Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 021 de 2014 Cámara
por medio de la cual se dictan medidas tendientes a fortalecer la regulación de los Sistemas Integrados y Estratégicos de Transporte Público en Colombia, y se dictan otras disposiciones. I. Justificación de la propuesta
1. Aumento de la población en centros urbanos
Tal y como se refiere en la exposición de motivos del proyecto de ley, Colombia viene afrontando una fuerte tendencia de urbanización. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo: mientras en 1950 la población urbana constituía el 39%, en 2005 ascendía aproximadamente a 76% y se estima que, para 2020, más del 80% de la población colombiana estará localizada en las ciudades. Esto significa un crecimiento aproximado de 30% respecto a la población que hoy habita en centros urbanos[1][1].
Como resultado de este crecimiento urbano acelerado se desencadena una alta demanda de viajes, en su mayoría de transporte público, lo que sumado a los actuales sistemas masivos de transporte con innumerables deficiencias de cobertura, operación y calidad de servicio, han impactado negativamente a las actividades económicas en el país y a la calidad de vida de los ciudadanos.
2. Deficiencias en los actuales Sistemas de Transporte Masivo
Es de reconocer que el Gobierno Nacional en los últimos años ha procurado opciones seguras de movilidad, bajo principios de calidad de vida, eficiencia econó mica, equidad social y protección ambiental y ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo para ciudades de más de 600.000 habitantes, y está apoyando a aquéllas que tienen una población entre 250.000 y 600.000 habitantes mediante los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)[2][2]; en la realidad práctica se han evidenciado deficiencias en estos proyectos que terminan causando lesiones a la calidad de vida de los ciudadanos, impactan de manera negativa a los históricos prestadores del servicio público de transporte y acrecientan la posibilidad de riesgos para las finanzas territoriales. Entre las principales situaciones problemáticas observadas con la puesta en marcha de los sistemas de transporte público, podemos destacar las siguientes:
1. Condiciones económicas de requisitos habilitantes extremadamente altas para ser cumplidas por los prestadores históricos del servicio público de transporte.
2. Exclusión de los prestadores históricos del servicio público de transporte (pequeños propietarios, conductores, negocios conexos).
3. Inconsistencias con respecto al respaldo y cierre financieros en las licitaciones, que generan altos riesgos para las finanzas de las ciudades.
4. Los diseños institucionales no tienen la capacidad para responder a nuevos esquemas de transporte público con integración de modos.
5. No hay un reconocimiento digno, en términos de criterios y niveles de puntuación en las licitaciones, para la industria y/o el capital nacional.
6. Proyectos desarrollan planeamiento, funcionamiento y desarrollo urbano que no materializan la adecuada disposición del servicio público de transporte, puede fallar en garantizar la suficiente oferta para la demanda ciudadana y no deja claro que exista un efectivo acceso al servicio público de transporte.
3. Sistemas de transporte pensados para garantizar la autosostenibilidad financiera, no la calidad del servicio a los usuarios
Tanto autoridades como expertos de la sociedad civil en materia de movilidad, han coincidido en el abandono del usuario en los diseños de los proyectos y su implementación y en el debate público con ocasión de los nuevos esquemas de transporte. Atención especial merece el tema de los usuarios y la experiencia del Distrito Capital es bien diciente.
Caso Bogotá
Como expresara Alan Gilbert[3][3]: ¿TransMilenio: Todos lo admiran, menos los bogotanos¿. el Sistema de Transporte Masivo TransMilenio no es el mejor ejemplo de un transporte en condiciones dignas: los usuarios se ven enfrentados a retrasos en el servicio, insuficiencia de rutas, riesgos en la salud por causa de aglomeraciones (personas asfixiadas, golpeadas y tiradas al piso en horas pico), precarias medidas de evacuación de multitudes[4][4]. De igual manera, las condiciones de seguridad en el sistema de transporte de la capital dejan mucho que desear. Un reciente estudio de la Personería Distrital señaló:
¿ Entre enero de
¿ 55% de los accidentes en TransMilenio es producto de actos inseguros del operador.
¿ De las 85 personas atropelladas, 27% perdió la vida.
¿ 319 accidentes fueron por choques entre articulados y 184 por choques con terceros que dejaron, en solo dos impactos violentos, 150 personas lesionadas.
¿ 200 usuarios resultaron lesionados por aprisionamiento y caídas en el sistema. Otras personas han sido afectadas por el regular estado de los pisos, barandas y otros elementos de la infraestructura; sin embargo, no hay cifras debido a que los usuarios no reclaman.
¿ Se evidencian actos inseguros en los conductores de los automotores:
¿ Exceso de velocidad.
¿ Irrespeto a las señales de tránsito.
¿ Malos hábitos de los conductores.
¿ Precario control que la Empresa TransMilenio hace sobre los planes de prevención de accidentes de las siete empresas concesionarias del servicio.
¿ Los pasamanos y asideros de sujeción para que los pasajeros puedan mantenerse de pie son ineficaces cuando los buses frenan bruscamente. En una inspección realizada en noviembre se encontraron 120 heridos dejando en evidencia que los tornillos, mediante los cuales se sujetan los pasamanos y asideros, no reúnen las condiciones de calidad suficientes.
Entre las conclusiones del informe se señala: ¿Al ente de control le preocupa las condiciones técnicas de fabricación de los articulados y si estos garantizan la integridad de los pasajeros, máxime cuando se comprobó que los pasamanos y asideros no brindan la suficiente resistencia¿.
4. Necesidad de tarifas diferenciales para población vulnerable en Sistemas de Transporte Masivo para todo Colombia
En el tema de tarifas, la situación es igualmente preocupante. Paul Bromberg señala que ¿cualquier proyecto que en aras de ordenar el transporte termine elevando el costo para los de bajos ingresos, es un proyecto que no debería implementarse. Los expertos en el tema coinciden en que para una persona que gana el salario mínimo y tiene que gastar el 20 por ciento de ese salario en transporte público, no hay una ventaja real en la implantación del nuevo sistema. ¿En aras de qué? ¿Solo de que haya un mejor servicio? ¿De demorarse menos de ir a un sitio a otro?¿.[5][5]
Avances Normativos
Para personas con vulnerabilidad, hay un avanc e normativo; la Ley 1171 de 2007, ¿por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores¿, que en su artículo 5°. Transporte Público, ordena que los sistemas de servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros, establecerán una tarifa diferencial para las personas mayores de 62 años, inferior a la tarifa ordinaria.
Para Bogotá, el Decreto Distrital número 429 de 2012 reglamenta el Acuerdo Distrital número 484 de 2011 que establece la tarifa diferencial en el Sistema Integrado de Transporte Público para la población con discapacidad; contempla la aplicación de un subsidio que reduce en un 15% la tarifa de transporte público para la población en condición de discapacidad de la capital de la República, con incrementos anuales de 5 puntos porcentuales hasta llegar al 40 % en el año 2017.
5. Contratación más transparente y con garantías para el control social
Todo el contexto anterior, sustentan la necesidad de que la legislación entre a regular con mucho más detalle las nuevas propuestas para el transporte público en las ciudades colombianas, más cuando el mecanismo empleado es el de la licitación pública, procedimiento mediante el cual el Estado formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades, los que se interesen presenten ofertas y se seleccione a la más favorable.
Aunque una de la ventajas de este procedimiento que tiene la contratación es que todo es documental, es decir, quedan las huellas, también es recurrente encontrar falta de información, altos niveles de especulación por parte de la ciudadanía, poca comunicación entre la administración y las comunidades, falta de conocimiento de los cronogramas de obra, los predios afectados, los planes de mitigación del impacto negativo de la obra, entre otros, por lo que organizaciones como Transparencia por Colombia señalan que ¿todas las informaciones, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser accesibles a todos los participantes¿[6][6], como medida para evitar incumplimientos, errores o corrupción y es, precisamente, la inf ormación pública uno de los aspectos que privilegiamos en la presente iniciativa legal.
Asimismo, Transparencia por Colombia, en las conclusiones de una mesa de trabajo con ocasión de procesos de contratación pública, señaló:
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba