Gobernanza y servicios ambientales en la gestion de los acueductos comunitarios en tres municipios de Caldas, Colombia/Governance and environmental services in the management of community aqueducts in three municipalities of Caldas, Colombia/Governanca e servicos ambientais na gestao de aquedutos comunitarios em tres municipios de Caldas, Colombia.
| Autor | Soto-Vallejo, Irma |
| Cargo | Art |
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Introducción
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010) reconoció el acceso al agua como un derecho humano esencial. En Colombia, el primer antecedente jurídico para considerar el acceso al agua potable un derecho fundamental se presentó en 1991 con la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia, 1991), que en su artículo 366 (1) advierte sobre las finalidades sociales del Estado, entre las que subraya la de garantizar agua potable a todos los ciudadanos y conmina a las administraciones nacionales y territoriales a asegurar los recursos necesarios con sus presupuestos de inversión para tal fin. Luego, la Corte Constitucional de Colombia (2011), Sala de Revisión Tutelas, T-740 de 2011, reconoció el agua potable como un derecho fundamental inherente a la condición humana e imprescindible para la vida.
Tal reconocimiento está en consonancia internacional con los diversos tratados y convenios que se han suscrito para regular la materia y que buscan proteger el derecho al agua, entre ellos, el Pacto Internacional por Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, que en la Resolución 64-292 de 2010 reconoció el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano esencial. Además, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2019) se estima que para garantizar "el acceso al agua potable para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene" (párr. 3).
De igual manera, la sociedad civil ha constituido organizaciones e instituciones para lograr la administración de las fuentes de agua y promover marcos normativos; esto con el fin de hacer posible que las comunidades tengan acceso al agua. Por ejemplo, en Colombia está el Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (2) (CNDAV), que tiene el objetivo de promover el referendo por el agua, fundamental para que se estableciera una política pública de un mínimo vital de agua potable en Bogotá.
En tal contexto, el presente artículo tuvo como objetivo encontrar el orden social que determina el rol de la gobernanza y los servicios ambientales cuando se trata de la gestión asociativa de los acueductos comunitarios (3), en los municipios de Riosucio, Viterbo y Marmato, del departamento de Caldas, Colombia.
Para ello, se aplicó un método de tipo cualitativo, en el cual se implementaron técnicas como entrevistas con guía y grupos focales, que permitieron conocer las condiciones de acceso y distribución del agua potable en la población rural de las asociaciones de acueductos veredales de dichos municipios. Además, se hace explícito el papel de los actores en relación con la gobernanza y los vínculos que definen las condiciones y características rurales en la organización social de los acueductos comunitarios.
En general, los resultados de este estudio dan cuenta del análisis y discusión en torno a las categorías de gobernanza y servicios ambientales, para generar conciencia en la protección y cuidado del agua. De tales hallazgos, sobresalen la generación de espacios para la gobernanza en temas tan vitales como garantizar el acceso universal al agua potable. Estos procesos fueron realizados desde instituciones de la sociedad civil, como las asociaciones de acueductos comunitarios, las cuales, a pesar de sus debilidades organizativas, están liderando la defensa de los recursos naturales.
El resto del artículo comprende las siguientes secciones. En la segunda sección se encuentra el marco teórico; en la tercera se revisan los antecedentes; en la cuarta se desarrolla la metodología; en la quinta se pasa a revisar los resultados y, por último, se presentan las conclusiones.
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Marco teórico
Esta sección presenta una discusión de carácter teórico sobre las diversas perspectivas globales de la gobernanza y los servicios ambientales como categorías de análisis de la investigación y sus implicaciones e impacto social. En tal sentido, estamentos internacionales como el PNUD (1997) define gobernanza como el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y concilian sus diferencias. Esta definición se funda en los postulados y acciones ideales para que las democracias se mantengan estables y, en consecuencia, se logren mejores niveles de calidad de vida, estabilidad y prosperidad. Por su parte, Hufty (2011) la define como una categoría de hechos sociales liderada por los actores intervinientes que, frente a un problema colectivo, ayudan a la creación de instituciones o prácticas culturales. Tal visión apunta menos a la participación del Estado, desde la perspectiva institucional, y más al liderazgo de la sociedad civil para autorregularse.
Desde otra visión, Rhodes (1996) determina la gobernanza como la autoorganización y se refiere a las redes interorganizacionales que complementan los mercados y las jerarquías de gobierno, ya que destinan recursos de manera confiable y ejercen control y coordinación. Este enfoque se orienta a la unificación de esfuerzos de las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el mercado para la consecución de objetivos. Un ejemplo claro de esta concepción son los sistemas sociales de seguridad, en los cuales estos tres estamentos (instituciones, sociedad y el mercado) trabajan en pro de un sistema de aseguramiento en salud para toda la población de un país. En sintonía con esta perspectiva se encuentra Kooiman (1993), quien enfatiza que ningún actor, sea público o privado, tiene la capacidad unilateral de resolver situaciones complejas en una sociedad.
Por eso, deben construirse relaciones dinámicas basadas en la interdependencia entre los actores gubernamentales y privados en aras de encontrar estas soluciones reales; así se construye gobernanza.
Otro énfasis del concepto gobernanza lo presenta Prats (2003), para quien la gobernanza consiste en una herramienta analítica de procesos de interacción de actores basada en unas reglas de comportamiento, que son legitimadas y respetadas por los intervinientes. En conclusión, estas definiciones aquí aportadas muestran que desde las diversas posturas teóricas se reconoce en la gobernanza un elemento imprescindible para el relacionamiento entre las instituciones públicas y privadas, y que estas relaciones deben estar cimentadas en la legitimidad y la confianza que tienen los actores por las reglas establecidas.
Otro elemento estructurante de los análisis de esta investigación son los servicios ambientales. Si bien no existe una definición de regulación ambiental aceptada de manera universal por los organismos nacionales e internacionales, hay autores como Ribeiro (2003) que afirman que los servicios ambientales son el reconocimiento propuesto por la economía ecológica de los desequilibrios que ha creado la sociedad capitalista por la destrucción ambiental y el abuso de los recursos naturales con la consiguiente erosión cultural. Hasta el momento, cada ente gubernamental que se encarga del asunto ha dado una significación propia del término y ha aportado matices diferentes, pero todos en el mismo contexto. Y, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (s. f.), algunos de estos servicios ambientales, que suministran los ecosistemas naturales a la humanidad, son:
Mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmosfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de inundaciones y sequias; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientales acuáticos y terrestres. (párr. 1) 2.1. La relación entre la gobernabilidad y la gobernanza
El papel del Estado en la administración no siempre es el mismo y depende de cuan cerca esté de la gobernabilidad o de la gobernanza. La diferencia fundamental entre la gobernabilidad y la gobernanza se refleja en el papel que el Estado juega en ellas. En la gobernabilidad, el Estado tiene una relación vertical con los administrados y con todos los demás actores sociales, y estos últimos tienen una relación de dependencia hacia a él. La gobernabilidad tiene como valor fundamental la eficacia de las instituciones y de las agencias estatales (Serrano, 2011; Revesz, 2009). También tiene como supuesto la marcada división entre quienes gobiernan y entre quienes son gobernados, y la delegación del poder de estos a aquellos (Revesz, 2009).
La gobernanza, por su parte, es una nueva manera de concebir y de llevar a la práctica el "trabajo público", en el que se resta importancia al rol del Estado para otorgarla a otros actores. En la gobernanza, la interdependencia económica, social y política entre todos estos actores (el Estado incluido) es de suprema importancia (Serrano, 2011). Cuando se utiliza el término gobernanza, se hace referencia a mecanismos no jerárquicos: descentralizados, públicoprivado, autoorganizados (Hernández, 2018). Los estudios sobre gobernanza se centran en los cambios que esta categoría ha tenido en el tiempo.
En síntesis, la gobernanza reconoce los límites del Estado y la necesidad de colaboración entre actores diversos para ejecutar de manera óptima el trabajo público. La gobernanza implica cooperación y transparencia gracias a una profundización de la democracia (Serrano, 2011); en este sentido, se trata "de sobrepasar los límites de la democracia representativa para vincular directamente a los actores sociales en la obtención de bienes y en el suministro de servicios que...
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