un
repunte del 24,4 % en el número de desplazados internos en Colombia, del 2007 al 2008, debido, prin-
cipalmente, a una reagrupación o reordenamiento de nuevas bandas conformadas por exparamilitares
y, a su vez, a la persistente acción de la guerrilla. El número de desplazados pasó de 305.638 personas,
en el 2007, a 380.863 personas, en 2010.
Jorge Rojas, exdirector de Codhes, afirma que en ese conflicto “las poblaciones campesinas, afro
e indígenas se convirtieron en objetivo militar y sus tierras y bienes en botín de guerra”. Esto nos indica
que estamos frente a un racismo real doctrinario que, desde hace cinco siglos, en términos de Duncan
(2008), resulta ser un proceso de sobrevaluación, supresión y minusvaloración de los grupos humanos,
basado en criterios fenotípicos socialmente seleccionados y organizados ideológica y sistemáticamente
por élites dominantes que se consideran razas superiores.
En este contexto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez constituyó para Colombia, durante ocho
años, la llamada Política de Seguridad Democrática, cuyas características principales eran: en primer
lugar, una lucha contra el terrorismo, materializado en las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación
(EPL); en segundo lugar, el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del país en cooperación
con Estados Unidos; y, en tercer lugar, la salida negociada al conflicto con los paramilitares, por medio
de la Ley de Justicia y Paz. Frente a la situación con la guerrilla, en el transcurso de los ocho años, se
dieron fuertes bajas y golpes a su secretariado, pero esto no ha significado el debilitamiento de esta
fuerza insurgente. Con relación al fortalecimiento militar, durante ese largo periodo, gran parte del
presupuesto de la nación se destinó a la compra de armamento e indumentaria militar o de guerra. Para
ello, Colombia contaba con los Estados Unidos como principal socio y aliado, pues se interesaron por
la importancia geoestratégica y política de nuestro país. Por ese motivo, ubicaron siete bases militares
en territorio colombiano, lo cual tiene importantes implicaciones en la soberanía y seguridad del país.
Con respecto a la Ley de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha de-
nunciado, tanto a nivel nacional como internacional, que el denominado Proceso de Desmovilización
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