Gaceta del Congreso del 27-04-2005 - Número 215 (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 27 Abril 2005 |
| Número de Gaceta | 215 |
GACETA DEL CONGRESO 215 Miércoles 27 de abril de 2005 Página 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co
SENADO Y CAMARA
G A C E T A D E L C O N G R E S O
AÑO XIV - Nº 215 Bogotá, D. C., miércoles 27 de abril de 2005 EDICION DE 20 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
S E N A D O D E L A R E P U B L I C A
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co
P O N E N C I A S
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 112 DE 2004 SENADO
por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones, acumulado
con el Proyecto de ley número 157 de 2004 Senado, por medio de la
cual se modifica parcialmente la Ley 270 de 1996 y se dictan otras
disposiciones para propender por el acceso efectivo a la justicia,
y con el Proyecto de ley número 158 de 2004 Senado, por la cual
se reforma la justicia: justicia pronta y eficaz.
Bogotá, D. C., 25 de abril de 2005
Doctor
LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO
Presidente
Honorable Senado de la República
E. S. D.
Señor Presidente:
Con toda atención nos permitimos rendir informe de Ponencia para
segundo debate al Proyecto de ley número 112 de 2004 Senado, “por
la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia y se dictan otras disposiciones”, presentado por el Consejo
Superior de la Judicatura, acumulado con el Proyecto de ley número
157 de 2004 Senado, “por medio de la cual se modifica parcialmente
la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones para propender por
el acceso efectivo a la justicia”, presentado por el Gobierno Nacional
a través del señor Ministro del Interior y de Justicia y con el Proyecto
de ley número 158 de 2004 Senado, “por la cual se reforma la Justicia:
Justicia pronta y eficaz”, presentado por el honorable Senador Carlos
Moreno de Caro.
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
Nos permitimos analizar y someter a consideración de la Plenaria
de la Corporación una propuesta que integra los aspectos principales
y fundamentales de las tres iniciativas legislativas sobre la reforma a
la administración de la justicia que se han presentado y acumulado a
saber:
a) Proyecto de ley 112 de 2004 Senado, por la cual se reforma la
dictan otras disposiciones, presentado por el Consejo Superior de la
Judicatura y publicado en la Gaceta del Congreso número 493 del 2 de
septiembre de 2004;
b) Proyecto de ley número 157 de 2004 Senado, por medio de la
cual se modifica parcialmente la Ley 270 de 1996 y se dictan otras
disposiciones para propender por el acceso efectivo a la justicia,
presentado por el Gobierno Nacional a través del señor Ministro del
Interior y de Justicia y publicado en la Gaceta del Congreso número
690 del 9 de noviembre de 2004;
c) Proyecto de ley número 158 de 2004 Senado, por la cual se
reforma la Justicia: Justicia pronta y eficaz, presentado por el honorable
Senador Carlos Moreno de Caro y publicado en la Gaceta del Congreso
número 710.
Con el propósito de conocer diferentes opiniones y ampliar espacios
de participación se realizaron foros en Barranquilla, Medellín, Cúcuta
y Cali, una Audiencia Pública en Bogotá mediante convocatoria de la
Comisión Primera del honorable Senado de la República, en los que
intervinieron Magistrados de las Altas Cortes, Jueces, Fiscales,
Procuradores, la Academia, estudiantes de Derecho y representantes
de los diversos estamentos ciudadanos. También se realizaron
encuentros en Neiva y Duitama
Estos eventos fueron de singular importancia y muchas de las
reflexiones están reflejadas en las ponencias.
La ponencia para segundo debate acoge algunas de las propuestas
formuladas por la Corte Suprema de Justicia contenidas en un
documento sobre las “consideraciones previas atinentes a normas
generales” que coadyuvaron al enriquecimiento del proyecto de reforma
Igualmente, los aportes de los señores Magistrados de los Consejos
de Estado y Superior de la Judicatura fueron fundamentales para la
consolidación de unas reformas a la administración de justicia que solo
pretenden poner al alcance de todos los colombianos los beneficios
que se derivan de una justicia pronta y cumplida.
Página 2 Miércoles 27 de abril de 2005 GACETA DEL CONGRESO 215
La primera parte de la presente ponencia contiene una aproximación
a un diagnóstico de la Justicia en Colombia, el cual pone de presente
un análisis sobre el alcance de la Justicia, la situación de atraso judicial,
la eficiencia de la administración de justicia, la grave situación
financiera del sector y finalmente la percepción ciudadana que permite
una valoración en términos de legitimidad. En la segunda parte se
plantean las diferentes estrategias en términos de política legislativa.
2. APROXIMACIÓN A UN DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA
EN COLOMBIA
2.1. El alcance de la Justicia en Colombia
Una de las funciones fundamentales del Estado Social de Derecho
es resolver en derecho y equitativamente los conflictos entre los
habitantes de su territorio. En este sentido caben varias preguntas:
¿Cuántos conflictos se generan en Colombia y de ellos cuántos son
resueltos gracias a la acción del Estado? ¿Cuántos a través de la
administración de justicia? ¿Cuántos a través de mecanismos
alternativos de conflictos?
¿Desde la Constitución de 1991 aumentaron las soluciones de
justicia frente al comportamiento de la demanda de justicia? ¿De qué
tamaño es la criminalidad oculta o el volumen de conflictos cuya
solución no se lleva al Estado o a los sistemas sociales legales para la
conciliación de conflictos? Muchas de estas respuestas contribuirán a
delinear un diagnóstico serio que permita formular una política
legislativa.
2.1.1. Demanda de Justicia y Criminalidad Oculta
Durante el año 2002 la demanda de justicia ascendió a 2.5 millones
de procesos según el Consejo de la Judicatura o 2.1 millones según la
Contraloría General, incluidas las actuaciones de la Fiscalía General1.
Al mismo tiempo, en el mismo año fueron atendidos 2.4 millones de
asuntos según el Consejo o 1.8 millones según la Contraloría.
¿Cómo ha evolucionado la demanda en los últimos años? Según la
Contraloría desde 1997 y hasta 2000, el número de litigios que
anualmente se sometieron a consideración de la Rama Judicial2
mostró una tendencia creciente al pasar de 1.7 millones a 2.1 millones
en el 2000. Para dicha época el porcentaje correspondiente a la Fiscalía
representa el 54%.
Hasta ahí entonces los conflictos llevados ante la Justicia formal
cada año en Colombia. No obstante desde 1991 se promovió también
una salida adicional para la solución alternativa de conflictos. Pocos
estudios permiten hacer un balance. No obstante, algunos avances de
la Contraloría arrojan las siguientes cifras: En el 2003 la Contraloría
estima que la demanda anual en los centros de conciliación es apenas
de 26071 y de 423 ante los Tribunales de Arbitramento. Al mismo
tiempo se estiman en 7000 los usuarios de los jueces de paz.
Desde luego, las cifras en materia de conciliación son claramente
parciales dada la diversidad de instituciones de la sociedad civil
comprometidas con estas acciones y la mediación. Al mismo tiempo
no existen cifras consolidadas acerca del volumen de asuntos
contenciosos resueltos mediante la acción de instituciones
administrativas como las Inspecciones de Policía, las Superintendencias,
los Ministerios, etc.
Queda entonces el interrogante, por una parte, acerca de la dimensión
de los conflictos no resueltos por el sistema formal de justicia habiendo
sido presentados a la misma y, por otra, ¿cuál es la dimensión de los
conflictos de la sociedad colombiana que no son llevados ante el
Estado para su solución?
El primer interrogante suscita una delicada controversia estadística
entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría General de
la Nación. Según la Contraloría, los inventarios, o el número de
procesos que se encuentran a la espera de una decisión es de 7.8
millones en el 2002, se resuelven en dicho año 1.8 millones, lo cual
deja un remanente pendiente de 6 millones de asuntos para el año
20033. Para el Consejo de la Judicatura el volumen de inventarios es
bien diferente: 2.8 millones de procesos.
Por otra parte, ¿cuántos de los conflictos no se llevan ante la justicia
formal? La respuesta solo puede aproximarse en materia penal donde
existen algunas encuestas de los últimos años. Se advierte que los
conflictos penales se acercan a la mitad de las controversias de otra
naturaleza. En efecto, encuestas del último decenio muestran que en
1985 un 80% de los colombianos no denunciaba los delitos mientras
que para 1997 más del 50% denuncia y en consecuencia la criminalidad
oculta se reduce a cerca del 45%.
Por su parte, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría
señala que el nivel de denuncia de delitos en Colombia alcanza
solamente el 40.8%, de los cuales estas querellas se elevan ante la
Fiscalía General en un 14.9%, en los Juzgados el 2.3$, en las Comisarías
de Familia el 1.1%, en la Policía el 76% y en otras instancias el 5.7%.
La reticencia del 60% de las víctimas a no poner en conocimiento de
las autoridades competentes los delitos radica en los arreglos directos,
las conciliaciones y en los compromisos de cesar cualquier acción
judicial en contra de los victimarios.
De acuerdo con estos niveles de denuncia de delitos, Panamá con el
61.4%, Costa Rica con 49.1% y Nicaragua con el 47.5% superan a
Colombia, mientras que Guatemala, México, Honduras y el Salvador,
están por debajo con cifras que oscilan entre el 36.7% y el 32.7%.
1Contraloría General de la República, aproximación a un análisis sistémico
de la Justicia Colombiana. Colección análisis Sectorial y de política
publica. Informe 7. Octubre 2003.
2(Contraloría, P 24)
3(ob.cit. p.36).
2.1.2. Acceso a los Servicios de Justicia
El promedio de acceso de los colombianos a las instituciones de
justicia oscila entre el 35% y el 45%, lo cual indica que el 55% restante
de los ciudadanos no tiene garantías para beneficiarse de los servicios
que ofrece el Sistema Judicial del país. El 35.1% de los ciudadanos
acude en busca de servicios judiciales a las Comisarías de Familia, el
37.3% a la Defensoría del Pueblo, 37.4% a la Fiscalía General, el
40.2% a las Casas de Justicia, el 40.6% a los Consultorios Jurídicos,
el 41.1% a las Inspecciones de Policía y el 41.4% a los Juzgados.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba