Editorial Salud: hora de la sensatez
Todos reconocen que el sistema de salud requiere una reforma estructural y profunda y que es este el momento de sacarla adelante. Aunque eso parecen entenderlo con claridad el Gobierno, el Congreso y todos los actores del sector, que reflejan al país entero, todavía falta claridad sobre cómo hacerlo en el tiempo que hay y sobre cómo darles cabida a las diversas discusiones que se generan en torno a un asunto tan serio.
Algunos consideran que los problemas de la salud son tan graves que precisan de soluciones inmediatas en el marco de los actuales tiempos legislativos, que, en el caso de una ley estatutaria, no van más allá de las próximas dos semanas.
Otros manifiestan, no obstante, que el debate requiere un plazo más amplio, que permita la mayor participación posible, mediante audiencias, como ha ocurrido con el abordaje de la ley ordinaria.
Sin embargo, lo de los plazos y los tiempos resulta ser lo de menos si se compara con las cuestiones que encierra una situación que afecta a 46 millones de colombianos y que hoy tiene polarizado al país. No es exagerado decir que el justo medio que se requiere en este caso es un protagonista que hace rato desapareció del escenario. Si bien la salud es un derecho fundamental, reconocido por las altas cortes, hay quienes afirman que es necesario hacerlo explícito en una ley que toque la Constitución, dado que se viola de manera sistemática.
Aunque nadie pone en duda que es responsabilidad del Estado, el alcance del mismo también genera posiciones encontradas. Algunos plantean que el bienestar y la salud como derecho están por encima de cualquier condicionante económico, pero otros piensan que ningún país del mundo, por pudiente que sea, puede promover la expectativa de los beneficios ilimitados.
El manejo de los jugosos recursos del sector, que hoy bordean, de acuerdo con algunas fuentes autorizadas, los 39 billones de pesos anuales (y que dentro del sistema tienen el carácter de públicos), ha generado un enfrentamiento con fuertes visos ideológicos.
De un lado están quienes sostienen que veinte años de despilfarro y malos manejos del sector privado justifican la centralización de estos dineros en un fondo único de recaudo y de pago, bajo responsabilidad del Estado. En el otro se alinderan aquellos que piensan que dejarlos en manos del sector público alimentará la politiquería, la burocracia y la corrupción.
Este pulso toca directamente la participación o no del sector privado en la cadena de operadores...
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