El Grupo de Memoria Histórica (2007-2011)
| Autor | Jefferson Jaramillo Marín |
| Páginas | 159-225 |
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El Grupo de Memoria Histórica surgió en 2007, en un contexto político que intentó
conjugar seguridad democrática y rec onciliación nacional. Este grupo fue una subcomi-
sión de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (), hasta nales de
2011, cuando pasó a ser parte del Centro Nacional de Memoria Histórica (). La
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue creada en el ma rco del proceso
de Justica y Paz, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este capítulo se ocupará de
esta iniciativa, destac ando sus alcances, sus dicultade s y su novedad con respecto a las
comisiones ya descritas. En lo tocante a las tra mas narrativas, mostraremos cómo esta
subcomisión pretendió documentar y recuperar una visión sobre el pasado de nuestra
guerra asociado a casos emblemáticos de victimización y resistencia. En este capítulo,
señalaremos cómo, desde el gobierno, estas trama s narrativas se plantearon en términos
de un proyecto de reconciliación nacional; cómo, para los académicos y activistas, la
recuperación de estas trama s fue motivada por la necesidad de contribuir, desde la me-
moria, a la construcción de escenarios de poscon icto y cómo, para las organi zaciones
de víctimas, estas narrativas eran manipuladas por el gobierno, bajo el imperativo de
una reconciliación forzada. Finalmente, señalaremos que la visión de los académicos
vinculados a esta experiencia ha oscilado entre los intereses del poder estatal que los
contrató y la legitimidad social que han pretendido alca nzar.
El marco: del conflicto histórico a la amenaza terrorista
En los dos capítulos anteriores hemos transitado de un escenario de guerra inter-
partidista a uno de violencia generalizada. En este capítulo, nos trasladaremos a un
escenario que conjugó la negación del conicto histórico y la apertu ra de políticas de
reconciliación nacional. La expresión más radica l de ello fue la política de seguridad
democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este marco, al tiempo que se
agudizaba la confrontación armada con las guerril las, se logró una concertación con
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Jeerson Jaramillo Marín
los paramilitares, a través de la Ley de Justicia y Paz. Con este proceso emergió una
narrativa transicional, en un país que debía enfrentar el reto de lograr un equilibrio
entre olvido y memoria, entre impunidad y justicia, entre reconciliación y verdad.
La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez
En Colombia, en el siglo , no hubo un proyecto político populista (véanse Palacios
2001a; Pécaut 2000) ni las condiciones para realizar, por vías democráticas radicales1,
el procesamiento pacíco del conicto interno, la reducción de las violencias cotidianas
y la disminución de la desigualdad socia l. El Frente Nacional logró la pacicación del
territorio, activó unas estrategias de rehabi litación y modernizó el Estado, pero no con-
solidó un pacto social incluyente. Los diálogos de pa z de los años ochenta entre guerrilla
y gobierno crearon la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, esta esperanza
se frustró, debido a las desconanzas entre las partes y a la incapacidad de los actores
para aprovechar estos espacios políticos. La Const itución de 1991 fue un momento de
trámite de las fract uras nacionales2, en la medida en que pretendió ampliar los derechos
sociales y económicos e incluir sectores marginados a la vida política3. No obstante, la
Constitución de 1991 no logró romper los ciclos de violencia.
En los años noventa, la nación se fragmentó aún más, a causa de la mutación
de las violencias. Las negociaciones fallidas generaron un escepticismo frente a una
salida pacíca a la guerra. El extermino selectivo de fuerzas políticas por parte de
organizaciones criminales, muchas veces en alianza con agentes estatales, el incre-
mento de la intimidación de la población civil y la inltración narcoparamilitar de
1 Esta radic alización se entiende como una profund ización de los anta gonismos. Esto quiere decir
que la sustancia política de la democrac ia es el estableci miento de espacios pa ra la activación de
las luchas soci ales. La democracia, desde es ta perspectiva, no es una regl a electoral ni u n marco
discursivo pa ra generar consensos, sino un proyecto de articul ación y activación perm anente de
demandas soc iales plurales (véanse La clau y Moue 2004; Lefort 1990).
2 La noción de fract ura hace alu sión a una ruptura de la r ealidad soc ial y política . Es una noción
cercana a la c ategoría de daño propuesta por Jacque s Rancière. El daño i mplica un proceso político
que va de la armac ión a la negación de la emanc ipación. Según nuestra lectura , la guerra y las
violencias son dos expre siones de daño o frac tura (véase R ancière 2006 ). Algunas de estas idea s
están contenid as en Jaramillo (2010d).
3 La Constitución de 1991, entre otras cosa s, estableció unos mecan ismos para hacer efect ivos algunos
derechos funda mentales (como la acción de tutela y la Defen soría del Pueblo), aumentó la participa-
ción ciudadana (a travé s del voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popula r, el cabildo abierto, la
iniciativa legi slativa y la revocatoria de l mandato), transformó el poder judic ial (a través de la creación
de la Fiscalía G eneral de la Nación y la orga nización del sistema ac usatorio), creó el Consejo Superior de
la Judicatura y la C orte Constitucional, e stableció jurisdicciones e speciales para los pue blos indígenas
y redenió las re laciones entre el Estado y la economía (véa se Valencia 1996).
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3 El Grupo de Memoria Hi stórica (2007-2011)
las instituciones estatales y de los partidos políticos eran síntomas del desga ste social
y del colapso político y moral de nuestra sociedad.
Sin embargo, a partir de 2002, el curso de la historia nacional sufrió una trans-
formación radical, debido a la llegada de Álva ro Uribe Vélez al poder. En la gura de
Álvaro Uribe, exgobernador del departamento de Antioquia, se articularon el pro-
cesamiento de las fract uras nacionales y la búsqueda de nuevas lógicas de lo político.
Álvaro Uribe llegó al poder en un momento de preocupación de muchos sectores
sociales por la desaceleración de la economía nacional (4,2% en 1999) y el desempleo
(que, entre 1999 y 2002, llegó a estar entre el 18% y el 19,5%). Uribe propuso dos
medidas de excepción que, a la postre, fueron el eje de su gobierno: la militarización
del territorio y la colaboración de los civiles para enfrentar al terrorismo (véase Ro-
mero 2009, 417). Para muchos sectores sociales, este político no tradicional ofrecía
un proyecto de unidad nacional y una promesa de cierre de la fractura nacional sin
importar los costos sociales4.
El ideario de “mano rme y corazón grande”, mezcla de liberali smo humanitario
y paternalismo autoritario5, condujo a Uribe Vélez a defender la restauración de la
autoridad en el territorio. La restauración democrática propuesta por Uribe Vélez
parecía ser el mejor antídoto contra el daño histórico ocasionado por el terrorismo.
Durante su primer mandato (2002-2006), al que llegó con una votación del
53,2%, Uribe Vélez puso en movimiento la plataforma ideológica de la seguridad
democrática. Esta política tenía como tarea el fortalecimiento del Estado, a través
de la recuperación del territorio nacional, tras el fracaso de la s negociaciones entre el
gobierno de Andrés Pastrana y las 6. En 20 04, se aprobó el Plan Patriota, con el
que puso en marcha la estrategia de derrota mi litar del terrorismo. En 2005, se aprobó
la Ley de Justicia y Paz, que dio inicio al proceso de desarme y desmovilización de los
paramilita res. Esta ley establecía la reintegración a la vida civil de los excombatientes, la
reparación integral a las víctimas, la confesión de los crímenes y la puesta en marcha
de condenas alternativas.
4 Por ejemplo, el periodo de la gobernación de Uribe Vélez fue e l más violento en la historia del Urabá
antioqueño. En efecto, en esta región, se pasó de 4 00 homicidios en 1994 a 1.200 homicidios en
1996. Esta zona estuvo b ajo el control militar del exgene ral Rito Alejo del Río, que, a l a postre, fue
condenado a 25 años de prisión (véan se Romero 2009, 418; Dávila et al. 2 000).
5 Según José Obdulio Gaviria, a sesor del uribismo, Uribe, al igual que Hobbe s, no buscó hacer la
guerra, sino la pa z. Desde su óptic a, la segurid ad democrática er a la recuperación del L eviatán
hobbesiano (véase Gav iria 2005).
6 El fracaso d e estas negociaciones tuvo como ante sala la desmilitariz ación de cinco municipios en
el suroriente del país (sin u nas reglas clara s sobre su uso), el saboteo de los grupos de autodefensa s
a través de masa cres de campesinos y la fa lta de apoyo de las élites política s y de los militares (véase
Romero 2009).
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